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Geolocalización y protección de datos

Una empresa decide instaurar unilateralmente, sin informar a los representantes de los trabajadores, un proyecto de control de la actividad laboral que supone la obligación para el trabajador con categoría de repartidor de aportar un teléfono móvil con conexión a internet de su propiedad, y la instalación de la aplicación informática de la empresa que permite la geolocalización del dispositivo y del trabajador durante su jornada laboral. De este modo, la empresa introduce cláusulas en los contratos tipo o en las novaciones que exigen la aportación del teléfono móvil con conexión a internet del trabajador en beneficio de la empresa.
Este proyecto empresarial es nulo por suponer una vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal de los trabajadores porque:

1. La medida implantada, si bien obedece a fines constitucionalmente legítimos en el desarrollo del derecho a la libre empresa como son el control el empleado en el desempeño de su puesto de trabajo y la oferta de un mejor servicio al cliente, no supera el necesario juicio de proporcionalidad, ya que la misma finalidad se podría haber obtenido con medidas que suponen una menor injerencia en los derechos fundamentales de los empleados, tales como sistemas de geolocalización en las motocicletas en las que se transportan los pedidos o pulseras con tales dispositivos que, además, evitarían al empleado la necesidad de aportar medios propios ni datos de carácter personal como son el número de teléfono o la dirección de correo electrónico en la que han de recibir el código de descarga de la aplicación informática que activa el sistema.
2. Para la implantación del sistema de geolocalización por parte del empleador se ha prescindido de proporcionar a los trabajadores la información necesaria (Rgto (UE) 679/2016 art.12 y 13).

El referido proyecto, además, vulnera la legalidad ordinaria porque:

1. La exigencia de la aportación de un teléfono móvil con conexión de datos para desarrollar el trabajo en los términos efectuados supone un manifiesto abuso de derecho empresarial, ya que quiebra con la necesaria ajenidad en los medios que caracteriza el contrato de trabajo, implicando cualquier impedimento en la activación del sistema de geolocalización, cuando menos, la suspensión del contrato de trabajo y la consiguiente pérdida del salario.Además, la compensación que se oferta por tal aportación resulta de todo punto insuficiente, ya que se calcula el valor de un terminal móvil de baja gama y la contratación de unos datos por internet que únicamente se compensan en función de su utilización en el trabajo, prescindiendo de si tal contratación era o no deseada por el empleado para el desarrollo de su vida personal.1. En los contratos y en los pactos novatorios se ha incluido una cláusula de resolución en la que se da al trabajador un plazo de diez días para reparar el móvil averiado, vencido el cual se suspende el contrato y la remuneración, dándolo por extinguido a los dos meses. Esto implica de hecho la adopción de un régimen de infracciones y sanciones, vía contrato individual de trabajo, obviando la reserva que la Ley hace en este punto a la negociación colectiva (ET art.58.1).
La cláusula opera en la práctica como una auténtica causa de despido disciplinario del trabajador al margen del ET art.54, pues para que opere la extinción contractual no indemnizada se prescinde por completo de la necesaria culpabilidad, así como de las garantías formales propias del despido disciplinario (ET art.55).

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