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Inconstitucionalidad de disposiciones incluidas en una ley de presupuestos

A través de la Ley de Presupuestos de 2017 se establecieron limitaciones legales para impedir que se incorporasen, como empleados públicos en una Administración Pública o en una entidad de derecho público a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado, por las Administraciones Públicas cuando los contratos se extinguieran por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o en caso de adoptarse el secuestro o intervención del servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos. Asimismo, se impedía a la Administración atribuir la condición de indefinido no fijo al personal de aquellas empresas que tuvieran un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando esa condición se derivase de una resolución judicial (L 3/2017 disp.adic.26ª y 34ª).
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulas ambas previsiones por tratarse de una regulación ajena al contenido propio de las leyes de presupuestos que supone una vulneración de la Const art.66.2 y 134.2 en relación con el principio de seguridad jurídica (Const art.9.3).
Según doctrina del Tribunal Constitucional, las leyes de presupuestos están reservadas a un contenido que les es propio integrado por la previsión de ingresos y la habilitación de gastos. Adicionalmente, existe la posibilidad de que contengan otras disposiciones no estrictamente presupuestarias denominadas contenido eventual, siempre y cuando cumplan dos condiciones:
– la conexión inmediata y directa de la materia con el contenido propio de este tipo de leyes; y
– la justificación de la inclusión de esa materia conexa en la ley que aprueba anualmente los Presupuestos Generales.
De este modo, la mera reducción de gastos pretendida por una medida no puede sin más justificar su inclusión en el contenido eventual. En relación con medidas relacionadas con el personal del sector público, en general se ha descartado que puedan tener cabida en una ley de presupuestos normas que integran el régimen de la función pública (TCo 174/1998; TCo 203/1998; TCo 9/2013), pero sí han encontrado cabida en el contenido eventual normas que guardaban conexión con el régimen retributivo (TCo 237/1992; TCo 99/2016).
En este caso concreto, la norma cuestionada lo que hace es incorporar una precisión de lo dispuesto en el EBEP art.8, lo que implica una medida regulatoria de carácter sustantivo que no tiene cabida en una ley de presupuestos. Aunque la medida puede eventualmente tener algún efecto sobre el gasto, no es inmediato ni directo y no es evidente que constituya un complemento necesario de la política económica del Gobierno ni que esté directamente vinculada con la misma. Por lo tanto, no integra el núcleo mínimo, necesario e indisponible de la Ley de Presupuestos ni una materia propia del contenido eventual.

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