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Novedades en las medidas de carácter tecnológico y organizativo vigentes en la actividad de la Administración de Justicia frente al coronavirus (RS 38/20 15 de Septiembre de 2020 al 21 de Septiembre de 2020)

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Tras la derogación del RDL 16/2020 y las modificaciones introducidas por la nuevaL 3/2020, las medidas de carácter tecnológico y organizativo en el ámbito de la Administración de Justicia quedan de la siguiente manera:A. Las medidas tecnológicas, cuya vigencia se amplía hasta el 20-6-2021:1) Siempre que se disponga de los medios técnicos necesarios para ello, todos los actos procesales deben realizarse preferentemente mediante presencia telemática, al igual que las deliberaciones de los tribunales. En la realización telemática de los actos procesales deben adoptarse las medidas necesarias para asegurar que se garantizan los derechos de todas las partes del proceso. Además, el juez o letrado de la Administración de justicia ante quien se celebren puede decidir la asistencia presencial al juzgado o tribunal de los comparecientes que estime necesarios.2) Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas, se permite ordenar el acceso del público a las salas de vistas en atención a las características y tamaño de las mismas. También se puede acordar la emisión telemática de las vistas cuando se disponga de los medios materiales para ello. 3) Las exploraciones de los médicos forenses pueden basarse únicamente en documentación médica, pudiendo ser requerida a centros sanitarios o a las personas afectadas para que sea remitida por medios telemáticos.4) Se dispensa a las partes que asistan a actuaciones orales del uso de togas en las audiencias públicas.5) La atención al público en cualquier sede judicial o de la fiscalía se realizará por videoconferencia, vía telefónica o a través un correo electrónico habilitado al efecto. En caso de que fuese imprescindible acudir a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario para el público obtener la correspondiente cita previa.B. Las medidas organizativas: 1) Se permite que los órganos judiciales que estén pendientes de entrar en funcionamiento se transformen en órganos judiciales que conozcan exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19. También se posibilita anticipar el funcionamiento de los órganos judiciales correspondientes a la programación de 2020, pudiendo dedicarse con carácter exclusivo al los procedimientos asociados al COVID-19.2) Se permite que los jueces de adscripción territorial (jueces de carrera que actúan como refuerzo o cubren vacantes y ausencias en juzgados y tribunales) puedan ser asignados preferentemente a los procedimientos asociados al COVID-19.3) Durante el estado de alarma y hasta 3 meses después de finalizar, se posibilita que los funcionarios de cada juzgado, tribunal o fiscalía desempeñen sus funciones en otra unidad. Esta asignación se realizará preferentemente de manera voluntaria y no implicará variación de las retribuciones; se adoptará de forma motivada y solo podrá realizarse entre unidades del mismo municipio y orden jurisdiccional.4) Hasta el 20-6-2020 inclusive pueden establecerse jornadas de trabajo de mañana y tarde para todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, previa negociación colectiva con las organizaciones sindicales y respetando en todo caso las medidas de seguridad laboral y prevención de riesgos laborales.5) Hasta el 20-6-2020 se habilita a los letrados de la administración de Justicia en prácticas (aquellos que han aprobado la oposición, pero todavía no se han incorporado como titulares a los juzgados) a que realicen labores de sustitución y refuerzo, teniendo preferencia sobre los letrados sustitutos.L 3/2020 art.14 al 23, disp.derog.única, disp.trans.1ª y 2ª, disp.final 13ª, BOE 19-9-20NOTASe aplica a todas las actuaciones procesales que se realicen a partir del 20-6-2020, fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso. Además, son de aplicación en todo el territorio nacional hasta el 20-6-2021 inclusive. No obstante, si a dicha fecha se mantuviera la situación de crisis sanitaria, se prorroga su aplicación hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

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