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Aplicación de la nueva doctrina del TJUE a la extinción del contrato de interinidad

En un caso similar al resuelto recientemente por el TJUE (TJUE 5-6-18, asunto Montero Mateos C-677/16) se plantea la procedencia del pago de una indemnización en el momento de la finalización de un contrato de interinidad por cobertura de vacante cuya duración ha sido superior a siete años.
El TSJ de Valladolid aplica la reciente doctrina que rectifica lo dispuesto en el asunto De Diego Porras (TJUE 14-9-16, C-596/14), y llega a la conclusión de que en este caso concreto sí corresponde una indemnización similar a la reconocida para un trabajador fijo cuyo contrato se extingue por causas objetivas, es decir, 20 días por año de servicio con un límite de 12 mensualidades de salario. Los argumentos en los que fundamenta su decisión son los siguientes:

1. Partiendo de que la indemnización por extinción del contrato es una condición de trabajo, concepto clave para determinar si existe o no una diferencia de trato no justificada entre trabajadores con contrato temporal y con contrato indefinido, ha de verificarse si ambos obedecen o no a situaciones comparables. La diferencia de trato no es por sí misma ilícita, sino que ha de comprobarse si obedece a razones objetivas. Esas razones pueden tener su origen en la especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran los contratos de duración determinada o en la persecución de un objetivo legítimo de política social.
2. Hay que diferenciar entre dos tipos de causas de extinción del contrato:

a) Las prefijadas y conocidas en el momento de la celebración del contrato.
b) Las no expresadas en el momento de la celebración del contrato y que aparecen de forma sobrevenida.

La diferencia de trato indemnizatoria entre ambas tiene una justificación razonable.
c) La referida diferencia tiene como elemento nuclear las expectativas legítimas del trabajador. El trabajador temporal ya conoce de antemano que la extinción se va a producir con un nivel de certeza suficiente y por ello no verá frustradas sus inexistentes expectativas de continuidad en el empleo, mientras que en el caso de los trabajadores fijos, la falta de predeterminación y certeza de la causa extintiva, que viene a alegarse de forma sobrevenida por el empresario a lo largo de la relación laboral, sí produce la frustración de las expectativas de continuidad en el empleo. Es esa frustración de expectativas producida por el carácter imprevisto de la ruptura lo que resulta indemnizable en el caso del despido por causas objetivas.
d) Estamos ante un contrato temporal cuando su finalización está vinculada a una concreta fecha o a un acontecimiento determinado, no admitiéndose definiciones del hecho o acontecimiento de naturaleza indeterminada. En el caso del contrato de interinidad por vacante, su finalización está vinculada a un acontecimiento determinado: la adjudicación del puesto con carácter definitivo a un tercero, tras un proceso selectivo.
e) Si, como en este caso, la fecha es imprevisible ab initio, ya que no aparece un elemento adicional que permita incluirla con el nivel mínimo de certeza exigible, y la duración del contrato resulta inusualmente larga, el contrato ha de considerarse fijo a efectos de aplicación del Derecho de la Unión Europea.
f) Debe existir un umbral de duración para aquellos contratos temporales cuya fecha no haya sido fijada con precisión. Al no estar fijado por la legislación vigente, corresponde a los órganos judiciales fijarlo por vía interpretativa. Pueden servir de referencia dos posibles criterios:

a) La duración acumulada de dos o más contratos temporales: veinticuatro meses (ET art.15).
b) La duración de la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar: plazo improrrogable de tres años (EBEP art.70).

En nuestro caso, la duración del contrato supera con creces cualquiera de los dos umbrales, por lo que, unido al hecho de la fecha imprevisible de la finalización del contrato, la consecuencia es que la trabajadora tendría derecho a la indemnización propia del despido por causas objetivas sobrevenidas, al no aparecer causa razonable que justifique la diferencia de trato.

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