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Las reformas de la Seguridad Social. Especial referencia a la pensión de jubilación y a las modificaciones en beneficio por cuidado de hijos (excedencia y otras situaciones), viudedad, integración de regímenes especiales y convenios especiales en eres (Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social)

Artículo publicado en Actum Social nº 59. Enero 2012

Jordi Agustí Julià

Magistrado Tribunal Supremo

 

ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
II. LA PENSIÓN DE JUBILACION
A) La Jubilación a edad ordinaria
B) Jubilación anticipada
C) Jubilación anticipada para Mutualistas
D) Jubilación a los 64 años
E) Jubilación parcial
F) Jubilación Forzosa
G) Compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo
III. BENEFICIO POR CUIDADO DE HIJOS (EXCEDENCIA Y OTRAS SITUACIONES)
IV VIUDEDAD
V. INTEGRACIÓN DE REGÍMENES ESPECIALES
A) Novedades en el RETA
B) Integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General
VI. CONVENIOS ESPECIALES EN ERES
VII. OTRAS CUESTIONES TRATADAS EN LA LEY
VIII. ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY Y RÉGIMEN TRANSITORIO
IX. A MODO DE CONCLUSIÓN

I. INTRODUCCIÓN

 

La publicación de la L 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social supone una modificación significativa del sistema de Seguridad Social, aunque la entrada en vigor en toda su plenitud no se producirá hasta el 1-1-2013. El objeto de esta ponencia lo constituye el examen y análisis de algunas de las modificaciones y variaciones más significativas. La L 27/2011, es resultado del Acuerdo Social y Económico (ASE) de 2-2-2011, estipulado entre el gobierno y los interlocutores sociales y claramente influenciado por la aprobación parlamentaria, en enero de 2011, de la renovación del Pacto de Toledo. Se desarrolla en las líneas trazadas por el Libro Verde de la Unión Europea de 7-7-2010, en pro de unos sistemas de pensiones europeos adecuados y sostenibles dentro de la Estrategia 2020 (López Gandía). Circunstancias que se aducen para justificar la reforma para que nuestro sistema de Seguridad Social sea viable:
– La demografía: envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la natalidad.
– La entrada tardía al mercado de trabajo de los jóvenes y la baja tasa de ocupación de los trabajadores de edad avanzada.
– La relación entre la cuantía y duración de la pensión y lo cotizado a lo largo de la vida laboral. Años de trabajo/años de prestación.
Otras circunstancias (López Gandía):
– El gasto en pensiones, su financiación y la presión sobre las finanzas públicas. La cuestión de la deuda.
– Las imprevisibles tasas de crecimiento de PIB, del empleo y de la productividad. El impacto de la crisis financiera y económica.
La L 27/2011 se estructura en 9 artículos, 52 disposiciones adicionales, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y 12 disposiciones finales. Modifica muchas e importantes materias, con un dilatado período de entrada en vigor total, pero con algunos contenidos de aplicación inmediata, si bien en algunos casos, sólo parcialmente, en otros progresiva y en los restantes pendientes de desarrollo reglamentario. Todo ello da una idea ya de su complejidad. Adelantemos ya, que con algunas mejoras incuestionables de ampliación de supuestos y colectivos protegidos, puesto que con respecto a la pensión de jubilación se retrasa la edad de retiro, se dificulta el acceso, se tienen en cuenta períodos de cotización más extensos para el calculo de porcentajes y bases reguladoras, con disminución clara de la cuantía de la prestación (también en el caso de la Incapacidad Permanente), la Ley tiene que ser calificada como restrictiva.

II. LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN

 

Las modalidades de Pensión de Jubilación quedan tras la L 27/2011 de la siguiente manera:

A) La Jubilación a edad ordinaria

1. Edad de jubilación

 

La edad de jubilación ordinaria se ve modificada, siendo por tanto la siguiente:
– Haber cumplido 65 años, siempre y cuando se acredite un periodo de cotización igual o superior a 38 años y seis meses.
– Haber cumplido 67 años, si no se acredita dicho periodo.
En ambos casos, no se computan los periodos referidos a las pagas extraordinarias. Además, se tendrán en cuenta los años y meses por periodos completos, no se tomarán, por tanto, las fracciones de meses o años como meses o años completos.
Se mantiene el periodo mínimo de cotización para acceder a la pensión de jubilación en 15 años, dos los cuales deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de efectuarse la jubilación.
Las edades de jubilación y el periodo de cotización establecido anteriormente se aplicarán de forma gradual, en los términos siguientes:

Año Periodo cotizado Edad exigida
2013 35 años y 3 meses o más
Menos de 35 años y 3 meses
65 años
65 años y 1 mes
2014 35 años y 6 meses o más
Menos de 35 años y 6 mese
65 años
65 años y 2 meses
2015 35 años y 9 meses o más
Menos de 35 años y 9 meses
65 años
65 años y 3 meses
2016 36 o más años
Menos de 36
65 años
65 años y 4 meses
2017 35 años y 3 meses o más
Menos de 35 años y 3 meses
65 años
65 años y 5 meses
2018 36 años y 6 meses o más
Menos de 36 años y 6 meses
65 años
65 años y 6 meses
2019 36 años y 9 meses o más
Menos de 36 años y 9 meses
65 años
65 años y 8 meses
2020 37 o más años
Menos de 36
65 años
65 años y 10 meses
2021 37 años y 3 meses o más
Menos de 37 años y 3 meses
65 años
66 años
2022 37 años y 6 meses o más
Menos de 37 años y 6 meses
65 años
66 años y 2 meses
2023 37 años y 9 meses o más
Menos de 37 años y 9 meses
65 años
66 años y 4meses
2024 38 o más
Menos de 38 años
65 años
66 años y 6 meses
2025 37 años y 3 meses o más
Menos de 38 años y 3 meses
65 años
66 años y 8 meses
2026 38 años y 3 meses o más
Menos de 38 años y 3 meses
65 años
66 años y 10 meses
A partir del año 2027 38 años y 6 meses o más
Menos de 38 años y 6 meses
65 años
67 años

