Bizkaia: delito contra la Hacienda Pública

Se regulan actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos, en materia de delito fiscal, donde destaca el que la comunicación a la autoridad correspondiente, de la posible existencia de delito fiscal, no impide a la Administración practicar liquidación y proceder a su recaudación, aun cuando no haya finalizado el proceso penal

Gipuzkoa: delito contra la hacienda pública

Se regulan las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia de delito fiscal donde destaca el que la comunicación a la autoridad correspondiente de la posible existencia de delito fiscal no impide a la Administración practicar liquidación y proceder a su recaudación, aun cuando no haya finalizado el proceso penal

Araba: delito contra la hacienda pública

Se regulan las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia de delito fiscal donde destaca el que la comunicación a la autoridad correspondiente de la posible existencia de delito fiscal no impide a la Administración practicar liquidación y proceder a su recaudación, aun cuando no haya finalizado el proceso penal

Competencias de investigación patrimonial en los procesos por delito contra la Hacienda pública en Gipuzkoa

Con efectos desde el 23-7-2013, en los procesos por delito contra la Hacienda pública, y sin perjuicio de las facultades que corresponden a las unidades de la Policía Judicial, los órganos que desarrollen actuaciones mantienen la competencia para investigar, bajo la supervisión de la autoridad judicial, el patrimonio que pueda resultar afecto al pago de las cuantías pecuniarias asociadas al delito.

Competencias de investigación patrimonial en los procesos por delito contra la Hacienda pública en Araba

Con efectos desde el 18-6-2013, en los procesos por delito contra la Hacienda pública, y sin perjuicio de las facultades que corresponden a las unidades de la Policía Judicial, los órganos que desarrollen actuaciones mantienen la competencia para investigar, bajo la supervisión de la autoridad judicial, el patrimonio que pueda resultar afecto al pago de las cuantías pecuniarias asociadas al delito.