Artículo doctrinal Suscríbase vía email

La reforma de la Ley de la jurisdicción laboral. Innovaciones introducidas, valoración crítica y visión global

Artículo publicado en Actum Social nº 59. Enero 2012

María Luisa Segoviano Astaburuaga

Magistrada del Tribunal Supremo. Sala IV.

Vigo, 25 de noviembre de 2011

 

ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN
II. PROCEDIMIENTO ORDINARIO
1. Demanda
2. Admisión de la demanda
3. Señalamiento de los actos de conciliación y juicio
4. Suspensión de los actos de conciliación y juicio
5. Celebración del acto de conciliación
6. Celebración del juicio
7. Práctica de la prueba en el acto del juicio
8. Diligencias finales
9. Documentación del acta del juicio
10. Admisibilidad de los medios de prueba
11. Interrogatorio de las partes
12. Interrogatorio de testigos
13. Prueba pericial
14. Prueba documental
15. Informe de expertos
16. Carga de la prueba en caso de discriminación y en accidentes de trabajo
17. Forma de la sentencia
18. Prohibición de reservas de liquidación
19. Salarios por asistencia a actos procesales
20. Proceso monitorio
III. DISPOSICIONES COMUNES
IV. DESPIDO
1. Regulación
2. Acumulación de acciones
3. Requisitos de la demanda
4. Reconocimiento de la improcedencia del despido
5. Sentencia
6. Efectos del despido improcedente
V. SANCIONES
VI. RECLAMACIÓN AL ESTADO DE SALARIOS DE TRAMITACIÓN
VII. EXTINCIÓN POR CAUSAS OBJETIVAS
VIII. DESPIDOS COLECTIVOS
IX. MATERIA ELECTORAL
1. Impugnación del laudos
2. Certificación de la capacidad representativa sindical
X. CLASIFICACION PROFESIONAL
XI. MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y MOFIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO
XII. DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL RECONOCIDOS LEGAL O CONVENCIONALMENTE
XIII. DE LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
1. Procesos de impugnación de alta médica
2. Legitimación de las Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social
3. Documentación en procesos por accidentes de trabajo o enfermedad profesional
4. Remisión del expediente administrativo
5. Efectos de la falta de remisión del expediente administrativo
6. Revisión de actos declarativos de derechos
XIV. CONFLICTO COLECTIVO
1. Supuestos
2. Legitimación
3. Eficacia de lo acordado en conciliación o mediación
4. Contenido de la demanda
5. Inicio de la demanda por la autoridad laboral
6. Urgencia y preferencia del proceso
7. Celebración del juicio y sentencia
XV. IMPUGNACIÓN DE CONVENIO COLECTIVO
1. Iniciación
2. Requisitos de la comunicación de oficio
3. Legitimación
4. Celebración del juicio y sentencia
XVI. PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EXCLUIDOS LOS PRESTACIONALES
1. Introducción
2. Tramitación
3. Legitimación
4. Plazo
5. Actas de infracción
6. Sentencia
7. ERE
8. Medidas cautelares
9. Paralización del trabajo por riesgo grave o inminente de la seguridad y salud de los trabajadores
XVII. DE LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS
1. Legitimación
2. No acumulación de acciones
3. Demanda
4. Medidas cautelares
5. Sentencia
6. Demandas que han de ejercitarse a través de la modalidad procesal correspondiente

I. INTRODUCCIÓN

 

La L 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, se cuida de señalar, en su Exposición de Motivos, las importantes mejoras que se introducen en la regulación del procedimiento laboral para proyectarlo como una jurisdicción auténticamente social, modificándose el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social que se amplía, racionaliza y clarifica respecto a la normativa anterior. Se concentra en el orden social, por su mayor especialización, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por esencial conexión, puedan calificarse como sociales.
Se amplía, racionaliza y define con mayor claridad el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social con fundamento en su mayor especialización, conocimiento más completo de la materia social y marco procesal especialmente adecuado a los intereses objeto de tutela de este orden.
Asimismo se ha hecho patente en la práctica jurisdiccional la necesidad de consolidar el ámbito material del orden social, a fin de evitar los frecuentes conflictos derivados de la heterogeneidad de las resoluciones de órganos judiciales inscritos en órganos distintos, encontrándose disgregado el conocimiento de determinadas y esenciales materias sociales entre diversas jurisdicciones distintas de la social, como la contenciosa-administrativa o la civil, lo que ha significado el denominado peregrinaje de jurisdicciones que provocaba graves disfunciones y una merma en la efectiva protección de los derechos de las personas.
Esta ampliación de competencias y la voluntad de modernización del procedimiento han tenido un amplio reflejo, entre otros, en la regulación de las modalidades procesales. El Título II del Libro II de la Ley está dedicado a las citadas modalidades, manteniendo la regulación de algunas de ellas, introduciendo modificaciones en otras y regulando, por primera vez, fruto de la ampliación competencial, nuevas modalidades procesales.

II. PROCEDIMIENTO ORDINARIO

1. Demanda

 

La LRJS art.80 establece los requisitos de la demanda.
Respecto a la regulación anterior se observan las siguientes modificaciones:
a) Se mantiene la exigencia de que la demanda se presente por escrito, si bien se añade que se podrán utilizar los formularios y procedimientos facilitados al efecto en la oficina judicial donde deba presentarse.
Se trata de dar mayor facilidad a los justiciables para demandar, ya que, teniendo en cuenta que no es preceptiva en la instancia la intervención de abogado ni de graduado social, la parte puede formular la demanda por sí misma, pero, dada su falta de conocimientos jurídicos en la mayoría de los supuestos, le puede ser de gran utilidad el que se facilite un formulario para interponer la demanda.
b) En la demanda ha de identificarse la modalidad procesal a través de la cual entienda el accionante que debe enjuiciarse su pretensión. En aras de la economía procesal se dispone que, si bien se ha de dar al procedimiento la tramitación que resulte conforme a la modalidad procesal expresada en la demanda, si se advirtiera la inadecuación del procedimiento seguido, en cualquier momento desde la presentación de la demanda, se procederá a dar al asunto la tramitación que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas, sin vinculación necesaria a la modalidad elegida por las partes y completando, en su caso, los trámites establecidos, no procediendo el sobreseimiento del proceso o la absolución en la instancia por inadecuación de la modalidad procesal, salvo cuando no sea posible completar la tramitación seguida hasta ese momento, o cuando la parte actora persista en la modalidad procesal inadecuada (LRJS art.102.2).
c) El demandante ha de identificarse, apareciendo ante la nueva realidad social, la exigencia de que si es extranjero ha de consignar el número y tipo de documentos de identificación que tenga. Si la demanda se dirige contra una masa patrimonial, patrimonio separado, entidad o grupo carente de personalidad, además de identificarlos suficientemente habrá de hacerse constar el nombre y apellidos de quienes aparezcan como administradores, organizadores, directores, gestores, socios o partícipes, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la masa patrimonial, entidad o grupo y de sus gestores e integrantes.
d) En cuanto a la prohibición de alegación de hechos distintos a los aducidos en conciliación o reclamación administrativa, se añade que tampoco podrán aducirse hechos distintos a los alegados en la mediación, manteniéndose que tampoco pueden introducirse respecto a la vía administrativa previa variaciones sustanciales (LRJS art.72), salvo los hechos nuevos.
Tal regulación es acorde con la previsión que exige como requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación o, en su caso, de mediación (LRJS art.63).
e) Se suaviza la exigencia contenida en la regulación anterior, de que si el demandante litigase por sí mismo, designará un domicilio en la localidad donde resida el juzgado o tribunal, disponiéndose que efectúe dicha designación de ser posible. Se exige que indique todos los datos de identificación del domicilio facilitado, así como el número de fax, teléfono y dirección electrónica, si dispone de ellas.
Si designa letrado, graduado social colegiado o procurador, la demanda deberá ser suscrita por el profesional, que se entenderá que asume la representación con plenas facultades procesales, debiendo facilitar los mismos datos anteriormente consignados.
La parte puede otorgar poder o ratificar en juicio la representación.
Asimismo puede revocar o renunciar a dicha representación, comunicándolo en forma efectiva al juzgado o tribunal.
f) A la demanda han de acompañarse copia de los documentos requeridos, según la modalidad procesal de que se trate.
Asimismo ha de acompañarse documentación justificativa de haber intentado la previa conciliación o mediación, o de haber transcurrido el plazo exigible parta su realización sin que se hubiese celebrado, o del agotamiento de la vía administrativa cuando proceda, o alegación de no ser necesaria estas.

2. Admisión de la demanda

 

Se regula en la LRJS art.81.
La demanda ha de ser examinada por el secretario judicial, antes de proceder a su tramitación. Pueden presentarse los siguientes supuestos:
– Si el secretario entiende que no presenta defectos u omisiones procederá al señalamiento.
– Si el secretario entiende que concurre falta de jurisdicción o competencia, dará cuenta al juez o tribunal dentro de los tres días siguientes.
Se prevé que si el órgano jurisdiccional apreciara falta de jurisdicción o de competencia, dictará auto declarándolo así, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal (LRJS art.5).
– Si entiende que existe algún defecto en relación con los presupuestos procesales que pudiera impedir la válida prosecución y término del proceso, así como en relación con los documentos de preceptiva aportación con la misma, concederá a la parte un plazo de cuatro días para que los subsane.
Realizada la subsanación, dentro de los tres días siguientes, el secretario admitirá la demanda.
Si no se ha subsanado dará cuenta al juez o tribunal para que resuelva sobre su admisibilidad, dentro de los tres días siguientes.
– Si a la demanda no se acompañara certificación del acto de conciliación o mediación previa, o de la papeleta de conciliación, o de la solicitud de mediación, de no haberse celebrado en plazo legal, el secretario judicial, sin perjuicio de resolver sobre la admisión y proceder al señalamiento, advertirá al demandante que ha de acreditar la celebración o el intento del expresado acto en plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, con apercibimiento de archivo de las actuaciones en caso contrario, quedando sin efecto el señalamiento realizado.
– Si la demanda fuera admisible, por no presentar defectos ni omisiones, o por haber sido estos subsanados, y en ella se solicitasen diligencias de preparación de la prueba a practicar en juicio, se dará cuenta al juez o tribunal para que resuelva lo procedente dentro de los tres días siguiente.
También habrá de darse cuenta al juez de los escritos que se presenten, con posterioridad a la demanda, en los que se soliciten diligencias de preparación de la prueba o cualquier otra diligencia de anticipación o aseguramiento e la prueba.

3. Señalamiento de los actos de conciliación y juicio

 

Se regula en la LRJS art.82.
1. Admitida la demanda, en la misma resolución de admisión a trámite, el secretario judicial señalará día y hora en que hayan de tener lugar los actos de conciliación y juicio, debiendo mediar un mínimo de diez días entre la citación y la efectiva celebración de dichos actos, salvo en los supuestos en los que la ley disponga otro plazo distinto:
Vacaciones: cinco días (LRJS art.126); impugnación de laudos: cinco días (LRJS art.132 b); impugnación de la resolución administrativa que deniegue el registro y de la certificación de la representación sindical: cinco días (LRJS art.135.2); movilidad geográfica y modificación sustancial de condiciones de trabajo; cinco días (LRJS art.138.5); derecho de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente; cinco días (LRJS art.139.1 b); proceso de impugnación de alta médica; cinco días (LRJS art.140.3 b); conflictos colectivos; cinco días (LRJS art.160.1); tutela de derechos fundamentales; cinco días (LRJS art.181.1).
– Tampoco habrá de respetarse el plazo de cinco días después de una suspensión.
El señalamiento se efectuará atendiendo a los criterios establecidos en la LEC art.182, si bien se procurará señalar en un mismo día los pleitos que se refieran a los mismos interesados y no puedan ser acumulados se señalarán agrupados, de forma consecutiva, las audiencias y vistas que requieran la presencia del Ministerio Fiscal, Abogados del Estado, Letrados de la Administración de la Seguridad Social, de las Comunidades Autónomas o de la Administración local. Se trata de evitar a estos profesionales el estar toda la mañana en los Juzgados por tener señalamientos a primera hora, a última, etc.
2. Los actos de conciliación y juicio, el primero ante el secretario judicial y el segundo ante el juez o magistrado, tendrán lugar en única convocatoria pero en sucesivos actos.
3. En las cédulas de citación, además de los datos que debían constar, según la regulación anterior, se advertirá a los litigantes que podrán formalizar conciliación, en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar la fecha del señalamiento, así como someter la cuestión a mediación. Esta sumisión no dará lugar a la suspensión del procedimiento, salvo que lo acuerden ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente, que no podrá exceder de quince días.
4. En los supuestos en que la prueba documental sea voluminosa o de gran complejidad, de oficio o a petición de parte, podrá requerirse el previo traslado entre las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático, con cinco días de antelación al acto del juicio.