2. Cálculo de la base reguladora

 

La base reguladora de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será el cociente de dividir entre 350 las bases de cotización del beneficiario durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al de la jubilación.
Esto significa una importante ampliación del periodo de referencia de la vida laboral, puesto que la normativa anterior tomaba un periodo de 180 meses.
El cálculo de la base reguladora anteriormente citado también tendrá una aplicación gradual, que se establece en el siguiente listado:
A partir de 1 de enero de 2013, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 224 las bases de cotización durante los 192 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2014, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 238 las bases de cotización durante los 204 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2015, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 252 las bases de cotización durante los 216 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2016, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 266 las bases de cotización durante los 228 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2017, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 280 las bases de cotización durante los 240 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2018, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 294 las bases de cotización durante los 252 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2019, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 308 las bases de cotización durante los 264 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2020, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 322 las bases de cotización durante los 276 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. A partir de 1 de enero de 2021, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir entre 336 las bases de cotización durante los 288 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
A partir de 1-1-2022, se aplicará la totalidad del cálculo de la base tal y como se ha fijado en el inicio del apartado, es decir: el resultado de dividir entre 350 las bases de cotización del beneficiario durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al de la jubilación.
La nueva normativa prevé el supuesto en el que un trabajador sea cesado de su actividad por causas no imputables a su libre voluntad (LGSS art.208.1.1) que a partir del cumplimiento de los 55 años y siempre y cuando, durante al menos los últimos 24 meses, haya experimentado una reducción de sus bases de cotización con respecto a las anteriores que éste acreditaba, la base reguladora se efectuará con un cálculo distinto al aplicado según el baremo, siempre y cuando resulte más favorable.
Desde el 1-1-2013 hasta el 31-12-2016, resultado de dividir entre 280 las bases de cotización durante los 240 meses inmediatamente anteriores al mes previo de la jubilación.
Desde el 1-1-2017 hasta el 31-12-2021, resultado de dividir entre 350 las bases de cotización del beneficiario durante los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al de la jubilación.
Se establecen las siguientes nuevas reglas para la integración de lagunas de cotización: si en los 36 meses previos al período de cálculo de la BR existiesen cotizaciones, cada uno de los meses da derecho a la integración de una mensualidad con laguna, hasta un máximo de 24. Las correspondientes a los primeros 24 meses con la base mínima de cotización vigente en cada momento para trabajadores mayores de 18 años y el resto con el 50% de la misma. Por otra parte, se encarga al Gobierno que, en el plazo de un año, desde la publicación de la Ley, se estudie el impacto y se evalúen los efectos de estas nuevas reglas de integración de lagunas sobre el cálculo de las pensiones, para posibles adaptaciones y modificaciones que sean necesarias.

3. Cuantía de la pensión

 

La cuantía de la pensión de jubilación se determinará aplicando a la base reguladora los porcentajes siguientes:

Los primeros 15 años 50%
A partir del año decimosexto, por cada mes de cotización adicional entre el mes 1 y el 248 0,19% por cada mes
Los meses de cotización adicional que superen el 248 0,18% por cada mes, sin que el porcentaje supere el 100% de la base reguladora

El porcentaje aplicable al cálculo de la base reguladora también tendrá una aplicación gradual, que se establece en el siguiente listado:

Durante los años 2013 a 2019 Entre los meses 1 y el 163: 0,21%.
Por los 83 meses siguientes: 0,19%
Durante los años 2020 a 2022 Entre los meses 1 y el 106: 0,21%.
Por los 146 meses siguientes: 0,19%
Durante los años 2023 a 2026 Entre los meses 1 y el 49: 0,21%
Por los 209 meses siguientes: 0,19%
A partir del año 2027 Entre los meses 1 y el 248:0,19%
Por los 16 meses siguientes: 0,18%

Cuando se acceda a la pensión de jubilación con una edad mayor a la establecida en cada caso según lo anteriormente comentado, siempre y cuando al cumplir esta edad el trabajador contase con el periodo mínimo de cotización también establecido anteriormente, se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la fecha en la que se jubila. Este porcentaje depende de los años que tenga cotizados el interesado en el momento en el que pudiese acceder a la jubilación.

Hasta 25 años cotizados 2%
Entre 25 y 37 años cotizados 2,75%
A partir de 37 años cotizados 4%

B) Jubilación anticipada

 

Se establecen dos modalidades de acceso a la jubilación anticipada:
1. Derivado del cese en el trabajo por causas no imputables a la voluntad del trabajador:
Los requisitos de esta modalidad de jubilación son los siguientes:
a) Tener cumplidos los 61 años de edad.
b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de al menos 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación.
c) Acreditar un periodo mínimo de cotización de 33 años, se computará como cotizado el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
d) Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación de crisis o cierre de la empresa que impida objetivamente la continuidad de la relación laboral.
Las causas de extinción del contrato que podrán dar derecho al acceso de esta modalidad de jubilación son las siguientes:
– despido colectivo por causas económicas, autorizado por la autoridad laboral, según dicta el ET art.51;
– despido objetivo por causas económicas, como se establece en el ET art.52.c;
– la extinción del contrato por resolución judicial, conforme a la LCon art.64;
– la muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el ET art.44, o bien la extinción de la personalidad jurídica del contratante;
– extinción del contrato motivada por la existencia de fuerza mayor. Además, la extinción de la relación laboral por ser víctima de violencia de género también dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.
Para este tipo de modalidad de jubilación anticipada, la pensión tendrá objeto de la reducción de un tanto por ciento que se aplicará por cada trimestre o fracción de trimestre hasta la edad en la que el interesado debiera jubilarse. Este porcentaje depende de la cotización del interesado, encontrándose establecido en el siguiente baremo:

Trabajadores con menos de 38 años y 6 meses cotizados 1,875% de reducción por cada trimestre o fracción.
Trabajadores con 38 años y 6 meses cotizados o más 1,625% de reducción por cada trimestre o fracción.

