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Interrupciones justificadas en el procedimiento sancionador

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) interpone recurso contra el RD 1072/2017, por el que se modificó el Reglamento general del régimen sancionador tributario (RSAN). De entre el articulado que se impugna, se incluye el art.único. nueve, que modificó el RSAN art.25.4. En el mismo se incluía la posibilidad de computar como una interrupción justificada el retraso en un procedimiento sancionador derivado de un procedimiento inspector como consecuencia de la orden de completar el expediente. La interrupción comprende el tiempo que duran las actuaciones complementarias, es decir, que transcurre desde que se dicta la orden de completar el acta hasta que se notifica la nueva que sustituye a la anterior o hasta que se otorga trámite de audiencia, en el caso de que no sea necesario incoar un nueva acta.
El recurrente alega que el RD 1072/2017 art.único. nueve carece de habilitación legal suficiente. La normativa de la LGT (LGT art.104.2; LGT art.211.2) que toma como referencia el RD 1072/2017 para incorporar el nuevo RSAN art.25.4 se ubica dentro de las especialidades de los procedimientos administrativos en materia tributaria, de la que se excluye a la potestad sancionadora.
El TS, tras analizar la normativa aplicable, entiende que la remisión que se hace a la LGT art.104.2 es a los solos efectos del cómputo del plazo máximo de resolución y la obligación de notificar, pero no así de otros extremos que regula, como son las interrupciones. En este sentido, recuerda:
– que la LGT en su Exposición de Motivos declara la voluntad de dotar a la potestad sancionadora de una regulación autónoma y separada de la deuda tributaria, tanto en los aspectos materiales de tipificación como en los procedimientales;
– que el RSAN incorporó como novedad las normas especiales relativas a los procedimientos sancionadores tramitados por los órganos de inspección, que hasta el momento se ubicaban en el RGGI;
– que tanto la LGT como el RSAN al regular el procedimiento sancionador establecen la aplicación supletoria del Derecho administrativo sancionador;
– que los supuestos de modificación del plazo del procedimiento sancionador se recogen expresamente dentro del articulado de la LGT que regula este procedimiento, como así ocurre con los supuestos de extensión o ampliación del plazo.
Por consiguiente, el TS estima el recurso en este punto y declara la nulidad del RD 1072/2017 art.único. nueve. En definitiva, ni existe habilitación legal, ni se puede considerar que esté justificada una interrupción por razón de un procedimiento distinto del sancionador como es el inspector, que por mandato legal está separado.
Además, careciendo de relevancia temporal la orden de completar actuaciones en el curso del procedimiento inspector, pretender otorgarle trascendencia en el procedimiento sancionador es contrario a la regla general que resulta de la regulación de este procedimiento, la inexistencia de causas de interrupción.

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