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Consolidación fiscal entre entidades hermanas en ejercicios anteriores a 2015

Tres entidades residentes participadas por una entidad no residente presentan declaraciones individuales por el IS en los ejercicios 2011 a 2014.
A raíz de la sentencia del TJUE que establece la incompatibilidad con el Derecho comunitario de una normativa nacional que solo permite la consolidación fiscal si la matriz es residente (TJUE 12-6-14, asunto C-40/13) presentan en 2016 solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones para aplicar el régimen de consolidación en dichos ejercicios. Desestimadas dichas solicitudes de rectificación de la autoliquidación, interponen reclamaciones económico-administrativas.
El TEAC, para dirimir la cuestión parte del efecto directo y primacía del derecho comunitario sobre el nacional y de los efectos «ex tunc» de las sentencias que declaran el incumplimiento por parte de un Estado Miembro cuando en la misma no se indique un momento temporal de aplicación. Esto es, la aplicación del pronunciamiento es de manera retroactiva, respetando las situaciones jurídicas firmes. Adicionalmente tiene en cuenta que en el caso concreto la sentencia del TJUE no dice nada sobre la extensión temporal de sus efectos y que la solicitud de rectificación se presentó antes de haber prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
Por tanto, al quedar sin efecto el requisito de que las sociedades hermanas no pueden consolidar cuando están controladas por una sociedad matriz no residente en territorio español, considera que resultaría aplicable el régimen de consolidación fiscal siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en la normativa vigente en los ejercicios 2011 a 2014. Sin embargo, dado que no dispone de información sobre el cumplimiento de dichas condiciones, estima parcialmente la pretensión de las recurrentes al establecer la procedencia de las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones, pero ordenar la retroacción de actuaciones para que la Administración compruebe la exactitud o corrección de la cuantía de la rectificación pretendida.
Por último establece que, aunque la normativa exige la adopción del acuerdo de opción por el régimen de consolidación fiscal con anterioridad al período impositivo en el que se va a aplicar por primera vez, al haberse dictado la sentencia del TJUE el 12-6-2014, en el caso concreto no es exigible. Entiende que lo contrario dejaría sin contenido la sentencia del TJUE y sus efectos «ex tunc».

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