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La reforma de la Seguridad Social 2011

Artículo publicado en Actum Social nº 63. Mayo 2012

José Fernando Lousada Arochena

Magistrado especialista del Orden Social. Tribunal Superior de Justicia de Galicia

 

XVII JORNADAS DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL
(Tarragona 8 y 9 de marzo de 2012)
Las Reformas Laborales del año
(Laboral, Procesal y Seguridad Social)

SUMARIO:
I. LA LEY 27/2011, DE 1 DE AGOSTO, SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
II. LA REFORMA DE LA JUBILACIÓN ORDINARIA:
a) La edad ordinaria de acceso a la jubilación.
b) El periodo de cálculo de la base reguladora.
c) El porcentaje aplicable en función de los años cotizados.
d) La prolongación de la vida activa.
e) Compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación.
III. LA REFORMA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA:
a) La jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador.
b) La jubilación anticipada por voluntad del interesado.
IV. LA REFORMA DE LA JUBILACIÓN PARCIAL.
V. LA REFORMA DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE.
VI. LA REFORMA DE LA MUERTE Y SUPERVIVENCIA:
a) La viudedad.
b) La orfandad.
VII. LOS COMPLEMENTOS PARA PENSIONES INFERIORES A LA MÍNIMA.
VIII. LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES.
IX. LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
X. LOS PERIODOS DE OCUPACIÓN COTIZADA POR CUIDADO DE HIJOS.
XI. LA TENDENCIA EXPANSIVA DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL:
a) El proceso de integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar.
b) Inclusión de los becarios en el Régimen General de la Seguridad Social.
c) El proceso de homogeneización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
XII. REFORMAS VARIAS Y PROPAGANDA LEGAL.

I. LA LEY 27/2011, DE 1 DE AGOSTO, SOBRE ACTUALIZACIÓN, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 

La Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización de la Seguridad Social, es un importante hito en las continuas reformas del Sistema español de Seguridad Social desde su implantación en la Ley de la Seguridad Social de 21-4-1966. Tan importante que solo hay otras tres reformas de semejante calado: la Ley 24/1972, de 21 de julio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, la Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social, y la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social.
Con la mera lectura del título legal de estas reformas, se puede inducir, sin mucha dificultad, la línea evolutiva del Sistema español de Seguridad Social. En un primer momento, se reforzaba la acción protectora -es significativa la utilización, en 1972, del término «perfeccionamiento«-, para después restringirse -lo cual se encubre, en 1985, con el eufemismo «racionalización», añadiendo, en 1997, la «consolidación» para justificar esa «racionalización«-. Simultáneamente, la focalización sobre el régimen general -al que se dedica la reforma de 1972- cede en favor de la tendencia unificadora de los diversos regímenes -algo muy visible en 1985 donde la racionalización se predicaba de la acción protectora y de la «estructura»-.
En la Ley 27/2011, se continúan claramente ambas tendencias: se intensifica la unificación de los regímenes aunque con una acción protectora más reducida. Para abordar esta tarea, el legislador, que hace mucho ya dejó de «perfeccionar», ahora incluso elude el eufemismo «racionalizar», y directamente justifica su acción normativa, no ya en «consolidar», sino en «actualizar», «adecuar» y «modernizar», como si nos quisiera mandar el mensaje, desde la propia denominación de la Ley, de que no queda otro remedio que hacer lo que se hace dadas las circunstancias concurrentes porque, en otro caso, el Sistema español de Seguridad Social quedaría desactualizado, y sería inadecuado y anticuado.
Justamente la inevitabilidad de la reforma es algo de lo cual nos quiere convencer el legislador, no solo con la denominación, sino desde las primeras palabras de la Exposición de Motivos, donde se alude, como una causa de la reforma, a «las tendencias de la evolución demográfica», concretándolas en (1) «el hecho incuestionablemente positivo de que la esperanza de vida aumente progresivamente en España, hasta haberse convertido en el segundo país del Mundo con mayor pervivencia de población» -dato dependiente de la fuente utilizada, si bien cierto que todas nos sitúan en el pelotón de cabeza-, y (2) «la disminución prolongada de las tasas de natalidad», variando «la tasa de dependencia de los pensionistas».
Y la otra causa de la reforma -siguiendo la explicación de la Exposición de Motivos-, que se enuncia equívocamente como «reforzar la contributividad del Sistema» -esto es un remedio, pero no una causa-, es la «progresiva disminución del periodo de actividad laboral» que opera en dos sentidos: «por un lado, los años de formación y de estudio de los jóvenes se han prolongado y su acceso al mercado de trabajo, por esa razón, se ha retrasado en relación con la edad a la que era habitual su incorporación en pasadas generaciones; por otro lado, la tasa de participación de las personas mayores de 50 años sigue siendo insuficiente». Aquí se elude hábilmente vincular la «progresiva disminución de la actividad laboral» al desempleo.
Tal situación -según concluye la Exposición de Motivos- «no es solo propia de España, sino común al resto de los países de nuestro entorno», con lo cual el legislador culmina su hipócrita tarea de difuminar su culpa en la existencia de las causas. Ciertamente, los Estados miembros de la Unión Europea han acometido reformas en el mismo sentido de ampliar la edad de jubilación e incrementar los periodos de cálculo de la cuantía de pensión. Pero no podemos olvidar las importantes peculiaridades de España. La única a la que se alude en la Exposición de Motivos, que es la derivada del rápido incremento de la esperanza de vida, alude de nuevo a un elemento sobre el cual el legislador -los Poderes Públicos- no tendrían culpa directa.
Sin embargo, la Exposición de Motivos se olvida de dos peculiaridades que, aún apreciables en toda la Unión Europea, están más marcadas en el mercado laboral español: el elevado nivel de desempleo y la situación laboral de las mujeres. Y, al reforzar la contributividad, son precisamente desempleados y mujeres quienes tendrán más dificultad de obtener pensiones dignas. La Ley 27/2011, que se olvida de esos colectivos en la parte expositiva, tampoco hace mucho al respecto en su parte articulada, limitándose a mitigar levemente el impacto de algunas reformas -en especial a través de amplias transitoriedades-, y, en relación con las mujeres, a una tímida mejora de beneficios para el cuidado de hijos.
De este modo, si el reforzamiento de la contributividad supondrá un acercamiento cada vez mayor a las técnicas del aseguramiento privado, marginando a un segundo plano la solidaridad y conduciéndonos, dicho en resumen, a la filosofía de que «cada palo aguante su vela», ese reforzamiento de la contributividad generará situaciones de aún mayor inequidad en relación con los trabajadores con largos periodos de desempleo y en relación con las mujeres dedicadas al cuidado de la familia. Aquí, sin embargo, no hemos seguido el ejemplo de las políticas de empleo o de igualdad que, a pesar de no tener ni tanto desempleo ni tanta desigualdad, realizan otros países europeos -como Alemania o Suecia-.
Hecha esta aproximación a la Ley 27/2011, desde la perspectiva material de la política legislativa, quedaría incompleta nuestra introducción si no acometiésemos una aproximación desde la perspectiva formal de la técnica legislativa, donde la norma merece profunda crítica. Sobre todo, atendiendo al desequilibrio entre el número de artículos -9 artículos- y el número de disposiciones extravagantes -52 disposiciones adicionales, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única y 12 disposiciones finales-. Únase a esto que en las normas afectadas -ocho leyes y un real decreto- se introducen más adicionales y transitorias -en especial, en la LGSS-. Contiene, además, demasiada propaganda legal.
Finalizaremos esta aproximación a la Ley 27/2011, destacando su complejo régimen de entrada en vigor, cuestión abordada en la disp.final.12ª, donde se establece, como norma general, el 1-1-2013, salvo el art.3.3, cuya entrada en vigor se demora al 1-1-2014, y salvo determinadas disposiciones extravagantes, cuya entrada en vigor se adelanta, bien al día siguiente de la publicación en el boletín oficial del estado -las disp.adic.1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 7ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 22ª, 23ª, 25ª, 30ª, 31ª, 32ª, 33ª, 35ª, 36ª, 37ª, 39ª, 42ª y 45ª, y las disp.finales.2ª, 3ª, 5ª, 6ª y 7ª, apartados 1 a 5-, o bien al 1-1-2012 -las disp.adic.18ª y 40ª-.

II. LA REFORMA DE LA JUBILACIÓN ORDINARIA

 

La L 27/2011 art.4, es el auténtico epicentro de la reforma al afectar a los elementos esenciales de la prestación por excelencia de la Seguridad Social -o sea, la jubilación-, pudiéndose resumir la reforma -sin perjuicio de otras modificaciones de menor alcance- de una manera bastante sencilla: la edad ordinaria de jubilación se amplia de 65 años a 67 años; el periodo de cálculo de la base reguladora se amplía de los 180 meses a los 300 meses inmediatamente anteriores al hecho causante; y el porcentaje aplicable en función de los años cotizados se acompasa de una manera casi exacta a los años cotizados. Reformas todas ellas acompañadas de amplios periodos de transitoriedad.

a. La edad ordinaria de acceso a la jubilación

 

La L 27/2011 art.4.1, modifica la LGSS art.161.1.a, donde antes se establecía, como condición para ser beneficiario de pensión contributiva de jubilación, «haber cumplido 65 años de edad», para pasar a establecer «haber cumplido 67 años de edad, o 65 años cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias», añadiéndose que «para el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a un año o un mes las fracciones de los mismos». Aunque la previsión será totalmente efectiva desde el 1.1.2027 (1).
La previsión de que «para el cómputo de los años y meses de cotización se tomarán años y meses completos, sin que se equiparen a un año o un mes las fracciones de los mismos», se aplica -a la vista de su colocación sistemática dentro de la LGSS art.161.1.a- a los efectos del cálculo de los 38 años y 6 meses de cotización para la posible anticipación de la edad de jubilación a los 65 años. Pero no se aplica a los efectos de cumplir las exigencias de cotización establecidas en la LGSS art.161.1.b -no en la a-, en relación con las cuales sigue vigente la OM 18-1-1967 art.9.1, que equipara la fracción de año a un año completo de cotización.

b. El periodo de cálculo de la base reguladora

 

