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Inexistencia de incremento de valor en las transmisiones a efectos del IIVTNU

La controversia jurídica que plantea la parte recurrente en casación consiste en determinar si la sentencia JCA Zaragoza núm 5, 28-7-17 es o no conforme a Derecho, para lo cual resulta forzoso interpretar la sentencia del TCo 59/2017 que declara inconstitucional y nula la LHL art. 107.1, 107.2 a) y 110.4, en particular, si dicha inconstitucionalidad obliga, en todo caso, a la anulación de las liquidaciones y al reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación de autoliquidaciones por el IIVTNU o si resulta posible entrar a valorar la existencia o no en cada caso de una situación que exprese o no la capacidad económica del contribuyente.
Sobre esta cuestión, el Tribunal efectúa una remisión total a lo que al respecto señala el fundamento séptimo de la sentencia del TCo 59/2017 según el cual:
1) La LHL art.107.1 y 107.2.a) adolece solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. Son constitucionales y resultan plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor.
2) La LHL art.110.4 es inconstitucional y nula en todo caso (inconstitucionalidad total) porque no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene. Esa nulidad total es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de la LHL art.107.1 y 107.2.a).
Por otro lado, sobre la base de la sentencia del TS 9-7-18, EDJ 513434, a la que se remite y que reproduce en gran parte, el Tribunal Supremo procede declarar lo siguiente respecto a las pretensiones deducidas en el proceso que nos ocupa:
a. La sentencia del JCA Zaragoza núm 5, 28-7-17, debe ser casada y anulada, en tanto contiene un criterio contrario al que se estableció en la sentencia del TS 9-7-18, EDJ 513434, ya que considera erróneamente que la LHL art.107.1 y 107.2a) han sido expulsados de modo absoluto e incondicional del ordenamiento jurídico.
b. A diferencia de lo que ocurre en otros recursos (por ejemplo, en el resuelto por la sentencia TS 18-7-18, EDJ 529857), en el presente caso, la recurrente ha desarrollado en la instancia una actividad probatoria suficiente para permitir ahora el análisis de las magnitudes económicas que, en su caso, pongan de manifiesto una disminución o minusvalía derivada de la transmisión de una participación de 43% sobre uno inmuebles urbanos y para desplazar al Ayuntamiento de Zaragoza, la carga de acreditar que los valores de adquisición y de transmisión no se corresponden con los mantenidos por la recurrente.
Como se deduce de la sentencia del TS 17-7-18, EDJ 529830, en casos como el que nos ocupa, no cabe desdeñar a priori todo valor de prueba, aun indiciaria, a los precios recogidos en las escrituras públicas de adquisición y transmisión, de la misma manera que tampoco resulta procedente atribuir al interesado la carga de probar la pérdida patrimonial por medios distintos al de la exhibición de tales instrumentos ni, por último, exigir, a la postre, una prueba pericial para acreditar que se ha experimentado la minusvalía que situaría la transmisión efectuada fuera del ámbito objetivo de la aplicación del tributo. En otras palabras, tales datos, a menos que fueran simulados, deberían ser suficientes, desde la perspectiva de la carga de la prueba, para desplazar a la parte contraria, al ayuntamiento gestor y liquidador, la carga de acreditar en contrario, de modo bastante, que los precios inicial o final son mendaces o falsos o no se corresponden con la realidad de lo sucedido.
La recurrente ha acreditado la minusvalía con ocasión de la transmisión anteriormente expresada, lo que justifica que la misma quede excluida del gravamen del impuesto, razón que determina la estimación del recurso en la instancia, con la consiguiente nulidad de los actos administrativos que desestimaron su solicitud de rectificación de autoliquidaciones practicadas por el concepto de IIVTNU.

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