4. Suspensión de los actos de conciliación y juicio

 

Aparece regulado en la LRJS art.83.
En caso de coincidencia de señalamientos, si no es posible la sustitución dentro de la misma representación o defensa, una vez justificados los requisitos de la LEC art.188.1.6ª, el solicitante ha de comunicarlo a los demás profesionales, procediendo a efectuarse un nuevo señalamiento, adoptando las medidas necesarias para evitar nuevas coincidencias.

5. Celebración del acto de conciliación

 

Se encuentra regulado en la LRJS art.84.
Corresponde al secretario judicial aprobar la conciliación, lo que puede efectuarse tanto si las partes alcanzan un acuerdo el día señalado para ese acto (LRJS art.82.1 y 2) como si el acuerdo se ha logrado en fecha anterior (LRJS art.82.3).
La conciliación y la resolución aprobatoria oral o escrita, se documentarán en el propio acta de comparecencia.
La conciliación alcanzada ante el secretario judicial y los acuerdos logrados entre las partes, aprobados por aquel, tendrán a todos los efectos legales la consideración de conciliación judicial.
El secretario no aprobará el acuerdo si estimare que lo convenido es constitutivo de lesión grave para alguna de las partes o para terceros, de fraude de ley o de abuso de derecho o contrario al interés público, advirtiendo a las partes que deben comparecer a presencia judicial para la celebración del acto del juicio.
Si no hay avenencia se procede a la celebración del juicio, pudiendo en dicho acto alcanzarse un acuerdo conciliatorio. Este acuerdo deberá ser aprobado por el juez o tribunal ante el que se hubiera obtenido mediante resolución oral o escrita documentada en el propio acuerdo.
La conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial, o en su caso, por el juez o tribunal, se llevarán a efectos por los trámites de ejecución de sentencias.
La acción para impugnar la validez de la conciliación se ejercitará ante el mismo juzgado o tribunal al que hubiera correspondido la demanda, caducando la acción a los treinta días de la fecha de su celebración -en la regulación anterior eran quince días-, contando dicho plazo para los terceros perjudicados desde que pudieran haber conocido el acuerdo.
La acción de nulidad, si se ejercita por las partes, ha de fundarse en las causas que invalidan los contratos.
Si se ejercita por terceros perjudicados, ha de fundamentarse en ilegalidad o lesividad.

6. Celebración del juicio

 

Aparece regulado en la LRJS art.85.
1. Si no se ha logrado avenencia en conciliación se pasará a juicio.
Con carácter previo se resolverá motivadamente, en forma oral y oídas las partes sobre:
– Las cuestiones previas que se puedan formular en ese acto.
– Los recursos y otras incidencias pendientes de resolución.
– Las cuestiones que el juez o tribunal pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos de la demanda o el alcance y límites de la pretensión formulada.
A continuación el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque no podrá hacer variación sustancial.
2. El demandado contestará afirmando o negando los hechos de la demanda y alegando cuantas excepciones estime procedentes.
Sólo puede formularse reconvención si se hubiese anunciado en la conciliación previa o en la contestación a la reclamación previa o resolución que agote la vía administrativa y hubiese expresado, en esencia, los hechos en que se funda y la petición en que se concreta.
No se admitirá la reconvención en los siguientes supuestos:
– Si el órgano judicial no es competente.
– Si la acción que se ejercita ha de ventilarse en modalidad procesal distinta y la acción no fuera acumulable.
– Cuando no exista conexión entre las pretensiones de la reconvención y las que sean objeto de la demanda principal.
No será necesaria reconvención para:
a) Alegar compensación de deudas, siempre que sean vencidas y exigibles y no se formule pretensión de condena reconvencional.
b) Solicitar en la pretensión exclusivamente ser absuelto de la pretensión o pretensiones objeto de la demanda principal.
En estos casos es suficiente que se alegue en la contestación a la demanda.
Si la obligación precisa de determinación judicial, por no ser liquida con antelación al juicio, será necesario expresar concretamente los hechos que fundamenten la excepción y la forma de liquidación de la deuda, así como haber anunciado la reconvención en la conciliación o mediación previas, o en la reclamación o resolución que agote la vía administrativa.
Formulada reconvención se dará traslado a las demás partes para su contestación en los términos establecidos para la demanda.
También se dará traslado para dar respuesta a las excepciones procesales, caso de ser alegadas.
3. Las partes harán uso de la palabra cuantas veces el juez o tribunal lo estime necesario y podrán alegar cuanto estimen conveniente a efectos de la afectación general, a efectos del recurso de suplicación (LRJS art.191.3.b).
4. Las partes o sus defensores con el tribunal fijarán los hechos sobre los que exista conformidad o disconformidad de los litigantes, consignándose en el acto o, en su caso, por diligencia sucinta, referencia a aquellos extremos esenciales conformes a efectos de ulterior recurso. Las partes pueden facilitar notas breves de cálculo o resumen de datos numéricos.
En caso de allanamiento total o parcial será aprobado por el órgano jurisdiccional, oídas las demás partes, mediante resolución, que podrá dictarse en forma oral. Si el allanamiento fuera total se dictará sentencia condenatoria de acuerdo con las pretensiones del actor.
Si el allanamiento fuera parcial podrá dictarse auto aprobatorio que podrá llevarse a efecto por los trámites de la ejecución definitiva parcial, siempre que por la naturaleza de las pretensiones objeto de allanamiento sea posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales continuará el acto del juicio.
El órgano jurisdiccional no aprobará el allanamiento si incurre en renuncia prohibida de derechos, fraude de ley o perjuicio a terceros o es contraria al interés público.
5. Una vez practicadas las pruebas, antes de las conclusiones, si no hay oposición de alguna de las partes, el juez o tribunal podrá suscitar la posibilidad de llegar a un acuerdo y, si no se alcanza el mismo, se proseguirá la celebración del juicio.

7. Practica de la prueba en el acto del juicio

 

Se regula en la LRJS art.87.
1. Se admitirán las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto, respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad, siempre que las pruebas sean útiles y directamente pertinentes a lo que sea el objeto del juicio y a las alegaciones o motivos de oposición formulados por las partes.
El juez o tribunal resolverá sobre la pertinencia de las pruebas propuestas y determinará la naturaleza y clase de medio de prueba de cada una de ellas (LEC art.299).
Ha de resolver sobre las posibles diligencias complementarias o de adveración de las pruebas admitidas y sobre las preguntas que puedan formular las partes.
La parte proponente podrá hacer constar su protesta en el acto contra la inadmisión de cualquier medio de prueba, diligencia o pregunta, consignándose en el acta.
El órgano judicial podrá hacer, tanto a las partes como a los peritos y testigos, las preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos, lo que también podrán efectuar los litigantes y defensores.
El juez o tribunal, sin apartarse de las pretensiones y causa de pedir que expresen las partes, podrá someter a las mismas para alegaciones durante el juicio cuantas cuestiones deban ser resueltas de oficio o resulten de la fundamentación jurídica aplicable, aún cuando hubieran sido alegadas de modo incompleto o incorrecto.
También podrá el órgano judicial solicitar alegaciones sobre los posibles pronunciamientos derivados que, por mandato legal, o por conexión o consecuencia resulten necesariamente de las pretensiones formuladas por las partes.
Es posible suscitar dichas cuestiones una vez concluso el acto del juicio, sustanciándose la audiencia por el plazo común de tres días, mediante alegaciones escritas, preferiblemente por medio informático o telemático.
Se vuelve a contemplar el problema que suscita el hecho de que las pruebas documentales o periciales sean de gran volumen o complejas, pudiendo en este caso el juez podrá conceder a las partes la posibilidad de efectuar sucintas conclusiones complementarias por escrito y preferiblemente por medios telemáticos, dentro de los tres días siguiente, justificando haber efectuado previa remisión a las demás partes comparecidas por los mismos medios. Los documentos y pericias estarán a disposición de las partes en la oficina judicial en dicho período. Transcurrido el mismo, háyanse presentado o no alegaciones, se iniciará el plazo para dictar sentencia.

8. Diligencias finales

 

Se regula su práctica en la LRJS art.88.
Se ha establecido que el plazo máximo en el que pueden realizarse es de veinte días. Si no se ha señalado comparecencia para la práctica de las diligencias el resultado de las mismas se pondrá de manifiesto durante tres días a las partes.
Transcurrido el plazo inicial sin haberse podido llevar a efecto, el órgano judicial dictará un nuevo proveído fijando un nuevo plazo no superior a diez días.

9. Documentación del acta del juicio

 

Dado que, si se cuenta con los medios tecnológicos necesarios, el secretario judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica, sin que se requiera la presencia en Sala del secretario durante la celebración del juicio, se plantea la cuestión de ante quien han de identificarse las partes y su representación procesal, disponiendose que la acreditación de la identidad de las partes y de su representación procesal se efectuará ante el secretario judicial en la comparecencia de conciliación, o de no ser preceptiva la misma, mediante diligencia (LRJS art.89.7).
No está previsto ante quien han de identificarse los testigos, expertos y peritos que comparezcan en el juicio.

10. Admisibilidad de los medios de prueba

 

Se regula en la LRJS art.90.
El precepto señala, como lo hacía su predecesor, que las partes podrán servirse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la Ley, incluidos los procedimientos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido, añadiendo la nueva norma, o de archivo y reproducción de datos, que deberán se aportados por medio de soporte adecuado y poniendo a disposición del órgano jurisdiccional los medios necesarios para su reproducción y posterior constancia en autos.
No se admitirán pruebas que tuvieran su origen o se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas, pudiendo suscitarse esta cuestión, de oficio o por cualquiera de las partes, en el momento de proposición de prueba, salvo que se pusiese de manifiesto durante la práctica de la prueba, una vez admitida.
Para resolver esta cuestión se oirá a las partes y se practicarán las diligencias que puedan practicarse en el acto, recurriendo a diligencias finales solamente cuando sea estrictamente imprescindible y la cuestión aparezca suficientemente fundada.
Contra la resolución que se dicte sobre la pertinencia de la prueba y, en su caso, de unión a los autos de su resultado o de elemento material que incorpore la misma solo cabrá recurso de reposición, que se interpondrá, se dará traslado a las demás partes y se resolverá oralmente en el mismo acto del juicio o comparecencia, quedando a salvo el derecho de las partes a reproducir la impugnación de la prueba ilícita en el recurso que en su caso procediera contra la sentencia.
La pruebas han de solicitarse al menos con cinco días de antelación a la fecha del juicio -en redacción anterior del precepto eran diez días- si han de practicarse en el acto del juicio y requieren diligencias de citación o requerimiento salvo cuando el señalamiento se deba efectuar con antelación menor, en cuyo caso el plazo será de tres días.
Se han previsto especiales cautelas cuando una determinada prueba pueda afectar al derecho a la intimidad personal o a otro derecho fundamental.
En estos casos, cuando sea necesario a los fines del proceso, el acceso a documentos o archivos, en cualquier tipo de soporte que pueda afectar a dichos derechos, el juez o tribunal, siempre que no existan medios de prueba alternativos, podrá autorizar dicha actuación mediante auto, previa ponderación de los intereses afectados, a través de juicio de proporcionalidad y con el mínimo sacrificio, determinando las condiciones de acceso, garantías de conservación y aportación al proceso, obtención y entrega de copias e intervención de las partes o de sus representantes y expertos, en su caso.
Con la misma finalidad de preservar la intimidad del litigante, respecto a los datos relativos a su salud, dispone el precepto que, de no mediar consentimiento del afectado podrán adoptarse las medidas de garantía oportunas cuando la emisión de un dictamen pericial médico o psicológico requiera el sometimiento a reconocimientos clínicos, obtención de muestras o recogida de datos personales relevantes, bajo reserva de confidencialidad y exclusiva utilización procesal, pudiendo acompañarse el interesado de especialista de su elección y facilitándole copia del resultado.
No será necesaria autorización judicial si la actuación viniera exigida por las normas de prevención de riesgos laborales, por la gestión o colaboración en la gestión de la Seguridad Social, por la específica normativa profesional aplicable o por norma legal o convencional aplicable en la materia.
Si como resultado de las medidas anteriores se obtuvieran datos innecesarios, ajenos a los fines del proceso, o que pudieran afectar de manera injustificada o desproporcionada a derechos fundamentales o a libertades públicas, se resolverá lo necesario para preservar y garantizar adecuada y suficientemente los intereses y derechos que pudieran resultar afectados.
En el caso de negativa injustificada de la persona afectada, la parte interesada podrá solicitar la adopción de las medidas que fueran procedentes, pudiendo igualmente valorarse en la sentencia dicha conducta para tener por probados los hechos que se pretendía acreditar a través de la práctica de dichas pruebas, así como a efectos de apreciar temeridad o mala fe procesal.
El efecto que puede acarrear el no someterse a los reconocimientos médicos, dictamen pericial médico, etc… es similar al previsto en la LRJS art.94.2, cuando la parte no presenta, sin causa justificada, los documentos u otros medios de obtener certeza sobre hechos relevantes, cuya aportación ha sido requerida por el juez o tribunal.

