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La modificación de los datos inmobiliarios obrantes en el catastro inmobiliario

Artículo publicado en Actum Fiscal nº 60. Enero/Febrero 2012

Luis Javier Ruiz González

Vocal para los Tributos cedidos a las CCAA y Tributos Locales del TEAR Madrid

1. INTRODUCCIÓN

El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo cuyo objeto es la descripción de los bienes inmuebles (1); la misma comprende las características físicas, económicas y jurídicas de estos «entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las construcciones, la representación gráfica, el valor catastral y el titular catastral, con su número de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de extranjero» (2).
La trascendencia del valor catastral de los inmuebles a efectos tributarios es la principal causa de la importancia de la descripción catastral, lo que implica la necesidad de que el ordenamiento se dote de medios que habiliten la corrección de los errores que pudieran tener.
Pueden distinguirse discrepancias respecto a la actividad de valoración catastral que es propia a esta Institución, o a cuestiones o datos referidos a los inmuebles que se recogen en el Catastro, pero que son ajenos a la actividad de valoración. Es el objeto de este comentario analizar cómo puede subsanarse en la descripción catastral de los inmuebles estos últimos datos, es decir, aquellos que constan en el Catastro pero que no son fruto de su actividad, que no son la propia valoración catastral; por ello, el objeto del estudio es analizar qué medios recoge el ordenamiento para la modificación de aquellos datos incorrectamente recogidos en el Catastro Inmobiliario que no sean la propia valoración catastral.

2. LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA DESCRIPCIÓN CATASTRAL Y SU DIFERENTE NATURALEZA

La descripción catastral del inmueble se plasma en la concreción de las circunstancias antes enumeradas, que pueden clasificarse de la siguiente manera:
– Su localización, superficie y representación gráfica (3), que son características físicas.
– Su titularidad dominical y la de los diferentes derechos que la gravan o la tienen por objeto, así como la referencia catastral (4), que son características jurídicas.
– Su valoración económica, así como su uso y aprovechamiento, que son características económicas.
Es posible clasificar los anteriores elementos de otra manera diferente, mediante la distinción de aquellas características descriptivas de apreciación objetiva, de las que tienen por origen una apreciación o juicio de valor subjetivo; así, todas las circunstancias físicas, jurídicas y el uso o destino económico, conforman el primer grupo frente a la valoración que ocupa el segundo. Debe observarse que, si bien la propiedad o la titularidad de derechos sobre el inmueble es una característica subjetiva por naturaleza, es de apreciación objetiva en tanto en cuanto no se discuta la misma: quien sea el propietario de una finca es un hecho objetivo para quien se limita a tomar nota de quien consta como tal.
Dicho de otra manera, el Catastro, para describir los inmuebles, recoge una serie de elementos descriptivos del bien exógenos al mismo, bien tomados de su realidad física, bien de su realidad jurídica, con una sola pero trascendente excepción, en la que la característica se determina por la propia administración del Catastro Inmobiliario: el valor catastral.
El hecho de que la valoración sea el único dato recogido en la descripción catastral que se elabora por el Catastro implica que se conforme como el único elemento cuya impugnación o modificación tiene un carácter pleno en el sentido de que es susceptible de discusión en su totalidad, mientras que, en los demás aspectos de la valoración catastral, la discrepancia se limitará o deberá limitarse al contraste con la realidad física que se toma o de los datos definitorios de la realidad jurídica que obren en la fuente que el ordenamiento determine, especialmente en el Registro de la Propiedad. Son estos últimos, o mejor dicho, la modificación o corrección de los mismos, lo que constituye el objeto de este comentario.
Es importante precisar que el artículo 3.3 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (LCI), aprobado por RDLeg 1/2004, dispone que «salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario se presumen ciertos» (5). Esta presunción de certeza reafirma la importancia de que los datos sean realmente veraces, de ahí la trascendencia de los procedimientos objeto de estudio.

