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Indemnización por despido: responsabilidad solidaria del administrador de facto de una sociedad disuelta legalmente

La Ley de sociedades de capital prevé que los administradores responden solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, siempre que incumplan ciertas obligaciones legales. En tales supuestos las obligaciones sociales reclamadas se presumen de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior (LSC art. 367previamente en sentido similar LSRL art.105.5 y LSA art.262.5).
En el caso concreto, unos trabajadores despedidos (en despido declarado nulo) de una sociedad disuelta por pérdidas, reclaman la diferencia entre las cantidades obtenidas en concepto de abono parcial de la indemnización por el FOGASA y las cantidades completas debidas. Entienden que existe una deuda solidaria de los dos cónyuges, casados en separación de bienes, que regentaban la sociedad y eran socios al 50%. El marido era administrador social de derecho y ella de facto al ser apoderada con amplios poderes.
La Sala de lo civil del TS confirma los pronunciamientos previos que favorecían a los trabajadores y señala:
1. Cabe el ejercicio de la acción de responsabilidad por deudas frente a ambos administradores de forma solidaria, cuando los administradores de hecho tienen las mismas facultades o atribuciones que los de derecho, siguiendo jurisprudencia previa (TS civil 4-12-12, EDJ 335882; 22-7-15, EDJ 136053; 8-4-16, EDJ 34904).
2. En relación al nacimiento de la obligación, la Sala I del TS considera que el concreto derecho de crédito a la indemnización por despido no nace con el contrato de trabajo. La contraprestación a la prestación de los servicios laborales es el salario (ET art.26), mientras que la indemnización por despido nace una vez que el mismo es declarado judicialmente improcedente y la empresa opta por la no readmisión (ET art.56 d). En el caso de autos, el nacimiento de la obligación indemnizatoria tuvo lugar cuando la sociedad estaba ya en causa legal de disolución.
3. Por último, hay que señalar que las deudas no sean comerciales, sino laborales, no supone ningún impedimento para la condena solidaria de los administradores sociales, pues la normativa sobre sociedades aplicable no exige que las deudas tengan que ser comerciales, sino que se refieren a deudas de la sociedad en general.

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