11. Interrogatorio de las partes

 

Aparece regulado en la LRJS art.91.
Se establece que si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos, debiendo el proponente de la prueba designar a la persona que deba someterse a interrogatorio, justificando la necesidad de dicho interrogatorio personal.
La declaración de las personas que hayan actuado en los hechos litigiosos en nombre del empresario, cuando sea persona jurídica privada, bajo la responsabilidad de este, como administradores, gerentes o directivos, solamente podrá acordarse dentro del interrogatorio de la parte por cuya cuenta hubieran actuado y en calidad de conocedores personales de los hechos, en sustitución o como complemento del interrogatorio del representante legal, salvo que en razón de la naturaleza de su intervención en los hechos y posición dentro de la estructura empresarial, por no prestar ya servicios en la empresa, o para evitar indefensión, el juez o tribunal acuerde su declaración como testigos. Estas prevenciones deberán advertirse al efectuar la citación para el interrogatorio en juicio.
Para el interrogatorio de las Administraciones o entidades públicas, el precepto remite a lo establecido en la LEC art.315.

12. Interrogatorio de testigos

 

Se regula en la LRJS art.92.
Se mantiene la previsión de que los testigos no podrán ser tachados, si bien en conclusiones las partes podrán hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias.
El precepto añade que la declaración como testigos de personas vinculadas al empresario, trabajador o beneficiario por relación de parentesco, o análoga relación de afectividad, o con posible interés real en la defensa de decisiones en las que hayan participado, o por tener procedimientos análogos contra el mismo empresario, o contra trabajadores en igual situación sólo podrá proponerse cuando su testimonio tenga utilidad directa y presencial y no se disponga de otros medios de prueba.

13. Prueba pericial

 

Frente a la regla general de que el perito tiene que ratificar su informe, se establece que no es necesaria dicha ratificación cuando dicho informe o actuaciones obren en el expediente y demás documentación administrativa cuya aportación sea preceptiva, según la modalidad procesal de que se trate.

14. Prueba documental

 

Aparece regulada en la LRJS art.94.
Exige el precepto que la prueba documental sea adecuadamente presentada, ordenada y numerada.
Se establece que los documentos y otros medios de obtener certeza sobre hechos relevantes que se encuentren en poder de las partes, deberán aportarse al proceso si hubieran sido propuestos como medio de prueba por la parte contraria y el juez haya acordado admitirlo.

15. Informes de expertos

 

Se regula en la LRJS art.95.
Se añade, entre los pleitos en los que el juez puede solicitar el dictamen de los organismos públicos competentes, el supuesto de que en el proceso se haya suscitado una cuestión de acoso.
En los procesos derivados de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, el órgano judicial, si lo estima conveniente, podrá recabar informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los organismos públicos competentes en materia de prevención y salud laboral, así como de las entidades e instituciones legalmente habilitadas al efecto.
En los supuestos en que sea pertinente que informen personas jurídicas y entidades públicas, en cuanto tales, por referirse estos hechos a su actividad, sin que sea preciso individualizar en personas físicas determinadas el conocimiento de lo que para el proceso interesa, la parte podrá proponer que la persona jurídica o entidad, a requerimiento del tribunal responda por escrito sobre los hechos en los diez días anteriores al juicio.
Dicho informe podrá presentarse hasta el momento del juicio, sin previo traslado a las partes, sin perjuicio de que pueda acordarse como diligencia para mejor proveer.

16. Carga de la prueba en caso de discriminación y en accidentes de trabajo

 

Se regula en la LRJS art.96.
Se dispone que corresponde al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad en los procesos en que de las acciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón de sexo, orientación o identidad sexual, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, acoso y en cualquier otros supuesto de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública.
En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo, probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. La culpa no temeraria del trabajador ni la que corresponda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que este inspira son elementos exoneradores de la culpa del deudor de seguridad.

17. Forma de la sentencia

 

Se regula en la LRJS art.97.
El precepto añade, respecto a la motivación de la sentencia, además de que en los fundamentos se ha de razonar por qué entiende que han quedado probados determinados hechos, el razonamiento de por qué no se recogen entre los hechos probados las afirmaciones de hechos consignados en documento público aportado al proceso, respaldados por presunción legal de certeza. Deberá fundamentar suficientemente los pronunciamientos del fallo.
La sentencia podrá motivadamente imponer la sanción pecuniaria -de 180 a 6000 euros-(LRJS art.75.4) no sólo cuando el litigante haya actuado con temeridad, sino también cuando no haya acudido al acto de conciliación injustificadamente.
En estos casos también habrá de abonar los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieran intervenido hasta el límite de 600 euros, lo que se efectuará de oficio o a solicitud de parte, previa audiencia de las partes personadas.
En el supuesto de que se procediese de oficio, una vez concluido el acto del juicio, se concederá a las partes un término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el secretario judicial sin causa justificada, se tendrá el acto por intentado y sin efecto y el juez o tribunal impondrá las costas del proceso a la parte que no hubiera comparecido sin causa justa, incluidos los honorarios del letrado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubieran intervenido, con el limite de 600 euros, si la sentencia que en su día se dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación.

18. Prohibición de reservas de liquidación

 

Se regula en la LRJS art.99.
La regla general es que en las sentencia en que en las que se condena al abono de una cantidad, ha de determinarse expresamente, sin que pueda reservarse tal determinación para la ejecución.
Se exceptúa el supuesto en el que se reclamen prestaciones o cantidades periódica, pudiendo la sentencia incluir la condena a satisfacer esas cantidades que se devenguen con posterioridad al momento en que se dicten.

19. Salarios por asistencia a actos procesales

 

Se regulan en la LRJS art.100.
El precepto matiza la obligación del empresario de abonar salarios al demandante que personalmente hubiese comparecido al juicio, limitándolos a las correspondientes al tiempo necesario para la asistencia a los actos de conciliación y juicio y a cualquier comparecencia judicial, así como a la conciliación o mediación previa en su caso, salvo cuando fuera preceptivo otorgar representación -demanda conjunta de más de diez trabajadores, acumulación de procesos correspondientes a más de diez demandas, demandas dirigidas contra más de diez demandados (LRJS art.19)- y no fuere requerido de asistencia personal, o cuando se haya declarado que obró de mala fe o con temeridad.

20. Proceso monitorio

 

Aparece el monitorio regulado, por primera vez, en el proceso laboral. Su regulación se contiene en la LRJS art.101.
Las reclamaciones que pueden efectuarse a través de este proceso exigen los siguientes requisitos:
– Que las empresas no se encuentren en situación de concurso.
– Que la empresa pueda ser notificada mediante acuse de recibo, telégrafo, fax, correo electrónico (LRJS art.56) o entrega de copia de la resolución o de cédula (LRJS art.57).
– Que se reclamen cantidades vencidas, exigibles y de cuantía determinada.
– Que la reclamación derive de la relación laboral.
– Que no excedan de 6000 euros.
No podrá seguirse el monitorio en los siguientes supuestos:
– Reclamaciones de carácter colectivo.
– Reclamaciones contra las entidades gestoras o colaboradoras de la seguridad social.
Procedimiento:
a) Petición inicial.
– Comienza con petición inicial en la que se expresarán la identidad completa y precisa del empresario deudor, datos de identificación fiscal, domicilio completo y demás datos de localización y, en su caso, de comunicación por medios informáticos y telefónicos, tanto del demandante como del demandado.
– Desglose de los concretos conceptos reclamados, cuantías y períodos.
– Deberá acompañarse copia del contrato, recibos de salarios, comunicación empresarial o reconocimiento de deuda, certificado o documento de cotización o informe de vida laboral u otros documentos análogos, de los que resulte un principio de prueba de la relación laboral y de la cuantía de la deuda.
– Documentación acreditativa de haber intentado la previa conciliación o mediación cuando éstas sean exigibles.
– Puede presentarse en el modelo de formulario que se facilite al efecto. Se presentará preferentemente por medios informáticos.
b) Intervención del secretario judicial.
– Comprobará que la petición reúne los requisitos exigidos, completando los que falten -domicilio, datos de identificación o que afecten a la situación empresarial- utilizando a tal fin los medios de que disponga el Juzgado.
– Concederá cuatro días para la subsanación de cualquier defecto que apreciara.
– Si los defectos son insubsanables, o no han sido subsanados en plazo, dará cuenta al juez para que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la petición.
– Si la petición es admisible requerirá al empresario para que en plazo de diez días pague al trabajador, acreditándolo ante el Juzgado o formule oposición.
La oposición habrá de formularse mediante escrito en el que de forma sucinta alegue las razones por la que, a su entender, no debe en todo o parte, la cantidad reclamada.
El secretario en el requerimiento le apercibirá que, caso de no pagar la cantidad reclamada ni comparecer alegando las razones de la negativa al pago, se despachará ejecución contra él.
Este requerimiento no puede practicarse mediante edictos.
Del requerimiento se dará traslado por igual plazo al FOGASA, ampliándose por diez días más, si manifestase que necesita efectuar averiguaciones sobre los hechos de la solicitud, en especial sobre la solvencia empresarial.
c) Finalización del proceso monitorio.
Si se ha abonado o consignado el total importe se archivará el proceso, previa entrega de la cantidad al solicitante.
Si no ha habido oposición, por escrito y en forma motivada del empresario o del FOGASA, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el proceso monitorio, dando traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución. Para el despacho de ejecución basta la mera solicitud.
Desde la fecha del decreto se devengará el interés procesal de la LRJS art.251.2.
d) Despacho de ejecución.
Tras la solicitud de la parte el Juez dicta auto despachando ejecución, conteniendo la orden general de ejecución. Contra este auto procede oposición pudiendo alegar la falta de notificación del requerimiento (LRJS art.239.4).
Contra el auto resolutorio de la reposición no procederá recurso de suplicación.
e) Insolvencia o concurso.
En estos supuestos el auto despachando ejecución servirá de título bastante a los fines de la garantía salarial que procede según la naturaleza originaria de la deuda. No tendrá eficacia de cosa juzgada, si bien excluirá un ulterior litigio con idéntico objeto y sin perjuicio de la determinación de la naturaleza salarial o indemnizatoria de la deuda en el expediente frente a la institución de garantía.
f) Oposición
Si se formula en plazo y forma, se dará traslado a la parte actora que podrá en los cuatro días siguientes presentar ante el Juzgado de lo Social, demanda en la forma prevenida en este mismo artículo, en cuyo caso se procederá seguidamente al señalamiento para los actos de conciliación y juicio en la forma ordinariamente prevista.
g) Falta de notificación del requerimiento.
Si no hubiera sido posible notificar el requerimiento en la forma exigida, se procederá a dar traslado al actor para que presente demanda en el mismo plazo, si a su derecho interesare, siguiendo el trámite anterior.
h) Oposición en cuanto a parte de la cantidad reclamada.
Si la oposición se formulara solo en cuanto a parte de la cantidad reclamada, el demandante podrá solicitar del Juzgado que dicte auto acogiendo la reclamación en cuanto a las cantidades reconocidas o no impugnadas.
Este auto servirá de título de ejecución que el demandante podrá solicitar mediante simple escrito, sin necesidad de esperar a la resolución que recaiga, respecto de las cantidades controvertidas