3. LA INCORPORACIÓN DE LOS INMUEBLES Y SU DESCRIPCIÓN EN EL CATASTRO INMOBILIARIO

Antes de conocer cómo modificar los elementos que conforman la descripción catastral obrante en el propio Catastro Inmobiliario, debe analizarse cómo se incorporan los datos que inicialmente configuran la misma, tanto en lo que respecta al procedimiento como a su fuente. Como se ha expuesto anteriormente, la información que consta en el Catastro es exógena al mismo, con la excepción del valor catastral; es por ello que la incorporación de inmuebles y alteraciones, entendida en sentido estricto, comprenderá los datos del mismo con excepción del propio valor, que no se toma por el Catastro, sino que se determina por éste.
El hecho de la incorporación de inmuebles y sus alteraciones se concreta por la norma en la enumeración de «hechos, actos y negocios» que deben ser objeto de incorporación. De esta forma, la ley define el hecho de la incorporación, no en función del inmueble objeto de la misma, sino en base a la causa que provoca la creación de un inmueble o su alteración. Se diseña así la incorporación al Catastro de forma análoga al Registro de la Propiedad, que es un registro de títulos en sentido material, en el que el objeto de registro es la fuente de la que nace o por la que se modifica la relación jurídico-real (primer párrafo del artículo 1 de la Ley Hipotecaria).
Los actos, hechos y negocios que motivan la incorporación se recogen en la LCI art.16.2, y son:
a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación, rehabilitación, reforma, demolición o derribo de las ya existentes, ya sea parcial o total. No se consideran tales las obras o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y mantenimiento de los edificios, y las que afecten tan sólo a características ornamentales o decorativas (6).
b) La modificación de uso o destino y los cambios de clase de cultivo o aprovechamiento.
c) La segregación, división, agregación y agrupación de los bienes inmuebles.
d) La adquisición de la propiedad por cualquier título, así como su consolidación.
e) La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales de usufructo y de superficie, así como de los demás derechos reales de disfrute.
f) Las variaciones en la cuota de participación que corresponda a cada uno de los cónyuges en los bienes inmuebles comunes, así como en la composición interna y en la cuota de participación de cada uno de los comuneros, miembros y partícipes de las comunidades o de las entidades sin personalidad jurídica que puedan ser titulares catastrales.
La incorporación a un registro administrativo debe instrumentarse mediante un procedimiento administrativo. La ley recoge la enumeración de los procedimientos que facultan la incorporación al Catastro Inmobiliario (7), les otorga la naturaleza de procedimientos tributarios (8) y determina expresamente la necesidad de que sus actos de terminación sean motivados (9).
De los procedimientos de incorporación que la Ley enumera, sólo pueden considerarse como tales, en sentido estricto, los de incorporación mediante declaración, comunicación y el procedimiento de inspección catastral, pues son los únicos susceptibles de proporcionar información originaria y exógena al Catastro Inmobiliario, en el sentido de que, sólo mediante ellos, se pueden aportar datos catastrales que no se confeccionan por el propio Catastro, sino que reflejan hechos que acaecen en la realidad material o jurídica y que no constan anteriormente en el propio Catastro.
Así, es cierto que el procedimiento de valoración catastral permite incorporar un elemento básico del inmueble, pero tal incorporación no lo es en sentido estricto, sino que es la elaboración de la misma; por otra parte, el procedimiento de subsanación de discrepancias permite la incorporación de un dato correcto, pero no la incorporación del dato en sí mismo, que ya se recoge en el Catastro aunque incorrectamente. Por último, ha de destacarse el carácter omnicomprensivo del procedimiento de inspección; permite la incorporación de hechos, actos y negocios de los que no existía constancia en el Catastro Inmobiliario, pero también la corrección de datos ya obrantes en el mismo.
Esta aclaración respecto la tipología de los procedimientos puede parecer mera disquisición académica, pero reviste utilidad en el estudio de las formas de rectificación de los datos obrantes respecto a los elementos que configuran la descripción catastral, pues permite, al especificar la naturaleza de los diferentes datos que provienen de la aplicación de distintos procedimientos, conocer la esencia de la discrepancia que se observa y así determinar la correcta vía para instar la rectificación y para motivar la misma.