2. Por voluntad del interesado

 

Los requisitos de esta modalidad de jubilación son los siguientes:
– tener cumplidos los 63 años de edad;
– acreditar un periodo mínimo de cotización de 33 años, se computará como cotizado el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.
El importe de la pensión ha de ser superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad. En caso contrario no se podrá acceder a esta modalidad de jubilación.
Para este tipo de modalidad de jubilación anticipada, la pensión tendrá objeto de la reducción de un tanto por ciento que se aplicará por cada trimestre o fracción de trimestre hasta la edad en la que el interesado debiera jubilarse, este porcentaje depende de la cotización del interesado encontrándose establecido en el siguiente baremo:

Trabajadores con menos de 38 años y 6 meses cotizados 1,875% de reducción por cada trimestre o fracción
Trabajadores con 38 años y 6 meses cotizados o más 1,625% de reducción por cada trimestre o fracción

3. Jubilación anticipada con coeficiente reductor por trabajos de naturaleza excepcionalmente, tóxica, peligrosa o insalubre y con elevados índices de morbilidad o mortalidad

 

En cumplimiento de lo establecido en la LGSS art.161.bis.1 y de la L 27/2011 disp.adic.23ª, se ha publicado el RD 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

C) Jubilación anticipada para Mutualistas

 

Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1-1-1967 podrán causar derecho a pensión de jubilación a partir de los 60 años. En ese caso la cuantía de la pensión se verá reducida en un 8% por cada año o fracción de año, hasta que el interesado cumpla los 65 años de edad

D) Jubilación a los 64 años

 

Esta modalidad, simple y llanamente se ha suprimido.

E) Jubilación parcial

 

Hay dos modalidades de jubilación parcial:
a) Jubilación parcial ordinaria. Se mantiene la posibilidad de acceso a la jubilación parcial sin la necesidad de celebrar simultáneamente un contrato de relevo para quienes hayan alcanzado la edad legal de jubilación que, de acuerdo con las modificaciones que esta ley lleva a cabo, queda situada entre 65 y 67 años, según los supuestos, y aplicada de forma paulatina, en los términos señalados.
Cuando no se celebra un contrato de relevo, el acceso a la jubilación parcial requiere haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación y reunir los requisitos para causar derecho a la pensión; la reducción de jornada ha de estar comprendida entre un 25% y un 75%.
b) Jubilación parcial anticipada. En estos casos deberá existir una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrá ser inferior al 65 por ciento de la base por la que venía cotizando el trabajador que accede a la jubilación parcial.
Además, en relación con la cotización durante el periodo de compatibilidad de la pensión de jubilación parcial con el trabajo a tiempo parcial, y sin perjuicio de la reducción de jornada, la empresa y el trabajador habrán de cotizar por la base que, en su caso, hubiere correspondido de seguir trabajando a jornada completa. Esta novedad (disuasoria) se aplicará de forma gradual elevando las bases de cotización en un cinco por ciento por cada año transcurrido desde el inicio de la vigencia de la presente ley, hasta su completa aplicación a partir del 1-1-2027.
El trabajador ha de acreditar un periodo mínimo de cotización de 30 años (25 si hay discapacidad o trastorno mental). También se modifica el Estatuto de los Trabajadores para acomodarlo a los cambios en la jubilación, especialmente por cuanto alude a la reducción de jornada y del salario de los trabajadores a fin de que puedan acceder a la jubilación parcial y la celebración del contrato de relevo.
Régimen jurídico resumido: si se concierta simultáneamente un contrato de relevo: cabe para quienes no hayan alcanzado la edad de jubilación y no reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión. En tal caso, se exige:
– acreditar período de cotización de 30 años (25 en personas con discapacidad);
– la base de cotización del relevista no puede ser inferior al 65% del promedio correspondiente a las seis últimas del jubilado parcial;
– empresa y trabajador deben cotizar por la base que hubiera correspondido de seguir trabajando a jornada completa (exigencia importantísima de aplicación gradual).

F) Jubilación Forzosa

 

Por último, la L 27/2011 disp.adic.36ª, vigente también desde el 2-8-2011, modifica el ET disp.adic.10ª, que disciplina las cláusulas de los Convenios Colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, en el sentido de que los convenios colectivos podrán seguir estableciendo cláusulas que posibiliten la extinción del contrato por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación (no siempre los 65 años), siempre que:
a) La medida quede vinculada a objetivos de política de empleo expresada en el convenio.
b) El trabajador tenga cubierto el período mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje del 80% de la base reguladora para el cálculo de su pensión (el cambio está aquí).
c) Se cumpla el resto de requisitos exigidos para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación.
Aunque se establece que el Gobierno puede «demorar» la entrada en vigor de esta nueva regulación, esto no se ha llevado a cabo.
En los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a) Esta medida deberá vincularse a objetivos coherentes con la política de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento del empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otras que se dirijan a favorecer la calidad del empleo. b) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá tener cubierto el período mínimo de cotización que le permita aplicar un porcentaje de un 80 por ciento a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión, y cumplir los demás requisitos exigidos por la legislación de Seguridad Social para tener derecho a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva. Se habilita al Gobierno para demorar, por razones de política económica, la entrada en vigor de la modificación prevista en esta disposición adicional».

G) Compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo

 

Se declara la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo por cuenta propia, siempre que los ingresos de dicha actividad no superen el salario mínimo interprofesional anual y no se estará obligado a cotizar en Seguridad Social. A su vez, establece que se regulará por ley la compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo y que, mientras no se regule, se deja sin aplicación la OM TIN/1362/2011, manteniendo el criterio anterior a la misma que permitía compatibilizar el trabajo con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados.

