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Competencia internacional de los tribunales españoles cuando la empleadora real tiene domicilio en España

A pesar de la ausencia de contradicción con la sentencia aportada de contraste, la Sala de lo Social del TS se pronuncia, de oficio, sobre la jurisdicción de los tribunales españoles, esto es, sobre su competencia internacional. El juzgado de lo social se declaró incompetente, aunque ya en los hechos probados del auto se reseñaba la existencia de un empleador plural de perfiles confusos. La sentencia recurrida, dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía (Granada) sí estimó competentes a los tribunales españoles.
Los trabajadores despedidos fueron contratados verbalmente por una empresa española en España que los desplazó a Argelia, gestionando sus visados, pagando sus billetes de avión y sus salarios. Unos meses después fueron contratados formalmente por una empresa hispano-argelina con domicilio en Argelia. Se acredita, por informe de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Argelia, que la empresa Argelina posee una estrecha participación con la empresa española, pues su gerente es cónyuge de quien gestiona la empresa española y posee un 49% de participación (el máximo permitido por la legislación argelina).
La Sala de lo Social del TS, conforme al informe del Ministerio Fiscal, entiende competentes a los tribunales españoles al entender que el papel desempeñado por la empresa argelina es meramente instrumental. En el marco del Reglamento Bruselas I (Rgto CE/44/2001 art.60)– aplicable al ser la demanda previa a 10-1-2015 lo que impide aplicar el Reglamento Bruselas I bis que entró en vigor en tal fecha (Rgto UE/1215/2012)-, la demanda de despido puede plantearse en España. Esta normativa dirigida a proteger a los trabajadores, como parte más débil, permite aplicar en este caso concreto el foro general (el domicilio del demandado) al entenderse que es la empresa española codemandada la verdadera empleadora.

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