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Nueva normativa europea sobre resolución de litigios fiscales en la UE

El 4-11-2017 entra en vigor la Directiva que establece normas relativas a un mecanismo de resolución de litigios entre los Estados miembros cuando dichos litigios surgen de la interpretación y aplicación de los acuerdos y convenios por los que se dispone la eliminación de la doble imposición de la renta y, en su caso, del patrimonio (tratados fiscales bilaterales y Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas –90/436/CEE-). Asimismo establece los derechos y las obligaciones de las personas afectadas cuando surjan tales litigios, denominados «cuestión en litigio».
Así, cualquier persona afectada tiene derecho a presentar una reclamación sobre una cuestión en litigio a cada una de las autoridades competentes de cada uno de los Estados miembros afectados en la que solicite su resolución. La reclamación se presenta de manera simultánea con la misma información a cada autoridad competente, indicando cuáles son los otros Estados miembros afectados, en el plazo de tres años a partir de la recepción de la primera notificación de la acción que produzca o que vaya a producir una cuestión en litigio, independientemente de que dicha persona utilice o no a las vías de acción judicial disponibles en el Derecho nacional de alguno de los Estados miembros afectados.
Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados decidan aceptar la reclamación, deben intentar solucionar la cuestión en litigio de mutuo acuerdo, en el plazo de dos años a partir de la última notificación de una decisión de uno de los Estados miembros relativa a la aceptación de la reclamación, a través del procedimiento amistoso.
Se establecen los supuestos en los que es posible la desestimación de la reclamación por la autoridad competente de un Estado miembro, y el silencio administativo positivo (aceptación) cuando no se tome una decisión sobre la reclamación en el plazo previsto.
Si la reclamación se desestima por al menos una de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados, pero no por todas, o si las autoridades competentes de los Estados miembros afectados han aceptado la reclamación pero no hayan llegado a un acuerdo sobre la manera de resolver de mutuo acuerdo la cuestión en litigio, dichas autoridades deben constituir una comisión consultiva, para resolver el litigio mediante el procedimiento de dictamen independiente.
Asimismo las autoridades competentes de los Estados miembros afectados pueden convenir en la constitución de una comisión de resolución alternativa de litigios , que debe emitir un dictamen sobre la manera de resolver la cuestión en litigio, pudiendo aplicar, cuando proceda, cualquier procedimiento o técnica de resolución de conflictos para resolver el litigio de manera vinculante.
En ambos casos, cuando así lo aprueben las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate, la persona o personas afectadas pueden facilitar a la comisión consultiva o a la comisión de resolución alternativa de litigios cualquier información, pruebas o documentos que puedan ser pertinentes para la decisión. Adicionalmente se prevé que la comisión consultiva o comisión de resolución alternativa de litigios debe emitir, en un plazo máximo de seis meses desde la fecha de su creación, un dictamen dirigido a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados. Si por la índole del litigio se prevé que se necesitará un plazo mayor, puede ampliarse en tres meses.
Las autoridades competentes se deben poner de acuerdo sobre la forma de resolver la cuestión en litigio en el plazo de seis meses a partir de la notificación del dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios. Pueden adoptar una decisión que se aparte del dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios, pero si no alcanzan un acuerdo sobre la forma de resolver la cuestión en litigio, quedan vinculadas por dicho dictamen.
Se prevé un procedimiento especial cuando la persona afectada sea un particular o no sea una empresa grande y no forme parte de un grupo grande (Dir 2013/34/UE), de modo que puede presentar las reclamaciones, las respuestas a una solicitud de información adicional, las retiradas o las solicitudes previstas únicamente a la autoridad competente del Estado miembro en que sea residente, siendo dicha autoridad competente la encargada de enviar una notificación a las autoridades competentes de todos los demás Estados miembros afectados.
Asimismo se regulan otros aspectos como los costes del procedimiento, la interacción con los procedimientos nacionales y excepciones, la publicidad de los dictámenes, el papel de la Comisión Europea y la revisión de su aplicación.
Finalmente se establece como fecha máxima de transposición por los Estados miembros el 30-6-2019, y su aplicación a las reclamaciones presentada a partir del 1-7-2019 respecto de las cuestiones en litigio referentes a rentas o patrimonio obtenidos en un ejercicio fiscal que se haya iniciado el 1-1-2018 o con posterioridad a esa fecha.

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