III. BENEFICIO POR CUIDADO DE HIJOS (EXCEDENCIA Y OTRAS SITUACIONES)

 

En esta materia (L 27/2011 art.9, que modifica la Ley General de la Seguridad Social) las novedades en cuanto a computar como período cotizado en cualquier régimen de la Seguridad Social -salvo para el cumplimiento del período mínimo de cotización exigido- períodos de interrupción de la cotización son dos:
a) La consideración como período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, de los 3 años (ahora los 2 primeros) del periodo de excedencia que los trabajadores disfruten por cuidado de hijo en los supuestos de nacimiento, adopción o acogimiento permanente, si se da entre nueve meses antes del nacimiento (o los tres previos a la adopción o al acogimiento) y seis meses posteriores.
b) El cómputo (sin perjuicio de lo dispuesto en la LGSS disp.adic.44ª) como período de cotización, a todos los efectos (salvo para el cumplimiento del período mínimo de cotización exigido), del período de interrupción de la cotización derivado de la extinción de la relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones de desempleo producidas entre los 9 meses anteriores al nacimiento, o los 3 meses anteriores a la adopción o acogimiento permanente y la finalización del sexto año posterior a dicha situación.
La duración de este cómputo como período cotizado a dichos efectos será de 112 días por cada hijo o menor adoptado o acogido, incrementándose anualmente, a partir del año 2013 y hasta el año 2018, en 14 días por año y por hijo, hasta un máximo de 270 días por hijo en el año 2019, sin que en ningún caso pueda ser superior a la interrupción real de la actividad laboral.
Se establece, y habrá de tenerse en cuenta, que a los exclusivos efectos de determinar la edad de acceso a la jubilación (LGSS art.161.1.a) y a partir de 1-1-2013, la duración del cómputo como periodo cotizado será de un máximo de 270 días cotizados por cada hijo o menor adoptado o acogido.
Este beneficio, que sólo se reconocerá a uno de los progenitores, y que en caso de discrepancia se otorgará a la madre, supondrá la consideración como periodo cotizado de hasta un máximo de 5 años por beneficiario, límite que también se aplica si el mismo concurre con el contemplado en el punto anterior (consideración de los 3 años de excedencia por cuidado de hijo como cotizado para las prestaciones señaladas).

IV. VIUDEDAD

 

Con respecto a la pensión de viudedad, la L 27/2011 no reforma su régimen jurídico en profundidad para adecuarla a una prestación destinada a cubrir una situación de necesidad como consecuencia del fallecimiento del causante, como se viene demandando desde hace tiempo, limitándose a efectuar dos modificaciones para mejorar la prestación para algunos colectivos de pensionistas, y una nueva modificación del régimen jurídico instaurado por la L 40/2007 para los supuestos de disolución matrimonial. La L 27/2011 disp.adic.30ª (la aplicación de esta disposición ha sido aplazada sine die por el RDL 20/2011 disp.adic.9ª) mejora la pensión de viudedad a las personas beneficiarias mayores de 65 años para los que esta pensión sea su principal fuente de ingresos, incrementando el porcentaje de la base reguladora que se utiliza para calcular la pensión de viudedad, del actual 52% al 60% de forma gradual en ocho años a partir del 1-1-2012, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
– tener una edad igual o superior a 65 años;
– no tener derecho a otra pensión pública;
– no percibir ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia; y
– que los rendimientos o rentas percibidos no superen, en cómputo anual, el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.
Por otra parte, con el fin de lograr una mayor equidad en el tratamiento fiscal de las pensiones, la propia disp.adic.30ª establece un mecanismo corrector de progresividad en el IRPF (para el ejercicio 2013) para pensiones de viudedad que se acumulen exclusivamente con rentas del trabajo u otras pensiones, de manera que:
a) Si se compatibilizan ingresos del trabajo y otros procedentes de la pensión de viudedad, y la suma de ambos no exceden del límite establecido legalmente, no habrá obligación de declarar.
b) Si existe la obligación de declarar la escala de imposición se aplicará por separado entre los ingresos procedentes del trabajo y los derivados de la pensión de viudedad.
La tercera de las modificaciones hace referencia a la condición o requisito establecida en la L 40/2007 para acceder a la pensión de viudedad en los supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial de que la persona sobreviviente seda acreedora de la pensión compensatoria del CC art.97, y que dicha pensión quede extinguida como consecuencia del fallecimiento del causante. Como es sabido, este requisito introducido sin ningún tipo de régimen transitorio con efectos de 1-1-2008, generó un alud de demandas ante los Tribunales al aplicarse la nueva regulación a supuestos de rupturas matrimoniales anteriores a dicha fecha, que era la de la vigencia de la Ley.
