Para determinar el valor de los bienes inmuebles en el IP conforme a la regla prevista en la LIP art.10.Uno, no cabe minorar dicho valor en el importe de las amortizaciones practicadas en el ámbito del IRPF.
Dado que la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la resolución del TEAC sobre la opción de bases imponibles negativas pendientes no es firme, este órgano administrativo sigue considerando aplicable su criterio al respecto.
Con efectos a partir del 21-10-2021, se modifica el RIRPF, para adaptarlo a los cambios introducidos en la LIRPF por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, a la vez que se desarrollan determinados aspectos de tales medidas.
La instalación de cámaras de videovigilancia que graben espacios de privacidad, como la zona del comedor, vulnera el derecho a la intimidad de los trabajadores.
A partir del 14-11-2021 se establece un único título habilitante para ejercer las profesiones de abogado y la de procurador, aunque no se permite su ejercicio simultáneo por la misma persona física.
El TEAC, asumiendo la doctrina del TS, entiende que la consecuencia derivada del incumplimiento por la Administración del plazo máximo de resolución del procedimento no es propiamente la caducidad, sino que implica la desaparición del efecto suspensivo que la tasación provoca en el procedimiento tributario principal.
Se modifican los plazos de presentación de las autoliquidaciones del IGIC y del AIEM a los contribuyentes residentes en la isla de La Palma.
En las adquisiciones mortis causa de la vivienda habitual del causante el valor susceptible de reducción no se ve afectado por la existencia de una hipoteca en garantía de un préstamo sobre la misma.
La presunción de veracidad de autoliquidaciones presentadas en ejercicios anteriores sobre la que se sostiene la denegación por la Administración de la aplicación del régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español, puede ser desvirtuada si la parte interesada aporta pruebas que puedan llevar a la autoridad competente a la conclusión de que su residencia fiscal durante los últimos diez años anteriores estaba efectivamente en el extranjero.
Se considera no ajustado a derecho el despido colectivo por no haberse acreditado por la empresa que las causas en las que se basa sean distintas a las que justificaron los ERTE acordados anteriormente por la crisis provocada por el COVID-19.
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