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IBI. División de la deuda tributaria

La LGT establece que, la concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determina que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa. Cuando la Administración solo conoce la identidad de un titular, ha de practicar y notificar las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, que está obligado a satisfacerlas si no solicita su división. Para que proceda la división es indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido (LGT art.35.7).
La ordenanza municipal que se recurre exige para la división de la deuda a efectos de IBI, en los supuestos de cotitularidad del inmueble que constituye el hecho imponible, que se faciliten además los datos de la cuenta bancaria, obligación que establece con carácter necesario y sin especificar si esa carga le corresponde al que solicita la división o a todos los obligados solidariamente.
La dicción literal del precepto ha dado lugar a que en el acto administrativo enjuiciado se exigiera a uno de los cotitulares los datos bancarios de otro cotitular, datos además protegidos, exigencia que al no ser atendida, impidió la división de la deuda tributaria.
Cabría la posibilidad de patrocinar una interpretación distinta que entendiera que esa obligación de comunicar los datos de la cuenta bancaria no le corresponde a los demás cotitulares y obligados solidariamente, sino a cada uno de ellos por separado. Sin embargo, la literalidad del precepto que establece en términos imperativos e insoslayables esa obligación para los obligados tributarios en general, sin mayor distinción y especificidad, hace que el artículo de la ordenanza impugnado deba considerarse contrario a la LGT.
Por ello, se declara la nulidad de pleno derecho de la disposición de la ordenanza fiscal municipal que señala literalmente que «será necesario que todos los obligados tributarios domicilien en una entidad financiera el pago de las cuotas individuales resultantes».

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