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Nueva regulación de la prevención de riesgos en establecimientos militares

Mediante este Real Decreto, con vigencia a partir del 11-2-2018, se modifican los art.4, 6, 7 y la disp.final 1.ª de RD 1932/1998, de adaptación de la Ley de Prevención de riesgos al ámbito de los centros y establecimientos militares.
La finalidad de la modificación es coordinar la normativa específica sobre los órganos de participación en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de los centros y establecimientos militares con las medidas introducidas para la Administración General del Estado respecto a la asignación de recursos y racionalización de las estructuras de negociación y participación.
Las novedades recogidas en este Real Decreto son las siguientes:
a) Respecto de los delegados de prevención:
– deben ostentar la condición de personal civil y estar destinados en los propios centros y establecimientos del Ministerio de Defensa;
– deben designarse por los representantes de personal entre funcionarios y personal estatutario que sean miembros de la Junta de Personal correspondiente y por los representantes del personal laboral miembros del Comité de Empresa o delegados de personal.
b) Se incluyen los siguientes nuevos supuestos de tiempo de trabajo efectivo (sin imputación al crédito horario):
– visitas de acompañamiento a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo;
– las actuaciones derivadas de la aplicación de los protocolos de acoso existentes en el Ministerio de Defensa.
c) Respecto al comité de seguridad y salud, se incorpora la posibilidad de crear dos tipos de comité en los centros o establecimientos militares que cuenten con 50 o más empleados civiles:
– comités unitarios, para una única dependencia en las que 50 o más personas50 o más personas realicen tareas del anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención, y en las sedes centrales de cada uno de los tres Ejércitos y del Ministerio de Defensa; y
– comités agrupados, para el conjunto de las dependencias de una misma provincia con 50 o más empleados públicos en total.

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