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Contratos administrativos

Se promulga una nueva Ley de Contratos del Sector Público que transpone al ordenamiento español las Dir 2014/23/UE y 2014/24/UE, derogando el precedente texto refundido aprobado por RDLeg 3/2011.
Entra en vigor a los 4 meses de su publicación, y por tanto el 9-3-2018, salvo excepciones (entre otras, la que se refiere a la nueva regulación de los órganos consultivos, que entra en vigor al día siguiente de la publicación).
El nuevo texto normativo no se limita a la transposición del Derecho comunitario, sino que diseña un sistema de contratación pública más eficiente y transparente con el objeto de mejorar el cumplimiento de los objetivos públicos tanto a través de la satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores económicos. También trata de lograr la simplificación de los trámites con la idea de reducir las cargas administrativas de los operadores económicos intervinientes, beneficiando así tanto a los licitadores como a los órganos de contratación.
Las principales novedades de la Ley son las siguientes:
– la extensión del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley;
– se incluyen en los contratos consideraciones de tipo social, medioambiental y de innovación y desarrollo;
– se incorpora la regulación de las consultas preliminares del mercado;
– se regula el procedimiento simplificado;
– con independencia de las normas llamadas a facilitar la lucha contra el fraude y la corrupción, se incluyen nuevas normas tendentes al fomento de la transparencia en los contratos;
– una nueva regulación de la figura del perfil del contratante, más exhaustiva que la anterior;
– se mantiene el uso de la declaración responsable pero se amplía el espectro de casos en los que se utiliza y se regula pormenorizadamente su contenido;
– se realiza una decidida apuesta a favor de la contratación electrónica;
– desaparece la figura del contrato de gestión de servicio público y surge en su lugar, la nueva figura de la concesión de servicios;
– se introducen medidas de defensa de la competencia, como la obligación de poner a disposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia una mayor información en materia de contratación pública.

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