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Honorarios del letrado del concursado como crédito contra la masa

Para que los honorarios del letrado del deudor concursado tengan la consideración de créditos contra la masa, es necesario que respondan a actuaciones que reúnan los requisitos de la LCon art.84.2.2º; es decir:
– que sean actuaciones necesarias para la tramitación del concursos y sus incidentes, hasta su total terminación; y
– que su intervención sea legalmente obligatoria o se realice en interés de la masa.
Los honorarios que reclama el letrado corresponden a las siguientes actuaciones profesionales: a) presentación de una declinatoria; b) oposición a la solicitud de concurso necesario; c) recusación del administrador concursal; d) presentación de alegaciones a una solicitud de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre afección de bienes; e) solicitud de suspensión de la audiencia previa de un juicio ordinario en que era parte la concursada; f) presentación de una propuesta de convenio; g) aportación de la documentación prevista en la LCon art.6.2; h) presentación de un escrito con el depósito de cuentas; i) solicitud de que se devolvieran a la concursada las facultades patrimoniales; j) actuaciones extraprocesales, como reuniones con organismos públicos, trabajadores, proveedores, administración concursal, etc.
A juicio del TS, de las distintas partidas de honorarios cuya consideración como créditos contra la masa reclama el letrado, en principio, únicamente cabría considerar que reúne los requisitos antes mencionados (necesidad y obligatoriedad o realización en interés de la masa), la presentación de una propuesta de convenio, puesto que al margen de que la misma sea o no admitida, lo cierto es que, como regla general, el convenio es la solución legalmente preferida para el concurso y debe presumirse que la presentación de propuestas se realiza en interés de la masa.
Sin embargo, en este caso, el presumible interés para la masa de dicha actuación profesional se evaporó desde el momento en la propuesta de convenio no fue admitida a trámite, al no reunir los requisitos mínimos de contenido que son imprescindibles para que los acreedores puedan votar en la junta con un mínimo conocimiento de causa; pues aunque la propuesta se acompañó de un plan de viabilidad, no se identificó al posible inversor.
Respecto del resto de actuaciones, no cabe confundir obligatoriedad de la intervención del letrado (LCon art.184.2), con necesidad o interés de la masa. Es más, algunas de las actuaciones ni siquiera era obligatorio que se practicaran, como las alegaciones a las peticiones de la seguridad social; o directamente iban contra el interés de la masa, como las declinatorias, la recusación de la administración concursal o la oposición a la solicitud de concurso.

NOTA
• El TS recuerda que la enumeración de créditos contra la masa se debe interpretar de forma restrictiva, porque, en cuanto gozan de “preferencia de cobro”, merman en la práctica las posibilidades de cobro de los créditos concursales.
• También se remite a la sentencia TS 18-7-14, EDJ 123842, según la cual, «(a)l margen de que la retribución de los servicios prestados por el letrado de la concursada para la solicitud y declaración de concurso voluntario, así como de la posterior asistencia al concursado durante todo el procedimiento concursal, puedan merecer la consideración genérica de créditos contra masa, es posible aquilatar su cuantía, esto es, determinar hasta qué montante pueden ser abonados con cargo a la masa».

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