En la extinción del condominio, siempre que se entienda que no ha existido exceso de adjudicación, solo se ha de tributar por AJD por el valor de la parte del bien que se adquiere del otro condómino y no por la totalidad de dicho valor.
La calificación de un conjunto de empresas como grupo de sociedades mercantil según el Código de Comercio requiere analizar los elementos indiciarios que puedan llevar a concluir que una sociedad controla a otra sociedad o empresa, y a tal efecto es preciso disponer y enjuiciar todos los antecedentes y circunstancias del correspondiente caso.
Es adecuado el procedimiento de comprobación limitada para que la Administración requiera al obligado tributario la aportación de certificados de retenciones y pagos a cuenta relativos a la transmisión o reembolso de participaciones en IIC con el fin de contrastar datos.
En los casos de contratas y subcontratas, la información que debe facilitarse a la representación legal de los trabajadores no se limita a los extremos establecidos por la ley en estos casos, sino también a toda la información que de forma general establece la ley.
No se produce un trato desfavorable ni se opone a la normativa comunitaria, la previsión legal según la cual, en el supuesto de la resolución de una contrata que trae como consecuencia, por una parte, la finalización de los contratos de trabajo por obra o servicio vinculados a la misma y, por otra parte, da lugar a un despido colectivo, basado en una causa objetiva, de los trabajadores fijos de la empresa, la indemnización por extinción de la relación laboral abonada a los primeros es inferior a la concedida a los trabajadores fijos.
El descuelgue de convenio tiene carácter irretroactivo y solo produce efectos desde el momento en el que se acuerda la inaplicación. Es cierto que el convenio colectivo puede disponer de los derechos de los trabajadores reconocidos en uno anterior, pero tal disposición no le faculta a disponer de los derechos que ya se han materializado y han ingresado en el patrimonio del trabajador aun cuando no le hayan sido satisfechos.
La demanda para la concreción horaria en caso de reducción de jornada por cuidado de un menor, en caso de denegación injustificada e irrazonable por parte de la empresa, puede ir unida con carácter indisoluble a un petición de indemnización por daños y perjuicios.
El excedente voluntario que una vez concluido su periodo de excedencia pretende la reincorporación y la empresa no le readmite, procediendo a su despido, que es declarado improcedente en sentencia o en conciliación, tiene derecho a percibir la prestación por desempleo contributivo. Esto es así porque desde la fecha de incumplimiento de la obligación de readmitir hasta la fecha de efectos del despido, la empresa debía de haber mantenido al trabajador de alta en la Seguridad Social, por lo que el trabajador despedido tenía derecho a estar en alta en el RGSS al sobrevenir la contingencia protegida. Y todo ello sin perjuicio de las acciones que el SPEE pueda adoptar contra la empresa.
Desde el 1-8-2019 la Comisión administrativa (CACSS) recomienda a las Administraciones de Seguridad Social de los Estados miembros establecer ciertas medidas de autenticación en los documentos portátiles que acrediten la situación de su destinatario a los efectos de aplicar los Reglamentos. Así, para evitar su falsificación, si se expiden manualmente deben incluir la firma manuscrita y un sello de tinta e imprimirse por las dos caras de una hoja. Las hojas deben estar unidas de manera que no puedan separarse fácilmente. Esto se consigue, por ejemplo, doblando la esquina superior izquierda, grapándola y poniendo un sello en el reverso. Si se expiden electrónicamente deben llevar un número de serie o un número de identificación en cada página. En ese caso, ya no serán necesarios la firma ni el sello de tinta. Con carácter general, se recomienda que todos los documentos portátiles expedidos se registren de tal forma que su autenticidad pueda verificarse de forma rápida y sencilla por la institución emisora. Además todos los Estados miembros deben informar a la CACSS de las distintas vías que sus instituciones utilizan para expedir documentos portátiles. Las delegaciones de la CACSS deben compartir esta información con sus respectivas instituciones. Esta recomendación afecta a todos los documentos portátiles, aunque podría inaplicarse en el caso de las series P1 (pensiones) y U3 (desempleo), cuyo objetivo es la transferencia de información entre la Administración competente y el interesado. Tampoco se aplica a la propia tarjeta sanitaria europea sometida a Decisiones ad-hoc de la propia CACSS.
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