III. DISPOSICIONES COMUNES

 

Las modalidades procesales presentan determinadas peculiaridades respecto al proceso ordinario, no obstante las disposiciones reguladoras del mismo se aplican a estas modalidades en todo lo no expresamente previsto en su particular regulación (LRJS art.102.1).
El procedimiento ha de tramitarse por la modalidad procesal expresada en la demanda. Por economía procesal, a fin de evitar que el asunto finalice con una sentencia en la que se aprecie inadecuación de procedimiento, sin resolver el fondo del asunto, lo que obligaría a la parte a plantear de nuevo la demanda con el subsiguiente retraso que acarrea e incremento de gastos, está previsto que si en cualquier momento desde la presentación de la demanda se advirtiere la inadecuación del procedimiento seguido, se procederá a dar al asunto la tramitación que corresponda a la naturaleza de las pretensiones ejercitadas, sin vinculación necesaria a la modalidad elegida por las partes y completando, en su caso, los trámites que fueran procedentes según la modalidad procesal adecuada. No procederá el sobreseimiento del proceso o la absolución en la instancia por inadecuación de la modalidad procesal, salvo cuando no sea posible completar la tramitación seguida hasta ese momento, o cuando la parte actora persista en la modalidad procesal inadecuada (LRJS art.102.2).
Consecuencia de la atribución al orden social por la L 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, de las reclamaciones de los trabajadores autónomos económicamente dependientes frente a su empresario-cliente, es la previsión contenida en la LRJS art.102.3.
Dispone dicho precepto que las acciones del TRADE, cuyo conocimiento corresponda al orden social, se ejercitarán a través del proceso ordinario o de la modalidad procesal adecuada a la naturaleza de las pretensiones formuladas, dentro del plazo de prescripción o de caducidad previsto en su caso para la misma, o que resulte de la modalidad procesal aplicable y, en su defecto, regirá el plazo de prescripción de un año desde que pudieran ser ejercitadas.
A continuación pasamos a examinar las modalidades procesales más relevantes en las que la LRJS ha introducido modificaciones.

IV. DESPIDO

1. Regulación

 

La LRJS art.103 a 113 se consagran a la regulación del despido disciplinario, coincidiendo con los que dedicaba su predecesora la LPL.
En cuanto al plazo para el ejercicio de la acción, se mantiene el de caducidad de veinte días hábiles, cuidándose de señalar, recogiendo con ello una constante doctrina jurisprudencial, que no se computarán los sábados, domingos y festivos en la sede del órgano jurisdiccional. Hay que tener presente que el lugar de prestación de servicios o el domicilio del demandado pueden ser distintos a la sede del órgano jurisdiccional y puede haber festivos locales en fechas diferentes, pero los que se tienen en cuenta, a efectos del cómputo del plazo de caducidad, son los de la sede del órgano jurisdiccional.
En aras a la economía procesal la norma permite que, en el supuesto de que se hubiera promovido papeleta de conciliación o solicitud de mediación, reclamación previa o demanda por despido, contra una persona a la que erróneamente se hubiera atribuido la cualidad de empresario y se acreditase con posterioridad, sea en el juicio o en otro momento anterior del proceso, que lo era un tercero, el trabajador podrá:
– Promover nueva demanda contra éste, si ya se hubiera celebrado el juicio.
– Ampliar la demanda si no se hubiera celebrado el juicio.
El cómputo del plazo de caducidad no comienza hasta el momento en que conste quien sea el empresario.
En el texto anterior solo estaba prevista la posibilidad de que se acreditase en juicio que el empresario era un tercero, en cuyo caso, el trabajador podía promover nueva demanda.
Se establece expresamente lo que se venía realizando en la práctica, es decir, la aplicación de las normas del despido a las distintas extinciones contractuales a instancia del empresario, con la salvedad de lo previsto en la LRJS art.120 (despido objetivo). Tradicionalmente se han venido tramitando por la modalidad procesal de despido disciplinario todas las demandas en las que el trabajador reclama contra la extinción de su contrato, debida a la voluntad unilateral del empresario que no alega una causa disciplinaria para dicha extinción, así en supuestos de contratos temporales por obra o servicio, por interinidad, lanzamiento de nueva actividad, extinción durante el periodo de prueba…
Se mantienen, en todo caso, las consecuencias sustantivas de cada modalidad procesal, es decir, que si se reclama por extinción «ante tempus» de un contrato temporal, y se declara la improcedencia del despido los salarios de tramitación solo comprenderán hasta la fecha prevista de extinción del contrato.

2. Acumulación de acciones

 

Están previstos una serie de supuestos en los que, frente a la regla general (LRJS art.26.1), que establece que no son acumulables entre sí, ni a otras distintas, ni siquiera por vía de reconvención, las acciones de despido y demás causas de extinción del contrato, se prevé expresamente la posibilidad de acumulación. Tales supuestos son los siguientes:
– Acumulación en la misma demanda de las acciones de despido y extinción del contrato a instancia del trabajador (LRJS art.26.3).
– Si la extinción del contrato se insta por falta de pago del salario, también podrá acumularse a la acción de extinción y a la de despido la reclamación salarial (LRJS art.26.3).
– El trabajador puede acumular a la acción de despido la reclamación de liquidación de cantidades adeudadas hasta la fecha. Si por la especial complejidad se pudieren ocasionar demoras el Juez, acto continuo del juicio, podrá disponer que se tramiten en procesos separados para lo que dispondrá la deducción de testimonio o copia de las actuaciones y elementos de prueba que estime necesarios, a fin de dictar sentencia en el nuevo proceso de cantidad (LRJS art.26.3).
– El trabajador conceptuado por su cliente como TRADE, si acciona por despido, invocando la existencia de relación laboral, podrá acumular a la demanda de despido la que pueda formular contra la decisión del cliente de extinguir la relación con carácter eventual.
– El demandante que alegue la relación de TRADE y, de manera subsidiaria el carácter laboral de la relación, podrá acumular a la acción de impugnación de la decisión del cliente de extinguir la relación, como acción principal, la de despido, formulada con carácter subsidiario.

3. Requisitos de la demanda

 

Aparecen regulados en la LRJS art.104.
Se exige mayor concreción, que la contemplada en la LPL, en los hechos que han de constar en la demanda
Así han de figurar los períodos concretos en los que se ha prestado servicios, modalidad y duración del contrato. Esta exigencia obedece a que, en ocasiones, el trabajador se limita a señalar la fecha en la que comenzó a prestar servicios, pero dicha prestación ha podido tener interrupciones, a veces importantes, como puede ser una excedencia, o en el caso de los fijos discontinuos se suceden periodos de trabajo y otros de inactividad, y conocer el periodo de tiempo en el que efectivamente el trabajador ha prestado sus servicios es necesario para calcular la indemnización en el supuesto de despido improcedente (LRJS art.104.a).
Se ha de acompañar la comunicación del despido o, en otro caso, se ha de hacer mención suficiente de su contenido (LRJS art.104.b).
Si concurre alguna circunstancia relevante para la declaración de nulidad o improcedencia del despido, o para la titularidad de la opción, se ha de hacer constar (LRJS art.104.b). Por ejemplo, si el despido se ha producido tras reincorporarse la trabajadora o el trabajador del descanso por maternidad, o solicitud de reducción de jornada por motivos familiares etc…
La titularidad de la opción puede corresponder al trabajador, no solo en los supuestos en que sea representante de los trabajadores, sino también si así está previsto en convenio colectivo, por lo que se ha de hacer constar esta circunstancia en la demanda.

4. Reconocimiento de la improcedencia del despido

 

Regulado en la LRJS art.105.
En el supuesto de que el empresario utilice el cauce de reconocimiento de la improcedencia del despido (ET art.56.2), lo que puede efectuar en la propia carta de despido o en cualquier momento posterior, dicho reconocimiento le vinculará y no podrá alterar esta calificación ni el importe exacto reconocido, salvo error material de cálculo o subsanación en forma.
El precepto distingue a continuación el error en que haya podido incurrir el empresario, diferenciando el error excusable del inexcusable, respecto de la cantidad debida como indemnización y, en su caso, salarios de tramitación.
En el primer supuesto la sentencia declarará la improcedencia del despido y se limitará a condenar al empresario a abonar la diferencia entre lo abonado o depositado y la cuantía que corresponda.
En el segundo supuesto la sentencia condenará al empresario a optar entre readmisión o indemnización en la cuantía que corresponda, con abono de los salarios dejados de percibir (ET art.56.1).
La percepción por el trabajador del importe ofrecido por el empresario, o la retirada del importe consignado a su favor, no le impide impugnar la extinción contractual.

5. Sentencia

 

De forma paralela a la exigencia de mayor concreción en los hechos de la demanda, se exige que el relato de los hechos probados de la sentencia tenga también otra serie de precisiones (LRJS art.107).
Así, además de las exigidas en el texto anterior, se añaden las siguientes: tiempo y forma de pago del salario, modalidad y duración del contrato, jornada (LRJS art.107.a).
Forma del despido, causas invocadas para el mismo, en su caso, y hechos acreditados en relación con dichas causas (LRJS art.107.b).
Ha de constar cualquier circunstancia relevante para la declaración de nulidad o improcedencia, o para la titularidad de la opción, en su caso (LRJS art.107.c).
Una novedad importante en el contenido de la sentencia, es la previsión que permite al juez autorizar al empresario la imposición de una sanción adecuada a la gravedad del la falta, si aprecia que los hechos acreditados no revisten gravedad suficiente para justificar el despido, pero si constituyen una infracción de menor entidad, según las normas alegadas por las partes (LRJS art.108.1).
En este supuesto no ha de haber prescrito la falta de menor gravedad antes de la imposición de la sanción de despido, pues si ha prescrito no cabe autorizar a imponer una sanción por la comisión de una falta que, teniendo en cuenta su gravedad, ya está prescrita. El despido lógicamente interrumpe la prescripción de la falta menos grave.
El empresario ha de readmitir al trabajador y podrá imponer la sanción por falta menos grave en el plazo de los diez días siguientes a la firmeza de la sentencia, siendo el plazo de caducidad.
Si el trabajador pretende impugnar la nueva sanción ha de hacerlo por la vía del incidente de ejecución de sentencia (LRJS art.238).
El plazo será de veinte días de caducidad.

6. Efectos del despido improcedente

 

La LRJS art.110.1.b ha introducido una importante novedad a efectos de dotar de mayor agilidad la opción entre indemnización o readmisión, en los supuestos de improcedencia del despido.
Se prevé que, en el acto del juicio, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización anticipe su opción para el supuesto de que el despido se declare improcedente, debiendo hacer dicha opción de forma expresa, pronunciándose sobre la misma el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo establecido en la LRJS art.111 y 112.
Asimismo, a solicitud de la parte demandante, si constara no ser realizable la readmisión podrá acordarse, en caso de improcedencia del despido, tener por hecha la opción por la indemnización en la sentencia, declarando extinguida la relación laboral en la propia sentencia y condenando al empresario a abonar la indemnización por despido y los salarios de tramitación, si procedieran, hasta la fecha de la sentencia.

