Los contribuyentes de IS deben utilizar un sistema informático que garantice la integridad, conservación, trazabilidad, inviolabilidad y remisión de los ficheros informáticos que documenten todas las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicen.
Para fomentar la implantación del sistema TicketBAI, se establecen incentivos fiscales de carácter temporal en el IS, en forma de deducción en la cuota de un 30% de los gastos e inversiones que se realicen, con determinados límites.
Como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se han ampliado los plazos de suministro de información y validez de las marcas fiscales de bebidas derivadas.
En relación con la utilización de las herramientas tecnológicas para evitar el fraude fiscal, con efectos a partir del 1-1-2022, se suprime la infracción por destrucción, borrado o manipulación de los programas o archivos informáticos que sirven de soporte para el control de la facturación y de los sistemas de codificación utilizados prevista en la Norma Foral General Tributaria y se establece un régimen transitorio para su aplicación a partir de esa misma fecha en determinados supuestos.
Los socios trabajadores de las CTA, que hubiesen optado por el RGSS, están incluidos en la protección por desempleo, sin excepciones ni matizaciones en atención al porcentaje de sus participaciones, ni a circunstancias tales como su relación de parentesco con el resto de los socios cooperativistas.
El periodo de referencia debe calcularse computando todo período de 90 días consecutivos en el que haya tenido lugar ese despido individual y durante el cual se haya producido el mayor número de despidos.
Desde el 23-11-2020, todo pasajero que llega a España por vía aérea o marítima procedente de una zona o país de riesgo tiene obligación de someterse a una PCR.
Tienen competencia objetiva los juzgados de lo social de Madrid, donde tiene su domicilio el demandante, en un conflicto colectivo afectante a grupo multinacional con sede en España, que versa sobre la vulneración del derecho de información del comité de empresa europeo con sede en Madrid. Se descarta la competencia de la Sala de lo social de la AN cuando no se ha adoptado en España -al tiempo de interponer la demanda-ninguna medida colectiva de empleo que exceda los límites de una comunidad autónoma.
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