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Derecho de huelga de un profesor y adoctrinamiento de alumnos

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha impone a un funcionario público, maestro de educación primaria, la sanción disciplinaria de suspensión de funciones y retribuciones de 30 días por informar a sus alumnos, en horario lectivo, sobre la convocatoria de una huelga y sus razones para secundarla, así como por entregarles una nota dirigida a sus padres en el mismo sentido, con objeto de que supieran que sus hijos no estarían atendido por su tutor durante ese día de huelga.
A pesar del informe de la ITSS no apreciando la existencia de infracción disciplinaria, para la Consejería el maestro utiliza sus funciones docentes, si no para adoctrinar a los menores, sí para influir en ellos, incumpliendo sus deberes de objetividad, neutralidad e imparcialidad. Para el maestro, la sanción vulnera sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y de huelga, por lo que, tras agotar la vía administrativa y judicial correspondiente, acude en amparo ante el TCo.
Si bien es cierto que los profesores deben difundir las informaciones y conocimientos que figuran en los planes de estudios escolares de forma objetiva, crítica y plural, absteniéndose de cualquier tipo de adoctrinamiento (TEDH 10-1-17, asunto Osmanoglu y Kocabas contra Suiza, núm. 29086/2012), el TCo considera que lo único que cabe considerar acreditado es que el maestro informó a los alumnos sobre la convocatoria de la huelga y su voluntad de secundarla. Parece lógico pensar que esa explicación debió reflejar su posición favorable, pero esa circunstancia no denota, por sí sola, un propósito de adoctrinamiento o, al menos, de influir tendenciosamente en el alumnado.
En conclusión, al quedar acreditado que la conducta por la que fue sancionado el maestro no constituye un incumplimiento de su deberes como funcionario, el TCo considera vulnerado el principio de legalidad (Const art.25.1).

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