La L 27/2011 art.4.3, modifica la LGSS art.162.1, donde antes se establecía que «la base reguladora de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será el cociente que resulte de dividir por 210, las bases de cotización del beneficiario durante los 180 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante», para pasar a establecer como cociente 300 -en vez de 180- y como divisor 350 -en vez de 210-. De nuevo se trata de una norma con amplia transitoriedad, que se complica porque se distingue entre una transitoriedad normal (2) y otra más acelerada en el supuesto de cese en el trabajo por causa no imputable al trabajador (3).
Además de esta modificación, se acomete -asimismo en la L 27/2011 art.3.4 – una profunda revisión del mecanismo de cobertura de lagunas regulado en la LGSS art.162.2. Con anterioridad, la cobertura de lagunas se realizaba «con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento para trabajadores mayores de 18 años». Tras la reforma, la cobertura de lagunas se realiza a través de tres reglas que -en comparación con la regla única anterior- benefician a quienes, habiendo cotizado a lo menos 24 meses en los 36 anteriores al hecho causante, tienen lagunas no más allá de 48 meses -si no superan los 24 es como si no tuvieran lagunas-.
La primera regla -de redacción compleja- establece que «si durante los 36 meses previos al período que ha de tomarse para el cálculo de la base reguladora existieran mensualidades con cotizaciones, cada una de las correspondientes bases de cotización dará derecho, en su cuantía actualizada, a la integración de una mensualidad con laguna de cotización y hasta un máximo de veinticuatro, a partir de la mensualidad más cercana al hecho causante de la pensión, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente», añadiendo que, «en ningún caso, la integración podrá ser inferior al 100% de la base mínima vigente en la fecha correspondiente a la mensualidad que es objeto de integración».
Más sencillas son la segunda y la tercera regla. Las 24 mensualidades con lagunas más próximas al periodo al que se refiere la primera regla, se integrarán con el 100% de la base mínima vigente en la fecha correspondiente a la mensualidad que es objeto de integración, y las restantes mensualidades con lagunas de cotización se integrarán con el 50 por 100 de la base mínima vigente en la fecha correspondiente a la mensualidad que es objeto de integración. Estas dos reglas -especialmente la tercera- reducirán significativamente la cuantía de las pensiones de jubilación de quienes hayan cotizado solo 15 años -y más aún la reducirán cuando no se haya cotizado en los 36 meses anteriores al hecho causante-.
No parece que el legislador tenga muy claro que lo que establece es lo que quiere a la vista de que, en la L 27/2011 disp.adic.8ª, se afirma que «el Gobierno evaluará en el plazo de un año los efectos y el impacto que sobre las variables para determinar el cálculo de las pensiones tendrá… la fórmula de integración de lagunas», añadiendo que «en función de los resultados de dicha evaluación se llevarán a cabo las adaptaciones, modificaciones y cambios que resulten precisos para corregir las distorsiones que tal evaluación haya evidenciado». Obsérvese que la evaluación será anterior a la entrada en vigor de la norma a evaluar -el 1-1-2013-, lo que es un claro contrasentido.

c. El porcentaje aplicable en función de los años cotizados

 

La L 27/2011 art.4.5, modifica la LGSS art.163.1, donde antes se establecía, para calcular el porcentaje aplicable, que «por los primeros 15 años cotizados: el 50%; por cada año adicional de cotización, comprendido entre el 16º y el 25º, ambos incluidos: el 3%; (y) por cada año adicional de cotización, a partir del 26º: el 2%», para pasar a establecer que, «a partir del año 16º, por cada mes adicional de cotización, comprendidos entre los meses 1 y 248, se añadirá el 0,19%, y por los que rebasen el mes 248, se añadirá el 0,18%». Normas de nuevo con reglas transitorias (4).
De este modo, el premio a las carreras cortas de cotización que suponía atribuir la mitad de la pensión a quien reunía el mínimo de carencia y, a partir de ahí, establecer dos tramos de los 16 a los 25 años y de los 26 a los 35 años, se mitiga en gran medida en cuanto, aunque se mantiene el suelo de la mitad de la pensión a quien reúna el mínimo de carencia -que verá afectada la cuantía de su pensión no por el juego de los porcentajes sino por el juego del periodo temporal de cálculo de la base reguladora y la cobertura de lagunas-, el tránsito del primer tramo al segundo tramo se retrasa hasta el mes 248 a contar desde los 15 años -es decir, a 35 años y 8 meses-, y el máximo de porcentaje se alcanza con 37 años -y no con 35-.

d. La prolongación de la vida activa

 

Si analizamos la prolongación de la vida activa desde la perspectiva del trabajador, lo relevante es evitar la discriminación de los trabajadores maduros, y de ahí la gradual deslegitimación de la jubilación forzosa, que, desde la L 14/2005, se admite en convenio colectivo solo bajo rígidas exigencias. La L 27/2011, endurece -en su disp.adic.36ª, que modifica el ET disp.adic.10ª – la exigencia ligada a la garantía de pensión del trabajador afectado, que antes se concretaba en la cotización mínima exigida para la pensión, y ahora se concreta en la cotización que permita aplicar un porcentaje de un 80% a la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión (5).
Si analizamos la prolongación de la vida activa desde la perspectiva del Sistema de la Seguridad Social, la cuestión no es tan sencilla porque obliga a valorar, en términos de ahorro en el pago de futuras pensiones, si vale la pena incentivar, y, en caso de que valga la pena, hasta donde vale la pena hacerlo, la prolongación de la vida activa a través de bonificaciones para el empresario y de beneficios para el trabajador. La dificultad de la cuestión contrasta con el -hasta el momento, aunque acaso la crisis obligue a muchos padres o madres a continuar trabajando- escaso colectivo que está dispuesto a prolongar su vida activa, incluso mediando beneficios -normalmente se trata de trabajadores autónomos o de personal directivo-.
La L 27/2011, acomoda las medidas de bonificación de cotización de empresarios y trabajadores autónomos a la nueva edad ordinaria de jubilación -art.2- (6) y perfecciona los beneficios dirigidos a los trabajadores, consistiendo las mejoras en que el porcentaje adicional que se concedía a quien demoraba su jubilación por cada año completo de demora, que antes era el 2% o el 3% si se habían cotizado al menos 40 años al cumplir la edad ordinaria de acceso a la jubilación, ahora es del 2% si se han cotizado hasta 25 años, del 2,75% si entre 25 y 37, y del 4% si más de 37 -LGSS art.163.2, conforme la redacción que se le da la L 27/2011 art.4.5 – (7).

e. Compatibilidad del trabajo con la pensión de jubilación

 

Sorpresivamente -en la medida en que lo lógico sería que todas las reformas de la pensión ordinaria de jubilación las encontrásemos en la L 27/2011 art.4 -, la L 27/2011 disp.adic.31ª, añade un nuevo apartado, LGSS art.165.4, donde se establece que «el percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales no superen el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual», aclarando que «quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar» y que las que no coticen «no generarán nuevos derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social».
Por lo demás, la L 27/2011 disp.adic.37ª, establece que «el Gobierno presentará un proyecto de ley que regule la compatibilidad entre pensión y trabajo», y que «mientras no se produzca esta regulación, se mantendrá el criterio que se venía aplicando con anterioridad a la entrada en vigor de la OM TIN/1362/2011», lo que supone la derogación de esa polémica Orden Ministerial, cuyo carácter polémico derivaba tanto de su contenido al modificar el criterio anterior permisivo de la compatibilidad entre trabajo y pensión de jubilación en las profesiones colegiadas, como de su forma, al introducir en una sin suficiente rango normativo una limitación de derechos subjetivos.

III. LA REFORMA DE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA

 

La L 27/2011 art.5, aborda la regulación de la jubilación anticipada, distinguiendo una modalidad, que ya existía y se modifica, derivada del cese en el trabajo no imputable a la libre voluntad del trabajador, y otra, que se regula ex novo, derivada de la voluntad del interesado -LGSS art.161 bis.2 -. Por lo demás, se mantienen, con leves retoques, la jubilación anticipada por trabajos de naturaleza excepcionalmente tóxica, peligrosa o insalubre (8), de personas con determinadas discapacidades (9) -ambas en la LGSS art.161 bis.1 -, y para los mutualistas a 1-1-1967 -LGSS disp.trans.3ª- (10). La que sí desaparece es la jubilación anticipada a los 64 años (11).
Además, la jubilación anticipada resulta afectada por la introducción -según la L 27/2011 art.4 – de un apartado LGSS art.163.3, que, a modo de disposición común a todas las jubilaciones anticipadas con aplicación de coeficientes reductores (12), establece, en orden a determinar la cuantía de la pensión, que la aplicación, en su caso, de coeficientes reductores se hará sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el porcentaje que corresponda por meses de cotización, sin que el importe de la pensión resultante pueda ser superior a la cuantía resultante de reducir el tope máximo de pensión en un 0,25% por cada trimestre o fracción de trimestre de anticipación.

a. La jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador

 

Tal modalidad de jubilación anticipada, que ya existía, se modifica en tres extremos. El primero, se exige, como requisito de acceso, 33 años cotizados -antes eran 30-. El segundo, se delimitan las causas de cese habilitantes del acceso a esta jubilación al exigir que el cese se haya producido como consecuencia de «situación de crisis o cierre de la empresa que impida objetivamente la continuidad de la relación laboral», y que se trate de despido colectivo o individual por causas económicas, extinción autorizada en concurso de acreedores, muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, extinción de la personalidad jurídica del contratante, fuerza mayor, o extinción de la trabajadora víctima de violencia de género.
Y la tercera de las modificaciones es en cuanto a los coeficientes reductores de la pensión de jubilación anticipada, estableciéndose por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación (LGSS art.161.1.a), un coeficiente del 1,875%por trimestre para los trabajadores con menos de 38 años y 6 meses cotizados, y del 1,625% por trimestre para los trabajadores con 38 años y 6 meses cotizados o más. A los efectos de determinar dicha edad legal de jubilación se consideran cotizados los años que le resten al interesado desde la fecha del hecho causante hasta el cumplimiento de la edad que le corresponda.

b. La jubilación anticipada por voluntad del interesado

 

Tal modalidad de jubilación anticipada, que es nueva, exige cumplir tres requisitos: a) Tener cumplidos los 63 años de edad, sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior. b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias, y a estos exclusivos efectos se computa como cotizado a la Seguridad Social el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año. c) Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de jubilación, el importe de la pensión ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los 65 años de edad, de modo que, en otro caso, no puede acceder a esta fórmula de jubilación anticipada.
La regulación de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada por voluntad del interesado resulta una copia de la establecida para los coeficientes reductores de la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador.

IV. LA REFORMA DE LA JUBILACIÓN PARCIAL

 

La L 27/2011 art.6, aborda la reforma -de no mucha profundidad- de la LGSS art.166. La jubilación parcial regulada en el apartado 1 se refiere, ahora, a «los trabajadores que hayan cumplido la edad a que se refiere la LGSS art.161.1.a» -antes se refería a los que habían cumplido la edad de 65 años-.
La jubilación parcial regulada en el apartado 2 se refiere a la jubilación parcial asociada a la suscripción de un contrato de relevo -que es obligatoria si el trabajador no han cumplido la edad del art.161.1.a-, yendo las reformas en las líneas de flexibilización de las exigencias de la jubilación parcial y de abaratamiento de costes para la Seguridad Social:
a) Se reduce a 25 años -la norma general son 30 años- el periodo previo de cotización del jubilado parcial «en el supuesto de personas con discapacidad o trastorno mental» -introduciendo la norma el curioso concepto de trastornado mental, que se supone es diferente al de discapaz porque, si no es así, no tendría sentido hacer referencia a ambos conceptos-.
b) Se elimina la exigencia de requerimientos específicos del trabajo realizado por el jubilado parcial -que se determinarían reglamentariamente- cuando el puesto de trabajo de éste no pueda ser el mismo o uno similar que el que vaya a desarrollar el trabajador relevista, de modo que el puesto de trabajo de éste puede ser distinto al de aquél sin ningún condicionante.
c) Se añade una norma -esta es la reforma tendente al abaratamiento de los costes- conforme la cual, «sin perjuicio de la reducción de jornada a que se refiere la letra c), durante el periodo de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de cotización que, en su caso, hubiere correspondido de seguir trabajando éste a jornada completa».
Además, la L 27/2011, acomoda, sin introducir ninguna otra novedad en la regulación sustantiva, la regulación del contrato de relevo del ET art.12.6 y 7, a las novedades introducidas en el nuevo LGSS art.166 (13), y establece disposiciones transitorias respecto a las reformas de la jubilación parcial (14).

