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Jurisdicción competente en caso de reclamación por un funcionario de mejora de prestaciones

Tras ser declarado incapacitado permanente total, un agente de policía local solicita al Ayuntamiento el abono de la mejora voluntaria pactada en el Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral, consistente en recibir, hasta cumplir la edad reglamentaria de la jubilación forzosa, la diferencia existente entre la pensión del INSS y la retribución fija percibida en el momento de la solicitud.
La cuestión que se plantea en el recurso de casación unificadora se centra en determinar si el orden social es competente para resolver sobre esta pretensión o si lo es el orden contencioso-administrativo.
El TS señala que bajo la anterior normativa (LPL) la competencia del orden social quedaba limitada a los supuestos en que la mejora estaba prevista en un contrato de trabajo, en un pacto o acuerdo, o en un convenio colectivo, con causa en la existencia de una relación laboral entre las partes. Y era competente el orden contencioso-administrativo en casos en que la mejora estaba prevista en instrumentos jurídicos de aplicación en el ámbito del derecho administrativo, en los que la Administración otorga esa mejora en su condición de poder público en favor de beneficiarios con los que no les vincula una relación laboral.
Esa doctrina ha decaído tras la entrada en vigor de la LRJS, que atribuye al orden social el conocimiento de las mejoras de seguridad social tanto si traen causa de una relación laboral y derivan de una decisión unilateral del empresario, un contrato de trabajo o un convenio, pacto o acuerdo colectivo, como si se trata de complementos de prestaciones o indemnizaciones, especialmente en los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, que pudieran establecerse por las Administraciones públicas a favor de cualquier beneficiario (LRJS art.2 q). Y le excluye del conocimiento de los pactos o acuerdos concertados por las Administraciones públicas con arreglo a lo previsto en el EBEP, que sean de aplicación al personal funcionario o estatutario de los servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o conjunta con el personal laboral (LRJS art.3 e), siendo el orden contencioso-administrativo el competente para conocer de la impugnación colectiva de este tipo de acuerdos.
Lo expuesto lleva al TS a establecer como doctrina que el orden social de la jurisdicción es el competente para conocer de la reclamación de una mejora de las prestaciones del RGSS prevista en un acuerdo firmado por una Administración Pública que afecta al personal laboral y funcionario, y que ha sido formulada a título individual por un funcionario integrado en el RGSS.

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