Es inconstitucional y nula la previsión legal que determina la ausencia de recurso para impugnar el decreto de los letrados de la administración de justicia cuando se reclaman honorarios de abogados y procuradores por indebidos. En tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente a este decreto es el de revisión.
Cuando un sindicato actúa en el proceso laboral como un mero empleador debe consignar la cantidad objeto de condena si pretende recurrir. La exención de consignar depósitos y la cantidad objeto de condena solo existe cuando el sindicato actúa en defensa de intereses colectivos de los trabajadores.
Desde el 14-11-2018 se incrementan las cuantías de los módulos y bases de compensación económica a favor de los abogados que prestan asistencia jurídica gratuita.
Los herederos suceden al causante en todos sus derechos y obligaciones, mientras no se trate de acciones personalísimas, siempre que no hubieran prescrito en el momento del fallecimiento. Por tanto, es transmisible, y forma parte del caudal hereditario, la acción para obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos por una contingencia profesional, también los daños morales, como derecho nacido y no ejercitado o en trámite de ser ejercitado por el causante. En el caso concreto, están legitimados los herederos (el hijo y la nieta) de la viuda de un trabajador fallecido de enfermedad profesional para obtener una indemnización por los daños y perjuicios que la viuda padeció; máxime cuando ella ya había ejercitado las acciones judiciales previas necesarias para su reconocimiento.
Se especifica quien es el competente y el contenido del informe que autoriza al Abogado del Estado a desistir, apartarse de querella o allanarse. En determinados supuestos se exige una memoria.
Es nula la conciliación judicial suscrita por el presidente de una comunidad de propietarios que se comprometió al abono de una indemnización de 64.109,64 €, para que una trabajadora desistiera de su demanda por extinción indemnizada de la relación laboral, sin contar con la autorización previa de la junta de propietarios, ni ratificación en la reunión posterior a la transacción antes de que el acuerdo se consumara.
La DGT entiende que, desde el 1-1-2017, el servicio de justicia gratuita no está sujeto a IVA, pues su nueva regulación establece su carácter obligatorio para los profesionales (abogados y procuradores), que además lo realizan a título gratuito, percibiendo una indemnización en compensación a su actuación procesal.
El legislador establece, con efectos de 1-1-2017 que las compensaciones obtenidas por los abogados del turno de oficio por la prestación de dicho servicio obligatorio no tributen IVA. El legislador evita el término retribución empleado en la anterior normativa.
La DGT entiende que no procede el abono de tasas: en los procedimientos interpuestos antes del 15-8-2016, fecha de publicación en el BOE de la sentencia del TCo que las anuló, cuando no se ha incoado demanda; ni tampoco en aquellos en que hubiera sido requerido el obligado tributario para dicho pago y estuviese pendiente su abono
Declaración de inconstitucionalidad y nulidad de algunos incisos de la L 10/2012 art.7.1 y 2, relativos a cuotas fijas de las tasas judiciales del orden contencioso-administrativo, civil y social, así como de cuota variable, por considerarlas desproporcionadas. Esta declaración de inconstitucionalidad solo es eficaz pro futuro.