V. LA REFORMA DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE

 

La L 27/2011 art.3, modifica la LGSS art.140.1.b, con la finalidad de adecuar su redacción a las modificaciones realizadas en relación con la pensión de jubilación, de un lado, sustituyendo la referencia que, en la LGSS art.140.1.b, se hacía a «la edad de 65 años», por la referencia a «la edad ordinaria de jubilación vigente en cada momento», y, de otro lado, para trasladar miméticamente a la LGSS art.140.4, lo establecido en orden a la cobertura de lagunas en la LGSS art.162.2, según la redacción que se le ha dado en la L 27/2011 art.4.3.
Más llamativas son las reformas que -en la L 27/2011 art.3 – se hacen en la LGSS art.141, en orden a las «compatibilidades en el percibo de prestaciones económicas por invalidez permanente», estableciendo la nueva redacción de la LGSS art.141.1, que «en caso de incapacidad permanente total para la profesión que ejercía el interesado», añadiendo «o del grupo profesional en que aquélla estaba encuadrada», la pensión vitalicia correspondiente será compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta, añadiendo «siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la incapacidad permanente total».
Según la Exposición de Motivos, la norma solo tiene una finalidad de clarificación, no de innovación, en especial en relación con colectivos donde existen funciones de segunda actividad, como bomberos o policías. Pero lo cierto es que la compatibilidad atiende al examen de las funciones del grupo profesional, no a la identidad de la profesión y de las tareas, que eran los criterios hasta ahora barajados en la jurisprudencia. ¿Conlleva esto una restricción del criterio anterior que permitía, por ejemplo, la compatibilidad de la pensión con la segunda actividad de un bombero? La jurisprudencia ya advierte que su criterio puede cambiar tras entrar en vigor la L 27/2011 -TS 10-10-11, Rec 4611/11-.
Además, la L 27/2011 art.3, añade un apartado 3 -el 2, dicho sea de paso, se mantiene sin alteraciones en su redacción anterior- a la LGSS art.141 donde se establece que «el disfrute de la pensión de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez a partir de la edad de acceso a la pensión de jubilación será incompatible con el desempeño por el pensionista de un trabajo, por cuenta propia o por cuenta ajena, que determine su inclusión en alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, en los mismos términos y condiciones que los regulados para la pensión de jubilación en su modalidad contributiva en el apartado 1 del artículo 165 de esta Ley».
De este modo, la compatibilidad entre la pensión de incapacidad permanente absoluta para toda profesión u oficio con el trabajo que, con la finalidad de favorecer la integración de la persona discapaz, se admitía en la jurisprudencia -TS 30-1-08, Rec 480/07-, se limita ahora desde la edad de acceso a la pensión de jubilación porque, según se explica en la Exposición de Motivos, esa finalidad de favorecer la reinserción «pierde su sentido después del cumplimiento de la edad de jubilación». Lo que llama poderosamente la atención es que, atendiendo a esa misma finalidad, no se haya extendido la incompatibilidad al inválido total, a quien, sea cual sea su edad, se le aplica -a lo que parece- el apartado 1.
Una última reforma se contiene en la L 27/2011 art.3, en relación con la incapacidad permanente, y es la adición de un nueva LGSS disp.adic.46ª, donde, bajo la rúbrica «lesiones permanentes no invalidantes», se establece que «el Ministerio de Trabajo e Inmigración procederá a actualizar los importes, según baremo, de las lesiones permanentes no invalidantes, derivadas de contingencias profesionales, reconocidas por la Seguridad Social». No se resuelve la crítica más extendida a la institución, que es no contemplar situaciones intermedias con la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual a pesar de las distancias entre las dos respuestas indemnizatorias.

VI. LA REFORMA DE LA MUERTE Y SUPERVIVENCIA

 

Aunque conforme a una correcta sistemática lo propio sería encontrar las reformas de las prestaciones por causa de muerte y supervivencia en el articulado de la L 27/2011, lo cierto es que -en un nuevo defecto de técnica legislativa- las encontramos en sus disposiciones extravagantes, a saber en la L 27/2011 disp.adic.30ª y en la disp.final.7ª las reformas aplicables a la pensión de viudedad, y en la disp.adic.1ª la reformas aplicables a la pensión de orfandad. Lo que continúa durmiendo el sueño de los justos es la promesa de la L 40/2007 disp.adic.25ª, de una «reforma integral de la pensión de viudedad».

a. La viudedad

 

La L 27/2011 disp.adic.30ª, habilita al Gobierno para que, a partir de 1-1-2012, mejore la cuantía de la pensión de pensionistas con 65 o más años y sin derecho a otras prestaciones públicas, sin ingresos del trabajo y con rendimiento o rentas inferiores al límite de ingresos establecido para la pensión mínima de viudedad, y anuncia una modificación legal para que se regule un mecanismo corrector de la progresividad del impuesto de la renta en el caso de pensiones de viudedad que se acumulen exclusivamente con rentas procedentes del trabajo. Pero el RDL 20/2011 disp.adic.9ª, ha aplazado sine die su aplicación.
Y la L 27/2011 disp.final.7ª.9, introduce un segundo apartado en la LGSS disp.trans.18ª, según el cual «también tendrán derecho a la pensión de viudedad las personas que se encuentren en la situación señalada en el primer párrafo del apartado anterior, aunque no reúnan los requisitos señalados en el mismo, siempre que se trate de personas con 65 o más años, no tengan derecho a otra pensión pública y la duración del matrimonio con el causante de la pensión no haya sido inferior a 15 años». Se sigue así parcheando el dislate que supuso modificar las pensiones de viudedad de cónyuges históricos en la L 40/2007, sin transitorias (15).
Estamos ante una norma con muchos problemas y que, muy probablemente, causará importante litigiosidad. De entrada, no es claro el alcance de la remisión a «las personas que se encuentren en la situación señalada en el primer párrafo del apartado anterior», que se puede entender se refiere a personas separadas o divorciadas antes del 1-1-2008, o se refiere, además, a la exigencia de no haber transcurrido un tiempo superior a 10 años entre separación o divorcio y fallecimiento del causante. A nuestro juicio, lo primero. En otro caso, a la vista de las exigencias del apartado primero -matrimonio de 10 años e hijos o edad superior a 50 años-, el segundo se quedaría sin ámbito posible en su aplicación práctica.
Cuestión muy problemática es a cuáles hechos causantes se aplica este nuevo supuesto de transitoriedad: ¿solo a los fallecimientos acaecidos desde la entrada en vigor de la L 27/2011, es decir el 1-1-2013, porque el nuevo apartado segundo se introduce en esa Ley? ¿También a los acaecidos desde la entrada en vigor de la L 40/2007, es decir el 1-1-2008, porque lo pretendido por la L 27/2011, es cubrir la laguna de ésta en cuanto a normas transitorias? ¿O una fecha intermedia porque la LGSS disp.adic.18ª.1, al cual se remite el segundo, se introdujo en la L 26/2009, en vigor desde 1-1-2010?

b. La orfandad

 

La L 27/2011 disp.adic.1ª, modifica la LGSS art.175 para ampliar las edades máximas de disfrute de las pensiones de orfandad: la edad máxima general pasa de 18 años a 21 años, y la edad máxima cuando el huérfano no efectúe un trabajo lucrativo o cuando sus ingresos sean inferiores en cómputo anual a la cuantía vigente para el salario mínimo interprofesional, pasa de 22 años ó 24 años si es un huérfano absoluto con discapacidad, a 25 años en todos los casos, prorrogándose además, si estuviera cursando estudios y si cumpliera 25 años durante el transcurso del curso escolar, hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico (16).

VII. LOS COMPLEMENTOS PARA PENSIONES INFERIORES A LA MÍNIMA

 

La L 27/2011, dedica su artículo 1 a regular los complementos para pensiones inferiores a la mínima, reformando al efecto la LGSS art.50, que de tener un solo párrafo pasa a tener dos apartados, cada uno con varios párrafos. Sin duda alguna, la novedad más destacada -aunque más bien es la única porque lo demás es simplemente elevar a rango de ley lo que ya se regulaba en los decretos anuales de revalorización de pensiones- es la limitación de la cuantía a la de las pensiones no contributivas, diferenciando según si hay o no cónyuge a cargo (17), buscando a través de la medida -según su Exposición de Motivos- una «adecuada coordinación de las esferas contributiva y no contributiva».
Al lado de esta novedad, el nuevo LGSS art.50 -elevando a rango de ley lo que ya se regulaba en los decretos anuales de revalorización de pensiones- realiza continuas remisiones al derecho fiscal en orden al concepto de rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, y en orden a los gastos deducibles en los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, de actividades económica o de bienes inmuebles -sin aludir, por cierto, a los de bienes muebles- (18). Por lo demás, y en la línea de reforzar el carácter asistencial de los complementos de mínimos, se limita su percepción a quienes residan en territorio español, dándoles carácter de inexportables (19).

VIII. LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES

 

La L 27/2011 art.7, introduce una nueva LGSS disp.adic.48ª, donde, bajo la rúbrica, «ampliación de la cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales», se establece que «con efectos de 1-1-2013, la protección frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales formará parte de la acción protectora obligatoria de todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social con respecto a los trabajadores que causen alta en cualquiera de los mismos a partir de la indicada fecha». Se elimina así la voluntariedad que aún mantenía la cobertura del riesgo profesional en el trabajo autónomo (20).

IX. LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 

Una de las reformas más significativas de las pensiones en Alemania ha sido la implantación de un llamado «factor de sostenibilidad» que se dirige a frenar de manera automática el crecimiento inasumible de la cuantía de las pensiones si se incrementaba la esperanza de vida. Prevista su implantación desde 1997, su implantación definitiva acaeció en 2004. Cada 1 de julio se ajusta la cuantía de las pensiones en función -entre otros factores como la fluctuación de los salarios y la cotización por pensiones- de dicho factor de sostenibilidad que considera la esperanza de vida, la situación del mercado de trabajo y las oscilaciones del número de pensionistas -valorando, en resumen, la denominada tasa de dependencia-.
Quizás inspirándose en este modelo, si bien de una manera tan difusa que se hace difícil reconocerlo, la L 27/2011 art.8, introduce una nueva LGSS disp.adic.49ª, donde, bajo la rúbrica «factor de sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social», se establece que «con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán (cada cinco años) por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027».
No es ésta la única norma donde se manifiesta específicamente la preocupación legislativa por la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social. También esa preocupación -que realmente atraviesa toda la L 27/2011 – cristaliza en algunas disposiciones adicionales -ciertamente difusas como el art.8- sobre «alternativas de financiación complementaria» (21) y sobre «separación de fuentes de financiación» (22). Más concreta resulta la disp.adic.16ª sobre «expedientes de regulación de empleo que afecten a trabajadores mayores de 50 años en empresas en beneficios», fruto de la llamada «Enmienda Telefónica» (23), obligando a esas empresas a una aportación económica al Tesoro Público (24).

