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Cesión ilegal y cesión indirecta en la subcontratación

Ante una demanda de cesión ilegal de trabajadores de una empresa contratista a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en su servicio de telefónico de información tributaria a los contribuyentes, entiende el TS que no estamos ante este fenómeno teniendo en cuenta los siguientes argumentos:

1. Las razones alegadas para determinar la existencia de la cesión ilegal son: que la titularidad del número de teléfono al que llaman los contribuyentes pertenece a la AEAT, creando confusión quienes llaman piensan que hablan con los propios empleados de la Agencia; que los empleados de la contratista han de pasar una prueba de aptitud y son controlados en sus respuestas por grabaciones telefónicas de la propia AEAT; que las preguntas especialmente complejas se remiten por los empleados de la empresa contratista a personal especializado de la AEAT y que la propia Agencia proporciona formación a los trabajadores de la contratista.
2. Para decidir la existencia de cesión ilegal es necesario ceñirse al caso concreto. En el supuesto analizado, el servicio telefónico objeto público de la contrata se prestaba por los trabajadores demandantes en los locales y con los medios materiales de la contratista, entre los que ha de destacarse la herramienta informática que controlaba el tráfico de las llamadas de la centralita. También era la contratista, la que mediante su propia y estable organización, desarrollaba la actividad objeto de la contrata, ejerciendo de modo directo y pleno las funciones inherentes a su condición empresarial (abono de salarios, permisos, vacaciones, control de IT, etc).
3. Cuatro son las conductas sancionables como cesión ilegal: que el objeto del contrato de servicios entre las empresas se limite a la mera puesta a disposición del trabajador de la cedente a la cesionaria; que la cedente carezca de actividad u organización propia y estable; que no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de la actividad; o que no ejerza las funciones inherentes a la condición de empresario.
4. En este caso no se da ninguno de esos cuatro elementos. Tampoco las razones alegadas permiten entender que las dos empresas incurrieran en cesión ilegal, sino en la legítima subcontratación de obras y servicios, articulada, además, mediante la pertinente tramitación pública.

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