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Cláusulas abusivas conforme al criterio del TJUE

El TJUE, en procedimiento prejudicial planteado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander, ha declarado contrario a la Dir 93/13/CE: .
• La norma nacional (L 1/2013 disp.trans.4ª) que establece un plazo preclusivo de un mes para el ejercicio por parte de los consumidores, frente a los cuales se ha iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria que no haya concluido antes de la entrada en vigor de la L 1/2013 (esto es, el 15-5-2013), de su derecho a formular oposición a este procedimiento de ejecución basándose en el carácter supuestamente abusivo de cláusulas contractuales.
• La interpretación jurisprudencial de que una cláusula abusiva, si no se ha utilizado ni aplicado en la práctica, no deba ser declarada nula con todas sus consecuencias.
Por el contrario, declara conforme a la citada directiva:
• La norma nacional (LEC art.207) que impide al juez realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de las cláusulas de ese contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución con fuerza de cosa juzgada. Por el contrario, en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, el juez nacional estará obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, el eventual carácter abusivo de esas cláusulas.
El Tribunal también establece los criterios intepretativos para la apreciación del carácter abusivo de una cláusula:
• Con carácter genera, el examen del eventual carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor implica determinar si ésta causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Este examen debe realizarse teniendo en cuenta:
– las normas nacionales aplicables cuando no exista acuerdo entre las partes;
– los medios de que dispone el consumidor en virtud de la normativa nacional para hacer que cese el uso de ese tipo de cláusulas;
– la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato en cuestión; y
– todas las circunstancias que concurran en su celebración.
• Para las cláusulas de vencimiento anticipado en particular, el tribunal debe examinar:
– si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate;
– si esa facultad está prevista para los casos en los que tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con la duración y la cuantía del préstamo
– si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales aplicables en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas; y
– si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.

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