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Externalización del control de ausencias

Ante la decisión empresarial de externalizar el control de ausencias de los trabajadores contratándolo con una empresa, se plantea la cuestión de si la facultad de la que dispone la empresa de verificar el estado de salud del trabajador que alegue este motivo para justificar sus faltas de asistencia al trabajo (ET art.20.4), debe llevarse a cabo, obligatoriamente, a través de los servicios médicos de la mutua correspondiente.
Esta potestad del empresario de verificar el estado de salud del trabajador mediante reconocimiento a cargo de personal médico no establece otra restricción distinta de la de no vulnerar los derechos básicos de los trabajadores, en particular, el derecho a la no discriminación, a la integridad física, a la intimidad y a la dignidad personal.
El convenio colectivo de aplicación, al regular los complementos en los supuestos de incapacidad temporal, establece la obligación de los trabajadores de presentar el parte de baja en 72 horas y la aceptación, previo aviso, de que el médico de la mutua les haga un reconocimiento. No obstante, esta previsión no implica una obligación de la empresa de encomendar a la mutua el control de ausencias, ni mucho menos una prohibición de subcontratar esta actividad con una empresa externa.
El precepto del convenio va dirigido exclusivamente a la gestión de la incapacidad temporal (devengo de la mejora, gestión y supervisión de la prestación por IT), pero no de la facultad de control y dirección del empresario descrita más arriba. Esta última tiene como única y exclusiva finalidad la comprobación del carácter justificado de las faltas de asistencia que el trabajador ha justificado en su estado de salud, actuando en un aspecto distinto del puramente prestacional que regula el CCol.
Así las cosas, la gestión de la prestación de IT le corresponde a la mutua y si los firmantes del convenio hubiesen querido otorgar a su personal médico estas potestades de control, deberían haberlo establecido de forma expresa.
Por todo ello, es legítimo que el empresario establezca un protocolo para el control de las ausencias y que, a su vez, subcontrate esta potestad con una empresa externa, siempre que no se vulneren los referidos derechos básicos de los trabajadores.

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