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Facultad de los órganos administrativos para declarar la inaplicación de una norma contraria al derecho de la UE

Un ciudadano irlandés queda fuera de un proceso de selección de nuevos agentes de policía por tener una edad superior a 35 años.
Disconforme, por entender que la decisión constituye una discriminación prohibida por la Directiva sobre igualdad en materia de empleo (Dir (UE) 2000/78), interpone recurso en vía administrativa ante el Tribunal Administrativo competente para la aplicación de esta directiva.
Como la edad máxima se regula por una disposición de derecho nacional, se plantea el problema de quién ostenta la competencia para dejar inaplicada esta disposición, contraria al derecho de la UE. Se manifiestan dos posturas:
a) Solo tiene competencia el tribunal que constitucionalmente tenga reconocida la competencia para dejar inaplicadas normas de derecho nacional contrarias al derecho de la Unión.
b) El órgano administrativo al que se atribuye la obligación de garantizar el cumplimiento del derecho nacional y del derecho de la Unión relativo a la igualdad en materia de empleo, debe disponer de todas las facultades necesarias a tal fin.
Agotadas las distintas instancias internas, el Tribunal Supremo de Irlanda plantea cuestión prejudicial ante el TJUE. Se cuestiona si un órgano nacional creado por la ley a fin de garantizar la aplicación del derecho de la UE en un sector específico debe tener la facultad de dejar inaplicada una norma de derecho nacional contraria al derecho de la UE.
El TJUE, citando reiterada jurisprudencia, establece que el principio de primacía del derecho de la Unión exige que los órganos jurisdiccionales nacionales encargados de aplicar, en el ámbito de sus competencias, disposiciones del derecho de la UE tienen la obligación de garantizar la eficacia de tales disposiciones, si es necesario dejando sin aplicar en el ejercicio de su propia competencia cualquier disposición nacional contraria al derecho de la UE. Todo ello, sin instar su eliminación previa por vía legislativa o mediante cualquier otro procedimiento constitucional y sin esperar a que se lleve a cabo tal eliminación.
Además, el deber de excluir la aplicación de una normativa nacional contraria al derecho de la UE incumbe a todos los órganos del Estado encargados de aplicar, en el marco de sus competencias, el derecho de la UE. Es decir, no incumbe solo a los jueces y tribunales nacionales sino también a las autoridades administrativas.
En este contexto, si el órgano administrativo irlandés, en su condición de órgano al que el legislador nacional atribuye la competencia para garantizar la aplicación del principio de no discriminación en materia de empleo, conoce de un litigio en el que se cuestiona la observancia del mismo, el principio de primacía del derecho de la UE exige que dicho órgano garantice, en el marco de tal competencia, la protección jurídica que el derecho de la UE confiere a los justiciables y la eficacia plena de este Derecho, dejando inaplicada, si es necesario, toda disposición en contrario de la ley nacional.
Por todo ello, el TJUE declara que el derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la cual un órgano nacional, creado por la ley a fin de garantizar la aplicación del derecho de la UE en un ámbito específico, carece de competencia para decidir dejar inaplicada una norma de derecho nacional contraria al derecho de la UE.

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