3.1. La incorporación mediante declaración

La Ley configura el hecho de la incorporación de inmuebles al Catastro como una actividad administrativa cuya iniciación es fundamentalmente iniciativa del titular del inmueble. Y lo hace estableciendo la obligación legal de incorporar los «bienes inmuebles en el Catastro Inmobiliario, así como de las alteraciones de sus características» (LCI art.11.1), obligación que la ley atribuye a los titulares catastrales de los inmuebles, que «están sujetos a la obligación de formalizar las declaraciones conducentes a la incorporación en el Catastro Inmobiliario de los inmuebles y de sus alteraciones (10)». La declaración se presume cierta para quien la hace y sólo podrá ser rectificada por el mismo mediante prueba en contrario (11).
Esta obligación se instrumenta mediante un procedimiento que la ley denomina de incorporación mediante declaración (12). La norma regula de manera fragmentaria este procedimiento, mediante preceptos recogidos en diferentes normas, aplicables muchos a varios procedimientos de naturaleza catastral. Iniciado, como se ha visto, a instancia de parte mediante escrito en el que se comunica un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles, o más concretamente el hecho, acto o negocio fuente de la alteración del inmueble, el procedimiento se tramita con aplicación de normas de carácter reglamentario que tienen por objeto la prueba, el trámite de audiencia y la resolución.
En el procedimiento de incorporación mediante declaración se podrá utilizar cualquier medio de prueba admitido en derecho que sea suficiente para acreditar la realidad de los hechos, actos o negocios que motiven esta, considerándose medios de prueba idóneos, respecto de aquello que el ordenamiento jurídico les reconoce, la certificación expedida por el Registro de la Propiedad, la escritura pública o, en general, cualquier documento público, y el documento privado respecto del que conste fehacientemente la realidad de su fecha, de los intervinientes y, en su caso, de los requisitos a que se refiere el CC art.1.261.
La carga de la prueba corresponderá siempre a quien haga valer su derecho y se practicará por él mismo o a su costa (13). Este régimen de prueba en nada contradice la presunción de veracidad de la declaración, pues esta se presume cierta para quien la hace, y no con carácter general; no obstante, los Tribunales tienden a extender los efectos de dicha presunción (14).
El trámite de audiencia es extraordinario en el procedimiento de declaración; sólo se otorga cuando figuren en el procedimiento o sean tenidos en cuenta en su resolución, hechos, alegaciones o pruebas que no se correspondan con las consignadas en las propias declaraciones. El plazo para solventar el trámite será de diez días (15).
Por lo que respecta a la resolución, se establece un plazo máximo para resolver de seis meses, y el sentido del silencio administrativo como negativo (16); el plazo es acorde al carácter tributario del procedimiento, pues se recoge el máximo para este tipo de procedimientos establecido en la LGT art.104.1; respecto al sentido del silencio, la norma reglamentaria ejecuta el mandato dispuesto en la LGT art.104.3: «en todo procedimiento de aplicación de los tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos presuntos que le corresponda». Se establecen también normas para regular aspectos formales del procedimiento: lugar, plazo y forma de presentación de las declaraciones (RD 417/2006 art.23).
Fuera de estas normas, ha de estarse a lo dispuesto en las normas comunes sobre procedimientos tributarios recogidas en la LGT capítulo II Título III, aplicables por la ya referida naturaleza tributaria de los procedimientos catastrales.
Por otra parte, la resolución se ve afectada por una regla peculiar respecto a su eficacia; mientras el derecho administrativo establece como regla general que la eficacia de un acto o una resolución sujeto a notificación queda supeditada a la comunicación de ésta (L 30/1992 art.57.2), ya que «los actos dictados en los procedimientos de incorporación mediante declaración, comunicación y solicitud tendrán efectividad el día siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originaron la incorporación o modificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen» (LCI art.17.6).
La finalidad de esta regla es lograr la mayor concordancia posible entre la realidad inmobiliaria y el registro de la misma en el Catastro, admitiendo que este tiene mero carácter declarativo y nunca constitutivo; lo cierto es que las modificaciones o inscripciones se producen en función de los hechos, actos o negocios que las causan y con efecto en las mismas, con independencia del momento de su toma de conocimiento en el Catastro.
Así pues, puede concluirse que, la declaración por el titular del inmueble de la realización de un acto que genera la creación o modificación del mismo, es el instrumento principal de incorporación al Catastro inmobiliario, sin perjuicio de que la incorporación provendrá en sí de un acto administrativo que finaliza un procedimiento iniciado a instancia de parte, pero que no tiene por qué ratificar el contenido de lo declarado.

3.2. La incorporación mediante comunicación

La comunicación es un procedimiento de incorporación análogo o similar a la declaración, de la cual se diferencia en que, quien comunica la realización del hecho, acto o negocio que provoca la alteración catastral no es el titular del inmueble, sino una Administración o funcionario que conoce por el ejercicio de las funciones que le competen la realización del mismo. Concretamente, los supuestos en los que procede comunicación son:
a) Por los notarios y registradores de la propiedad, respecto a la información relativa a los documentos por ellos autorizados o que hayan generado una inscripción registral cuyo contenido suponga exclusivamente la adquisición o consolidación de la propiedad de la totalidad del inmueble (17), siempre que los interesados hayan aportado la referencia catastral y se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el hecho, acto o negocio de que se trate. Asimismo constituirá comunicación la información que deben remitir los notarios referida a la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles, siempre que, conste la referencia catastral de los inmuebles afectados, exista correspondencia entre los inmuebles objeto de dichas actuaciones y la descripción que figura en el Catastro y que se aporte el plano, representado sobre la cartografía catastral, que permita la identificación de esas alteraciones (18).
Ha de distinguirse la obligación que tienen notarios y registradores de la propiedad de remitir al Catastro toda la información relativa a los documentos por ellos autorizados o que generen una inscripción registral, en los que consten hechos, actos o negocios susceptibles de inscripción en el Catastro Inmobiliario (19), del hecho de que la ley confiera el carácter de comunicación a la remisión de una concreta parte de dicha información. Obsérvese que, mientras que respecto a la totalidad de información con relevancia catastral, la ley establece una obligación de comunicación para notarios y registradores, respecto a concreta información de este tipo, se determina que su remisión por dichos funcionarios se considera comunicación, por lo que produce una serie de efectos jurídicos que trascienden la mera obligación de comunicar, principalmente el hecho de que suponga la iniciación de un procedimiento administrativo de incorporación de bienes inmuebles al Catastro Inmobiliario.
b) Por los ayuntamientos que, mediante ordenanza fiscal, se obliguen a poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, respecto de la remisión del contenido de dichos hechos, actos o negocios, que podrán ser todos o algunos de los siguientes, conforme concretamente determine cada ordenanza fiscal (20):
– La realización de nuevas construcciones.
– La ampliación, rehabilitación o reforma de las construcciones existentes, ya sea parcial o total.
– La demolición o derribo de las construcciones.
– La modificación de uso o destino de edificios e instalaciones (21).
La obligación de comunicar afectará a los hechos, actos o negocios relacionados en el artículo anterior para los que, según corresponda en cada caso, se otorgue de modo expreso:

