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Conciliación judicial suscrita por presidente de una comunidad de propietarios no autorizado en una previa Junta de Propietarios

Es cierto que el presidente de la comunidad de vecinos ostenta legalmente la representación de la comunidad, en juicio y fuera de él, en todos los asuntos que la afecten (LPH art.13.3). Sin embargo, no se le permite decidir unilateralmente sobre asuntos importantes para la comunidad. La jurisprudencia del orden jurisdiccional civil es clara exigiendo un previo acuerdo de la junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de esta, salvo que el presidente actúe en calidad de copropietario o los estatutos expresamente dispongan lo contrario, lo que no es el caso en el que los estatutos de la comunidad se limitaban a transcribir las funciones legales recogidas en la LPH (ver entre otras TS civil 24-6-16, EDJ 93266; 30-12-14, EDJ 261489). En suma, el presidente no puede suplir o corregir la voluntad de la comunidad expresada en las juntas ordinarias o extraordinarias (ver por todas TS civil 5 -11-15, EDJ 205564). De manera que la jurisprudencia extiende la obligación de acuerdo va más allá de las situaciones en las que la ley de propiedad horizontal exige acuerdo expreso (acciones judiciale en defensa de la comunidad de propietarios en los supuestos de cesación de actividades prohibidas por los estatutos que resulten dañosas para la finca (LPH art.7.2) y reclamación de cuotas impagadas (LPH art.21)
En este caso concreto, el TSJ considera que la actuación del presidente vicia de nulidad la conciliación judicial, pues no se ha acreditado que la comunidad de propietarios tuviera conocimiento, diera su consentimiento o autorización al abono del importe de 64.109,64 € a la trabajadora demandante. Máxime cuando tampoco se acredita su ratificación en la junta de propietarios posterior donde ni siquiera se mencionó su existencia. Motivos todos ellos por lo que no es admisible que se ratifique un año después en una junta posterior tras haberse realizado el pago, pues no hay ratificación alguna que convalide un acuerdo que ya ha sido consumado.
Motivos por los que se desestima el recurso de suplicación (interpuesto por la propia Comunidad de vecinos, la trabajadora y una propietaria) contra la sentencia de instancia que acordó la nulidad de la conciliación judicial suscrita. La confirmación de la sentencia se acompaña de la condena solidaria de todos ellos en costas.

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