X. LOS PERIODOS DE OCUPACIÓN COTIZADA POR CUIDADO DE HIJOS

 

Sin duda sabedora de que la ampliación de la edad de jubilación y el incremento de los periodos de cálculo de la cuantía de pensión afectará especialmente a los derechos de pensión de las mujeres, con carreras de cotización más irregulares y con trabajos en la periferia del mercado debido a su dedicación a las tareas domésticas, la L 27/2011, dedica su art.9, con una finalidad compensadora de esa función social, a los «beneficios por cuidado de hijos», aunque, a pesar de tan rimbombante título, son beneficios de alcance previsiblemente muy escaso, sin que vayan a reducir la brecha pensional actual entre los sexos -las pensiones de las mujeres son casi un 40% inferiores a las de los hombres-.
Tal artículo contiene dos apartados. El primero introduce la LGSS disp.adic.60ª, rubricada «beneficios por cuidado de hijos o menores», en el cual se reconoce el cómputo como cotizado de 112 días por cada hijo o menor adoptado o acogido, una duración que «se incrementará anualmente, a partir del año 2013 y hasta el año 2018, hasta alcanzar el máximo de 270 días por hijo en el año 2019» -se trata de una norma imperativa, de modo que, aun sin desarrollo reglamentario, el periodo se debiera entender incrementado en 26,3 días cada año, es decir el resultado de dividir entre 6 años la diferencia entre 270 y 112-, o puede que antes si familia numerosa (25), en las condiciones y con los efectos siguientes:
– La cotización debe ser realmente interrumpida y debe ser realmente interrumpida a consecuencia «de la extinción de la relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones de desempleo producidas entre los 9 meses anteriores al nacimiento, o los 3 meses anteriores a la adopción o acogimiento permanente y la finalización del 6º año posterior a dicha situación», lo cual supone dejar fuera del beneficio a quienes -especialmente mujeres que, por cuidar a su familia, demoran su entrada en el mercado de trabajo- no se han incorporado al mercado de trabajo con anterioridad al embarazo, adopción o acogimiento permanente.
– El beneficio se reconoce a uno de los progenitores y en caso de controversia entre ellos se otorga el derecho a la madre. Se trata de una norma criticable porque lo propio sería individualizar el derecho -un derecho a cada progenitor- o distribuirlo según criterios predeterminados legal o reglamentariamente -por ejemplo, en proporción directa al tiempo en que cada uno de los progenitores interrumpió realmente su trabajo-. Al no hacerlo así, la controversia está servida en supuestos de nulidad, separación o divorcio, y la atribución siempre a la madre, de dudosa constitucionalidad porque difícilmente se puede considerar acción positiva, es incluso chocante en casos de custodia compartida o atribuida al padre.
– Es compatible el beneficio con «lo dispuesto en la LGSS disp.adic.44ª» -es decir con los periodos de cotización asimilados por parto, que, al estar vinculados al parto, son beneficios exclusivamente femeninos- y se aplicará «en cualquier régimen de Seguridad Social y a todos los efectos salvo para el cumplimiento del periodo mínimo de cotización exigido». También se aplicará «a los exclusivos efectos de determinar la edad de acceso a la jubilación prevista en la LGSS art.161.1.a», aplicándose a estos solos efectos con una duración de 270 días desde la entrada en vigor de la L 27/2011, -es decir, desde el 1-1-2013-.
– La regulación se completa estableciendo que «en cualquier caso, la aplicación de los beneficios establecidos en la presente disposición no podrá dar lugar a que el periodo del cuidado de hijo o menor, considerado como periodo cotizado, supere 5 años por beneficiario», una limitación que «se aplicará, de igual modo, cuando los mencionados beneficios concurran con los contemplados en la LGSS art.180.1» -aunque no cuando concurran con los contemplados en el 180.2, 3 y 4-. No se acaba de entender por qué, si se pretende favorecer a las familias numerosas, se establece dicha limitación de 5 años que -cuando el beneficio alcance los 270 días- no premiará por los hijos más allá del 6º.
La L 27/2011 art.9 apartado segundo, reforma la LGSS art.180.1 para ampliar el periodo de ocupación cotizada de los 2 primeros años de la excedencia para el cuidado de hijo -solo ampliable a 30 meses y a 36 meses si familia numerosa de categoría general o de categoría especial, respectivamente-, a los 3 años -lo cual absorbe las ampliaciones para familias numerosas-. Se trata de una norma que, a nuestro juicio, será más testimonial que efectiva porque, con la crisis de empleo que padece el país, difícilmente un trabajador o -quizás mejor- trabajadora estirará la excedencia hasta su duración máxima con el riesgo que ello conlleva de desprofesionalización.
Haciendo una recapitulación, no es difícil comprobar, de un lado, el avance lento -aunque es cierto que, desde 1990, en que se introdujo la LGSS art.180, ha sido sin pausa- en el reconocimiento de derechos tendentes a garantizar la continuidad de la carrera de seguro cuando se interrumpe el trabajo por causa del cuidado de hijos -o, en general, de familiares-, y, de otro lado, la distancia aún existente con otros ordenamientos europeos, como el alemán, donde se premia el cuidado del hijo hasta los 3 años, o si es dependiente hasta los 18 años, pudiéndose acumular esos premios si es simultánea la crianza de varios hijos, sin exigir estar o haber estado trabajando, y hasta acceder a la pensión de jubilación.
Quizás la conciencia de que se puede hacer más es lo que justifica que, en la L 27/2011 disp.adic.5ª, se haya encomendado «al Gobierno que en el plazo de un año presente en la Comisión no Permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo un estudio sobre las medidas a adoptar para impulsar los mecanismos que incorporen los periodos de atención y cuidado de los hijos, de las personas con discapacidad o personas en situación de dependencia, como elementos a considerar en las carreras de cotización de las mujeres… (evaluando) económicamente las medidas que se propongan, y también la actual regulación existente en el sistema de Seguridad Social».

XI. LA TENDENCIA EXPANSIVA DEL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 

Aunque tradicionalmente se ha hablado de la tendencia a la unidad en sus 4 vertientes de unidad normativa, estructural, protectora y organizativa, esa unidad se está concretando -en las últimas reformas y, en particular, en la L 27/2011- a través de una tendencia expansiva del Régimen General de la Seguridad Social, en el doble sentido de que el Régimen General tiende a integrar a los demás Regímenes, y de que los Regímenes que no se integran -paradigmáticamente, el de Trabajadores Autónomos- tienden a igualarse con el Régimen General. También manifestación de esa tendencia expansiva es la inclusión definitiva de los becarios en el Régimen General de la Seguridad Social.

a. El proceso de integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar

 

La L 27/2011 disp.adic.39ª.1, establece que «con efectos de 1-1-2012, el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar queda integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, mediante el establecimiento de un sistema especial para dichos trabajadores en los términos y con el alcance indicados en esta disposición y con las demás peculiaridades que se determinen reglamentariamente». De esta manera, la tan esperada integración de los empleados de hogar -aunque sería mejor decir empleadas de hogar- se ha producido a través de la creación de un Sistema Especial dentro del Régimen General de la Seguridad Social.
Con un detalle propio de norma reglamentaria, la disposición adicional citada regula la cotización -apartado 2-, y la acción protectora -apartado 3-, con un plazo de integración -apartado 4-, y habilitando al Gobierno para modificar la relación laboral especial del servicio del hogar familiar -apartado 5-, lo que se ha hecho a través del RD 1620/2011. También la L 27/2011, establece las reformas consiguientes en la LGSS -disp.adic.40ª-, y una reducción transitoria de cotizaciones -disp.trans.única-. Por lo demás, los servicios domésticos a través de empresas dan lugar -lo cual no es novedad- al alta en RGSS -disp.adic.17ª-.
Elementos centrales de la nueva regulación son: 1º. La cotización se equipara con el RGSS, con minuciosas normas transitorias hasta el 1 de enero de 2019 en orden al cálculo de las bases de cotización y en orden a los tipos de cotización aplicables, y con reducción de cotizaciones en 2012, 2013 y 2014 si la incorporación se hizo a 1 de enero de 2012. 2º. La acción protectora se equipara al RGSS, aunque con normas transitorias en algunos aspectos hasta el año 2018. 3º. Se excluye el desempleo. 4º. Mitigando el impacto de la equiparación en el empleador, la IT la abonará del 4º al 9º día -no del 4º al 15ª como es la norma en el RGSS-, no hay pago delegado, y se excluye la responsabilidad prestacional por contingencias profesionales.
La integración en el Sistema Especial obliga a realizar una comunicación a la TGSS «dentro del plazo de 6 meses naturales a contar desde el 1 de enero de 2012» a realizar por «los empleadores y las personas empleadas» procedentes del Régimen Especial de Empleados de Hogar «que hayan quedado comprendidos dentro del Régimen General de la Seguridad Social», empezando a aplicarse las normas del Sistema Especial desde el día primero del mes siguiente al de la comunicación y aplicándose hasta entonces las normas del Régimen Especial de Empleados de Hogar. Transcurrido el plazo sin haber comunicación, se establece lo siguiente:
– Los empleados a tiempo parcial o discontinuo para uno o varios empleadores «quedarán excluidos de dicho Sistema Especial, con la consiguiente baja en el Régimen General», lo cual levanta varias dudas razonables: ¿de qué baja se habla si nunca hubo alta en el RGSS? ¿Se quiere decir que se les mantiene en el viejo REEH? ¿O se quiere decir que quedan sin protección social en una suerte de bolsa de empleo sumergido?
– Los empleados a tiempo completo para un solo empleador comenzarán a cotizar, desde 1-7-2012, «con arreglo a la base establecida en el tramo superior de la escala», y, además, sin la reducción de cotizaciones aplicable si la incorporación se hizo a 1-1-2012.
Si hemos de realizar una lectura crítica de la integración del Régimen Especial de Empleadas de Hogar en el General, la debemos hacer poniendo el acento en que la legislación ha procedido, antes que nada, a ampliar el ámbito de la afiliación, alta y cotización, declarándolas obligatorias para todas las empleadas de hogar, dejando en contraposición para un futuro incierto la medida estrella para una real integración, que es la extensión de la protección por desempleo, algo sin duda más caro para el Erario Público. Desde luego sin negar el avance que supone la integración para las empleadas de hogar, se ve oscurecido cuando se observa que la integración es más completa cuando se trata de recaudar que cuando se trata de pagar.

b. Inclusión de los becarios en el Régimen General de la Seguridad Social

 

La L 27/2011, aborda la cuestión de los becarios en la disp.adic.3ª, rubricada «Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación», que habilita al Gobierno para, «en el plazo de 3 meses», establecer «los mecanismos de inclusión en la misma de los participantes en programas de formación financiados por organismos o entidades públicos o privados, que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, conlleven contraprestación económica para los afectados, siempre que, en razón de la realización de dichos programas, y conforme a las disposiciones en vigor, no viniesen obligados a estar de alta en el respectivo Régimen de la Seguridad Social».
Pero la L 27/2011 disp.adic.41ª, rubricada «estancias de formación, prácticas, colaboración o especialización», establece -como mandato normativo completo- que «las ayudas dirigidas a titulados académicos con objeto de subvencionar estancias de formación, prácticas, colaboración o especialización que impliquen la realización de tareas en régimen de prestación de servicios, deberán establecer en todo caso la cotización a la Seguridad Social como contratos formativos», añadiendo que «los programas de ayuda existentes a la entrada en vigor de esta Ley deberán adecuarse a lo dispuesto en la misma», en el plazo de 4 meses si ayudas financiadas con fondos públicos.
Sin duda dos disposiciones adicionales difíciles de cohonestar -la 3ª se encontraba en el proyecto gubernamental y la 41ª se incluyó en el trámite parlamentario a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán- en cuanto una establece una promesa de regulación y otra un mandato completo, sin redactarse de modo homogéneo ni el colectivo de sujetos afectados, ni las consecuencias jurídicas. Con el RD 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación, dictado en desarrollo de la disp.adic.3ª, se resuelven algunos de los puntos de fricción (26).

c. El proceso de homogeneización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos

 