• Licencia de obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases.
• Licencia de obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases existentes.
• Licencia de modificación, rehabilitación o reforma que afecte a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
• Licencia de demolición de las construcciones.
• Licencia de modificación del uso de los edificios e instalaciones en general.
• Cualquier otra licencia o autorización equivalente a las anteriores de acuerdo con la legislación aplicable (22).

Como en el caso anterior y siendo aplicable idéntica reflexión, debe distinguirse el carácter de comunicación de la remisión del contenido de los referidos hechos, de la obligación de los Ayuntamientos y demás entidades locales de suministrar a la Dirección General del Catastro información que revista trascendencia para el Catastro Inmobiliario relativa a la ordenación y a la gestión tributaria del IBI, así como al planeamiento y gestión urbanística, concentraciones parcelarias, deslindes administrativos y expropiación forzosa (23).
c) Por las Administraciones actuantes en los supuestos de concentración parcelaria, de deslinde administrativo, de expropiación forzosa y de los actos de planeamiento y de gestión urbanísticos (24) respecto a la resolución que dicten sobre dichos procedimientos. La comunicación comprende la correspondiente certificación administrativa expedida por el órgano actuante, así como la información gráfica y alfanumérica necesaria para su tramitación. Cuando las actuaciones mencionadas hayan sido inscritas en el Registro de la Propiedad, la información será igualmente objeto de comunicación al Catastro por el registrador, siempre que conste la referencia catastral de los inmuebles afectados, así como el plano que permita la identificación de dichas actuaciones sobre la cartografía catastral. También, bajo las mismas condiciones, constituirá comunicación la información que los registradores de la propiedad deben remitir, referida a los actos de parcelación que consistan en la segregación, división, agregación o agrupación de los bienes inmuebles.
d) Por la AEAT al Catastro, respecto a los datos identificativos y cuotas de participación de los titulares de derechos de propiedad y de usufructo sobre los bienes inmueble que recaigan sobre bienes inmuebles, obtenidos a través de los procedimientos de aplicación de los tributos.
En los referidos supuestos en los que procede la comunicación, el interesado no está obligado a presentar declaración, sustituyendo la ley, para estos casos, dicha obligación por la de comunicación que corresponda a los diferentes órganos en cada caso; en los casos en los que los titulares de la obligación de comunicar son organismos públicos (entidades locales o la AEAT), la traslación de la posición del obligado a promover la incorporación, no está sujeta a condición alguna, mientras que, cuando el llamado a comunicar es el notario o el registrador de la propiedad, requiere de la comunicación de la referencia catastral del inmueble (25).
La regulación del procedimiento de incorporación mediante solicitud es común a la ya expuesta respecto a la incorporación mediante declaración, aunque proceden ciertas matizaciones.
La primera es respecto a la presunción de certeza. La literalidad de la norma implicaría que la comunicación, como la declaración, se presumen ciertas para quien las hace, pero debe entenderse que, en el caso de comunicaciones basadas en lo que el titular catastral declara ante notario o se presenta en documento público para su inscripción en el Registro de la Propiedad, se presume cierta para él, pues el funcionario se limita a dar fe de su testimonio o a inscribir lo que ha instado que conste en documento público.
En lo que respecta a las comunicaciones hechas por otras administraciones, es aventurado extender esta presunción de veracidad, sin perjuicio de que, a su vez, se tenga por cierto el dato comunicado por aplicación de la norma que rige el procedimiento de donde se deduce o consta la información que se comunica, como sucede en el caso de los datos que proporciona la AEAT obtenidos en procedimientos de aplicación de los tributos, a los que también es aplicable la presunción de certeza en las declaraciones de los interesados.