V. SANCIONES

 

Las novedades introducidas en esta modalidad procesal se refieren fundamentalmente al contenido de la sentencia.
Así se prevé que en el supuesto de que la sentencia revoque totalmente, o en parte, se condene al empresario al pago de los salarios que hubieran dejando de abonarse en cumplimiento de la sanción (LRJS art.115.b y c).
De forma similar a la prevista para la modalidad procesal de despido, si el juez aprecia que la falta cometida no ha sido adecuadamente calificada, pero los hechos constituyen infracción de menor entidad, según las normas alegadas por las partes, podrá autorizar la imposición de una sanción adecuada a la gravedad de la falta si no ha prescrito la falta de menor gravedad antes de la imposición de la sanción más grave.
El empresario podrá imponer la nueva sanción, adecuada a la gravedad de la falta, en el plazo de caducidad de los diez días siguientes a la firmeza de la sentencia.
El trabajador podrá impugnar la sanción en el plazo de caducidad de veinte días, por medio del incidente de ejecución de sentencia (LRJS art.238).

VI. RECLAMACIÓN AL ESTADO DE SALARIOS DE TRAMITACIÓN

 

La fundamental novedad introducida en esta modalidad procesal radica en que la LRJS art.117.3 señala el plazo de prescripción, remitiendo a lo previsto en el ET art.59.2, es decir, un año.
Si reclama el empresario el cómputo del plazo se inicia desde el momento en que sufre la disminución patrimonial ocasionada por el abono de los salarios de tramitación, es decir, desde que ha pagado al trabajador.
Si reclama el trabajador el cómputo se inicia desde la fecha de notificación al mismo del auto judicial que haya declarado la insolvencia del empresario.

VII. EXTINCIÓN POR CAUSAS OBJETIVAS

 

La LRJS art.121.3 dispone que cuando el trabajador, vinculado a la empresa por un contrato de fomento de la contratación indefinida, asegura que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajusta a derecho porque la causa real de despido es disciplinaria, corresponderá al trabajador la carga de la prueba sobre esta cuestión.
La LRJS art.123.3 señala que cuando proceda la readmisión, el trabajador habrá de reintegrar la indemnización recibida, puntualizando que procederá tal devolución una vez sea firme la sentencia.

VIII. DESPIDOS COLECTIVOS

 

La LRJS art.124 establece la nulidad de la decisión empresarial de extinción colectiva de contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, fuerza mayor o extinción de la personalidad jurídica del empresario en los siguientes supuestos:
– Si no se hubiese tramitado la previa autorización administrativa.
– Si no se hubiera obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los supuestos en que esté legalmente prevista.
– Cuando la medida empresarial se haya efectuado con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas.

IX. MATERIA ELECTORAL

1. Impugnación de laudos

 

La LRJS art.127.2 clarifica los supuestos en los que la controversia en materia electoral ha de ser sometida al arbitraje regulado en el ET art.76, señalando que se someterán a arbitraje todas las impugnaciones relativas al proceso electoral desde la promoción de las elecciones hasta la entrada de las actas en la oficina pública.
Tales supuestos son los siguientes:
– Promoción de las elecciones.
– Validez de la comunicación a la Oficina Pública del propósito de celebrar elecciones.
– Actuaciones electorales previas a la constitución de la Mesa Electoral.
– Actuaciones electorales posteriores a la constitución de la Mesa Electoral.
– Decisiones de la Mesa Electoral.
– Atribuciones de resultados.
En cuando a las especialidades del proceso, la LRJS art.132.1.c establece como regla general que la sustanciación del proceso de impugnación de laudos no suspenderá el desarrollo del procedimiento electoral. No obstante, puede acordarse dicha suspensión por el juez, a petición de parte, caso de concurrir causa justificativa, en la forma prevista en la LRJS art.180, que regula las medidas cautelares en la modalidad procesal de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

2. Certificación de la capacidad representativa sindical

 

En lógica correspondencia con las atribuciones que la ET art.75.7 otorga a la Oficina Pública dependiente de la Autoridad Laboral -registro de las actas, expedición de copias auténticas de las mismas y expedición de certificaciones acreditativas de la capacidad representativa de los sindicatos, a efectos de la LOLS art.6 y 7- la LRJS art.136 regula la impugnación de las resoluciones de la oficina pública.
Tal y como dispone el precepto las resoluciones de la oficina pública, dependientes de la autoridad administrativa o laboral, relativas a la expedición de certificaciones de la capacidad representativa de los sindicatos o de los resultados electorales, podrán ser impugnados por el sindicato o sindicatos a los que afecte la declaración pretendida.
La demanda ha de presentarse en el plazo de diez días siguientes a la expedición o denegación de certificación.
El procedimiento tendrá carácter urgente y habrá de señalarse en el plazo de diez días siguientes a la admisión a trámite de la demanda.,
Se ha de reclamar el expediente administrativo a la oficina pública para la remisión al Juzgado dentro de los dos días siguientes.
La sentencia habrá de dictarse en plazo de tres días y resolverá sobre los términos de la certificación emitida, en función de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes.
Contra dicha resolución, que se notificará a las partes y a la oficina pública, cabrá recurso de suplicación.

X. CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

 

Se regula en la LRJS art.137.
En el epígrafe del artículo se consigna reclamación de categoría o grupo profesional, figurando en el precepto anterior únicamente categoría profesional.
La principal novedad que presenta el precepto aparece en que expresamente se prevé que a la acción de reclamación de la categoría o grupo profesional será acumulable la reclamación de las diferencias salariales correspondientes (LRJS art.137.3).
Una consolidada jurisprudencia había venido manteniendo que, si bien a la reclamación de categoría profesional se le podía acumular otra -la de reclamación de cantidades derivada de la nueva categoría profesional (TS 2-2-00, Rec 1360/99)- aunque las diferencias reclamadas excedieran el umbral fijado para el acceso al recurso de suplicación, no procedía el mismo, porque la acción principal era la de reclamación de categoría profesional que no tiene recurso.
Si bien se mantiene que contra la sentencia recaída no se dará recurso alguno, se exceptúa el supuesto de que las diferencias salariales reclamadas tengan acceso al recurso de suplicación.

XI. MOVILIDAD GEOGRÁFICA Y MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO

 

Aparece regulada en la LRJS art.138.
Este es el cauce procesal que se ha de seguir en todos los supuestos en que se produzca movilidad geográfica o modificación sustancial de condiciones de trabajo, aunque el empresario haya adoptado esas medidas sin seguir los trámites previstos en el ET art.40 y 41. La jurisprudencia venía entendiendo que si se producía movilidad geográfica o modificación sustancial de condiciones de trabajo y no se habían seguido los trámites establecidos por el ET art.40 y 41, no se podría adoptar esta modalidad procesal y había que seguir el cauce del proceso ordinario (TS 4-10-04, Rec 3749/03).
Se mantiene el plazo de veinte días para el ejercicio de la acción, señalando la norma que dicho plazo es de caducidad y comienza a contar desde la notificación por escrito de la decisión a los trabajadores, o a sus representantes, conforme a lo dispuesto en el ET art.59.4, sin perjuicio, en todo caso, de la prescripción de las acciones derivadas, por el transcurso del plazo previsto en el ET art.59.2.
Hay un nuevo párrafo, el 3, que prevé la posibilidad, no la obligación, de que el órgano judicial recabe informe urgente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, remitiéndole copia de la demanda y documentos que la acompañen. El informe versará sobre los hechos invocados como justificativos de la decisión empresarial, en relación con la modificación acordada y demás circunstancia concurrentes.
Señala asimismo la norma que la sentencia que recaiga en un conflicto colectivo, estando pendiente demanda individual, provocará la suspensión de éste último y tendrá eficacia de cosa juzgada sobre el proceso individual (LRJS art.160.3).
Se señala que contra la sentencia que recaiga no cabe recurso alguno, salvo en los supuestos de movilidad geográfica, regulada en el ET art.40.2 y en los de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo cuando tengan carácter colectivo (ET art.41.2).
El precepto examina los tres diferentes contenidos que puede tener la sentencia:
– Declarar justificada la decisión empresarial: En ese caso reconocerá el derecho del trabajador a extinguir el contrato, en los supuestos previstos en el ET art.40.1 y 41.3, concediéndole al efecto el plazo de quince días.
– Declarar injustificada la decisión empresarial: En este caso reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, así como al abono de los daños y perjuicios que la decisión empresarial hubiera podido ocasionar durante el tiempo en que ha producido efectos.
– Declarar nula la decisión empresarial: Cuando haya sido adoptada en fraude de ley, eludiendo las normas establecidas para las de carácter colectivo en el ET art.40 y 41, así como cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación previstas en la Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, incluidos los demás supuestos que comportan la declaración de nulidad del despido (LRJS art.108.2).

XII. DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL RECONOCIDOS LEGAL O CONVENCIONALMENTE

 

Está regulada en la LRJS art.139; en el texto anterior en la LPL art.138 bis.
Frente a la regulación anterior, que prohibía expresamente que a la acción de reclamación de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se acumulara ninguna otra pretensión (LPL art.27.4), la redacción actual de la norma prevé expresamente la posibilidad de acumulación de la acción de daños y perjuicios causados al trabajador exclusivamente derivados de la negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida, de los que el empresario podrá exonerarse si hubiera dado cumplimiento, al menos provisional, a la medida propuesta por el trabajador.
A los actos de conciliación previa al acto del juicio y al propio acto del juicio el empresario y el trabajador deberán llevar sus respectivas propuestas y alternativas de concreción, que podrán acompañar de informe de los órganos paritarios o de seguimiento de los planes de igualdad de la empresa para su consideración en la sentencia.
La regla general es que contra la sentencia no cabe recurso, salvo que se haya acumulado pretensión de resarcimiento de perjuicios, que por su cuantía pudiera dar lugar a recurso de suplicación, siendo, sin embargo, ejecutivo, desde que se dicte, el pronunciamiento sobre las medidas de conciliación.
Este procedimiento se aplica a la trabajadora, víctima de violencia de género, que ejercite los derechos reconocidos en la ley de reducción de jornada con reducción proporcional del salario, reordenación del tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilice en la empresa.
La trabajadora podrá acumular a dicha demanda la acción de daños y perjuicios directamente causados a la trabajadora por la negativa o demora del derecho.
Puede también instar la adopción de medidas cautelares (LRJS art.180): la suspensión de la relación o exoneración de prestación de servicios, el traslado de puesto o de centro de trabajo, la reordenación o reducción del tiempo de trabajo y cuantas otras tiendan a preservar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, incluidas aquellas que pudieran afectar al presunto vulnerador de los derechos o libertades objeto de la tutela pretendida en cuyo caso deberá ser oído éste.

XIII. DE LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

En primer lugar hay que señalar que, frente a la redacción anterior, que se refería a demandas formuladas en materia de Seguridad Social, el precepto actual regula las demandas formuladas en materia de prestaciones de Seguridad Social.

1. Procesos de impugnación de alta médica

 

Está regulado en la LRJS art.140.3.
Aparece configurado como una modalidad procesal dentro de la modalidad de prestaciones de Seguridad Social, regulándose por primera vez en nuestro ordenamiento.
Su regulación aparece configurada de la siguiente forma:
– La demanda se dirigirá exclusivamente contra la Entidad Gestora y, en su caso, contra la colaboradora en la gestión. No es preciso demandar al servicio público de salud ni a la empresa. Únicamente habrá de demandarse al primero si se impugna el alta emitida por los servicios médicos del mismo y a la empresa cuando se cuestione la contingencia.
No será exigible el previo agotamiento de la vía administrativa cuando se impugne el alta médica emitida por los órganos competentes de las Entidades gestoras de la Seguridad Social al agotarse el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días de la prestación de incapacidad temporal (LRJS art.140.1).
– El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente.
– El plazo que se concede a la Entidad Gestora para la remisión del expediente es de cinco días.
– El acto de la vista habrá de señalarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda
– La sentencia ha de dictarse en el plazo de tres días y sus efectos se limitarán al alta médica impugnada, sin condicionar otros procesos diversos, sea en lo relativo a la contingencia, a la base reguladora, a las prestaciones derivadas o a cualquier otro extremo.
No podrán acumularse otras acciones, ni siquiera la reclamación económica por IT, si bien la sentencia que estime indebida el alta dispondrá la reposición del beneficiario en la prestación que hubiera venido percibiendo, en tanto no concurra causa de extinción de la misma, por el transcurso del tiempo por el que hubiera sido reconocida o por otra causa legal de extinción.