Con el fin de solucionar este problema L 26/2009 disp.final.3ª.10 y 14, de Presupuestos Generales del Estado para 2010, excepciona en dos concretos supuestos, el mencionado requisito de que la persona divorciada o separada legalmente sea acreedora a la pensión compensatoria:
1. La L 27/2011 disp.adic.30ª.10 adicionó a la LGSS art.174.2, el siguiente párrafo: «En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aún no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.»
2. Por su parte, la L 27/2011 disp.adic.30ª.14, que añadió a la LGSS una nueva disp.trans.18ª, titulada «Norma transitoria sobre pensión de viudedad en supuestos de separación judicial o divorcio anteriores al 1-1-2008«, es del tenor literal siguiente: «El reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad no quedará condicionado a que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de la pensión compensatoria a que se refiere el segundo inciso del párrafo primero del apartado 2 del artículo 174 de esta Ley, cuando entre la fecha del divorcio o de la separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión de viudedad haya transcurrido un periodo de tiempo no superior a 10 años, siempre que el vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de 10 años y además concurra en el beneficiario alguna de las condiciones siguientes:
a) La existencia de hijos comunes del matrimonio o
b) Que tenga una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión.
La cuantía de la pensión de viudedad resultante se calculará de acuerdo con la normativa vigente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la L 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social.
En los supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta disposición transitoria, la persona divorciada o separada judicialmente que hubiera sido deudora de la pensión compensatoria no tendrá derecho a pensión de viudedad.
En cualquier caso, la separación o divorcio debe haberse producido con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la L 40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social.
Lo dispuesto en esta disposición transitoria será también de aplicación a los hechos causantes producidos entre el 1-1-2008 y el 31-12-2009, e igualmente les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 174, apartado 2 de esta Ley«.
La Sala IV del Tribunal Supremo ha dictado, hasta el momento presente, tres sentencias. Una sobre la nueva disp.trans.18ª (TS 21-12-10, Rec 1245/10), y tres sobre la modificación de la LGSS art.174.2 (TS 26-1-11, Rec 458/09; 30-5-11, Rec 2598/10; 13-7-11, Rec 3040/10; 15-9-11, Rec 441/11). Sobre la aplicación a los asuntos en trámite judicial, la doctrina de la Sala IV es la siguiente: «El criterio seguido por esta Sala en las mencionadas sentencias, es el de aplicar a los asuntos en trámite las modificaciones legales introducidas en el régimen jurídico de la pensión de viudedad por la L 26/2009, cuando, como aquí acontece, se reúnen los requisitos exigibles. El criterio que sostiene el Instituto recurrente, coincidente con el de la sentencia de contraste, que es el de que la demandante debería de solicitar nuevamente la pensión de viudedad, iniciando la vía administrativa, ha de estimarse no conforme a derecho, por contrario a la tutela judicial efectiva que el artículo 24.2 de nuestra Constitución proclama y garantiza. Los órganos jurisdiccionales deben aplicar a las circunstancias del hecho causante, según lo acreditado, las normas legales aplicables en el momento de enjuiciar y dictar su resolución, siempre que, como aquí acontece, no ocasionen indefensión a ninguna de las partes, y es claro, que ninguna indefensión existe para el Instituto recurrente, en cuanto las circunstancias personales y familiares de la demandante constan en el expediente administrativo. Abstracción del caso concreto, pero sin duda análogo, que la suscitó, como ya tuvo ocasión de señalar esta Sala en su TS 28-9-06, Rec 2454/05), una nueva petición resultaría «vasalla del positivismo jurídico y del formalismo burocrático, materialmente estéril, y desde luego contraria al ya citado -y hoy constitucionalizado (Const art.24.2)- principio de economía procesal, y por ende, de aplicación preferente, máxime, en casos como el presente, de reconocimiento de una prestación paliativa de una situación de necesidad.»
Ahora a estos supuestos en los que se excepciona la obligación de la pensión compensatoria la L 27/2011 disp.final.7ª, adiciona un tercero, cual es el de que podrán ser también beneficiarios de pensión de viudedad, en los supuestos de divorcios o separaciones producidos con anterioridad a 1-1-2008, y sin derecho a pensión compensatoria, aunque el solicitante de la prestación no tuviese 50 años en la fecha del fallecimiento o hijos comunes con el fallecido, siempre que se trate de mayores de 65 años que no perciban otra pensión, y la duración del matrimonio con el causante haya tenido una duración no inferior a 15 años.

