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Modificación del Reglamento General de Recaudación

Con el objeto de adaptar el Reglamento a los cambios materiales y formales introducidos en la LGT, tras su reforma en 2015, y con efectos generales desde el 1-1-2018, se llevan a cabo las siguientes modificaciones en el RGR:
a. Derivación de responsabilidad
Los actos de declaración de responsabilidad y derivación de la acción de cobro frente a los responsables pasan a ser competencia exclusiva de la AEAT, excluyendo del ámbito de actuación a las entidades de derecho público y organismos autónomos.
En relación con el procedimiento, se regula su archivo para los supuestos en los que, con anterioridad al vencimiento del periodo voluntario de pago del deudor principal, no se haya notificado fehacientemente su inicio.
Se vincula la reducción de la sanción a la conformidad expresa del responsable durante el trámite de audiencia.
En los casos de responsabilidad asociada a una liquidación vinculada a delito, se establece que el responsable no tiene la condición de interesado en el procedimiento inspector del que deriva la liquidación y que la declaración de responsabilidad solo puede dictarse cuando se haya admitido la denuncia o querella y conste la citación al responsable en el proceso penal (RGR art.124 bis redacc RD 1071/2017 art.único.treinta y cuatro).
b. Régimen de ingresos a través de entidades colaboradoras
Se regulan como formalidades previas al ingreso, el deber de la entidad de identificar al obligado al pago, el importe y la cuenta, certificando el ingreso mediante justificante de pago o, en su caso, la devolución. Igualmente se recoge la posibilidad de que el contribuyente pueda presentar, en cualquier sucursal de la entidad, el documento de ingreso o devolución.
Mediante Orden Ministerial, y como excepción a la regla general, se puede habilitar a la Administración para modificar los plazos de ingreso.
c. Pagos en especie
Al igual que ocurre en los supuestos de aplazamiento y fraccionamiento, se establecen causas de inadmisión en el procedimiento de solicitud de pago en especie enumerándose, entre otras, la falta de inscripción de los bienes, el no practicar la liquidación en plazo o el no incluir la autoliquidación dentro de la documentación. También se inadmiten las solicitudes reiterativas de otras previas o las que se instan existiendo un procedimiento abierto de inspección asociado a delito.
d. Aplazamiento y fraccionamiento
Se reitera, como criterio ya establecido en la LGT, la imposibilidad de aplazar, en ningún supuesto, las retenciones e ingresos a cuenta.
Dentro de los requisitos que debe cumplir la solicitud se añade la obligación de recoger y justificar, para los casos de concurso, que la deuda no tiene el carácter de crédito contra la masa. Igualmente se incluye, como nueva, dentro de las causas de inadmisión, las solicitudes relativas a deudas que derivan de un procedimiento inspector en suspenso por derivación del tanto de culpa a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal.
Se amplía la garantía para las deudas que se encuentren en periodo ejecutivo, que debe cubrir el importe aplazado incluyendo el recargo, los intereses de demora y un 5% de la suma de ambas partidas.
Para los supuestos de concurrencia en los que se solicite conjuntamente en un procedimiento económico administrativo, la suspensión y el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda, se recoge el carácter prioritario de la solicitud de suspensión, cuya tramitación conlleva el archivo de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
e. Obligaciones conexas
En relación a las cantidades a ingresar y a devolver relativas a obligaciones conexas que resultan de la ejecución de un recurso o reclamación, se regula su compensación de oficio por el importe diferencial procedente.
f. Actos recaudatorios vinculados a delito
Se incluye dentro de los supuestos de suspensión del procedimiento de apremio, el caso de liquidaciones emitidas al deudor principal o al responsable, que puedan estar vinculadas a la comisión de un delito.
g. Embargos
Se permite que la AEAT pueda ampliar directamente el contenido de un embargo a cualquier bien que el contribuyente ostente en la entidad de crédito, con el único requisito de que la entidad, o sus sucursales, estén ubicadas dentro del territorio de su jurisdicción.
En los supuestos de embargos de créditos y efectos a corto plazo y los de sueldos, salarios y pensiones, se prevé la posibilidad de adoptar un acuerdo entre el contribuyente y la Administración sobre la forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de las diligencias de embargo.
Se regula el procedimiento asociado a la prohibición de enajenar bienes inmuebles por embargo de acciones o participaciones, recogiendo el deber de proceder a su anotación preventiva en el Registro de la Propiedad (RGR art.88 bis redacc RD 1071/2017 art.único.diecisiete).
h. Ejecución de garantías
Se incluye dentro de las potestades de la Administración, la de ejecutar, en el procedimiento de apremio, las garantías de la deuda, aunque el acto de liquidación no sea firme.
i. Nuevo procedimiento de subastas
Con el objetivo de agilizar el régimen jurídico de la enajenación de bienes embargados, se procede a la modificación del procedimiento de subasta. Al simplificarse los requisitos y reducirse el importe del depósito, se facilita su inicio, al mismo tiempo que se adapta la subasta al procedimiento electrónico. Se concreta el momento exacto hasta el cual se pude liberar el bien, identificando éste como cualquier momento anterior a la certificación de adjudicación o, en su caso, a la escritura pública de venta y se recoge la nueva figura de las posturas con reserva de depósito, que evita iniciar nuevos procedimientos en los casos de impago. Se elimina la existencia de primera y segunda licitación y la adjudicación directa como procedimiento posterior. Por último, se regula el procedimiento de enajenación en los supuestos de concurso.
Esta materia, a excepción de la regla general, se aplica a los procedimientos iniciados a partir del 1-9-2018.
j. Tercerías de dominio
Al no ser necesario presentar la escritura de dominio, se facilita el inicio del procedimiento, , bastando que a la reclamación de tercería se acompañe un principio de prueba por escrito. También, se amplía el plazo de resolución, que pasa de tres a seis meses.
k. Responsabilidad por delito contra la Hacienda Pública
Se incluye en el reglamento de recaudación el procedimiento de exacción de la pena de multa impuesta cuando existe delito contra la Hacienda Pública, que es el mismo que el previsto para la responsabilidad civil.
l. Impugnación de los actos asociados a un proceso penal en curso
Se regulan dos supuestos de impugnación, el normal, a través de recurso de reposición o reclamación económico-administrativa y, el especial, para los supuestos en que se impugne la adecuación del acto al tipo penal, en cuyo caso debe plantearse cuestión judicial ante el órgano judicial penal competente (RGR art.129 redacc RD 1071/2017 art.único.treinta y ocho).

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