Las modificaciones contenidas en la L 27/2011, en relación con el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos -además de la afectación que sobre el mismo supone la ampliación de la cobertura por contingencias profesionales establecida en la L 27/2011 art.7, y que, como hemos analizado en su oportuno momento, supone eliminar la voluntariedad en el aseguramiento de las contingencias profesionales de los trabajadores autónomos- se encuentran dispersas a lo largo de sus disposiciones extravagantes, consistiendo a veces en mandatos jurídicos perfectos o establecimiento de criterios generales y otras veces en normas anuncio, o propaganda legal, y regulando las siguientes materias:
. Reformas normativas relativas a la cotización: a) establecimiento de un criterio general -cuyo concreción cuantitativa se deja a la discusión anual con los agentes sociales implicados y previendo la demora de su aplicación en tanto se mantenga la situación de crisis económica- de crecimiento anual de las bases medias de cotización similar al crecimiento de las bases medias del Régimen General (27); b) reducción de la base de cotización de los autónomos dedicados a venta ambulante o a domicilio (28); c) atribución al trabajador autónomo de la facultad de elegir la base de cotización (29); d) fomento de la cotización más allá de la base mínima de los agrarios integrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (30).
A estas reformas normativas relativas a la cotización, se debe de añadir una norma anuncio, o propaganda legal, obligando al Gobierno a realizar un estudio sobre las cotizaciones de los trabajadores autónomos tendente a la convergencia de la financiación con la del Régimen General (31).
2º. Modificación de la exigencia de hallarse al corriente en el pago de las cuotas en supuestos de aplazamiento de pago de las cuotas adecuadas (32).
3º. Previsiones de futuro relativas a las prestaciones -obsérvese que, en esta materia, estamos ante meras normas anuncio, o de propaganda legal-: a) realización de estudios sobre la posibilidad de establecer la jubilación anticipada a los 61 años (33); b) realización de un estudio sobre la posibilidad de establecer un sistema específico de jubilación parcial (34). Para posibilitar esas reformas, se modifica el Estatuto del Trabajo Autónomo (35).
4º. Ampliación de coberturas de las Mutualidades de Previsión Social alternativas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (36).
5º. Exclusión de la protección del cese de actividad de los socios de cooperativas con un sistema intercooperativo de prestaciones sociales complementario del sistema público y con un nivel de cobertura similar (37).
6º. Afiliación, alta y cotización -en el régimen que correspondiese, aunque lo usual será en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos- de los cónyuges de titulares de establecimientos mercantiles a causa de nulidad, separación o divorcio, a cargo la cotización del negocio familiar (38).

XII. REFORMAS VARIAS Y PROPAGANDA LEGAL

 

Se completa el contenido de la L 27/2011, con una larga lista de disposiciones extravagantes que, junto a las usuales derogatoria y finales destinadas a detallar el título competencial en el cual el legislador se sustenta, a habilitar al Gobierno para el desarrollo reglamentario y a concretar la entrada en vigor (39), contempla -de manera muy desordenada- una serie de materias muy variadas que vamos a revisar panorámicamente -sin perjuicio de que las más significativas ya han sido analizadas a lo largo de nuestro estudio- agrupándolas en dos grandes bloques, uno donde se contienen auténticas normas jurídicas, y otro –normas anuncio o propaganda legal- publicitándose la acción de Gobierno.
En cuanto a las auténticas normas jurídicas contenidas en las disposiciones extravagantes de la L 27/2011, unas veces se recogen directamente (40), otras veces se reforma al efecto otra norma, lo cual ocurre con la LGSS (41), la LISOS (42), el RD 1851/2009, por el que se desarrolla la LGSS art.161 bis (43), el ET (44), la L 32/2010, por la que se establece un sistema de protección por cese de actividad de trabajadores autónomos (45), el EBEP (46), la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (47), la Ley reguladora del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (48), y la LETA (49).
En cuanto a las normas anuncio o propaganda legal, se pueden clasificar -siempre con riesgo de pérdida de matices, como ocurre con toda clasificación, lo cual aconseja, en todo caso, acudir a su lectura- en los siguientes apartados, en todos los cuales se encomienda la realización de la actividad de que se trata a Gobierno o Ministerio de Trabajo e Inmigración:
1º. Anuncio de modificaciones en materia de convenios especiales -disp.adic.2ª-, protección social de las personas que participan en programas de formación -3ª-, mutuas de accidentes -14ª-, actualización de los coeficientes reductores de la edad de jubilación -23ª-, cotización de los trabajadores a tiempo parcial y fijos discontinuos -29ª-, pensiones de viudedad a favor de pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública -30ª-, jubilación parcial de trabajadores autónomos -34ª-, pensiones de sacerdotes y religiosos secularizados -35ª-, compatibilidad de pensión de jubilación y trabajo -37ª-, y encuadramiento de profesionales sanitarios no incluidos en el Estatuto Marco del Personal Sanitario -48ª-.
Ya se han dictado algunas de las normas previstas en estas normas anuncio: OM TIN/3356/2011, de 30 de noviembre, sobre el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social -en desarrollo de disp.adic.2ª-; RD 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el RGSS de las personas que participan en programas de formación -en desarrollo de disp.adic.3ª-; y RD 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social -en desarrollo de disp.adic.23ª-.
2º. Elaboración de informes sobre correlación cotizaciones / salarios -disp.adic.4ª-, las carreras de cotización de las mujeres -5ª-, las bases máximas de cotización -10ª-, las alternativas de financiación complementaria -11ª-, la separación de fuentes de financiación -12ª-, la previsión social complementaria -19ª-, las cotizaciones de los trabajadores autónomos -20ª-, la reordenación integral de las prestaciones no contributivas -21ª-, las cotizaciones efectuadas por personal saharaui de empresas españolas antes de la retirada del Sahara Occidental -42ª-, la protección de los actores de doblaje -49ª-, y la situación de la deuda con la Seguridad Social de institución sanitaria pública o sin fin de lucro -50ª-.
3º. Autorizaciones para crear la -hace tanto anunciada y aún no implantada- Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social -disp.adic.7ª-, y para reforzar, desde la vertiente no contributiva, las pensiones de mayores en unidades económicas unipersonales -13ª-.
4º. Evaluaciones sobre los efectos de la aplicación de determinadas reformas o medidas, en concreto en orden a la cobertura de lagunas -disp.adic.8ª-, a los coeficientes reductores de la pensión en la jubilación anticipada y ampliadores por retraso en la edad de jubilación -24ª-, a la congelación de las pensiones y a la pérdida de su poder adquisitivo -32ª-, y a efectos de la prolongación de la vida laboral -44ª-.
5º. Mejora del tratamiento presupuestario a los recursos de Seguridad Social facilitando el control por el Parlamento -disp.adic.22ª-.
6º. Adopción de las medidas necesarias para cancelar, en un plazo de 10 años, en el balance patrimonial de la Seguridad Social los préstamos concedidos por el Estado para compensar las insuficiencias de financiación del INSALUD producidas por las Leyes de Presupuestos Generales previas a la separación de las fuentes de financiación -disposición adicional 38ª-.
7º. Desarrollo reglamentario de la hipoteca inversa -disposición adicional 43ª-, materia de dudoso encaje en la L 27/2011,-deslocalización normativa a la que, por desgracia, ya nos estamos acostumbrando y baste al efecto recordar que, en la L 40/2007, de Medidas de Seguridad Social, contiene una disp.adic.31ª, sobre «dispositivos de alerta en aparcamientos y garajes»-.

NOTAS:

 

(1) El apartado 2 del artículo 4 de la Ley 27/2001, de 1 de agosto, introduce una disposición transitoria, la 20ª, en la LGSS, rubricada «aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización», según la cual «las edades de jubilación y el período de cotización a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 161 se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro»:

Año Periodo cotizado Edad exigida
2013 35 años y 3 meses o más.
Menos de 35 años y 3 meses
65 años.
65 años y 1 mes.
2014 35 años y 6 meses o más.
Menos de 35 años y 6 meses
65 años.
65 años y 2 meses.
2015 35 años y 9 meses o más.
Menos de 35 años y 9 meses
65 años.
65 años y 3 meses.
2016 36 o más años.
Menos de 36
65 años.
65 años y 4 meses.
2017 36 años y 3 meses o más.
Menos de 36 años y 3 meses
65 años.
65 años y 5 meses.
2018 36 años y 6 meses o más.
Menos de 36 años y 6 meses
65 años.
65 años y 6 meses.
2019 36 años y 9 meses o más.
Menos de 36 años y 9 meses.
65 años.
65 años y 8 meses.
2020 37 o más años.
Menos de 37.
65 años.
65 años y 10 meses.
2021 37 años y 3 meses o más.
Menos de 37 años y 3 meses
65 años.
66 años.
2022 37 años y 6 meses o más.
Menos de 37 años y 6 meses
65 años.
66 años y 2 meses.
2023 37 años y 9 meses o más.
Menos de 37 años y 9 meses
65 años.
66 años y 4 meses.
2024 38 o más.
Menos de 38 años.
65 años.
66 años y 6 meses.
2025 38 años y 3 meses o más.
Menos de 38 años y 3 meses
65 años.
66 años y 8 meses.
2026 38 años y 3 meses o más.
Menos de 38 años y 3 meses
65 años.
66 años y 10 meses.
A partir del año 2027 38 años y 6 meses o más.
Menos de 38 años y 6 meses
65 años.
67 años.

