Actualidad jurídica Suscríbase vía email

Espacios protegidos. Andalucía

El presente recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto resolver la constitucionalidad o no de los siguientes preceptos de la L 21/2015 disp.adic.6ª.3 a 8.
La definición de los itinerarios de carácter básico que se incluyen en la red nacional de caminos naturales exige determinar los requisitos de los trazados para que puedan merecer tal calificativo por ser de largo recorrido y formar parte de algunos de los ejes vertebradores interterritoriales y/o transfronterizos que se definan en el plan director de la red nacional de caminos naturales. El hecho de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pueda actuar sobre los mismos de forma directa, se puede considerar como una vulneración de las competencias (en este caso andaluzas) por cuanto que la Comunidad Autónoma ostenta competencias medioambientales sobre vías pecuarias o sobre espacios naturales. Del mismo modo, se plantea si el ejercicio de las competencias previstas en L 21/2015 disp.adic.6ª.4. a), b), c), f), g), h), i), j) y k) vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ya que vacía de ejercicio las que el Estatuto le atribuye.
En primer lugar hay que tener en cuenta que la sentencia del recurso de inconstitucionalidad resuelve las cuestiones constitucionales relativas solo a L 21/2015 disp.adic.6ª.4. c), d) , e) y h) y 5. a 8, no siendo admitido el recurso en el resto de los apartados al no haber sido argumentado el mismo suficientemente, y no ser posible para el Tribunal Constitucional reconstruir de oficio la demanda ni suplir las razones de los recurrentes, cuando ellas no se aportan al recurso (TCo 85/2016).
En relación con lo demás, hay que tener en cuenta que en L 45/2007 se establecen las bases de una política rural propia como política de Estado, que debe adaptarse a las condiciones medioambientales. Ello lleva a la aprobación del RD 752/2010 que aprueba el primer programa de desarrollo rural para el periodo 2010-2014, lo que constituyen las bases para el establecimiento de la red nacional de caminos naturales y, con ello, potenciar la conservación del patrimonio y de los recursos naturales mediante una utilización compatible con el desarrollo sostenible.
De acuerdo con la disposición impugnada la red nacional de caminos naturales tiene por objetivo establecer las bases para la consolidación, mantenimiento, desarrollo y promoción de la red nacional de caminos naturales, integrada por los caminos naturales que la Administración del Estado construye desde 1993. Por ello las principales funciones reconocidas al Estado (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) de acuerdo con Const art.149.1.23 son:
a) Decidir sobre la inclusión de nuevos itinerarios.
b) Ejecutar las obras y realizar el mantenimiento de los caminos naturales.
c) Asumir la ejecución de las obras de los caminos naturales de nueva incorporación a la red, salvo acuerdo distinto con las Administraciones públicas competentes.
d) Determinar el trazado y diseño de los caminos naturales.
e) Tener la iniciativa en la construcción de los caminos.
f) Llevar a cabo la declaración de interés general para ejecutar las actuaciones correspondientes a los trazados definidos como de carácter secundario.
g) Acordar la incorporación de otros itinerarios construidos por otras Administraciones a la red nacional de caminos naturales.
De acuerdo con el reparto constitucional de competencias el Estado tiene atribuida la legislación básica sobre protección del medio ambiente, mientras que las comunidades autónomas pueden dictar normas adicionales de protección y llevar a cabo la ejecución. El deber estatal de dejar un margen al desarrollo de la legislación básica por la normativa autonómica no puede llegar a tal grado de detalle que no permita desarrollo legislativo alguno de las comunidades autónomas vaciándolas de contenido (TCo 102/1995; 149/1991); por ello el concepto “básico” ha de referirse a una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que las comunidades autónomas con competencias en la materia establezcan niveles de protección más alto.
Además hay que tener en cuenta la llamada afectación transversal que prevé el cruce de competencias estatales y autonómicas. Incluso se permite la intervención estatal más allá del concepto básico, incluyendo funciones ejecutivas, como caso excepcional, en los siguientes casos:
– cuando no quepa establecer ningún punto de conexión que permita el ejercicio de las competencias autonómicas o;
– cuando, además del carácter supraautonómico de las competencias, no sea posible el fraccionamiento de la actividad pública y, aún en este caso, siempre que tal actuación no pueda ejercerse mediante mecanismos de cooperación o de coordinación y, por ello, requiera un grado de homogeneidad que solo pueda garantizar un único titular, forzosamente el Estado, y cuando sea necesario recurrir a un entre supraordenado con capacidad de armonizar intereses contrapuestos de sus componentes parciales, sin olvidar el peligro inminente de daños irreparables, que sitúe a la situación en un estado de necesidad (TCo 141/2016).
Ahora bien la potencialidad expansiva del dominio público, como título de intervención administrativa, ha de verse drásticamente limitada por el orden constitucional de competencias, así como una comunidad autónoma no puede enajenar un bien inmueble de su exclusiva propiedad sin atenerse a las reglas estatales (Const. art.149.1.18), las leyes estatales no pueden otorgar a la Administración del Estado atribuciones sobre las actividades que se desenvuelven en el demanio natural sin respetar los ámbitos materiales que los Estatutos de Autonomía reservan a sus respectivas Administraciones. De esta manera, la propiedad pública de un bien es separable del ejercicio de las competencias públicas que lo tienen como soporte natural o físico.