2. Legitimación de las Entidades Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social

 

Se regula en la LRJS art.141.
En los pleitos en materia de prestaciones las entidades u organismos gestores y la Tesorería General de la Seguridad Social podrán personarse y ser tenidas por parte, con plenitud de posibilidades de alegación y defensa, incluida la de interponer el recurso o remedio procesal que pudiera proceder, teniendo también legitimación para actuar en los procedimientos en los que tengan interés por razón del ejercicio de sus competencias, sin que tal intervención haga retroceder ni detener el curso de las actuaciones.
A tal efecto el secretario judicial deberá efectuar las actuaciones precisas para constatar la posible existencia de las situaciones anteriores y acordar en su caso, que les sean notificadas las resoluciones de admisión a trámite, señalamiento de la vista o incidente y demás resoluciones, incluida la que ponga fin al trámite correspondiente.
El órgano judicial podrá solicitar de dichas entidades y organismos los antecedentes de que dispongan en relación con los hechos objeto del procedimiento y los mismos podrán igualmente aportar dichos antecedentes, estén o no personados, en cuanto pudieran afectar a las prestaciones que gestionen, a los fines de completar los elementos de conocimiento del órgano jurisdiccional en la resolución del asunto.

3. Documentación en procesos por accidente de trabajo o enfermedad profesional

 

La LRJS art.142 dispone que si en las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional no se consignara el nombre de la Entidad gestora o, en su caso, de la Mutua, el secretario judicial requerirá al empresario para que en plazo de cuatro días aporte el documento acreditativo de la cobertura del riesgo. Si transcurrido este plazo no lo efectúa, el juez, a la vista de las circunstancias concurrentes y, oyendo a la TGSS, acordará el embargo de bienes del empresario en cantidad suficiente para asegurar el resultado del juicio. Iguales medidas se adoptarán en relación con el aseguramiento del riesgo y el documento de cobertura de las mejoras voluntarias o complementarias de Seguridad Social y de otras posibles responsabilidades del empresario, o de terceros, por accidente de trabajo y enfermedad profesional. El empresario, o el tercero, deberán aportar, en el plazo de cuatro días, tras el pertinente requerimiento del secretario judicial, el documento del aseguramiento de dicha contingencia y los datos de la entidad aseguradora que cubra el mismo. En el requerimiento se les advertirá que, caso de no aportar los documentos requeridos, vistas las circunstancias que concurran y oída la TGSS, podrá acordar el embargo de bienes del empresario o del tercero, en cuantía suficiente para asegurar el resultado del juicio y cuantas medidas cautelares se consideren necesarias.
En este precepto se prevé que en los procesos para la determinación de contingencia y en los de recargo por falta de medidas de seguridad, si no se ha recibido el informe de la Inspección de Trabajo, al que alude el apartado 2 del precepto, el secretario, con antelación de al menos cinco días a la celebración del juicio, reiterará la remisión de dicho informe.

4. Remisión del expediente administrativo

 

La LRJS art.143 regula esta cuestión.
Dispone que la remisión del expediente administrativo por parte de la Entidad Gestora, organismo gestor o colaborador puede hacerse en soporte escrito o, preferentemente, informático.
El expediente ha de enviarse completo, foliado y, en su caso, autentificado y acompañado de un índice de los documentos que contenga.
Al solicitar el expediente se requerirá al correspondiente organismo para que informe de si tiene conocimiento de la existencia de otras demandas en las que se deduzcan pretensiones en relación con el mismo acto o actuación, a los efectos de posibilitar, en su caso, la acumulación de oficio o a instancia de parte (LRJS art.28.2).
A la vista del expediente el tribunal dispondrá el emplazamiento de las personas que pudieran ostentar un interés legítimo en el proceso, o resultar afectadas por el mismo, para que puedan comparecer en el acto del juicio y ser temidas por parte en el proceso y formular sus pretensiones, procurando que el emplazamiento se efectúe con, al menos, cinco días hábiles de antelación al señalamiento a juicio y sin necesidad de que se cumplan los plazos generales señalados en la LRJS art.82.
Si bien el precepto mantiene la tradicional prohibición existente de que en el proceso no pueden aducirse por ninguna de las partes hechos distintos de los alegados en el expediente administrativo, añade que salvo en cuanto a los hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad.

5. Efectos de la falta de remisión del expediente administrativo

 

La LRJS art.144 regula esta cuestión.
Cumplido el plazo sin que se haya recibido el expediente, el secretario judicial reiterará por vía urgente su inmediata remisión.
Si al demandante le conviniera la aportación del expediente podrá solicitar la suspensión del juicio para que el secretario requiera de nuevo la remisión del expediente en un plazo de diez días, con apercibimiento de imposición de las medidas de la LRJS art.75.5.
El plazo es de cinco días en el supuesto de impugnación de alta médica.

6. Revisión de actos declarativos de derechos

 

La LRJS art.146 mantiene la regulación anterior, si bien introduce algunas variaciones.
Así, en cuanto a los sujetos que no pueden revisar por sí mismos los actos declarativos de derechos en perjuicio del beneficiario, se encuentran las Entidades, Órganos u Organismos Gestores y el FOGASA.
Están exceptuados de dicha prohibición los siguientes supuestos:
– La rectificación de errores materiales o de hecho y los aritméticos.
– Las revisiones motivadas por la constatación de omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario.
– Las revisiones de los actos en materia de protección por desempleo y por cese de actividad de los trabajadores autónomos, siempre que se efectúen dentro del plazo máximo de un año desde la resolución administrativa o del órgano gestor que no hubiera sido impugnada.
Se establece el plazo de prescripción de la acción de revisión en cuatro años.

XIV. CONFLICTO COLECTIVO

1. Supuestos

 

LRJS art.153.
Se amplían los supuestos en los que ha de seguirse la modalidad de conflicto colectivo.
Son los siguientes:
– Demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores.
– Demandas que afecten a un colectivo genérico susceptible de determinación individual.
En ambos casos han de versar sobre la aplicación e interpretación de una norma estatal, convenio colectivo cualquiera que sea su eficacia, pactos o acuerdos de carácter colectivo, también las que regulan el ET art.40.2 y 41.2, o de una práctica de empresa.
– Demandas que versen sobre los acuerdos de interés profesional de los TRADE
– Impugnación directa de los acuerdos o pactos colectivos no comprendidos en la LRJS art.163 -convenios estatutarios-.
– Impugnación de convenios colectivos y de laudos arbitrales sustitutivos de estos.
– Impugnación de las decisiones de empresa de atribuir carácter reservado o de no comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores. La posibilidad de que la empresa atribuya carácter reservado a determinadas cuestiones aparece contemplada en el ET art.65 con carácter excepcional.
– Litigios relativos al cumplimiento por parte de los trabajadores y de los expertos que les asistan de su obligación de sigilo. Esta obligación aparece regulada en el ET art.65.2 y 3.
El precitado ET art.65, en su apartado 5, prevé que la impugnación de las decisiones de la empresa de atribuir carácter reservado, o de no comunicar determinadas informaciones al comité de empresa, así como los litigios relativos al cumplimiento por los representantes de los trabajadores o por los expertos que les asistan de su deber de sigilo, se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo.
El juez o la sala deberá adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el carácter reservado o secreto de la información de la que se trate.

2. Legitimación

 

Se mantiene la legitimación regulada en el texto anterior (LRJS art.152.a.b y c), así como la regulada en la LRJS art.153, a saber, la legitimación de sindicatos representativos, asociaciones empresariales representativas y los órganos de representación legal o sindical, aún cuando no hayan promovido el conflicto y se adicionan como legitimados los siguientes sujetos:
– Las Administraciones públicas empleadoras incluidas en el ámbito del conflicto y los órganos de representación del personal laboral al servicio de los anteriores.
– Las asociaciones representativas de los TRADE, y los sindicatos representativos de éstos para el ejercicio de las acciones colectivas relativas a su régimen profesional, siempre que su ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto para el ejercicio de las acciones colectivas relativas a su régimen.
– Las empresas para las que ejecuten su actividad los TRADE y las asociaciones empresariales de estas siempre que su ámbito de actuación sea, al menos, igual al del conflicto.

3. Eficacia de lo acordado en conciliación o mediación

 

Se regula en la LRJS art.156.
Es requisito necesario el intento de conciliación o mediación.
Lo acordado en conciliación o medición tendrá, según su naturaleza, la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos por el ET art.82, siempre que las partes que concilien ostenten legitimación y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas normas. En su caso se enviará copia a la autoridad laboral.
En el caso de los TRADE, el acuerdo alcanzado tendrá la eficacia correspondiente a los acuerdos de interés profesional regulados en la L 20/2007 art.13.

4. Contenido de la demanda

 

Aparece establecido en la LRJS art.157.
Además de los requisitos generales contendrá:
– La designación general de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto.
Si se formulan pretensiones de condena que, aunque referidas a un colectivo genérico, sean susceptibles de determinación individual ulterior sin necesidad de nuevo litigio, habrán de consignar los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y el cumplimiento de la sentencia respecto a ellos.
– La designación concreta del demandado o demandados, con expresión del empresario, asociación empresarial, sindicato o representación unitaria a quienes afecten las pretensiones ejercitadas.
– Referencia sucinta a los fundamentos jurídicos de la pretensión formalizada.
– Las pretensiones interpuestas declarativas, de condena o de otra naturaleza, concretamente ejercitadas, según el objeto del conflicto.
A la demanda deberá acompañarse certificación acreditativa de haberse intentado la conciliación o mediación previa, o alegación de que no es necesaria esta.

5. Inicio de la demanda por la autoridad laboral

 

LRJS art.158.
La novedad radica en que la secretario judicial ha de advertir a la autoridad laboral de los defectos u omisiones que pudiera contener la comunicación, no de los defectos u omisiones de carácter formal, que señalaba el precepto anterior.

6. Urgencia y preferencia del proceso

 

LRJS art.159.
Se mantiene la preferencia absoluta en el despacho de estos asuntos, salvo los de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.

7. Celebración del juicio y sentencia

 

LRJS art.160.
La novedad del precepto es la posibilidad de ejecución de sentencias dictadas en procesos de conflicto colectivo.
En efecto, se señala que, si es estimatoria una pretensión de condena susceptible de ejecución individual, deberá contener la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena, debiendo especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado (LRJS art.160.3).
Asimismo deberá contener la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.
Se mantiene la regulación anterior respecto a que la sentencia firme producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse, que versen sobre idéntico objeto o en relación de directa conexidad con aquel, tanto en el orden social como en el contencioso-administrativo.
Contiene una previsión especial, no contemplada en el texto anterior, que es que los pleitos individuales quedarán en suspenso durante la tramitación del conflicto colectivo. La suspensión se acordará aunque hubiera recaído sentencia en la instancia y estuviera pendiente el recurso de suplicación y el de casación, vinculando al tribunal correspondiente la sentencia firme recaída en el proceso de conflicto colectivo, aunque en el recurso de casación para unificación de doctrina no se hubiere invocado aquella como sentencia contradictoria
La iniciación del proceso de conflicto colectivo interrumpirá la prescripción de las acciones individuales en igual relación con el objeto del referido conflicto.

