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Beneficio de justicia gratuita a favor de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas

La cuestión planteada consiste en dilucidar si procede la condena en costas de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid (SERMAS) cuando ha intervenido procesalmente en su posición de empleadora.
Hasta la fecha, según la doctrina del TS, el beneficio de justicia gratuita del que gozan las entidades gestoras ha de aplicarse a los organismos de las Comunidades Autónomas que han asumido en el territorio de éstas la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, pese a no figurar en la relación -«enumeración»- de las mismas que hace la LGSS (actualmente, LGSS art. 66) (entre otras, TS 10-11-04, EDJ 229532; 25-4-17, EDJ 58463; 23-11-17, EDJ 250539; 13-3-18, EDJ 26829).
No obstante, esa doctrina, a juicio del Tribunal Supremo, debe ser rectificada con base en las sucesivas modificaciones que ha experimentado el derecho a la asistencia sanitaria.
Tras la creación del Sistema Nacional de Salud (L 16/2003), las Comunidades Autónomas asumieron las competencias en materia de asistencia sanitaria, manteniendo el Estado las competencias en dicha materia en las Ciudades de Ceuta y Melilla por medio del INGESA que ha sustituido al INSALUD. Para cumplir con esa obligación legal, las distintas Comunidades Autónomas han creado cada una diferentes Servicios de Salud que han recibido variadas denominaciones y han asumido como regla general la naturaleza de entes públicos de derecho privado (por ejemplo el Servicio Vasco de Salud y Catalán), organismos autónomos administrativos (Andalucía, Aragón, Cantabria), etc. Tales servicios adoptan distintas formas jurídicas mixtas, pero no son entidades gestoras, calificación que sólo corresponde a las enumeradas en la LGSS (LGSS art.66 y 67), que tienen naturaleza de derecho público (LGSS art.68).
Procede, por ende, rectificar la doctrina de la Sala y entender que no son entidades gestoras de la Seguridad Social que gocen del beneficio de justifica gratuita (L 1/1996 art.2-b), las entidades públicas de derecho privado y demás organismos administrativos creados por las Comunidades Autónomas para cumplir con las obligaciones que su pertenencia al SNS les impone en orden al deber de prestar asistencia sanitaria, por cuanto tienen una naturaleza jurídica distinta, por lo que en materia de costas por actuaciones en procesos judiciales les resultan de aplicación las mismas reglas que al Estado y demás Administraciones y entidades públicas.

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