V. INTEGRACIÓN DE REGÍMENES ESPECIALES

 

Ha sido siempre una constante y constituye también un mandato legal (LGSS art.10) la tendencia a la unidad que debe presidir la Ordenación del Sistema de la Seguridad Social, siendo el objetivo último -que se estableció en el Pacto de Toledo de 1995- el de que la estructura de dicho sistema quede articulado en base a dos únicos regímenes, uno que integre a los trabajadores por cuenta ajena y otro a los trabajadores por cuenta propia, situación compatible con la existencia de sistemas especiales, dentro del régimen correspondiente, cuando las características del colectivo lo hagan necesario. Coexiste con esta tendencia, otra consistente en la homogenización paulatina de los ámbitos de protección y de cotización (especialmente el primero) entre los diferentes regímenes con el Régimen General, considerado el «ideal».
Pues bien, dentro de dichas tendencias, la L 27/2011 de una parte introduce importantes modificaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), y de otra parte, hace desaparecer el Régimen Especial de Empleador de Hogar, pasando dicho colectivo a integrarse en el Régimen General, siendo de destacar, que la posterior L 28/2011, de 22 de septiembre ha procedido a integrar el Régimen Especial Agrario en el Régimen General.

A) Novedades respecto del RETA

 

Con respecto al RETA destacaremos las siguientes novedades:
1) Adecuación del RETA (L 27/2011 disp.adic.9ª). Se pretende converger la intensidad de la acción protectora de los autónomos con los trabajadores por cuenta ajena de forma que las bases medias de cotización experimenten un crecimiento anual similar que en el Régimen general de la Seguridad Social, sin que la subida anual pueda ser superior en 1 punto porcentual respecto de las bases medias del RGSS. Entrará en vigor el 1-1-2013.
2) Autónomos dedicados a venta ambulante o a domicilio (L 27/2011 disp.adic.15ª). La cotización de los autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio tendrá una base de cotización inferior a la mínima. En estos momentos ya lleva algunos años fijándose una base inferior en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
3) Jubilación anticipada a los 61 años para los autónomos (L 27/2011 disp.adic.27ª). Prevé que, dependiendo de los resultados del primer año de la prestación de cese de actividad (CATA), se estudiará la posibilidad de jubilación anticipada a los 61 años de los autónomos que se encuentren en cese de actividad.
4) Elección base de cotización (L 27/2011 disp.adic.33ª). Desde el 1-1-2012 se puede elegir la base de cotización, que puede llegar hasta el 220% de la base mínima del RGSS, sea cual sea la edad del autónomo.
5) Jubilación parcial para los autónomos (L 27/2011 disp.adic.34ª). Se prevé que el Gobierno presentará, en el plazo de un año, un estudio relativo a un sistema específico de jubilación parcial a los 62 años, a favor de autónomos que cesen en su negocio o lo traspasen a otra persona a la que deben formar.
6) Mutualidades de Previsión Social alternativas al RETA (L 27/2011 disp.adic.46ª). Las Mutualidades de profesionales colegiados que actúan como alternativa al RETA obligatoriamente tendrán que cubrir a partir del 1-1-2013 las prestaciones de jubilación, invalidez permanente, incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo de embarazo, viudedad y orfandad. Además, la prestación deberá alcanzar un importe no inferior al 60% de la cuantía mínima de la prestación en el sistema de la Seguridad Social, o su equivalente en forma de capital, respetando el sistema de capitalización y la técnica actuarial bajo la que operan las mutualidades. Así mismo se eleva de 4.500 a 5.775 euros (que se irán actualizando cada año) el importe deducible fiscalmente como gasto de la actividad profesional.
7) Modificación de la L 32/2010 art.3.2, de cese de actividad. La modificación excluye de la protección obligatoria del CATA a los socios de cooperativas que dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, complementario del sistema público y con un nivel de cobertura, al menos, similar.
8) Cónyuges titulares de establecimientos familiares (L 27/2011 disp.adic.50ª). Cuando se acredite por uno de los cónyuges la realización de trabajos a favor del negocio familiar sin cursarse alta en Seguridad Social, el juez que conozca de separación, divorcio o nulidad del matrimonio lo comunicará a la Inspección de Trabajo, para lo que proceda. Las cotizaciones no prescritas surtirán los efectos que correspondan.
9) Modificación del estatuto del trabajo autónomo. Se modifica la L 20/2007 art.1, 24, 25 y disp.adic.2ª, Estatuto del trabajo autónomo, a los efectos de contemplar la actividad autónoma a tiempo parcial y que puedan establecerse reducciones y bonificaciones cuando se ejerza la actividad a tiempo parcial.
10) Exención de cuotas de autónomos con 65 o más años. La modificación de la edad de jubilación determina que se modifique para reflejar la nueva edad, la disposición adicional trigésimo segunda de la Ley General de la Seguridad Social. Quedando la nueva redacción que se exonera de cotizar a Seguridad Social, excepto por incapacidad temporal y contingencias profesionales para los trabajadores por cuenta propia con 65 años de edad y 38 años y 6 meses de cotización o 67 años de edad y 37 años de cotización.
11) Se amplía la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, como consecuencia de la disposición quincuagésima octava de la Ley General de la Seguridad Social, conforme a la cual, la cobertura de las contingencias profesionales será obligatoria para todos los regímenes de la Seguridad Social, lo que indudablemente supone una mejora para los trabajadores incluidos en el RETA ya que hasta ahora dicha cobertura era opcional.
Para los socios de cooperativas comprendidos en el RETA se admite la colaboración mediante un sistema intercooperativo de prestaciones sociales que cubra las contingencias profesionales, siempre que antes del 1-1-2013 cuenten con la autorización para colaborar en la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal.

B) Integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General

 

Mediante la L 27/2011 disp.adic.39ª, se procede a integrar el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social, mediante el establecimiento de un sistema especial para dichos trabajadores.
A destacar las siguientes peculiaridades:
1) La integración se produce con efectos de 1-1-2012, y dentro de los 6 meses naturales desde dicha fecha, los empleadores y personas empleadas que procedan del Régimen Especial de Empleados comprendidos en el Régimen General de la Seguridad Social, deben comunicar a la TGSS el cumplimiento de las condiciones exigidas para su inclusión en el sistema especial de Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social. Transcurrido dicho plazo sin comunicarlo, los empleados de hogar que prestan sus servicios:
– Con carácter parcial o discontinuo a uno o más empleadores, quedarán excluidos del sistema especial, con la baja en el Régimen General con efectos de 1-7-2012.
– De manera exclusiva y permanente para un único empleador, su cotización al sistema especial se efectuará desde el 1-7-2012.
2) Cálculo de bases de cotización: se irán incrementando hasta que en 2019 se determinen conforme al artículo 109 de la LGSS, sin que la cotización pueda ser inferior a la base mínima establecida legalmente. Hasta 2014 se aplicará una reducción del 20% a las cotizaciones en el sistema especial.
3) Tipos de cotización: se irá incrementando, hasta que en el 2019 alcancen los que establezca la LPGE para el Régimen General de la Seguridad Social.
4) El subsidio por IT: a partir de 1-1-2012, en caso de enfermedad común y accidente no laboral, se abonará a partir del día 9º de la baja en el trabajo. Estará a cargo del empresario el abono de la prestación al trabajador desde los días 4 a 8 de la baja, ambos inclusive. No procede el pago delegado de la IT.
5) Base reguladora de la IP por contingencias comunes y jubilación: desde el 2012 al 2018, sólo se tendrán en cuenta los periodos realmente cotizados.
6) La acción protectora no comprende el desempleo.
7) Para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes y de jubilación causadas por los empleados de hogar respecto de los periodos cotizados en este Sistema Especial, desde el año 2012 hasta el año 2018, sólo se tendrán en cuenta los periodos realmente cotizados.
8) La prestación de servicios domésticos a través de empresas determina el alta de tales trabajadores en el Régimen General de la Seguridad Social por cuenta de esas empresas (L 27/2011 disp.adic.17ª).
9) El Gobierno procederá a modificar la relación laboral especial del servicio del hogar familiar, con efectos de 1-1-2012. Ello se ha efectuado ya a través del RD 1620/2011, de 14 de noviembre (BOE 17 noviembre), por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, que surtirá efectos, cumpliendo el mandato del apartado quinto de la Disposición adicional trigésima, desde el 1-1-2012.
10) Reducción de cotizaciones en las personas que prestan servicios en el hogar familiar. Durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, se aplicará una reducción del 20% a las cotizaciones devengadas por la contratación de las personas que presten servicios en el hogar familiar, y queden incorporadas en el sistema especial a que se refiere la disposición adicional trigésima novena de esta Ley, siempre que la obligación de cotizar se haya iniciado a partir de la fecha de la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45% para familias numerosas, en los términos de las reducciones y bonificaciones que ya se vienen aplicando en este Régimen Especial.

