El administrador de hecho oculto es la persona que real y efectivamente ejerce las funciones de administrador de la sociedad, coexistiendo con un administrador de derecho (que figura como tal frente a terceros) y en connivencia con él, el cual de facto se somete sin cuestionamiento a las decisiones del primero y, cuando es preciso, las ejecuta formalmente firmando los pertinentes documentos.
A efectos de acceso al recurso de casación por razón de la cuantía (superior a 600.000 euros), la cuantía que ha de tenerse en cuenta es aquella que hubiese sido litigiosa en segunda instancia, y ello con independencia de que la fijada por la sentencia de apelación fuese inferior a dicho umbral.
Establecimiento de los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La falta de depósito de cuentas no es un elemento que por sí solo permita tener por acreditada una situación de pérdidas cualificadas, pero si puede ser utilizada como base de una presunción (LEC art.386), especialmente cuando existen otros elementos probatorios fruto del esfuerzo probatorio que es dable exigir al actor.
El socio que, como consecuencia de un acuerdo de reducción de capital a cero y simultánea ampliación de capital, pierde la condición de socio, conserva no obstante su legitimación para impugnar dicho acuerdo por la vía del interés legítimo.
Se suscribe un acuerdo entre el Colegio de Registradores y el Ministerio Fiscal para que este último, en el ejercicio de sus funciones (como la persecución de delitos), pueda acceder telemáticamente a los datos sobre titularidad real de las sociedades mercantiles a través del RM
Corrección de errores del D Aragón 223/2018, por el que se regula el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021.
Establecimiento de los pilares normativos de la sostenibilidad energética en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Se regulan los procedimientos administrativos asociados a la disposición de viviendas protegidas en Extremadura.
Regulación del complemento de alquiler previsto por la L Galicia 10/2013, de inclusión social, y otras ayudas vinculadas a la necesidad de vivienda.