Por lo que respecta a la carga de la prueba en la rectificación de la información suministrada al Catastro mediante comunicaciones, corresponde al titular en los casos de las efectuadas por notarios y registradores de la propiedad conforme lo anteriormente analizado. En las restantes sucede lo mismo, pero no por aplicación de lo dispuesto en la LCI art.16.1, sino porque, salvo esta, no existe regla concreta alguna respecto a la prueba en la normativa catastral y, siendo aplicable a los procedimientos catastrales, por su naturaleza tributaria, las disposiciones de la LGT, debe estarse a lo dispuesto en ella: «en los procedimientos de aplicación de los tributos, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo» (LGT art.105) (26).
Las normas analizadas respecto del trámite de audiencia y resolución en el procedimiento de incorporación mediante declaración, son igualmente aplicables al procedimiento de incorporación mediante comunicación (27), aunque el trámite de audiencia toma una mayor relevancia, especialmente en los procedimientos de comunicaciones no remitidas por notarios y registradores, pues, en estos casos, figuran en el procedimiento hechos, alegaciones o pruebas que no se corresponden con las consignadas por los propios interesados, ya que la comunicación incorpora actos administrativos (licencias urbanísticas, certificaciones administrativas, actos de gestión urbanística, etc), esto es, documentos no realizados por el interesado.
No es descabellado concluir que el trámite de audiencia es necesario en todo procedimiento de incorporación mediante solicitud, por cuanto que el acto de resolución afecta a derechos o intereses legítimos del titular fundándose en una comunicación que no ha sido remitida por él, por lo que, en caso contrario, podría alegarse indefensión.
Por lo que respecta a la resolución, cabe recordar que, como en el caso de los procedimientos de incorporación por declaración, su eficacia no está supeditada a su notificación, sino que se produce el día siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originaron la incorporación o modificación catastral (28); queda además por determinar el sentido del silencio en caso de que no se resuelva expresamente, y no existe, a diferencia del procedimiento de incorporación por declaración, regla concreta y expresa aplicable, pues la recogida en el Reglamento (RD 417/2006 art.26), se refiere a procedimientos iniciados a instancia de parte, y el de incorporación por comunicación, al no ser instado por el interesado, no puede calificarse como tal, sino que parece poder incluirse en el supuesto de iniciación de oficio «a petición razonada de otros órganos» recogida, entre otras posibilidades, en la L 30/1992 art.69.1.
Obsérvese que el propio Reglamento concreta los casos de silencio administrativo negativo o desestimatorio en las «solicitudes, declaraciones, peticiones o recursos», sin incluir las comunicaciones (RD 417/2006 art.27).
A falta de precepto concreto, es de aplicación supletoria lo dispuesto en la LGT en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos. En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos:
a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos favorables derivados del procedimiento.
b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen se producirá la caducidad del procedimiento (LGT art.104.4).
En resumidas cuentas, se trata de un caso de desestimación presunta, en el sentido de que la comunicación no producirá efectos, pues independientemente de que se entienda que éstos sean favorables o desfavorables, se llegará a la conclusión de que el procedimiento termina con una desestimación o con la caducidad; esto es, en todo caso sin que se incorpore al Catastro Inmobiliario el hecho, acto o negocio objeto de la comunicación.
La conclusión que se puede sacar respecto a las comunicaciones catastrales, es que configuran un sistema sustitutivo de la declaración en la que el ordenamiento prevé el aprovechamiento de las funciones de otros entes sujetos a derecho público que participan o cuyas actividades están relacionadas con las desarrolladas por el Catastro Inmobiliario, para suplir a los propios titulares en su obligación de instar las incorporaciones al propio Catastro. En el fondo, se trata de una especie del propio procedimiento de declaración, en el que, de forma mediata, sigue siendo el propio titular catastral el que tiene la carga de instar la incorporación.

