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Modificación del reglamento general de revisión

Con el objeto de adaptar el Reglamento a los cambios materiales y formales introducidos en la LGT y en la nueva LPAC, y con efectos generales, salvo en materia de suspensión en el recurso de alzada, a partir del 1-1-2018, se llevan a cabo las siguientes modificaciones en el RGRV:
a. Suspensión del acto impugnado
Se amplía, en el ámbito de las garantías, tanto su cobertura, a los recargos del periodo ejecutivo, como sus efectos, a las cantidades que, en los supuestos de obligaciones conexas, debieran reintegrarse. En caso de estimación de un recurso o una reclamación contra una liquidación de una deuda que, a su vez, determina el reconocimiento de una devolución a favor del obligado tributario, la garantía aportada para suspender dicha liquidación quedará afecta al reintegro de la correspondiente devolución conexa.
Se recoge, expresamente, que la suspensión automática de la ejecución de una sanción al interponerse recurso o reclamación, no se extiende a las impugnaciones que puedan realizar los responsables. Y una vez concedida la suspensión, previa garantía, al responsable solidario, ésta solo afecta a las actuaciones recaudatorias posteriores a su concesión. En virtud de la doctrina de los actos firmes, las actuaciones previas no son objeto de suspensión.
b. Procedimiento amistoso
Para el caso de que concurra con un procedimiento amistoso en materia de imposición directa recogido en convenio o tratado de doble imposición (LGT disp.adic.21ª), se regula la suspensión del procedimiento de revisión, estableciendo que la autoridad competente española tiene que comunicar al órgano revisor el inicio y la terminación del procedimiento amistoso, administrativo o judicial, que genera la suspensión (RGRV art.2 bis redacc RD 1073/2017 art.único uno).
c. Procedimiento para la revocación
Siguiendo la regla general de los procedimientos de revisión se establece que el informe del servicio jurídico será posterior a la propuesta de resolución.
d. Reclamaciones económico-administrativas
Al establecerse un nuevo criterio, la cuantía deja de ser el importe de los componentes de la deuda tributaria para pasar a ser el importe del acto o actuación objeto de la reclamación, considerándose como indeterminados aquellos actos sin cuantificación económica y las sanciones no pecuniarias. Igualmente, y sin perjuicio de la regla general, se indica cuál es la cuantía en supuestos concretos. Por último, se recoge que en las reclamaciones sobre actuaciones u omisiones de los particulares, la cuantía vendrá determinada por la pretensión del reclamante.
En los supuestos de interposición de una reclamación que incluye varías deudas, o cuando varios interesados reclaman en un mismo escrito, ya no existe la presunción de acumulación, que debe ser expresa y manifiesta.
Se otorga prioridad a la notificación electrónica que, además, deviene obligatoria para los supuesto en lo que el contribuyente éste obligado a relacionarse por esta vía con la Administración.
Se reconoce al presidente del TEAC la potestad para atribuir a los miembros de cualquier órgano económico-administrativo la función de resolver reclamaciones propias de la competencia de otro.
Si bien la regulación en materia de costas se sigue circunscribiendo a la existencia de temeridad o mala fé en la articulación de la reclamación, se asocia la temeridad a la falta manifiesta de fundamento del recurso, y se fija un importe o porcentaje mínimo de costas, para el caso de que se impongan. Contra la condena en costas no cabe recurso administrativo, sin perjuicio de que puedan ser objeto de revisión en el recurso de alzada que pueda interponerse contra el objeto del procedimiento.
e. Procedimiento abreviado
La facultad para la tramitación de una reclamación a través del procedimiento abreviado se vincula únicamente a la cuantía, al haber desaparecido de la regulación de la LGT el resto de causas, que debe ser inferior a 6.000 euros o 72.000 para las reclamaciones contra bases o reclamaciones.
En relación con el procedimiento, desaparece la vista oral, transformándose en un procedimiento exclusivamente escrito, que se desvincula del concepto de órganos unipersonales. Igualmente, se otorga potestad al presidente del Tribunal para dictar los acuerdos relativos a cuestiones incidentales, inadmisiones o formas excepcionales de terminación del procedimiento, aún cuando no sea el órgano competente para resolver.
f. Cuestión prejudicial ante el TJUE
Se recoge el desarrollo que sobre esta materia establece la LGT incluyendo, además, que la cuestión prejudicial se entenderá resuelta cuando se realice su publicación en el DOUE en castellano, el trámite de audiencia previo a la suspensión, así como el órgano estatal competente para conocer de esta materia (RGRV art.58 bis redacc RD 1073/2017 art.único trece).
g. Recurso de alzada
En los casos de recurso de anulación previo, el plazo para interponer se computa desde la notificación de la resolución expresa, sin que puedan aplicarse los efectos del silencio administrativo.
Para solicitar la suspensión del acto objeto de recurso, se exige que, al escrito de interposición, se acompañe informe justificativo. Y su declaración es incompatible con la posibilidad, si concurriesen los requisitos, de reducir el importe de la garantía aportada en el procedimiento previo al recurso.
Esta materia, a excepción de la regla general, se aplica, a las solicitudes de suspensión presentadas con posterioridad al 1-1-2018, fecha de entrada en vigor del RD.
h. Incidente de ejecución
Al haber desaparecido el incidente de ejecución, que se sustituye por el recurso contra la ejecución (LGT art.241 ter), se elimina del RGRV su regulación.

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