VI. CONVENIOS ESPECIALES EN ERES

 

La L 27/2011 disp.adic.6ª.1, regula el Convenio Especial con la Seguridad Social en los expedientes de regulación de empleo a que se refieren el ET art.51.15 (1) y la LGSS disp.adic.31ª (2), que modificó los apartados 1 y 2 de esta adicional, a los que dio la siguiente redacción: Se modifica la regulación del convenio especial a suscribir en caso de ERE para adaptarlo a las nuevas edades de jubilación:
– las cotizaciones correspondientes al convenio serán a cargo del empresario hasta la fecha en que el trabajador cumpla los 63 años;
– en los casos de ERE por causas económicas dicha obligación se extenderá hasta que el trabajador cumpla los 61 años.
«1. En el convenio especial a que se refiere el artículo 51.15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las cotizaciones abarcarán el período comprendido entre la fecha en que se produzca el cese en el trabajo o, en su caso, en que cese la obligación de cotizar por extinción de la prestación por desempleo contributivo, y la fecha en la que el trabajador cumpla la edad a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 161, en los términos establecidos en los apartados siguientes. 2. A tal efecto, las cotizaciones por el referido período se determinarán aplicando al promedio de las bases de cotización del trabajador, en los últimos 6 meses de ocupación cotizada, el tipo de cotización previsto en la normativa reguladora del convenio especial. De la cantidad resultante se deducirá la cotización, a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal, correspondiente al período en el que el trabajador pueda tener derecho a la percepción del subsidio de desempleo, cuando corresponda cotizar por la contingencia de jubilación, calculándola en función de la base y tipo aplicable en la fecha de suscripción del convenio especial. Las cotizaciones correspondientes al convenio serán a cargo del empresario hasta la fecha en que el trabajador cumpla los 63 años, salvo en los casos de expedientes de regulación de empleo por causas económicas, en los que dicha obligación se extenderá hasta el cumplimiento, por parte del trabajador, de los 61 años. Dichas cotizaciones se ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social, bien de una sola vez, dentro del mes siguiente al de la notificación por parte del citado Servicio Común de la cantidad a ingresar, bien de manera fraccionada garantizando el importe pendiente mediante aval solidario o a través de la sustitución del empresario en el cumplimiento de la obligación por parte de una entidad financiera o aseguradora, previo consentimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos que establezca el Ministerio de Trabajo e Inmigración. A partir del cumplimiento por parte del trabajador de la edad de 63 o, en su caso, 61 años, las aportaciones al convenio especial serán obligatorias y a su exclusivo cargo, debiendo ser ingresadas, en los términos previstos en la normativa reguladora del convenio especial, hasta el cumplimiento de la edad a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 161 o hasta la fecha en que, en su caso, acceda a la pensión de jubilación anticipada, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4».
También la L 27/2011 disp.adic16ª, ha supuesto una importante novedad en relación con los expedientes de regulación de empleo afectantes a trabajadores de más de 50 años en empresas con beneficios. Esta Adicional, que entró en vigor el 2-8-2011, data de su publicación en el BOE establece que en los ERES que afecten a trabajadores de 50 o más años de edad en empresas con beneficios, las empresas deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público, siempre que se trate de empresas o grupos de empresas de más de 500 trabajadores, los trabajadores afectados sean al menos 100 en tres años, con independencia de la edad, la empresa haya tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a la autorización del ERE y los trabajadores no hayan sido objeto de recolocación en los seis meses siguientes a la fecha de extinción de los contratos. Estas medidas se aplicarán a los ERE iniciados a partir del 27-4-2011.
«1. Las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, y que incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad, deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público, en los términos que se determinen reglamentariamente, siempre que en tales despidos colectivos concurran las siguientes circunstancias: a) Que sean realizados por empresas de más de 500 trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores. b) Que afecten, al menos, a 100 trabajadores en un período de referencia de tres años, con independencia del número de trabajadores de 50 o más años de edad afectados. c) Que, aun concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen y la razonabilidad de la decisión extintiva, las empresas o el grupo de empresas del que forme parte hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a la autorización del expediente de regulación de empleo. A estos efectos, se considera que una empresa ha tenido beneficios cuando el resultado del ejercicio, tal como se define en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, sea positivo. d) Que los trabajadores de 50 o más años de edad afectados no hubieran sido objeto de recolocación en la misma empresa, o en otra empresa del grupo del que forme parte, o en cualquier otra empresa, en los seis meses siguientes a la fecha en que se produzca la extinción de sus contratos de trabajo. 2. Para el cálculo de la aportación económica a que se refiere el apartado anterior, se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años de edad afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal. El importe de la aportación se determinará según una escala en función del número de trabajadores de la empresa, del número de trabajadores de 50 o más años de edad afectados por el despido colectivo y de los beneficios de la empresa, en los términos que se determinen reglamentariamente. Asimismo, se determinarán reglamentariamente el procedimiento, la forma y el momento en que deberá hacerse efectiva la aportación. 3. Las aportaciones a que se refiere esta disposición podrán, en su caso, destinarse total o parcialmente a generar créditos para la financiación de políticas activas de empleo de los trabajadores de más edad, en los términos que se determine reglamentariamente. 4. Lo previsto en esta disposición será de aplicación a los expedientes de regulación de empleo iniciados a partir de 27 de abril de 2011».

VII. OTRAS CUESTIONES TRATADAS EN LA LEY

 

Además de las cuestiones a las que se ha hecho referencia la L 27/2011 introduce diferentes modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social, tales como: la revisión del complemento para pensiones inferiores a la mínima; nuevas exenciones parciales de cotización; la pensión e incompatibilidades en la incapacidad permanente; la prestación de orfandad; regulación de nuevos convenios especiales de Seguridad Social; ampliación de protección social a los becarios y creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social. Prevé también la realización de diversos estudios entre otros, para otorgar periodos de cotización a las mujeres por el cuidado de hijos o personas dependientes.