3.3. La incorporación mediante solicitud

La solicitud es un procedimiento de incorporación escasamente regulado, aparte de las normas que le son aplicables por ser comunes a otros procedimientos. De hecho, solamente goza de un precepto para sí solo, en el que se dispone que podrá formular solicitud de baja en el Catastro Inmobiliario, que se acompañará de la documentación acreditativa correspondiente, quien, figurando como titular catastral, hubiera cesado en el derecho que originó dicha titularidad (LCI art.15).
Asimismo, los titulares de los derechos reales de disfrute a que se refiere la LCI art.9.4 redacc L 2/2004 -aquellos que sin tener la consideración de titulares catastrales (esto es, quedando excluidos los superficiarios y usufructuarios) obtienen de la titularidad de los mismos imputaciones de rentas inmobiliarias en el IRPF- a los efectos de mera información, podrán solicitar que se haga constar la adquisición, existencia o cese de su derecho a los efectos previstos en el citado artículo.»
La solicitud es fundamentalmente una petición de baja en la titularidad catastral y secundariamente de adquisición o existencia de un derecho real que, sin permitir alcanzar la condición de titular catastral, genera una imputación de renta inmobiliaria a efectos fiscales. Sólo en este último caso se configura como un procedimiento que permita la incorporación de datos en sentido estricto, pues fundamentalmente es, como se ha dicho, un procedimiento para solicitar la baja de un dato. No obstante, la solicitud de baja no sólo produce la cancelación de la titularidad catastral, sino que es causa, sin necesidad de declaración, de la incorporación del nuevo titular catastral, cuando así se pueda deducir de la información suministrada en la propia solicitud (29).
Esta circunstancia no altera la naturaleza de la solicitud de petición de baja, pues el efecto que produce la inscripción tiene carácter secundario respecto a la propia naturaleza del procedimiento en el sentido de aprovechamiento de una información para mantener la identidad de la información recogida en el Catastro con la realidad inmobiliaria.
En este sentido, la solicitud es una figura encaminada a la modificación de la información catastral en un aspecto muy concreto del mismo, la titularidad del inmueble, y que, como principal cuestión, suscita la relación que guarda con el procedimiento de incorporación por declaración.
Si mediante las declaraciones se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario, entre otras cuestiones, que se han producido las circunstancias determinantes de una baja en la descripción catastral de los inmuebles; y además los titulares catastrales están sujetos a la obligación de facilitar los datos identificativos de quienes ostenten un derecho real de disfrute al que se refiere la LCI art.9.4 redacc L 2/2004, cabe cuestionarse qué sentido tiene habilitar la figura de la solicitud cuando la propia ley prevé que todos los eventos a manifestar mediante la misma no sólo puedan, sino que deban ser objeto de declaración.
La única respuesta posible es su carácter de figura de salvaguarda: la baja en la titularidad catastral de un inmueble implica el alta en la misma de otra persona, o, en su caso, el alta en la titularidad de un nuevo inmueble en el que el anterior se ha convertido, segregado, etc.
Puesto que la obligación de hacer la declaración corresponde al titular catastral y el objeto de la misma es el acto jurídico que determina el cambio de la titularidad, es el adquirente el obligado a realizarla; pero tal obligación puede ser incumplida, con el consiguiente perjuicio del interés público y de quien ha dejado de ser titular catastral.
Es para otorgar un medio al titular cesante que le evite tales perjuicios para lo que se crea esta figura, que además facilita el acceso de las modificaciones de titularidad al Catastro, además de la verificación y comprobación de las mismas.
Igual explicación tiene para el caso de los derechos reales de garantía a los que se refiere la LCI art.9.4 redacc L 2/2004.
Tiene pues naturaleza doble esta figura de instrumento de salvaguarda de los derechos del solicitante y de auxilio en el mantenimiento de la información del Catastro idéntica a la realidad; es este último aspecto el que explica que la incorporación del nuevo titular se produzca con base en la solicitud, pues se antepone el fin público de la veracidad de los datos obrantes en el Catastro a la naturaleza y distribución de las finalidades de los procedimientos catastrales.
La propia ley no define el procedimiento de solicitud como obligación del solicitante, sino que lo habilita como derecho; es por ello que no puede reprocharse al interesado que no presente una solicitud. Esta omisión carece, por tanto, de trascendencia, cuando el nuevo titular catastral cumple con su obligación de declarar (o se manifiesta el cambio de titularidad mediante comunicación); pero, en el caso de que tal obligación no se realice, el interesado debe asumir las consecuencias que pudieran irrogarse del hecho de seguir siendo titular catastral del bien.
Por otra parte, la solicitud de baja presentada en el plazo establecido para declarar el correspondiente hecho, acto o negocio, exonera del cumplimiento de dicha obligación (30); esto es, cumplida la finalidad de la declaración mediante la solicitud, la comunicación al Catastro del hecho que motiva la incorporación, el ordenamiento entiende innecesario el mantenimiento de la obligación de declarar.
Obsérvese que, para el caso de que no hubiese ni una sucesión en la titularidad catastral del bien, ni la baja en la titularidad pudiera derivarse o se dedujese de un alta en el Catastro Inmobiliario, el interesado seguiría siendo titular catastral y, por tanto, obligado a declarar la baja (sin perjuicio de la posibilidad de que se produjese una comunicación); en este caso, el procedimiento de solicitud carecería de sentido.
El procedimiento de solicitud también guarda concomitancias con el de subsanación de discrepancias que posteriormente se analizará. No obstante, existe una clara diferencia entre ambas figuras; la solicitud es una forma de iniciación a instancia de parte de un procedimiento de incorporación de datos catastrales, el procedimiento de subsanación de discrepancias se inicia siempre de oficio (31).
Desde el punto de vista del objeto de ambos procedimientos, puede apreciarse que el procedimiento iniciado por solicitud tiene un ámbito que es incluible, dada la generalidad con la que se define el objeto del procedimiento de subsanación de discrepancias, en el espectro objetivo de este último; por ello mismo, puede concluirse que en el concreto ámbito de la baja catastral, procede instar la solicitud en aras del cumplimiento del principio de especialidad, quedando excluidas del objeto del procedimiento de subsanación de discrepancias, las peticiones de subsanar la titularidad hechas por quien (o en su nombre) pretenda dejar de ser titular catastral, debiendo ser consideradas como solicitudes (32).
La baja es también resultado de una resolución que la dispone, cuya eficacia, como en el caso de los procedimientos de incorporación por declaración, no está supeditada a su notificación, sino que se produce el día siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, actos o negocios que originaron la incorporación o modificación catastral (33).
Debe concluirse, a modo de resumen, que la solicitud es un procedimiento para obtener la baja en la titularidad catastral sobre un inmueble que el ordenamiento constituye para garantizar el derecho a que se reconozca tal baja, en defecto del cumplimiento de la obligación de declarar, y que, en su ámbito de aplicación, es de utilización preferente a la instancia de la incoación de un procedimiento de subsanación de discrepancias.