(2) El apartado 4 del artículo 4 de la Ley 27/2001, de 1 de agosto, modifica la disposición transitoria 5ª de la LGSS, rubricada «normas transitorias sobre base reguladora de la pensión de jubilación», en la cual se establece -en su apartado primero, supuesto a denominar como de transitoriedad normal- que «lo previsto en el apartado 1 del artículo 162 de la presente Ley, se aplicará de forma gradual del siguiente modo: A partir de 1 de enero de 2013, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 224 las bases de cotización durante los 192 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. A partir de 1 de enero de 2014, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 238 las bases de cotización durante los 204 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. A partir de 1 de enero de 2015, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 252 las bases de cotización durante los 216 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. A partir de 1 de enero de 2016, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 266 las bases de cotización durante los 228 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. A partir de 1 de enero de 2017, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 280 las bases de cotización durante los 240 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. A partir de 1 de enero de 2018, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 294 las bases de cotización durante los 252 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. A partir de 1 de enero de 2019, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 308 las bases de cotización durante los 264 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. A partir de 1 de enero de 2020, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 322 las bases de cotización durante los 276 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. A partir de 1 de enero de 2021, la base reguladora de la pensión de jubilación será el resultado de dividir por 336 las bases de cotización durante los 288 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. A partir de 1 de enero de 2022, la base reguladora de la pensión de jubilación se calculará aplicando, en su integridad, lo establecido en el apartado 1 del artículo 162».
(3) Los apartados 2, 3 y 4 de la disposición transitoria 5ª de la LGSS regulan un supuesto de transitoriedad privilegiada «para quienes hayan cesado en el trabajo por causa no imputable a su libre voluntad, por las causas y los supuestos contemplados en el artículo 208.1.1 y, a partir del cumplimiento de los 55 años de edad y al menos durante veinticuatro meses, hayan experimentado una reducción de las bases de cotización respecto de la acreditada con anterioridad a la extinción de la relación laboral», en cuyo caso, si acceden a la jubilación «desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016», la base reguladora será el resultado de dividir por 280 las bases de cotización durante los 240 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, siempre que resulte más favorable que la que le hubiese correspondido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 -apartado 2-, y si acceden a la jubilación «desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021», la base reguladora será la establecida en el apartado 1 del artículo 162, siempre que resulte más favorable que la que le hubiese correspondido de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 -apartado 3-. La determinación de la base reguladora de la pensión, en los términos regulados en los apartados 2 y 3, resulta de aplicación a los trabajadores por cuenta propia o autónomos con respecto a los cuales haya transcurrido un año desde la fecha en que se haya agotado la prestación por cese de actividad, regulada en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, siempre que dicho cese se produzca a partir del cumplimiento de los 55 años de edad -apartado 4-. La aceleración del periodo de transitoriedad se justifica con la finalidad de beneficiar a aquellos trabajadores maduros cuyas cotizaciones se han reducido, o incluso desaparecido, después de un cese en el trabajo por causa que no les es imputable, suponiendo que a éstos les será más beneficioso aplicar la nueva norma que permite acudir a cotizaciones reales muy anteriores en el tiempo, de ahí que, en todo caso, estas normas de transitoriedad acelerada solo se aplican si ello es más favorable que aplicar la transitoriedad normal -y en ese extremo se insiste tanto en el apartado 1 como en el apartado 2-.
(4) El apartado 6 del artículo 4 de la Ley 27/2001, de 1 de agosto, introduce una disposición transitoria, la 21ª, en la LGSS, rubricada «aplicación de los porcentajes a atribuir a los años cotizados para la pensión de jubilación», según la cual «los porcentajes a que se refiere el número 2 del apartado 1 del artículo 163 serán sustituidos por los siguientes: Durante los años 2013 a 2019. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, el 0,21 por 100 y por los 83 meses siguientes, el 0,19 por 100. Durante los años 2020 a 2022. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106, el 0,21 por 100 y por los 146 meses siguientes, el 0,19 por 100. Durante los años 2023 a 2026. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el 0,21 por 100 y por los 209 meses siguientes, el 0,19 por 100. A partir del año 2027. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, el 0,19 por 100 y por los 16 meses siguientes, el 0,18 por 100». Como se ve, se reduce progresivamente el número de meses en los cuales el porcentaje a aplicar es mayor, aumentándose inversamente el número de meses en los cuales es menor.
(5) La disposición adicional 36ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, introduce en la disposición adicional 10ª del ET un inciso final de difícil entendimiento donde se afirma que «se habilita al Gobierno para demorar, por razones de política económica, la entrada en vigor de la modificación prevista en esta disposición adicional». Surge la primera duda en orden a qué disposición adicional se refiere, si a la del ET -en cuanto que ese inciso se incluye en la del ET-, o si a la de la Ley 27/2011, de 1 de agosto -en cuanto que ese inciso se refiere a una modificación que se ha introducido en esta Ley-. Además, esta habilitación choca con la entrada en vigor inmediata -es decir, a 2 de agosto de 2011, según se establece en la disposición final 12 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto- de la disposición adicional 36ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. En todo caso, el Gobierno no ha hecho aún uso de ella -y probablemente ya ha caducado-.
(6) El artículo 2 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, acomete la modificación del artículo 112 bis, sobre «cotización con 65 o más años», y de la disposición adicional 32ª, sobre «exoneración de cuotas respecto de los trabajadores por cuenta propia con 65 o más años», ambas de la LGSS, sustituyendo allí donde se decía «tener cumplidos 65 o más años de edad y acreditar 35 o más años de cotización efectiva a la Seguridad Social», por «se encuentren en alguno de estos supuestos: 65 años de edad y 38 años y 6 meses de cotización – 67 años de edad y 37 años de cotización», aclarando -a través de un apartado que aparece en ambas normas- que «si al cumplir la edad correspondiente a que se refiere el apartado anterior el trabajador no tuviere cotizados el número de años en cada caso requerido, la exención prevista en este artículo será aplicable a partir de la fecha en que se acrediten los años de cotización exigidos para cada supuesto». Además, el artículo 2 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, añade una nueva disposición adicional, la 45ª, a la LGSS, estableciendo -con el contenido de una transitoria- que, «con respecto a los trabajadores que hayan dado ocasión a las exenciones de la obligación de cotizar previstas en el artículo 112 bis y en la disposición adicional 32ª con anterioridad a 1 de enero de 2013 y que accedan al derecho a la pensión de jubilación con posterioridad a dicha fecha, el período durante el que se haya extendido dichas exenciones será considerado como cotizado a efectos del cálculo de la pensión correspondiente».
(7) Quizás a consecuencia de la no sencillez de la cuestión -a lo que se aludió en el texto principal- de la prolongación de la vida activa desde la perspectiva del Sistema de la Seguridad Social, ha llevado a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, a establecer, en su disposición adicional 44ª, que «el Gobierno, en el plazo de dos años, presentará un informe económico sobre los efectos producidos en la prolongación de la vida laboral, por la aplicación de coeficientes adicionales por retrasar la edad de jubilación». De este modo, la implantación legal de esos coeficientes reductores se encuentra en una especie de periodo de prueba.
(8) La disposición adicional 22ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, establece que «el Gobierno aprobará, en el plazo de un año, las normas necesarias sobre el procedimiento general de aprobación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en los distintos sectores y ámbitos de trabajo, adecuando en su caso los porcentajes actuales de cotización. A este fin, se realizarán los estudios necesarios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, en la que se tendrá también a estos efectos la turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de producción, la peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad». En desarrollo de esta norma, aunque sin agotarla -de modo que, en el futuro, se podrán actualizar las normas reglamentarias-, se ha aprobado el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
(9) La disposición adicional 18ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, reforma el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la LGSS en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento, consistiendo la reforma en la rebaja de 58 años a 56 años la edad mínima de jubilación -disposición adicional 18ª-. Al respecto de esta norma, la disposición final 6ª establece, en su apartado segundo, que «el Gobierno, por medio de real decreto, podrá modificar la redacción que la disposición adicional 18ª da al artículo 3 del Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre», evitando el efecto de congelación de rango que, de no decir nada el legislador, habría impidiendo hacia el futuro modificar la edad a través de un nuevo real decreto.
(10) La Ley 27/2011, de 1 de agosto, acomete, en su artículo 5, un cambio de redacción en la disposición transitoria 3ª de la LGSS, quedando redactada en los siguientes términos: «Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 podrán causar el derecho a la pensión de jubilación a partir de los 60 años. En tal caso, la cuantía de la pensión se reducirá en un 8 por 100 por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad de 65 años». Tal cambio de redacción está destinado a preservar inalterado el régimen jurídico sustantivo de la disposición transitoria 3ª de la LGSS, que, antes de la reforma, decía «le falte al trabajador para cumplir la edad que se fija en el apartado 1.a) del artículo 161». Como esa edad antes era fija a los 65 años y ahora ya no es fija, oscilando entre los 65 y los 67 años, se alude directamente a la de 65 años para evitar que, por la reforma directa del artículo 161.1.a) de la LGSS, se produzca la reforma indirecta de la disposición transitoria 3ª de la LGSS.
(11) La Ley 27/2011, de 1 de agosto, deroga específicamente, en su disposición derogatoria única, «el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio, por el que se acomodan, al amparo de lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, modificada por la Ley 32/1984, de 2 de agosto, las normas sobre anticipación de la edad de jubilación como medida de fomento del empleo, sin perjuicio de lo establecido en la disposición final décima». Tal remisión es errónea en cuanto la disposición final décima regula temas que nada tienen que ver con la jubilación anticipada a los 64 años. Sin duda alguna, la remisión se pretendió hacer a la disposición final duodécima, y, en relación con lo en ella establecido, adquiere sentido en relación con la letra b) de su apartado 2, de modo que, aún después de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se admitirá el acceso a la jubilación a los 64 años a «las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito y/o acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados o suscritos con anterioridad a la fecha de publicación de la presente Ley, con independencia de que la extinción de la relación laboral se haya producido con anterioridad o posterioridad al 1 de enero de 2013».
(12) Salvo la jubilación parcial anticipada, si consideramos que, en el Proyecto de Ley, se contenía una referencia específica a esa modalidad de jubilación desaparecida en el texto definitivo del artículo 163.3 de la LGSS. Probablemente esa inicial afectación de la jubilación parcial anticipada llevó a colocar esta norma en el artículo 163, en cuanto éste -referido a la cuantía de la pensión de jubilación- es aplicable tanto a la jubilación anticipada regulada en el 161 bis como a la jubilación anticipada parcial regulada en el 166. Pero eliminada la referencia específica a la jubilación parcial anticipada en el artículo 163.3, la norma se debió de trasladar al artículo 161 bis de la LGSS -que es donde se regula la jubilación anticipada-. No habiéndose hecho así, acaso puedan surgir algunas dudas desde una interpretación sistemática acerca de si en el artículo 163.3 de la LGSS se comprende la jubilación parcial anticipada.
(13) La disposición final 1ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, ofrece una nueva redacción completa de los apartados 6 y 7 del ET, aunque, si se comparan con la vieja redacción, se comprueba que los cambios son meramente de acomodación a los introducidos en el artículo 166 de la LGSS: allí donde se hacía referencia a los 65 años, ahora se hace referencia a la edad establecida en el artículo 166 y en la disposición transitoria 22ª de la LGSS; y se elimina la exigencia de requerimientos específicos del trabajo realizado por el jubilado parcial -que se habían de determinar reglamentariamente- cuando el puesto de trabajo de éste no pueda ser el mismo o uno similar que el que vaya a desarrollar el trabajador relevista.
(14) El apartado 3 del artículo 6 de la Ley 27/2001, de 1 de agosto, introduce una disposición transitoria, la 22ª, en la LGSS, rubricada «normas transitorias sobre jubilación parcial», estableciendo, en su apartado 1, que «la exigencia del requisito de la edad a que se refiere el apartado 1 y la letra f) del apartado 2 del artículo 166 se aplicará de forma gradual, conforme a lo previsto en la disposición transitoria vigésima de esta Ley», y, en su apartado 2, que «la base de cotización durante la jubilación parcial a que se refiere la letra g) del apartado 2 del artículo 166 se aplicará de forma gradual conforme a los porcentajes calculados sobre la base de cotización a jornada completa de acuerdo con la siguiente escala: a) Durante el año 2013, la base de cotización será equivalente al treinta por 100 de la base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa. b) Por cada año transcurrido a partir del año 2014 se incrementará un cinco por 100 más hasta alcanzar el cien por 100 de la base de cotización que le hubiera correspondido a jornada completa. En ningún caso el porcentaje de base de cotización fijado para cada ejercicio en la escala anterior podrá resultar inferior al porcentaje de actividad laboral efectivamente realizada».