VIII. ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY Y RÉGIMEN TRANSITORIO

 

Se establecen diferentes plazos de vigencia: el 1-1-2013 es la fecha en que la Ley entra en vigor con carácter general; pero como hemos visto unas entraron en vigor el 2-8-11 y otras lo harán el 1-1-12.
Por otra parte, en el caso de las pensiones los cambios son escalonados. La ampliación de la edad de jubilación y la del período a considerar para el cálculo de la cuantía de las pensiones (jubilación, viudedad, orfandad e incapacidad permanente) es progresiva hasta 2027.
En particular, se mantiene el precedente régimen de la pensión de jubilación para:
a) personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de la publicación de la Ley o sea antes del 2 de agosto de 2011.
b) Personas con relación laboral extinguida o suspendida

• por ERE
• por convenio colectivo y/o acuerdo colectivo
• por decisiones adoptadas en procedimientos concursales anteriores a 2-8-2011, con independencia de que la extinción se produzca antes o después de 1-1-2013

c) Personas que hayan accedido a la jubilación parcial antes del 2-8-2011
d) Personas incorporadas a planes de jubilación parcial antes de 2-8-2011, recogidos en convenios o acuerdos colectivos, con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se produzca antes y después de 1-1-2013.

IX. A MODO DE CONCLUSIÓN

 

Como conclusión final, se podría decir que esta Reforma de la Seguridad Social, es más profunda y de más enjundia de lo que en principio se propugnaba, que era únicamente la reforma de la pensión de jubilación. Como ya hemos adelantado, se implantan sin duda mejoras, pero se restringen derechos. Sustancialmente, y para simplificar, se continua con una política de seguridad social que consiste en extender la protección social a nuevos colectivos, unificando regímenes y prestaciones, pero rebajando la cuantía de las pensiones vitalicias.
Eso es todo y muchas gracias por su atención.

NOTAS:

 

(1) Conforme al cual: «Cuando se trate de expedientes de regulación de empleo de empresas no incursas en procedimiento concursal, que incluyan trabajadores con cincuenta y cinco o más años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967, existirá la obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial respecto de los trabajadores anteriormente señalados en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social».
(2) Que dice así: «1. En el convenio especial a que se refiere el artículo 51.15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las cotizaciones abarcarán el período comprendido entre la fecha en que se produzca el cese en el trabajo o, en su caso, en que cese la obligación de cotizar por extinción de la prestación por desempleo contributivo, y la fecha en la que el trabajador cumpla los 65 años, en los términos establecidos en los apartados siguientes. 2. A tal efecto, las cotizaciones por el referido período se determinarán aplicando al promedio de las bases de cotización del trabajador, en los últimos seis meses de ocupación cotizada, el tipo de cotización previsto en la normativa reguladora del convenio especial. De la cantidad resultante se deducirá la cotización, a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal, correspondiente al período en el que el trabajador pueda tener derecho a la percepción del subsidio de desempleo, cuando corresponda cotizar por la contingencia de jubilación, calculándola en función de la base y tipo aplicable en la fecha de suscripción del convenio especial. Hasta la fecha de cumplimiento por parte del trabajador de la edad de 61 años, las cotizaciones serán a cargo del empresario y se ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social, bien de una sola vez, dentro del mes siguiente al de la notificación por parte del citado Servicio Común de la cantidad a ingresar, bien de manera fraccionada garantizando el importe pendiente mediante aval solidario o a través de la sustitución del empresario en el cumplimiento de la obligación por parte de una entidad financiera o aseguradora, previo consentimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos que establezca el Ministerio de Trabajo e Inmigración. A partir del cumplimiento por parte del trabajador de la edad de 61 años las aportaciones al convenio especial serán obligatorias y a su exclusivo cargo, debiendo ser ingresadas, en los términos previstos en la normativa reguladora del convenio especial, hasta el cumplimiento de la edad de 65 años o hasta la fecha en que, en su caso, acceda a la pensión de jubilación anticipada, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4. 3. En caso de fallecimiento del trabajador o de reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente durante el período de cotización correspondiente al empresario, éste tendrá derecho al reintegro de las cuotas que, en su caso, se hubieran ingresado por el convenio especial correspondientes al período posterior a la fecha en que tuviera lugar el fallecimiento o el reconocimiento de la pensión, previa regularización anual y en los términos que reglamentariamente se establezcan. 4. Si durante el período de cotización a cargo del empresario el trabajador realizase alguna actividad por la que se efectúen cotizaciones al sistema de la Seguridad Social, las cuotas coincidentes con las correspondientes a la actividad realizada, hasta la cuantía de estas últimas, se aplicarán al pago del convenio especial durante el período a cargo del trabajador recogido en el último párrafo del apartado 2, en los términos que reglamentariamente se determinen y sin perjuicio del derecho del empresario al reintegro de las cuotas que procedan, de existir remanente en la fecha en que aquél cause la pensión de jubilación. 5. Los reintegros a que se refieren los apartados 3 y 4 devengarán el interés legal del dinero vigente en la fecha en que se produzca su hecho causante, calculado desde el momento en que tenga lugar hasta la propuesta de pago. A tal efecto, el hecho causante del reintegro tendrá lugar en la fecha del fallecimiento del trabajador o en aquella en la que éste hubiera causado pensión de incapacidad permanente para los supuestos previstos en el apartado 3, y en la fecha en que el trabajador hubiera causado pensión de jubilación, para el supuesto previsto en el apartado 4. 6. En lo no previsto en los apartados precedentes, este convenio especial se regirá por lo dispuesto en las normas reglamentarias reguladoras del convenio especial en el sistema de la Seguridad Social».

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