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Competencias de la ITSS en los expedientes de regulación de empleo

La cuestión consiste en determinar las competencias de la ITSS tras las modificaciones operadas por la reforma laboral (RDL 3/2012; L 3/2012 y 1483/2012), que suprimió el requisito de la autorización administrativa previa.
El TS declara la legalidad de la instrucción relativa a la actuación inspectora tras la nueva regulación de los ERES, pues las referencias contenidas a la necesaria valoración por la Inspección de Trabajo de la existencia, suficiencia y adecuación de los extremos aducidos por el empresario o al ejercicio de las correspondientes funciones de investigación para asegurar que cada una de las obligaciones empresariales se cumple de manera efectiva según su finalidad, no conculcan la normativa de aplicación, ni alteran el alcance y significado de la reforma laboral.
La supresión del requisito de autorización administrativa previa no ha convertido a los funcionarios de la Inspección de Trabajo en meros fedatarios de la existencia en el procedimiento correspondiente de los documentos exigidos. Es decir, la Inspección no sólo debe dar fe de que el empresario ha incorporado los documentos preceptivos y de que se ha realizado el período de consultas, sino que debe emitir un informe que constate que aquella documentación es la exigida en relación con las causas del despido. En el informe, la inspección debe verificar que los criterios utilizados para la designación de los trabajadores afectados por el despido no resultan discriminatorios; debe referirse al contenido de las medidas sociales de acompañamiento que se hayan podido prever, comprobando si las empresas obligadas a ello han presentado el plan de recolocación y que éste cumple los requisitos exigidos, así como poner de manifiesto lo que corresponda si comprueba que concurre fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo adoptado en el período de consultas.
La reforma laboral no ha desapoderado a la Inspección de Trabajo de las funciones legalmente encomendadas al punto de convertirla en un simple servicio encargado de la mera constatación formal y externa de los procesos de despidos colectivos. La función inspectora (L 23/2015 art.1 y 12) tiene cometidos tan relevantes como la vigilancia del cumplimiento de las normas del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes, función que difícilmente puede realizarse con una actuación superficial y meramente formal en relación con los despidos colectivo.
Así pues, aunque la reforma laboral ha suprimido el requisito de la autorización administrativa, ésta no ha privado o reducido las funciones de la ITSS.

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