Debido a la situación excepcional creada por la declaración en España del estado de alarma para frenar la propagación del virus COVID-19, se permite, bajo determinados requisitos, celebrar las juntas generales por medios a distancia aunque tal posibilidad no esté prevista en los estatutos.
Aunque la ley no lo exige de manera expresa, la persona física designada para el ejercicio permanente de las funciones del cargo de administrador-persona jurídica requiere la aceptación expresa de dicha persona física y su inscripción, toda vez que esta persona física está sujeta a los mismos deberes y responsabilidades que un administrador.
Como consecuencia de la declaración del estado de alarma para evitar la propagación del virus COVID-19, se suspenden los plazos legales para solicitar el concurso de acreedores.
Resumen: La inscripción de los poderes no requiere la aceptación previa por parte del apoderado.
El apoderado autorizado por su mandante para “sustituir” el poder en favor de otra persona, no pierde su condición de apoderado por el mero hecho de nombrar a otro apoderado, pues el ejercicio de la facultad de sustituir no supone, por sí sola, la transmisión del mandato en favor de otro. Ahora bien, la facultad de sustituir el poder no es susceptible a su vez de sustitución, por lo que el segundo apoderado no puede nombrar a otro apoderado, salvo que lo permita de manera clara el poderdante inicial.
Como consecuencia de la declaración del estado de alarma para evitar la propagación del virus COVID-19, se adoptan determinadas medidas excepcionales para la celebración de las juntas generales.
Como consecuencia de la declaración del estado de alarma para evitar la propagación del virus COVID-19, se adoptan determinadas medidas excepcionales de información corporativa.
Efectos de la falta de adaptación en plazo de sociedad profesional preexistente
Como consecuencia de la declaración del estado de alarma para evitar la propagación del virus COVID-19, se permite al notario asistir telemáticamente a la celebración de una junta general.
Los notarios no cerrarán el despacho notarial al tener carácter de oficina pública, si bien, solo será obligatorio atender las actuaciones de carácter urgente.
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