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Acuerdo del CGPJ sobre empleo de medios informáticos obligatorio para jueces y magistrados

Conforme a la LOPJ art.230.1:
1. El uso de los medios indicados es obligado en juzgados y tribunales.
2. La determinación de su utilización por jueces y magistrados corresponde al CGPJ mediante el dictado de las correspondientes instrucciones generales y particulares.
3.Los jueces y magistrados están obligados a cumplir esas instrucciones, de manera que no hacerlo supone desatención o incumplimiento de los deberes del cargo.
Como presupuesto a la determinación de la utilización obligatoria de los medios técnicos indicados por el CGPJ es preciso que se establezcan los requisitos o condicionantes que deben satisfacer los medios técnicos para que la obligatoriedad de su uso sea exigible. Como reflexiona el propio CGPJ, si tal presupuesto no se cumple, se correría el riesgo de que, bajo la apariencia del simple suministro de medios técnicos, como podría ser un simple programa informático de gestión procesal, se acaben:
a) Alterando las condiciones del puesto de trabajode jueces y magistrados, trasladándoles cargas de gestión burocrática que son propias de los cuerpos funcionales de la Administración de Justicia de apoyo a las tareas jurisdiccionales.
b) Perjudicándose los ritmos de trabajo esperables de los jueces y magistrados, con la incidencia que ello acabaría teniendo, incluso, en su retribución (retribución variable).
c) Alterándose las previsiones de la legislación procesal sobre aspectos múltiples, como los relativos al contenido y alcance de la dación de cuenta.
d) Estableciéndose diferencias en las cargas de trabajo de jueces y magistrados en función del territorio debido a la disparidad de programas y medios técnicos puestos a disposición por las diferentes Administraciones Públicas con competencia en este ámbito.
El objetivo de la instrucción:
1. No es, obviamente, suplantar o usurpar la competencia de las Administraciones Públicas para la aprobación de los programas informáticos de gestión procesal (el CGPJ sólo evacua el correspondiente informe ex LOPJ art.230.6).
2. Por el contrario, pretende establecer las condiciones mínimas exigibles para que la utilización de esos programas sea obligatoria. Dicho de otra manera, y previo el correspondiente informe del CGPJ, la aprobación definitiva de los correspondientes programas corresponde a las Administraciones competentes, pero su utilización sólo puede imponerse como obligatoria a jueces y magistrados si se satisfacen los requisitos técnicos que permiten imponer esa obligación y que se especifican en esta Instrucción. Con tal objetivo la instrucción desarrolla los siguientes aspectos:
a) En primer lugar, la Instrucción determina las condiciones técnicas que deben reunir los programas y medios técnicos que se implanten en los juzgados y tribunales para determinar que su uso sea obligatorio. Esa determinación opera, en buena medida, por remisión al Anexo incorporado a la presente Instrucción, cuya adecuación a los progresos técnicos que se vayan produciendo y las incidencias que se detecten será constante.
b) En segundo lugar, establece las condiciones de formación en la utilización de los programas que se deben satisfacer para determinar que el uso de los programas pueda establecerse como obligatorio así como el establecimiento de políticas de prevención de salud profesional con relación al uso de pantallas de visualización de datos conforme a la normativa vigente y al Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial.
c) En tercer lugar, establece los procedimientos para la verificación de que los programas reúnen las condiciones que permiten al Consejo imponer su obligatoriedad a jueces y magistrados, implicando en dichos procedimientos a los servicios del CGPJ y a los órganos de gobierno interno del Poder Judicial, con especial consideración y aprovechamiento de las facultades atribuidas a los presidentes de los TSJ para adoptar acuerdos en situación de urgencia ex LOPJ art.160.7
d) Por último, y en cuarto lugar, se concretan las consecuencias derivadas de la no superación del test de requisitos técnicos, de gestión y de formación mínimos para que el programa pueda imponerse como obligatorio. Hay que tener en cuenta que:
– la superación de la normativa técnica supone la obligatoriedad del uso de los programas para jueces y magistrados;
– una vez establecida su obligatoriedad, la negativa injustificada al uso de los programas determina los efectos que correspondan en el ámbito disciplinario. No se trata de establecer ninguna nueva tipicidad, sino aplicar lo ya establecido respecto de cumplimiento del cargo en LOPJ art.417 y 418.
– las necesidades técnicas y de formación establecidas en esta Instrucción no conllevan necesariamente gasto adicional para las Administraciones prestacionales en su obligación de dotar a los órganos judiciales de recursos que sirvan instrumentalmente al ejercicio de la función jurisdiccional.

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