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Condena penal tras sanción administrativa

Un empresario chino contrata a unos compatriotas suyos como albañiles en una obra, imponiéndoles condiciones laborales y de Seguridad Social perjudiciales, aprovechándose de su desconocimiento del idioma y de las normas laborales españolas. En concreto:
1. Les tiene trabajando a jornada completa, cuando su contrato es a tiempo parcial.
2. Les mantiene alojados en unas dependencias dentro de la propia obra, en colchones tirados por el suelo.
3. Incumple sus obligaciones en materia de seguridad y salud.
La defensa del empresario alega que los hechos descritos constituyen meras infracciones administrativas, que ya han sido sancionadas por la Administración.
La sentencia analizada condena al empresario por un delito contra los derechos de los trabajadores porque considera que los sometió a un régimen de trabajo que supone en la práctica la privación de sus derechos laborales más elementales. Recuerda la doctrina constitucional sobre la preferencia de la jurisdicción penal, que señala que la circunstancia de que los hechos hayan sido ya sancionados en vía administrativa, no impide la actuación de la jurisdicción penal, sin perjuicio de que a la hora de la determinación de la pena se deba tener en cuenta la sanción administrativa impuesta de manera que no se supere el máximo de la consecuencia prevista a la conducta típica (Tco 2/2003).

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