(15) El primer parche dirigido a facilitar una transición moderada del sistema anterior a la Ley 40/2007, de 4 de diciembre -en el cual los cónyuges históricos accedían automáticamente a la pensión de viudedad-, al vigente -que obliga a los cónyuges históricos, para acceder a la pensión de viudedad, a ser acreedores de pensión compensatoria-, lo puso la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, que introdujo una disposición transitoria, la 18ª, en la LGSS, rubricada «norma transitoria sobre pensión de viudedad en supuestos de separación judicial o divorcio anteriores al 1 de enero de 2008», en la cual se establece que «el reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad no quedará condicionado a que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de la pensión compensatoria a que se refiere el segundo inciso del párrafo primero del apartado 2 del artículo 174 de esta Ley, cuando entre la fecha del divorcio o de la separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión de viudedad haya transcurrido un periodo de tiempo no superior a diez años, siempre que el vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de diez años y además concurra en el beneficiario alguna de las condiciones siguientes: a) La existencia de hijos comunes del matrimonio o b) Que tenga una edad superior a los 50 años en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión. La cuantía de la pensión de viudedad resultante se calculará de acuerdo con la normativa vigente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. En los supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta disposición transitoria, la persona divorciada o separada judicialmente que hubiera sido deudora de la pensión compensatoria no tendrá derecho a pensión de viudedad. En cualquier caso, la separación o divorcio debe haberse producido con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. Lo dispuesto en esta disposición transitoria será también de aplicación a los hechos causantes producidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, e igualmente les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 174, apartado 2, de esta Ley». Tras la Ley 27/2011, de 1 de agosto, esto conforma el primer apartado.
(16) El apartado 2 de la disposición final 1ª de la Ley 27/2001, de 1 de agosto, modifica la disposición transitoria 6ª bis de la LGSS, que se pasa a rubricar «aplicación paulatina del límite de edad a efectos de las pensiones de orfandad, en los casos de orfandad simple en los que el huérfano no trabaje», según la cual «en los casos previstos en el apartado 2 del artículo 175 de esta Ley, cuando sobreviva uno de los progenitores, el límite de edad determinante de la condición de beneficiario de la pensión de orfandad, será aplicable a partir de 1 de enero de 2014. Hasta alcanzar dicha fecha, el indicado límite será el siguiente: a) Durante el año 2012, de veintitrés años. b) Durante el año 2013, de veinticuatro años».
(17) De conformidad con el apartado 2 del nuevo artículo 50 de la LGSS, «el importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía establecida en cada ejercicio para las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva», y «cuando exista cónyuge a cargo del pensionista, el importe de tales complementos no podrá rebasar la cuantía que correspondería a la pensión no contributiva por aplicación de lo establecido en el apartado 1.1 del artículo 145 para las unidades económicas en las que concurran dos beneficiarios con derecho a pensión». Se contemplan dos matizaciones: (1) «Cuando la pensión de orfandad se incremente en la cuantía de la pensión de viudedad, el límite de la cuantía de los complementos a mínimos a que se refiere el párrafo anterior sólo quedará referido al de la pensión de viudedad que genera el incremento de la pensión de orfandad». (2) «Los pensionistas de gran invalidez que tengan reconocido el complemento destinado a remunerar a la persona que le atiende no resultarán afectados por los límites establecidos en este apartado». Además, se añade una disposición adicional, la 54ª, a la LGSS, donde -con una regulación más propia de una disposición transitoria- se aclara que «la limitación prevista en el apartado 2 del artículo 50 con respecto a la cuantía de los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones, no será de aplicación en relación con las pensiones que hubieran sido causadas con anterioridad a 1 de enero de 2013».
(18) De conformidad con el apartado 1 del nuevo artículo 50 de la LGSS, «los beneficiarios de pensiones del sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, que no perciban rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o que, percibiéndolos, no excedan de la cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, siempre que residan en territorio español, en los términos que legal o reglamentariamente se determinen. Los complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción por el pensionista de los rendimientos indicados en el párrafo anterior, cuando la suma de todas las percepciones mencionadas, excluida la pensión que se vaya a complementar, exceda el límite fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio. A efectos del reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones contributivas de la Seguridad Social, de los rendimientos íntegros percibidos por el pensionista, y computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se excluirán los siguientes: a) En los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, los gastos deducibles, de acuerdo con la legislación fiscal. b) En los rendimientos íntegros procedentes de actividades económicas, los gastos deducibles, de acuerdo con la legislación fiscal. c) En los rendimientos íntegros procedentes de bienes inmuebles, los gastos deducibles, de acuerdo con la legislación fiscal».
(19) Según se deduce del apartado 1 del nuevo artículo 50 de la LGSS -antes transcrito-. Además se añade una disposición adicional, la 54ª, a la LGSS, donde -con una regulación más propia de una disposición transitoria- se aclara que «el requisito de residencia en territorio español a que hace referencia el apartado 1 del artículo 50 para tener derecho al complemento para alcanzar la cuantía mínima de las pensiones, se exigirá para aquellas pensiones cuyo hecho causante se produzca a partir del día 1 de enero de 2013».
(20) La nueva disposición adicional 48ª de la LGSS añade que «esta protección obligatoria frente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales podrá desarrollarse en régimen de colaboración con la Seguridad Social, en los términos que reglamentariamente se establezcan, en el caso de socios de cooperativas comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que estas cooperativas dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, complementario al Sistema Público, que cubra estas contingencias y que dicho sistema intercooperativo cuente, con anterioridad al 1 de enero de 2013, con la autorización de la Seguridad Social para colaborar en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal». Tal especialidad se compadece con las especialidades asegurativas de este colectivo de trabajadores que, de conformidad con la disposición adicional 4ª de la LGSS, pueden optar entre su inclusión en el RGSS o en el RETA.
(21) De conformidad con la disposición adicional 11ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, «los Ministerios de Trabajo e Inmigración y de Economía y Hacienda y los agentes económicos y sociales, examinarán, en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la conveniencia de establecer posibles escenarios de financiación complementaria de nuestro Sistema de Seguridad Social en el medio y largo plazo».
(22) De conformidad con la disposición adicional 12ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, «el Gobierno buscará fórmulas que hagan compatibles los objetivos de consolidación y estabilidad presupuestaria con los de plena financiación de las prestaciones no contributivas y universales a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas, con especial interés en el cumplimiento de los compromisos de financiación mediante impuestos de los complementos a mínimos de pensiones», una abstrusa redacción de la cual se puede intuir que el Gobierno pretende -y dicho de entrada me parece que resulta una pretensión condenada al fracaso dada la situación de crisis económica- que las Comunidades Autónomas -y es que, si no, no se entiende a qué Administraciones Públicas se refiere que no sea la General del Estado- se hagan cargo de los complementos a mínimos, lo cual, en relación con las mejoras de las cuantías de las prestaciones no contributivas, habían hecho en periodos de bonanza económica algunas Comunidades Autónomas -y se consideró era constitucional en la STC 239/2002, de 11 de noviembre-.
(23) Durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, la empresa Telefónica hizo público el inicio de un expediente de regulación de empleo que afectaría, según sus propias estimaciones, a más de 8.000 trabajadores, a través de prejubilaciones de trabajadores mayores de 50 años, lo que motivó un importante debate público a causa de tener esa empresa beneficios económicos. Al final, y aún no estando en vigor la Ley 27/2011, de 1 de agosto, la aprobación del expediente de regulación de empleo se vinculó a una aportación de 320 millones de euros al Tesoro Público, lo que le obligó a la empresa a reducir el número de trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo -al final afectó a unos 6.000-.
(24) La disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que ha sido modificada -ofreciendo una redacción más concreta dirigida a su directa aplicación- a través de la disposición final 4ª del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, establece -en su apartado 1- que «las empresas que realicen despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad, deberán efectuar una aportación económica al Tesoro Público, siempre que en tales despidos colectivos concurran las siguientes circunstancias: a) Que sean realizados por empresas de más de 500 trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de empresas que empleen a ese número de trabajadores. b) Que afecten a trabajadores de 50 o más años de edad. c) Que, aún concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que los justifiquen, las empresas o el grupo de empresas del que forme parte hubieran tenido beneficios en los dos ejercicios económicos anteriores a aquél en que el empresario inicia el procedimiento de despido colectivo». Su regulación en detalle se contempla en los apartados 2 a 9 de la citada disposición adicional.
(25) Y es que la Ley 27/2011, de 1 de agosto, nos obsequia con otro spot de publicidad legislativa al establecer, en el apartado 2 de la nueva disposición adicional 60ª de la LGSS que, «en función de las posibilidades económicas del sistema de la Seguridad Social, podrán adoptarse las disposiciones necesarias para que el cómputo, como cotización efectiva, del periodo de cuidado por hijo o menor, en los términos contenidos en el párrafo primero del apartado anterior, se anticipe antes del 2018, en los supuestos de familias numerosas». En este caso, ni siquiera se compromete a hacerlo, sino que ya se verá.
(26) Según el apartado 1 del artículo 1 del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, «quedan asimilados a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, quienes participen en programas de formación financiados por entidades u organismos públicos o privados que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, no tengan carácter exclusivamente lectivo sino que incluyan la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades y conlleven una contraprestación económica para los afectados, cualquiera que sea el concepto o la forma en que se perciba, siempre que la realización de dichos programas no dé lugar a una relación laboral que determine su alta en el respectivo régimen de la Seguridad Social». Pero la disposición adicional 40 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, obliga a celebrar un contrato formativo, lo cual determinará una serie de efectos tanto en el ámbito de la relación laboral como en el ámbito de la Seguridad Social. Ciertamente, la cuestión se reconduce en gran medida porque, según el artículo 4 del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, «la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes y profesionales, así como su ingreso, se llevará a cabo aplicando las reglas de cotización correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje establecidas en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado y en sus normas de aplicación y desarrollo – no existirá obligación de cotizar por la contingencia de desempleo, así como tampoco al FOGASA ni por formación profesional».
(27) La disposición adicional 9ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, rubricada «adecuación del Régimen Especial de Autónomos», establece que, «al objeto de hacer converger la intensidad de la acción protectora de los trabajadores por cuenta propia con la de los trabajadores por cuenta ajena, las bases medias de cotización del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos experimentarán un crecimiento al menos similar al de las medias del Régimen General. En todo caso, la subida anual no superará el crecimiento de las medias del Régimen General en más de un punto porcentual. Las subidas de cada año, así como cualquier otra modificación sustancial del sistema, se debatirán con carácter previo en el marco del diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como con las organizaciones profesionales de trabajadores autónomos más representativas, y se consultará al Consejo Estatal del Trabajo Autónomo según establece el artículo 22 de la Ley 20/2007, y no serán aplicables los años en los que las crisis económicas tengan como efectos la pérdida de rentas o empleo en este colectivo. Se tendrá en cuenta la posibilidad, prevista en los artículos 25.3 y 27.2.c) del Estatuto del Trabajo Autónomo, de establecer exenciones, reducciones o bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores autónomos que, por su naturaleza, tienen especiales dificultades para aumentar su capacidad económica y de generación de rentas, o para aquellos sectores profesionales que de forma temporal puedan sufrir recortes importantes en sus ingresos habituales».
(28) La disposición adicional 15ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, rubricada «cotización a la Seguridad Social de trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio», establece que, «respecto a los trabajadores por cuenta propia dedicados a la venta ambulante o a domicilio, se establecerá una base mínima de cotización al Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos inferior a la fijada anualmente con carácter general para dicho régimen, en los términos y condiciones que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio». Tales reducciones de cotización venían siendo establecidas en las más recientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
(29) La disposición adicional 33ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, rubricada «cotizaciones adicionales de los trabajadores autónomos», establece que, «a partir del 1 de enero de 2012, y con carácter indefinido, los trabajadores del Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia o Autónomos podrán elegir, con independencia de su edad, una base de cotización que pueda alcanzar hasta el 220 por ciento de la base mínima de cotización que cada año se establezca para este Régimen Especial». Se eliminan así las limitaciones antes existentes en orden a la elección de las bases de cotización aplicables a trabajadores de más de 48 años de edad y, más intensamente, a trabajadores de más de 50 años de edad, unas limitaciones tendentes a evitar elevaciones indebidas de las bases de cotización en el periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación -a saber 15 años atrás desde los 65 años-. Al haberse elevado el periodo de cálculo de la base reguladora -de 15 a 25 años-, no tenía sentido mantener esas limitaciones, salvo -lo que sería del todo exagerado- que se aplicarán a los trabajadores de más de 40 años de edad.
