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Incidencia laboral de la modificación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

La modificación supone, desde el 5-8-2018, las siguientes novedades en caso de trabajadora víctima de violencia de género:
1. Además de con la orden de protección, la situación de violencia de género a efectos de reconocimiento de derechos laborales y prestaciones de Seguridad Social se puede acreditar mediante:
– sentencia condenatoria por un delito de violencia de género;
– resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima;
– informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género;
– informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente;
– cualquier otro título, siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos.
El Gobierno y las CCAA deben diseñar, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género.
Estos nuevos medios de acreditación de la situación de violencia de género solo son aplicables respecto de solicitudes de reconocimiento de derechos motivadas por situaciones de violencia de género que hayan tenido lugar con posterioridad al 5-8-2018, incluidas aquellas que, iniciadas con anterioridad al mismo, se mantengan tras este y sean acreditadas por alguno de los citados medios.
Los procedimientos judiciales iniciados con anterioridad al 5-8-2018 continúan rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su inicio.
2. La ayuda económica prevista en la ley de violencia de género es compatible con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género, no solo con la prevista en la L 35/1995 (como ocurría hasta ahora).

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