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Ejecución de créditos laborales en el concurso

Se planta recurso de casación para la unificación de doctrina a fin de determinar cuál es la jurisdicción competente -social o mercantil- en un supuesto en el que se han de ejecutar créditos laborales reconocidos por sentencia cuando la empresa deudora se encuentra en concurso de acreedores y, en su seno, ya se ha aprobado el convenio.
Con carácter general, la aprobación del convenio determina la finalización de la mayoría de los efectos que se produjeron con la declaración judicial del concurso. No obstante lo anterior, hay que matizar que aunque la norma se refiere al cese de todos los efectos de la declaración del concurso, el comienzo de la eficacia del convenio incide sobre algunos efectos y sobre otros no, por lo que es necesario analizar cada uno de esos efectos inherentes a la declaración judicial de concurso para determinar cuáles finalizan y cuáles permanecen.
Respecto a qué incidencia tiene la aprobación y consiguiente adquisición de eficacia del convenio sobre las ejecuciones laborales, hay que tener en cuenta que:
– una vez declarado el concurso no pueden iniciarse ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.
– las actuaciones ejecutivas que se hallasen en tramitación quedan en suspenso desde la fecha de la declaración del concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los respectivos créditos.
Consecuentemente, si con la aprobación del convenio el concurso deja de producir la mayor parte de efectos que le son propios, y puesto que no existe previsión legal en contrario, nada impide considerar que desde la eficacia del convenio cesan los efectos inherentes a la declaración de concurso previstos respecto de las ejecuciones y apremios en general y, específicamente sobre las ejecuciones laborales (LCon art.133.2 y 55).
La conclusión es clara: una vez aprobado el convenio concursal, los acreedores concursales no sujetos al convenio así como los acreedores que hubieran adquirido su crédito después de aprobado el convenio, podrán iniciar ordinariamente ejecuciones o continuar con las que hubieran iniciado; ejecuciones que no se acumulan al proceso concursal, puesto que el efecto específico del concurso, consistente en la paralización de la ejecución y la atracción de las ejecuciones al concurso, ha sido enervado desde la eficacia del convenio.
Los créditos laborales privilegiados tienen un tratamiento específico. Por lo pronto, quedan al margen del convenio. Los acreedores privilegiados sólo quedarán vinculados al contenido del convenio si hubiesen votado a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiese computado como voto favorable (LCon art.134.2), o bien vincularse al convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el juez, mediante adhesión antes de la declaración judicial de su cumplimiento. Además, se prevé la posibilidad (LCon art.123.3), no infrecuente, de que un mismo acreedor sea titular de un crédito privilegiado y otro ordinario, disponiendo que su voto en la junta se presume emitido respecto del ordinario y sólo afectará al crédito privilegiado si así se hubiese hecho constar expresamente. Y, desde el momento en que se apruebe el mismo y sea efectivo, en el supuesto de que no hayan quedado adheridos al convenio, cesan todos los efectos de la declaración del concurso respecto de este tipo de créditos, por lo que quedan en libertad para promover acciones en reclamación de su crédito.
Una vez que han cesado los efectos del concurso, los acreedores privilegiados pueden ejecutar sus créditos ante la jurisdicción Social, pero para ello es preciso que se cumplan todos los requisitos legales que la norma impone, esto es, que los titulares de esos créditos privilegiados no hayan quedado afectados por el convenio, pues en caso contrario, sí quedarían vinculados por el convenio.

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