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Extinción de la personalidad jurídica del empleador

Una empresa de radiotelevisión autonómica lleva a cabo un despido colectivo que es declarado judicialmente nulo, estableciéndose el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación en sus puestos de trabajo. Esta resolución no es recurrida y gana firmeza. Posteriormente, sin intervención judicial, la empresa reincorpora a los trabajadores despedidos, abonando salarios de tramitación y cotizaciones. Al tiempo, les concede permiso retribuido.
Por ley se suprime el servicio público de radiotelevisión y posteriormente, también por ley, se da un giro a lo en ella establecido y se recupera la prestación. Como consecuencia de la primera ley, la corporación lleva a cabo el despido colectivo de su plantilla. Así el día en el que se acuerda disolver, liquidar y extinguir la empresa, los liquidadores notifican a los representantes de los trabajadores el inicio del procedimiento de despido colectivo. Aducen la concurrencia de causas económicas y por supuesto, la supresión del servicio.
El recurrente se queja de que el despido colectivo venga basado tanto en la extinción de la persona jurídica del empleador cuanto en problemas económicos; a su entender la única causa legitimadora del despido colectivo es el cese del servicio público. Acusa a la empresa de haber extinguido los contratos de trabajo al amparo de una causa distinta y contraria a la determinada por la ley.
La extinción de la personalidad jurídica del empresario constituye una causa extintiva eficaz por si misma, si bien para hacerla valer -a semejanza de lo que ocurre con la fuerza mayor- debe seguirse el correspondiente procedimiento de despido colectivo. Que la extinción de la personalidad jurídica se base, a su vez, en problemas económicos graves y que ambos datos sean considerados como causas válidas de despido no colisiona con norma alguna, sino que constituye un supuesto en el que queda claro que la desaparición de la persona jurídica no se ha utilizado fraudulentamente. Todo lo contrario: trae causa de una Ley válida y de la grave situación económica concurrente. Y La alusión a una «fuerza mayor impropia» como causa de despido no implica que deba seguirse el procedimiento específico (autorización administrativa) si realmente la causa activada es la extinción de personalidad jurídica y la grave situación económica. Es imposible declarar la nulidad del despido colectivo por no haberse obtenido la previa autorización administrativa por la sencilla razón de que esa no es la causa en que el empleador se ha basado para llevarlo a cabo, al margen de las expresiones que hayan podido utilizarse aludiendo a ese concepto.

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