(30) La disposición adicional 45ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, rubricada «tipo de cotización para trabajadores del sector agrario integrados en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos», establece que, «para los trabajadores del Régimen Especial Agrario por cuenta propia que se integraron en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos según Ley 18/2007, de 4 de julio, desde el año 2012 el tipo de cotización aplicable a la base de cotización elegida hasta una cuantía del 120 por ciento de la base mínima establecida para este régimen será el 18,75 por ciento». Hasta la Ley 27/2011, de 1 de agosto, el tipo de cotización era del 18,75 si se cotizaba por la base mínima, y del 26,50 si se cotizaba más allá de la base mínima, de modo que, al establecer que, si se cotiza más allá de la base mínima, el tipo es del 18,75, es decir el mismo aplicable si se cotiza por la base mínima, se pretende fomentar esa cotización adicional.
(31) La disposición adicional 20ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, rubricada «estudio sobre las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos», establece que «el Gobierno, en el plazo de un año, remitirá a la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados un estudio sobre las actuales cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en relación a los ingresos del sistema percibidos por los mismos, en relación al desarrollo de la recomendación número 4 del Pacto de Toledo», la cual se refiere a la financiación, simplificación e integración de Regímenes Especiales en el Régimen General.
(32) El apartado 6 de la disposición final 7ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, añade un nuevo párrafo a la disposición adicional 39ª de la LGSS en el sentido de que, «cuando al interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las cotizaciones a efectos del reconocimiento de una prestación, en virtud de un aplazamiento en el pago de las cuotas adeudadas, pero posteriormente incumpla los plazos o condiciones de dicho aplazamiento, perderá la consideración de hallarse al corriente en el pago y, en consecuencia, se procederá a la suspensión inmediata de la prestación reconocida que estuviere percibiendo, la cual solamente podrá ser rehabilitada una vez que haya saldado la deuda con la Seguridad Social en su totalidad. A tal fin, de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1.b) de esta Ley, la Entidad Gestora de la prestación podrá detraer de cada mensualidad devengada por el interesado la correspondiente cuota adeudada». En consecuencia, la suspensión durará hasta que el trabajador autónomo salde la deuda o ésta sea compensada con las prestaciones que se hubieran debido percibir.
(33) La disposición adicional 27ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, rubricada «anticipos del cese de actividad de trabajadores autónomos», establece a los dichos efectos que «el Gobierno, en función de los resultados operados en el primer año de vigencia del cese de actividad establecido por la Ley 32/2010, de 5 de agosto, efectuará los estudios pertinentes sobre la posibilidad de que quienes se encuentren en dicha situación legal de cese de actividad puedan acceder a la jubilación anticipada a los 61 años».
(34) La disposición adicional 34ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, rubricada «sistema de jubilación parcial anticipada para trabajadores autónomos», establece a los dichos efectos que «el Gobierno presentará, en el plazo de un año, un estudio relativo a un sistema específico de jubilación parcial a los 62 años, a favor de autónomos que cesen en su negocio o lo traspasen a otra persona a la que deben formar».
(35) La disposición final 10ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, reforma diversos artículos de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, a saber: a) se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 1 para, después de definir lo que es una actividad autónoma o por cuenta propia, añadir «esta actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial»; b) se adiciona un nuevo párrafo al artículo 24 para establecer que «los trabajadores por cuenta propia que ejerzan su actividad a tiempo parcial estarán incluidos, en los supuestos y conforme a las condiciones reglamentariamente establecidas, en el Régimen de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos»; c) se adiciona un nuevo apartado, el 4, al artículo 25 para establecer que, «considerando los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera, la Ley podrá establecer un sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos, para determinadas actividades o colectivos y durante determinados periodos de su vida laboral – en su defecto, se aplicarán la disposición adicional séptima del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social sobre normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial»; d) se adiciona una nueva letra e) en el apartado 1 de la disposición adicional 2ª para establecer que «quienes en función de su actividad la ejerzan a tiempo parcial, en unas condiciones análogas a las de un trabajador por cuenta ajena contratado a tiempo parcial».
(36) La disposición adicional 46ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, rubricada «Mutualidades de Previsión Social alternativas al régimen de Autónomos», establece lo siguiente: «1. Las Mutualidades de Previsión Social que, en virtud de lo establecido en la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, son alternativas al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos con respecto a profesionales colegiados, deberán ofrecer a sus afiliados, mediante el sistema de capitalización individual y la técnica aseguradora bajo los que operan, de forma obligatoria, las coberturas de jubilación; invalidez permanente; incapacidad temporal, incluyendo maternidad, paternidad y riesgo del embarazo; y fallecimiento que pueda dar lugar a viudedad y orfandad. 2. Las prestaciones que se otorguen por las Mutualidades en su condición de alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, cuando adopten la forma de renta, habrán de alcanzar en el momento de producirse cualquiera de las contingencias cubiertas a que se refiere el punto anterior, un importe no inferior al 60 por 100 de la cuantía mínima inicial que para la respectiva clase de pensión rija en dicho sistema de la Seguridad Social, o si resultara superior, el importe establecido para las pensiones no contributivas de la Seguridad Social. Si tales prestaciones adoptaran la forma de capital, éste no podrá ser inferior al importe capitalizado de la cuantía mínima establecida para caso de renta. Se considerará, así mismo, que se cumple con la obligación de cuantía mínima de la prestación, si las cuotas a satisfacer por el mutualista, cualesquiera que sean las contingencias contratadas con la Mutualidad alternativa, de entre las obligatorias a que se refiere el punto 1, equivalen al 80 por 100 de la cuota mínima que haya de satisfacerse con carácter general en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 3. Las aportaciones y cuotas que los mutualistas satisfagan a las Mutualidades en su condición de alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en la parte que tenga por objeto la cobertura de las contingencias atendidas por dicho Régimen Especial, serán deducibles con el límite del 50 por 100 de la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio económico, en el citado Régimen Especial». Con estas medidas, se adelanta un paso más en la integración / homogeneización de las referidas Mutualidades de Previsión Social en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
(37) La disposición adicional 51ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, modifica el ámbito subjetivo de protección de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, introduciendo al respecto un nuevo apartado 3 en el artículo 2, con el siguiente texto: «3. La protección por cese de actividad no resultará obligatoria en el caso de socios de Cooperativas comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que estas Cooperativas dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, complementario al Sistema Público, que establezca un nivel de cobertura, en lo que respecta a las situaciones de cese de actividad, al menos equivalente al regulado en la presente Ley». Disposición ésta que se compadece con la nueva disposición adicional 48ª de la LGSS y que igualmente se compadece con las especialidades asegurativas de este colectivo de trabajadores que, de conformidad con la disposición adicional 4ª de la LGSS, pueden optar entre su inclusión en el RGSS o en el RETA.
(38) La disposición adicional 52ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, rubricada «cónyuges de titulares de establecimientos familiares», establece que «en aquellos supuestos en que quede acreditado que uno de los cónyuges ha desempeñado, durante el tiempo de duración del matrimonio, trabajos a favor del negocio familiar sin que se hubiese cursado la correspondiente alta en la Seguridad Social, en el régimen que correspondiese, el juez que conozca del proceso de separación, divorcio o nulidad comunicará tal hecho a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al objeto de que por ésta se lleven a cabo las actuaciones que correspondan. Las cotizaciones no prescritas que, en su caso, se realicen por los períodos de alta que se reconozcan surtirán todos los efectos previstos en el ordenamiento, a efectos de causar las prestaciones de Seguridad Social. El importe de tales cotizaciones será imputado al negocio familiar y, en consecuencia, su abono correrá por cuenta del titular del mismo». Con esta disposición, la legislación pretende ofrecer una solución a la situación de los cónyuges -usualmente mujeres- de titulares de establecimientos familiares, aunque se trata de una solución (1) incompleta al ofrecer una solución solamente en los supuestos de nulidad, separación o divorcio, (2) compleja desde la óptica procedimental y (3) parcial en cuanto solo se alude a los procesos de crisis matrimonial, pero no a las crisis de las uniones de hecho.
(39) Tales temáticas se abordan, respectivamente, en una disposición derogatoria única y en las disposiciones finales 5ª -título competencial-, 6ª -habilitación reglamentaria- y 12ª -entrada en vigor-.
(40) Nos referimos a las regulaciones contenidas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, relativas a la cotización de trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio -disposición adicional 15ª-, a los expedientes de regulación de empleo que afecten a trabajadores mayores de 50 años en empresas con beneficios -disposición adicional 16ª-, al encuadramiento de la prestación de servicios domésticos a través de empresas -disposición adicional 17ª-, a la atribución al trabajador autónomo de la facultad de elegir la base de cotización -disposición adicional 33ª-, a la integración en el General del Régimen Especial de Empleados de Hogar -disposición adicional 39ª-, a la cotización de los becarios -disposición adicional 41ª-, a la cotización de agrarios integrados en el RETA -disposición adicional 45ª-, a las mutualidades de previsión social alternativas al RETA -disposición adicional 46ª-, a los cónyuges de titulares de establecimientos familiares -disposición adicional 52ª-, y a la reducción transitoria de las cotizaciones de las personas que prestan servicios en el hogar familiar -disposición transitoria única-.
(41) Las modificaciones acometidas en la LGSS a través de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se pueden clasificar en dos grupos: (1) las modificaciones generales para acomodar la LGSS a las reformas introducidas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, modificaciones generales que aparecen -disposiciones finales 7ª y 8ª-, y (2) las modificaciones particulares en materia de pensiones de orfandad -disposición adicional 1ª-, en materia de convenio especial a suscribir en expedientes de regulación de empleo -disposición adicional 6ª-, en materia de derecho a la información y obligaciones de la Administración de la Seguridad Social -disposición adicional 26ª-, en materia de complementariedad de ingresos con la pensión de jubilación -disposición adicional 31ª-, y en materia de adaptación a la integración del REHH en el RGSS -disposición adicional 40ª-. Por último, se habilita al Gobierno -con el excesivo plazo de hasta dos años- para la elaboración de un Texto Refundido de la LGSS -disposición adicional 25ª-.
(42) La modificación acometida en la LISOS a través de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se dirige a incluir como infracción muy grave en materia de Seguridad Social el «incumplir la obligación de suscribir el convenio especial en los supuestos establecidos en el artículo 51.15 del ET para los supuestos de expedientes de regulación de empleo de empresas no incursas en procedimiento concursal», de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional 6ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto. Tras el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, la referencia se debe entender hecha al artículo 51.9 del ET.
(43) La modificación acometida en el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la LGSS en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento, a través de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se limita a rebajar de 58 años a 56 años la edad mínima de jubilación -disposición adicional 18ª-.
(44) Las modificaciones acometidas en el ET a través de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, son dos: en materia de en materia de cláusulas de jubilación forzosa en la negociación colectiva contempladas en su disposición adicional 36ª, y en materia de contrato de relevo contempladas en su disposición final 1ª.
(45) La modificación acometida en la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema de protección por cese de actividad de trabajadores autónomos, se dirige a la reducción de su ámbito subjetivo de protección, excluyendo a determinados socios de cooperativas -disposición adicional 51ª-.
(46) La modificación acometida en el Estatuto Básico del Empleado Público se dirige a regular el permiso retribuido por cuidado de hijo de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave -disposición final 2ª-, lo cual no tiene demasiada relación con la materia regulada en la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
(47) Las modificaciones acometidas en la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones a través de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, son tres: en materia de regulación de la comisión de control del plan de pensiones de empleo contempladas en su disposición final 3ª, en materia de compromisos por pensiones asumidos por las empresas contempladas en su disposición final 4ª, y en materia de información sobre las políticas de inversión de los planes y fondos de pensiones, contempladas en su disposición final 11ª.
(48) Las modificaciones acometidas en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, a través de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se dirigen a modificar el tratamiento tributario de los seguros colectivos de dependencia -disposición final 9ª-.
(49) Las modificaciones acometidas en la LETA a través de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, se dirigen a permitir el establecimiento de un sistema específico de cotización a tiempo parcial -disposición final 10ª-.

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