Indemnización reconocida en un proceso judicial pero recurrida por la parte demandada

La existencia de un proceso judicial en curso no es razón suficiente para el reconocimiento de un pasivo por la incertidumbre generada. Se necesita un juicio experto objetivo que ayude a estimar la posible existencia de la obligación con más peso específico que lo contrario; en este caso crearíamos la provisión. Sin perjuicio de lo anterior, en la memoria debe incluirse toda la información que entendamos significativa sobre esta operación.

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Obligación de comunicar información de entidades auditadas sujetas a supervisión

Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría de entidades sujetas a supervisión y control tienen la obligación de comunicar a las instituciones públicas supervisoras determinados hechos o circunstancias detectados en el transcurso de su trabajo de auditoría de cuentas que pueden afectar a las condiciones de funcionamiento de la entidad. Esa comunicación deben efectuarla sin demora y en un plazo máximo de 10 días.

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Modificación del Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras

Con efectos desde el 1-1-2016, se modifica el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras y reaseguradoras con la finalidad de trasponer al ámbito contable asegurador las reformas contables adoptadas a nivel comunitario (Dir 2013/34/UE) y ya incorporadas al Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital, el Plan General de Contabilidad y de PYMES y otras normas contables estatales. Así, se establece que las entidades aseguradoras y reaseguradoras no pueden formular cuentas anuales abreviadas dado que tienen la consideración de entidades de interés público. Además, se revisa el tratamiento contable en cuentas individuales de los inmovilizados intangibles y del fondo de comercio de estas entidades para adaptarlo a su consideración de activos de vida útil definida y, por tanto, amortizables.

Autorización de prestación de servicios por parte de la comisión de auditoría de una entidad de interés público

El auditor debe obtener la autorización por parte de la comisión de auditoría de una entidad de interés público española de la prestación de servicios ajenos a la auditoría distintos de los servicios prohibidos, con independencia de si el servicio prestado se ha llevado a cabo o no en España. Si un miembro de la red del auditor presta un servicio prohibido a una entidad establecida en un tercer país y controlada por la entidad de interés público auditada, debe debatir con la Comisión la amenaza derivada de la prestación de ese servicio y las salvaguardas aplicables.