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Interpretación del Tribunal Supremo respecto a los preceptos del IIVTNU declarados inconstitucionales.

La cuestión que suscita este recurso de casación es determinar si la inconstitucionalidad de la LHL art.107.1, 107.2 a) y 110.4 declarada en la sentencia del TCo 59/2017, obliga en todo caso a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el Impuesto, sin entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación inexpresiva de capacidad económica (TS auto 5-2-18, EDJ 4573).
El Tribunal Supremo llega a la conclusión de que mediante sentencia del TCo 59/2017, se declara:
a) La inconstitucionalidad parcial de la LHL art.107.1 y 107.2.a, que establecen una regla objetiva para el cálculo de la base imponible del Impuesto en los casos de transmisión onerosa de terrenos cuya aplicación conlleva, en todo caso, la existencia de una plusvalía objeto de tributación.
El Tribunal Constitucional no pudo pretender que la nulidad de los preceptos cuya contradicción con la Constitución se denuncia, se extienda también a supuestos en los que existe un incremento de valor del terreno. Por ello, los art.107.1 y 107.2.a de la LHL son constitucionales y resultan plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquier medio, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada.
b) La inconstitucionalidad total de la LHL art.110.4. Se expulsa definitivamente del ordenamiento jurídico la regla que no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene o, dicho de otro modo, que impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica.
Se rechaza la interpretación que algunos Tribunales Superiores de Justicia vienen efectuando de la sentencia del Tribunal Constitucional, declarando la inconstitucionalidad radical y absoluta de los mencionados preceptos (anulación que, en su opinión, obliga a anular todas las liquidaciones que se hayan practicado con arreglo a dichos preceptos) y descartando que hasta tanto se produzca la reforma legal del IIVTNU, puedan girarse liquidaciones correspondientes al mismo.
La nulidad total de dicho precepto permite que los obligados tributarios puedan probar, desde la sentencia del TCo 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de la LHL art.107.1 y 107.2 a).
De esta interpretación se deducen las siguientes consecuencias:
1. El obligado tributario puede demostrar que el terreno no ha experimentado un aumento de valor y que no se ha producido el nacimiento de la obligación tributaria principal correspondiente al IIVTNU.
2. Demostrada la inexistencia de plusvalía, no procede la liquidación del impuesto o, en su caso, corresponde la anulación de la liquidación practicada o la rectificación de la autoliquidación y el reconocimiento del derecho a la devolución.
3. En caso contrario, debe girarse la correspondiente liquidación cuantificándose la base imponible del Impuesto de conformidad con lo previsto en la LHL art.107.1 y 107.2 a) que han quedado en vigor para los casos de existencia de incremento de valor.
Una vez resueltas las anteriores cuestiones, el Tribunal Supremo señala que:
a) Corresponde al obligado tributario la prueba de la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido.
b) Respecto a los medio de prueba, para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU el sujeto pasivo puede:
– ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas;
– optar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o
– emplear cualquier otro medio probatorio previsto en la LGT art.106.1 que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU.
c) Aportada por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, corresponde a la Administración la prueba en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos de la LHL que el fallo del Tribunal Constitucional ha dejado en vigor en caso de plusvalía.
Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispone de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial.

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