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Intereses de demora por el impago de los honorarios en contrato de prestación de servicios jurídicos

De los hechos acreditados en la instancia, destacan los siguientes:
• Existencia de unos servicios jurídicos prestados por un despacho profesional, consistentes en el asesoramiento legal y llevanza de pleitos de una empresa dedicada a la construcción y edificación.
• Un acuerdo verbal de la retribución de dichos servicios jurídicos, en función del tiempo empleado y de la complejidad de las actuaciones.
• Carácter complejo de dichas actuaciones planteadas contra un Ayuntamiento (licencias de demolición, obra nueva, declaración de ruina, expediente expropiatorio, etc.).
• Contratación de dichos servicios de asesoría jurídica en el ámbito de la construcción y edificación, propios de la empresa.
La empresa destinada a la prestación de servicios jurídicos, solicitó el abono de los servicios jurídicos prestados en un determinado periodo de tiempo, junto con los intereses de demora previstos en la L 3/2004.
El recurso de casación, presentado por la empresa deudora, denuncia una indebida aplicación de la L 3/2004 art.1 a 5 y 7, argumentando que las relaciones entre un cliente (aunque sea sociedad mercantil) y un despacho profesional de abogados de asesoría jurídica no pueden considerarse como operaciones comerciales a los efectos de la aplicación de la citada L 3/2004.
La interpretación que el TS hace de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en el plano que aquí interesa, conduce a considerar que la prestación de servicios jurídicos de un despacho profesional (ya sea en forma societaria o como ejercicio profesional de una bogado), está sujeta a la aplicación de la L 3/2004, y por consiguiente, a los intereses de demora previstos en la misma.
Desde el punto de vista del objeto de la norma y conforme al análisis de las Directivas (Dir 2000/35/CE considerando 7º), la Ley responde al problema que plantea la morosidad en el pago de deudas dinerarias respecto de entregas de bienes y de prestación de servicios, en este caso concreto, servicios jurídicos.
La Dir 2000/35/CE y su posterior refundición en la Dir 2001/7/UE, abordan el concepto de operaciones comerciales como actividades «realizadas entre empresas o entre empresas y poderes públicos que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios a cambio de una contraprestación». A su vez, ambas Directivas definen el concepto de empresa como «cualquier organización que actúe en ejercicio de su actividad independiente económica o profesional, incluso si dicha actividad la lleva a cabo una única persona», junto con el hecho de incluir expresamente las profesiones liberales (Dir 2011/7/UE considerando 10º).
Por último, añade el TS, que ambas Directivas, y la nacional, no contemplan las deudas e intereses derivadas de la prestación de servicios jurídicos realizados por un despacho profesional, excluidas expresamente de su ámbito de aplicación (L 3/2004 art.3.2).
Por todo ello, a los intereses aquí reclamados le resulta aplicable la citada L 3/2004.

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