XV. IMPUGNACIÓN DE CONVENIO COLECTIVO

1. Iniciación

 

LRJS art.163.
Se prevé en este precepto que, además de los convenios colectivos estatutarios, cabe la impugnación de los laudos sustitutivos de éstos.
Asimismo se señala que la falta de impugnación directa de un convenio colectivo estatutario no impide la impugnación de los actos que se produzcan en su aplicación a través de los conflictos colectivos o individuales posteriores que pudieran promoverse por los legitimados para ello, fundadas en que las disposiciones contenidas en los mismos no son conforme a derecho (LRJS art.164.4). El juez o tribunal que en dichos procedimientos apreciará la ilegalidad de alguna de sus disposiciones lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que, en su caso, pueda plantear la ilegalidad a través de la modalidad procesal de impugnación de convenios colectivos.

2. Requisitos de la comunicación de oficio

 

LRJS art.164.
Se mantienen las señaladas en la redacción anterior del precepto. Como novedad hay que indicar que el secretario judicial ha de acordar la subsanación de los defectos u omisiones de la demanda, no sólo de los defectos formales.
El proceso ha de seguirse, además de con los representantes integrantes de la Comisión o Mesa negociadora del convenio, con los demandantes o terceros presuntamente lesionados. Cuando la impugnación procediera de la autoridad laboral y no hubiera denunciantes, será citada la representación legal de dicha autoridad (puede ser el Abogado del Estado o de las Comunidades Autónomas).

3. Legitimación

 

LRJS art.165.
Se amplía la legitimación activa para impugnar un convenio colectivo
Si la impugnación se fundamenta en la ilegalidad, además de estar legitimados los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, sindicatos y asociaciones empresariales interesadas, está legitimado el Ministerio Fiscal, la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas en su respectivo ámbito.
En el supuesto de que se impugnaran cláusulas que pudieran contener discriminaciones directas o indirectas por razón de sexo, están también legitimados el Instituto de la Mujer y los órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas.
Si el motivo de la impugnación fuera la lesividad, la legitimación corresponde a los terceros, cuyo interés haya resultado gravemente lesionado. No se tendrá por terceros a los trabajadores y empresarios incluidos en el ámbito de aplicación del convenio.

4. Celebración del juicio y sentencia

 

LRJS art.166.
La novedad que introduce el precepto es que la sentencia que se dicte, una vez firme, producirá efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes de resolución o que puedan plantearse en todos los ámbitos de la jurisdicción sobre los preceptos convalidados, anulados o interpretados, objeto del proceso.

XVI. PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, EXCLUIDOS LOS PRESTACIONALES

1. Introducción

 

Consecuencia de la atribución de nuevas competencias al orden social de la jurisdicción, tal y como resulta de la LRJS art.2, apartados n, ñ y s, se regula un nuevo proceso, que no tiene antecedente alguno en los anteriores textos procesales, de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de Seguridad Social, excluidos los prestacionales, que aparece regulados en la LRJSS art.140 s.

2. Tramitación

 

LRJS art.151.1.2.3.4.
El procedimiento se iniciará mediante demanda, en impugnación de los actos administrativos en materia laboral dirigida contra el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales u otras Administraciones y Organismos Públicos.
Se regirán por los procedimientos y reglas del proceso ordinario, con las especialidades contenidas en sus normas reguladoras. En lo no previsto expresamente serán de aplicación las normas reguladoras de la jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto sea compatibles con los principios del proceso social.
Con la demanda ha de acreditarse que se ha agotado la vía administrativa en la forma y plazos que correspondan, según la normativa aplicable a la Administración autora del acto, en la forma establecida en la LRJS art.69.
Se exceptúan de este requisito los procesos de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, siendo el plazo para interponer la demanda de veinte días desde el día siguiente a la notificación del acto o al transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites. Cuando la lesión del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o en actuación en vías de hecho, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, el plazo de veinte días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación contra la inactividad o vía de hecho, o desde la presentación del recurso respectivamente, a tenor del LRJS art.70.2.
En los litigios entre Administraciones públicas no cabe interponer recurso en vía administrativa, pudiendo la Administración que interponga el recurso contra otra requerirla para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que está obligada.
En la demanda se identificará con precisión el acto o resolución objeto de impugnación y la Administración Pública o Entidad de derecho público contra cuya actividad se dirige el recurso, indicándose las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
En el caso de que se omitieran los requisitos anteriores el secretario judicial dispondrá que se subsane el defecto en el plazo de cuatro días.
De no subsanarlo dará cuenta al Tribunal para que se resuelva sobre la admisión.

3. Legitimación

 

LRJS art.151.5.6 y 10.
Estarán legitimados para promover el proceso los destinatarios del acto o resolución impugnada o quienes ostenten derechos o intereses legítimos en su revocación o anulación.
La legitimación pasiva corresponde a la Administración o Entidad pública autora del acto.
Lo empresarios y los trabajadores afectados o los causahabientes de ambos, así como aquellos terceros a los que pudieran alcanzar las responsabilidades derivadas de los hecho considerados por el acto objeto de impugnación y quienes pudieran haber resultado perjudicados por los mismos, podrán comparecer como parte, en el procedimiento y serán emplazados al efecto, en especial cuando se trate de enjuiciar hechos que pudieran ser constitutivos de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
En los litigios sobre sanciones administrativas en materia de acoso laboral, sexual o por razón de sexo, la víctima estará legitimada para comparecer en el procedimiento según su libre decisión y no podrá ser demandada o emplazada de comparecencia contra su voluntad.
En el caso de que la víctima sea citada como testigo, el órgano jurisdiccional velará para que la declaración se practique en términos compatibles con su situación personal y con las restricciones de publicidad e intervención de las partes y de sus representantes que sean necesarios.
Los sindicatos y asociaciones empresariales más representativos, así como aquellos con implantación en el ámbito de efectos del litigio y el empresario y la representación unitaria de los trabajadores en la empresa, podrán personarse y ser tenidos como parte en los procesos en los que tengan interés en defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios o en su función de velar por el cumplimiento de las normas vigentes, sin que tal intervención haga detener o retroceder el curso de las actuaciones.
La Administración autora de un acto declarativo de derechos, cuyo conocimiento corresponda al orden jurisdiccional social está legitimada para impugnarlo, previa su declaración de lesividad para el interés público, en el plazo de dos meses a contar desde la declaración de lesividad.
La revisión de actos declarativos de derechos en materia de Seguridad Social se rige por lo dispuesto en la LRJS art.146 y 147.

4. Plazo

 

LRJS art.151.7.
El plazo será el establecido en la LRJS art.69 y 70 o el expresamente señalado, en su caso, según la modalidad procesal aplicable, siendo de aplicación lo dispuesto en la LRJS art.73.

5. Actas de infracción

 

Los hechos constatados por los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social o por los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social actuantes que se formalicen en las actas de infracción, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.
El mismo valor probatorio tendrán los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes.

6. Sentencia

 

LRJS art.151.9.
La sentencia contendrá los siguientes pronunciamientos:
A) Declarará la inadmisibilidad de la demanda por:
– Carencia de jurisdicción.
– Por no ser susceptible de impugnación el acto recurrido.
– Por haberse formulado la demanda fuera del plazo establecido.
– Cuando se aprecie la falta de cualquier otro presupuesto procesal.
– Cuando se impugnen actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
B) Desestimará la demanda cuando se ajuste a derecho el acto impugnado.
C) Estimará la demanda si se aprecia infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder por haberse utilizado las potestades administrativas para fines distintos de los legalmente previstos.
En este caso la sentencia declarará no conforme a derecho el acto impugnado y lo anulará total o parcialmente. Cuando así proceda ordenará el cese o la modificación de la actuación impugnada o impondrá el reconocimiento de una determinada situación jurídica individualizada.
D) Declarará la nulidad del acto o resolución por omisión de requisitos de forma subsanables de carácter esencial que hayan ocasionado indefensión. En este caso podrá disponerse la nulidad del procedimiento seguido a los solos efectos de retrotraerlo al momento de producción.
E) Declarará la caducidad del expediente. En este supuesto cabe la nueva iniciación de la actuación administrativa si por su naturaleza no estuviera sujeta a un plazo extintivo de cualquier clase, sin que el procedimiento caducado tenga eficacia interruptiva de dicho plazo.

7. ERE

 

LRJS art.151.7.
La sentencia que deja sin efecto una resolución administrativa, en virtud de la cual se hubieran producido extinciones de la relación laboral, declarará el derecho de los trabajadores afectados a reincorporarse en su puesto de trabajo.
El empresario dentro de los cinco días siguientes a la firmeza de la sentencia puede optar por la indemnización, presentando escrito ante el Juzgado, siendo la cuantía de la misma la prevista para el despido improcedente.
En el caso de que opte por la reincorporación al trabajo deberá comunicar a los trabajadores, por escrito, la fecha de su reincorporación, dentro de los quince días siguientes a la firmeza de la sentencia.
En cualquiera de los dos supuestos el trabajador tendrá derecho a los salarios dejados de percibir, con deducción de los que hubiera percibido desde la extinción, y con la devolución o deducción de las cantidades percibidas como indemnización (LRJS art.123.3 y 4).
En caso de no readmisión o readmisión irregular, el trabajador podrá instar la ejecución de la sentencia en los veinte días siguientes (LRJS art.279 a 281).
En el supuesto de que se deje sin efecto la resolución administrativa por vulneración de derechos fundamentales o libertades públicas, los trabajadores tendrán derecho a la inmediata readmisión y al abono de los salarios dejados de percibir y podrán, en su caso, instar la ejecución (LRJS art.282 s.).
En el supuesto de que los trabajadores hubieran percibido prestaciones de desempleo, se aplicará lo dispuesto en la LGSS art.209.5.

8. Medidas cautelares

 

LRJS art.152.1.
Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la suspensión del acto o resolución administrativa recurridos.
También pueden solicitar cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia, cuando la ejecución del acto impugnado pudiera hacer perder su finalidad legítima a la demanda.
El juez oirá a las partes por tres días y resolverá sobre la suspensión.
Si concurren razones de especial urgencia podrá anticipar la medida, sin perjuicio de la posterior audiencia de las partes.
Podrá denegarse la medida cautelar cuando de la misma pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de terceros, que el Juez ponderará de forma circunstanciada.

9. Paralización de trabajo por riesgo grave e inminente de la seguridad y salud de los trabajadores

 

LRJS art.152.2.
La LPRL art.44 prevé la paralización de trabajos en supuestos de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores.
En el caso de que la autoridad laboral acuerde esta medida, cabe su impugnación. Cabe también que, en tanto se resuelva, el trabajador afectado, su representación unitaria o sindical y el empresario interesado, podrán solicitar el alzamiento, mantenimiento o adopción de la medida.
A tal efecto se citará al empresario y a los trabajadores afectados, o a sus representantes, a una audiencia preliminar, que se señalará dentro de las 48 horas siguientes, requiriendo el Juez a la Inspección de Trabajo la aportación, en el plazo de 48 horas, de las actuaciones que hubieran practicado y, en su caso, de considerarlo necesario, la presencia en la audiencia del funcionario que hubiera ordenado la paralización.
En caso de incumplimiento de la orden de paralización de trabajos acordada por la autoridad laboral, podrán personarse en el procedimiento las entidades gestoras, colaboradoras y servicios públicos de salud, en relación con las responsabilidades empresariales (LGSS art.195) y solicitar las medidas cautelares que procedan en orden al aseguramiento de las prestaciones que deban dispensar o anticipar las citadas entidades.
Los trabajadores y su representación unitaria o sindical podrá igualmente solicitar la adopción de las mismas medidas cautelares en relación con el referido aseguramiento.