En los preceptos constitucionalmente cuestionados se plantea, pues, la atribución de competencias al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de ejecución obviando la intervención de la Comunidad Autónoma, pero justificada en que el objeto de la actuación recae sobre caminos de titularidad estatal o en la necesidad de proteger intereses supraterritoriales.
Hay que tener en cuenta que las previsiones normativas impugnadas no contienen precisión alguna relativa al titular del camino sobre el que tiene lugar la intervención y la titularidad del dominio público no es, en sí misma, un criterio de delimitación competencial, pues las normas que distribuyen competencias entre las comunidades autónomas y el Estado no prejuzgan que la titularidad de los mismos corresponda a este o a aquellas, como tampoco la titularidad estatal del dominio público constitucionalmente establecida predetermina las competencias que sobre él tienen atribuidas el Estado y las comunidades autónomas.
Por otra parte, aunque los caminos naturales pueden extenderse y no detenerse en una comunidad autónoma, ello no es suficiente para desplazar la competencia en su gestión al Estado, puesto que la supraterritorialidad no es un título competencial. Hay que tener en cuenta que los espacios naturales no se detienen, ni mucho menos coinciden, con los límites de las comunidades autónomas. Ello no es suficiente para desplazar la competencia de su declaración y gestión al Estado, so pena de vaciar o reducir la competencia autonómica en la materia.
De acuerdo con lo anterior, el Tribunal Constitucional declara:
a) L 21/2015 disp.adic.6ª.4.c: constitucionalidad.
Prevé la atribución de competencia al Estado para incluir nuevos itinerarios en la red nacional de caminos naturales cuya finalidad es la de preservar y proteger la homogeneidad de la red nacional de caminos naturales, asegurando que los nuevos itinerarios que se incluyan en la red tengan unas características comunes y unos estándares mínimos de calidad que permiten no solo su inserción en la marca registrada, sino garantizar los ejes esenciales de la red nacional cuya planificación, lleva a entender que es un precepto constitucional.
b) L 21/2015 disp.adic.6ª.4.d), e): inconstitucionales y nulos.
Se atribuyen las funciones de ejecutar las obras y realizar el mantenimiento de los caminos naturales; asumir la ejecución de las obras de los de nueva incorporación a la red y de determinar el trazado y diseño de los caminos naturales a incluir en la red.
Las funciones de ejecutar, o asumir la ejecución de las obras y realizar el mantenimiento son genuinamente ejecutivas y de gestión, por lo que son competencia autonómica, ajenas a la competencia de establecimiento de la legislación básica sobre protección del medio ambiente de carácter estatal y, en ninguna de ellas concurren las circunstancias excepcionales que determinen el carácter supraautonómico que permita sustentar la atribución de las referidas funciones ejecutivas al Estado. Son, por ende, inconstitucionales y nulas.
c) L 21/2015 disp.adic.6ª.4.h): constitucionalidad.
La función de la determinación del trazado y diseño de los caminos naturales a incluir en la red, ha de entenderse que el cometido de este inciso es preservar una ordenación mínima que responda a las exigencias de planificación de la red nacional de caminos naturales, por lo que tiene carácter básico y es constitucional.
d) L 21/2015 disp.adic.6ª.5: constitucionalidad.
Atribuye competencia al Ministerio para la iniciativa en la construcción de los caminos naturales, aunque posibilita que sean otras Administraciones territoriales las que lleven la iniciativa en la construcción.
Si el precepto se entiende en el sentido de atribuir al Estado la facultad de construir el camino natural, se invade el ámbito competencial autonómico al ser la función de ejecutar de carácter genuinamente ejecutivo. Sin embargo, dentro del marco de distribución de competencias, la función de tomar la iniciativa ha de entenderse en el sentido de promover, proponer, convenir y acordar la construcción con la Administración competente, mediante la firma de los oportunos acuerdos o convenios de colaboración.
Por ello, la iniciativa de la Administración del Estado no significa más que el ejercicio de una facultad de impulso, iniciativa o propuesta que deja a salvo las competencias de ejecución reservadas a las Comunidades Autónomas.
e) L 21/2015 disp.adic.6ª.6 y 7: inconstitucionales y nulos.
Atribuyen al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la construcción directa de los caminos naturales y, también, la reserva de la ejecución de actuaciones sobre los caminos naturales instando la declaración de interés general de los mismos.
En ambos casos se desplazan en favor del Estado funciones ejecutivas atribuidas a las Comunidades Autónomas, sin justificación alguna.
f) L 21/2015 disp.adic.6ª.8: constitucionalidad
Atribuye al Estado la facultad de acordar la incorporación a la red nacional de caminos naturales de otros itinerarios, construidos por otras Administraciones.
El objetivo de este inciso es asegurar la uniformidad de la red nacional de caminos naturales, garantizando que los itinerarios que se incluyan en la red tengan unas características que aseguren la homogeneidad mínima exigida por la propia definición del camino natural, cumpliendo con ello una función de ordenación mediante mínimos que debe respetarse en todo caso (TCo 53/2017).

Imprimir

Envíe su comentario:

(los campos con asteriscos son obligatorios)

Acepto las condiciones legales

Atención al cliente

Si tienes dudas ponte en contacto con nosotros a través de clientes@lefebvreelderecho.com o llamando al 91 210 80 00 o 902 44 33 55.

Por teléfono

Lo más rápido es llamarnos al 91 210 80 00 o 902 44 33 55, te atenderemos de 8:30h a 20:00h de Lunes a Viernes.

Envío gratis

Envío gratuito a partir de 30€ (excepto Canarias, Ceuta y Melilla).

Devoluciones

Hasta dos meses desde que recibes el pedido para devolver la compra si no has quedado satisfecho (excepto Producto Electrónico que son 15 días).