Se adecúa la normativa foral del régimen especial de los servicios de telecomunicación, de radiodifusión o de televisión y los prestados por vía electrónica a la modificación realizada en la LIVA por la LGP.
Se introducen mejoras y se reconocen nuevas reducciones y bonificaciones en el ISD en Aragón tanto en el caso de adquisiciones «mortis causa» como «inter vivos».
Objeto, composición y régimen de actuación de las Comisiones provinciales de valoraciones.
Es necesario algo más que el silencio o la recepción de las llaves por el arrendador, para considerar aceptada la resolución unilateral del contrato de arrendamiento para uso distinto de vivienda.
Convenios colectivos
Es conforme al Derecho de la UE que una Administración nacional de Seguridad Social deniegue por principio, aunque motivadamente, cualquier solicitud de prórroga, a menos que dicha Administración considere que la denegación de la prórroga daría lugar a un resultado no razonable. Así sucede, si el interesado acredita que está inmerso en un proceso de selección que le puede llevar a conseguir un empleo o cuando presenta una declaración de intenciones de un empresario que le ofrece perspectivas reales de contratación en el Estado de exportación de la prórroga.
Se creó, por la Ley de Presupuestos para 2018, la Tarjeta Social Universal, como un sistema de información destinado a mejorar y coordinar las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones públicas. Al efecto, se aprueban las prescripciones técnicas necesarias para su desarrollo y aplicación, aplicables a: administraciones de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla; administraciones que integran la Administración Local; mutuas colaboradoras con la Seguridad Social; entidades del sector privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas; y las empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social. El responsable del tratamiento del sistema será el INSS.
Es importante introducir programas de compliance en la empresa, como conjunto de normas de carácter interno, establecidas a iniciativa del órgano de administración, con la finalidad de implementar en ella un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos y exonerar a la empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados.
Cuando un miembro del comité de empresa ejercita la libertad de expresión en el marco de la acción sindical acordada, frente a personas que realizan funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia, goza de una especial protección, alcanzando en estos casos el ejercicio del derecho el nivel máximo de protección convirtiéndose en prácticamente inmune a restricciones que en otros ámbitos serían admisibles constitucionalmente.