XVII. DE LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS

1. Legitimación

 

LRJS art.177.
Están legitimados los trabajadores o sindicatos que, invocando un derecho o interés legítimo consideren lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y de acoso, siempre que la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social, o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios.
En los supuesto en los que corresponda al trabajador, como sujeto lesionado, la legitimación activa como parte principal, podrán personarse como coadyuvantes el sindicato al que este pertenezca, cualquier otro sindicato que ostente la condición de más representativo y, en los supuestos de discriminación, las entidades públicas o privadas entre cuyos fines se encuentre la promoción y defensa de los intereses legítimos afectados, si bien no podrán personarse, recurrir ni continuar el proceso contra la voluntad del trabajador perjudicado.
El Ministerio Fiscal será siempre parte, en defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, velando especialmente por la integridad de la reparación de las víctimas e interesando la adopción, en su caso, de las medidas necesarias para la depuración de las conductas delictivas.
La víctima del acoso o de la lesión de derechos fundamentales y libertades públicas, con motivo u ocasión de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social, o en conexión directa con las mismas, podrá dirigir pretensiones, tanto contra el empresario como contra cualquier otro sujeto que resulte responsable, con independencia del tipo de vínculo que le una al empresario.
Corresponderá a la víctima, que será la única legitimada en esta modalidad procesal, elegir la clase de tutela que pretende dentro de la previstas en la Ley, sin que deba ser demandado necesariamente con el empresario el posible causante directo de la lesión, salvo cuando la víctima pretenda la condena de este último, o pudiera resultar directamente afectado por la resolución que se dictare.
Si se requiriese su testimonio el órgano jurisdiccional velará por las condiciones de su práctica en términos compatibles con su situación personal y con las restricciones de publicidad e intervención de las partes y de sus representantes que sean necesarias.
Hay que poner de relieve que el precepto (LRJS art.177.1) amplía la legitimación pasiva, ya que pueden ser demandados los terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios, siendo competente el orden social para conocer de tales demandadas. Se puede producir una vulneración de derechos fundamentales por parte de un sujeto que no tiene relación alguna con la víctima, pero si la tiene con su empresario y la vulneración se produce en conexión directa con la prestación de servicios. Pensemos en un empresario, cliente del empresario del trabajador, que acude a la empresa y procede a arrancar los carteles en los que aparece el nombre del trabajador que se presenta a las elecciones sindicales. El trabajador podrá dirigir su demanda, por vulneración del derecho de libertad sindical contra este tercero, que está vinculado al empresario por una relación comercial, ya que la vulneración del citado derecho se ha producido en conexión directa con la prestación de servicios. En efecto, se ha producido en tiempo y lugar de trabajo, mientras el trabajador se encontraba desempeñando sus funciones, no habiéndose atrevido a intervenir ya que se trataba de un cliente de la empresa.
El precepto incide de nuevo en la cuestión, al señalar que la víctima del acoso o de la lesión de derechos fundamentales y libertades públicas podrá dirigir pretensiones tanto contra el empresario como contra cualquier otro sujeto que resulte responsable, con independencia del tipo de vínculo que le una al empresario (LRJS art.177.4).
En supuestos de acoso laboral el acosador puede ser el empresario, un superior, un subordinado, o, en general, cualquier trabajador o trabajadores de la empresa.
En supuestos de acoso por razón de sexo, habitualmente el responsable será el empresario o cualquier persona que tenga poderes dentro de la empresa, aunque cabe también que este tipo de acoso provenga de un subordinado o de los compañeros de trabajo.
En supuestos de acoso sexual el espectro es mucho más amplio, ya que la conducta puede provenir, no solo del empresario, de un superior, de un subordinado o de un compañero de trabajo, sino también de un tercero ajeno a la relación laboral. Así, ocurre en supuestos en los que un cliente de la empresa acosa sexualmente a una trabajadora, por ejemplo un cliente de una inmobiliaria que acosa a la vendedora de pisos, un cliente de un bar de copas que acosa a la camarera, un cliente de una peluquería que acosa a la empleada, un conductor de camión -empleado en otra empresa- que acosa a la trabajadora encargada de recibir las mercancías…
Con esta ampliación de la legitimación pasiva se sigue escrupulosamente la doctrina del Tribunal Constitucional (TCo 250/2007), dictada en un supuesto de acoso sexual, siendo el acosador un trabajador que pertenecía a una empresa distinta de la de la víctima, si bien era superior jerárquico suyo, habiéndose declarado incompetentes los órganos del orden jurisdiccional social por entender que no existía relación laboral entre el acosador y la víctima.

2. No acumulación de acciones

 

LRJS art.178.
El objeto del proceso queda limitado al conocimiento de la lesión del derecho fundamental o libertad pública, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos a la tutela del citado derecho o libertad.
En el supuesto de que la tutela deba realizarse a través de las modalidades procesales a que se refiere la LRJS art.184, se aplicará en cuanto a las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, las garantías previstas en este capítulo, incluida la citación como parte del Ministerio Fiscal.

3. Demanda

 

LRJS art.179.
Se introduce una importante novedad en el apartado 3 del precepto. En efecto se señala que en la demanda, además de expresar con claridad los hechos constitutivos de la vulneración y el derecho o libertad infringidos, se señalará la cuantía de la indemnización pretendida, con la adecuada especificación de los diversos daños y perjuicios, a los efectos de lo dispuesto en la LRJS art.182 y 183 y que, salvo en los casos de daños morales unidos a la vulneración del derecho fundamental cuando resulte difícil su estimación detallada, deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada incluyendo la gravedad, duración y consecuencias del daño o las bases de cálculo de los perjuicios estimados para el trabajador.
El juez o tribunal rechazará de plano las demandas que no deban tramitarse con arreglo a las disposiciones de este capítulo y no sean susceptibles de subsanación, advirtiendo al demandante del derecho que le asiste a promover la acción por el cauce procesal correspondiente. No obstante el juez o la sala dará a la demanda la tramitación ordinaria o especial, si para el procedimiento adecuado fuese competente y la demanda reuniese los requisitos exigidos por la ley para tal clase de procedimiento.

4. Medidas cautelares

 

Se puede solicitar la suspensión de los efectos del acto impugnado en el mismo escrito de demanda, así como las demás medidas necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiera acordarse en sentencia.
El juez o tribunal podrá acordar la suspensión de los efectos del acto impugnado cuando su ejecución produzca al demandante perjuicios que pudieran hacer perder su finalidad a la pretensión de tutela y cuando la suspensión no cause perturbación grave y desproporcionada a otros derechos y libertades o intereses superiores constitucionalmente protegidos. Si se invoca la vulneración de la libertad sindical aparece la limitación del texto anterior, ya que solo puede acordarse la suspensión de los efectos del acto impugnado cuando las presuntas lesiones impidan la participación de candidatos en el proceso electoral o el ejercicio de la función representativa o sindical respecto de la negociación colectiva, reestructuración de plantillas u otras cuestiones de importancia trascendental que afecten al interés general de los trabajadores y que puedan causar daños de imposible reparación.
En caso de huelga se puede solicitar la adopción de medidas cautelares:
– Cuando se impugnen exclusivamente los actos de determinación del personal laboral adscrito a los mínimos necesarios para garantizar los servicios esenciales de la comunidad.
– Cuando se impugnen los actos de designación del personal laboral adscrito a los servicios de seguridad y mantenimiento precisos para la reanudación ulterior de las tareas.
El órgano jurisdiccional resolverá manteniendo, modificando o revocando la designación de personal adscrito a dichos servicios conforme a las propuestas que, en su caso, formulen las partes.
Cuando la demanda se refiera a la protección frente al acoso, así como en los procedimientos seguidos a instancia de la trabajadora víctima de violencia de género, para el ejercicio de los derechos que les sean reconocidos en tal situación, podrá solicitarse, además, la suspensión de la relación o la exoneración de la prestación de servicios, el traslado de puesto o de centro de trabajo, la reordenación o reducción del tiempo de trabajo y cuantas otras medidas tiendan a preservar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, incluidas, en su caso, aquellas que pudieran afectar al presunto acosador o vulnerador de los derechos y libertades objeto de la tutela pretendida, en cuyo supuesto deberá ser oído éste.
La tramitación de las mismas aparece regulada en la LRJS art.180.5.
Dentro del día siguiente a la presentación de la solicitud, el Secretario judicial citará a las partes y al Ministerio Fiscal, a una audiencia preliminar que ha de celebrarse dentro de las 48 horas siguientes, en la que solo se admitirán alegaciones y pruebas sobre la justificación y proporcionalidad de las medidas en relación con el derecho fundamental y el riesgo para la efectividad de la resolución que deba recaer, debiendo aportar la parte solicitante el necesario principio de prueba al respecto.
En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la medida podrá acordarse por el Juez o la Sala al admitirse a trámite la demanda, sin perjuicio de que se celebre ulteriormente la comparecencia prevista.
El órgano judicial resolverá mediante auto dictado de viva voz, al finalizar la comparecencia, adoptando en su caso las medidas oportunas para reparar la situación.

5. Sentencia

 

LRJS art.182 y 183.
La sentencia declarará haber lugar o no al amparo judicial solicitado.
De estimarse la demanda la sentencia contendrá los siguientes pronunciamientos:
– Declarará la existencia o no de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, así como el derecho o libertad infringidos, según su contenido constitucionalmente declarado, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrinas constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes.
– Declarará la nulidad radical de la actuación del empleador, asociación patronal, Administración pública o cualquier otra persona, entidad o corporación pública o privada.
– Ordenará el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas, o en su caso la prohibición de interrumpir una conducta, o la obligación de realizar una actividad omitida, cuando una u otra resulten exigibles según la naturaleza del derecho o libertad vulnerados.
– Dispondrá el restablecimiento del demandante en la integridad de su derecho y la reposición de la situación al momento de producirse la lesión del derecho fundamental, así como la reparación de las consecuencias derivadas de la acción u omisión del sujeto responsable, incluida la indemnización que procediera.
Se dispone que en el supuesto de que la sentencia declare la existencia de vulneración, el juez deberá pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización que, en su caso le corresponda a la parte demandante, por haber sufrido discriminación u otra lesión de sus derechos fundamentales y libertades publicas, en función tanto del daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental, como de los daños y perjuicios adicionales derivados (LRJS art.183).
El tribunal ha de pronunciarse sobre la cuantía del daño, determinándolo prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosa, para resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, en la integridad de su situación anterior a la lesión, así como para contribuir a la finalidad de prevenir el daño.
Esta indemnización será compatible, en su caso, con la que pudiera corresponder al trabajador por la modificación o extinción de su contrato de trabajo, o en otros supuestos establecidos en el ET y demás normas laborales.
Cuando se haya ejercitado la acción de daños y perjuicios, derivada de un delito o falta en un procedimiento penal, no podrá reiterarse la petición indemnizatoria ante el orden jurisdiccional social, mientras no se desista del ejercicio de aquella, o quede sin resolverse por sobreseimiento o absolución en resolución penal firme, quedando mientras tanto interrumpido el plazo de prescripción de la acción en vía social.
En la sentencia que se dicte también ha de resolverse lo procedente en el caso de que previamente se hubieren adoptado medidas cautelares.

6. Demandas que han de ejercitarse a través de la modalidad procesal correspondiente

 

LRJS art.184.
Se tramitarán con arreglo a la modalidad procesal correspondiente, aunque se invoque la vulneración de un derecho fundamental, las siguientes demandas:
– Despido
– Demás causas de extinción del contrato
– Modificación sustancial de condiciones de trabajo.
– Disfrute de vacaciones.
– Materia electoral.
– Impugnación de los estatutos de los Sindicatos o impugnación de su modificación.
– Movilidad geográfica.
– Derechos de conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
– Impugnación de convenios colectivos.
– Sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores.
Se tramitarán con arreglo a la modalidad específica de cada uno de ellos, dando carácter preferente a dichos procesos y acumulando en ellos las pretensiones de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Imprimir

Envíe su comentario:

(los campos con asteriscos son obligatorios)

Acepto las condiciones legales

Por teléfono

Lo más rápido es llamarnos al 902 44 33 55, te atenderemos de 8:30h a 20:00h de Lunes a Viernes.

Envío gratis

Envío gratuito a partir de 30€ (excepto Canarias, Ceuta y Melilla).

Devoluciones

Hasta dos meses desde que recibes el pedido para devolver la compra si no has quedado satisfecho (excepto Producto Electrónico que son 15 días).