3.4. La inspección catastral

Como ya se ha expuesto, la inspección catastral es definida como un procedimiento de incorporación catastral; en efecto, la incorporación al Catastro puede realizarse también mediante un procedimiento de inspección, pero realmente se trata de un procedimiento que, como la solicitud, no es únicamente instrumento de incorporación «strictu sensu», siendo principalmente un medio fundamental para la modificación de los datos catastrales.
La Ley (34) clasifica las actuaciones inspectoras distinguiendo entre actos de comprobación y de investigación de circunstancias propias de bienes inmuebles susceptibles de generar una incorporación o una modificación catastral y otro tipo de actuaciones que pueden ser de obtención de información, de valoración y de informe y asesoramiento. Realmente, estas últimas recogen funciones ajenas a la propia inspección, bien por tratarse de actividades comunes a las que competen a cualquier órgano administrativo (el informe y asesoramiento), bien por constituir o formar parte realmente de otro procedimiento, el de valoración, bien por subsumirse en la propia actividad inspectora (la obtención de información). Puede así decirse que la inspección catastral resume su actividad en la comprobación de la información catastral proporcionada por los interesados y otras fuentes externas al propio Catastro y la investigación de elementos de trascendencia catastral que no han sido comunicados, con el objeto de generar incorporaciones o modificaciones de registros catastrales (35).
Se trata de un procedimiento de clara naturaleza inspectora y de naturaleza tributaria, como todos los procedimientos catastrales y la propia Ley hace aplicable, con carácter supletorio, la normativa sobre inspección tributaria (LCI art.19.1).
Por lo que respecta al procedimiento inspector como procedimiento de incorporación, se limitan las posibilidades de incorporación a las actuaciones inspectoras de investigación, en tanto que las actuaciones de obtención de información son limitadas, en cuanto a su objeto, a datos respecto a los que no exista obligación de haberlos facilitado al Catastro mediante las correspondientes declaraciones o comunicaciones (36) y, como ya se ha expuesto, las actuaciones de valoración y de informe y asesoramiento no son actuaciones inspectoras «strictu sensu» (RD 417/2006 art.51).
Respecto a las actuaciones inspectoras de comprobación, como se analiza posteriormente, debe apreciarse que no permiten la incorporación de datos desconocidos para el Catastro Inmobiliario, sino que tienen por finalidad corregir aquellos datos que son erróneos por no ser acordes con la realidad inmobiliaria y tener origen en declaraciones o comunicaciones falsas, incompletas o inexactas; se configura así un instrumento de modificación y no de incorporación.
Es este un medio de incorporación que tiene origen, no en la comunicación a iniciativa del interesado (declaración), de un titular de un interés legítimo (solicitud) o de un funcionario u órgano ajeno al Catastro (comunicación), sino en la propia iniciativa de la Administración catastral; coincide en este carácter, de limitación a la iniciación de oficio, con el procedimiento de subsanación de discrepancias, del que se distingue en que este último tiene por objeto la diferencia que no tiene origen en un incumplimiento de las obligaciones de comunicación que le son propias al titular catastral, mientras que en el caso de las actuaciones inspectoras de investigación, su objeto es precisamente la verificación del cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en la normativa catastral, en relación con la descripción catastral de un bien inmueble.
La primera característica primordial de la incorporación al Catastro por medio del procedimiento inspector que recoge actuaciones de investigación, es que tiene por objeto datos de relevancia catastral que no han sido proporcionados por el interesado, principalmente el titular catastral, aun de forma mediata, mediante comunicación de otro organismo o fedatario, cuando existía obligación de hacerlo; la segunda es que la inspección catastral se ve dotada de unos instrumentos jurídicos extraordinarios que les son propios por su carácter de inspección tributaria, especialmente la posibilidad de requerimiento de todo tipo de documentación relacionada con los hechos, actos o negocios de relevancia a efectos catastrales, así como la inspección de los bienes o cualquier otro elemento trascendente a los efectos del cumplimiento de estas funciones (37).
Los funcionarios que desempeñan tareas de inspección catastral serán considerados agentes de la autoridad (38), siendo las actas extendidas por la inspección catastral documentos públicos que hacen prueba de los hechos que las motivan, salvo prueba en contrario, y presumidos como ciertos los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas (39).
Esta última característica de presunción de veracidad otorga, por una parte, un carácter similar a la declaración respecto de los hechos aceptados por los interesados en el procedimiento inspector que figuren en las actas, pues aquellas gozan, como ya se ha expuesto, de presunción de certeza; por otra parte, da a la manifestación de hechos recogida por el inspector en las actas esa misma presunción, por lo que caracteriza al acta con idéntico efecto al que tiene el contenido de las declaraciones.
Así, las actas de inspección catastral de regularización de la descripción del inmueble, de tan distinto origen a las declaraciones y a los demás actos de manifestación de incorporaciones catastrales, se asemejan a estas en los efectos de su contenido, y al igual que estas, no son actos de terminación de los procedimientos en los que se incluyen (40), pues se limitan a recoger la propuesta de incorporación que formula el inspector actuario.
El acta debe notificarse al interesado concediéndole un plazo de quince días, contados desde la fecha de su recepción, para que presente las alegaciones que estime oportunas. Cuando, transcurrido dicho plazo, no se hubieran presentado alegaciones, el gerente o subgerente procederá, en su caso, a dictar el correspondiente acuerdo de incorporación al Catastro, a la vista de la propuesta de regularización contenida en el acta de inspección catastral. Si el interesado presentase alegaciones al acta, el inspector actuario emitirá informe en el que se justificará la aceptación, total o parcial, o no aceptación de las mismas. Dicho informe, en el que se hará constar la conformidad del inspector jefe, servirá de motivación para que el gerente o subgerente dicte el correspondiente acuerdo de incorporación al Catastro, o resuelva no haber lugar a la práctica de inscripción alguna, según proceda (41). Por ello, la incorporación se produce por el acto dictado en su caso por el gerente, que finaliza así el procedimiento inspector.
Debe concluirse, a modo de resumen, que la incorporación a través de actuaciones inspectoras de investigación es un procedimiento iniciado de oficio en el que la Administración goza de facultades especiales para la indagación de hechos, actos y negocios susceptibles de incorporación al Catastro inmobiliario que no han sido objeto de la preceptiva declaración o comunicación por parte de quien estaba obligado a ello en cada caso. La incorporación provendrá en sí de un acto administrativo fundado en el acta que recoge las actividades inspectoras, los hechos descubiertos en su curso y la correspondiente propuesta de incorporación, una vez vistas las alegaciones del interesado.

4. PROCEDIMIENTOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES CATASTRALES

4.1. Procedimientos que facultan tanto la incorporación como la modificación

Han sido estudiados en el epígrafe anterior los procedimientos que permiten la incorporación al Catastro en sentido estricto, esto es, la toma de conocimientos de hechos, actos y negocios que aportan datos que, hasta ese momento, no constaban en el Catastro. Ahora procede estudiar cómo pueden modificarse dichos datos catastrales.
Obsérvese que lo que se pretende analizar es la modificación del dato catastral, no la incorporación de un hecho que provoca una variación en la realidad de las circunstancias propias del inmueble y que como tal debe ser objeto de incorporación.
En este sentido, no es objeto de este epígrafe la modificación real del objeto de incorporación, sino la alteración en el Catastro sin que haya habido previa variación en la realidad física, jurídica o económica del inmueble; aquí, el concepto de modificación es sinónimo de «corrección», mientras que en la legislación catastral es utilizado generalmente en un sentido de modificación de la realidad física que debe ser objeto de incorporación al Catastro. Es por ello que se determinan, como posible objeto de una declaración catastral, los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de una modificación de la descripción catastral de los inmuebles (LCI art.13.1).
Esto es, se refiere a una modificación de la descripción, mientras que aquí ocupa la modificación que procede en el Catastro, no porque la realidad del inmueble haya sido alterada, sino porque no se adecuaba lo registrado con dicha realidad.
En lo que atañe a la modificación de la descripción en el sentido utilizado por la ley, ha de estarse a lo ya analizado respecto a la incorporación catastral, por lo que los procedimientos analizados a ese efecto son aplicables en lo que a la modificación afecta.
De estos procedimientos, los de declaración, solicitud y comunicación no son susceptibles de instrumentar una modificación o corrección de los datos registrados porque su objeto es trasladar hechos, actos o negocios que producen alteraciones en la descripción catastral de los inmuebles (42), por lo que, la corrección de los datos obrantes en el Catastro que no traigan causa en un hecho externo al Catastro, no puede ser objeto de declaración o comunicación. Tampoco cabe la corrección mediante solicitud, porque esta se limita a instrumentar bajas en la titularidad catastral de quien cesa en la titularidad por causa de un hecho, acto o negocio ajeno al propio Catastro, por lo que requiere necesariamente para producirse de un elemento ajeno a este (43).
Queda el procedimiento de inspección catastral que, como ya se ha adelantado, es el único instrumento que faculta tanto para la incorporación como para la rectificación o modificación. Así, se dispone que las actuaciones de comprobación e investigación tendrán por objeto verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en la normativa catastral, para lo cual la Inspección comprobará la integridad, exactitud y veracidad de las declaraciones y comunicaciones reguladas en esta Ley e investigará la posible existencia de hechos, actos o negocios que no hayan sido declarados o comunicados o que lo hayan sido parcialmente (LCI art.19.2).
Esto es, la Inspección investiga lo no declarado con objeto de incorporar los hechos, actos y negocios que no constan en el Catastro (la actividad ya estudiada anteriormente) y comprueba la corrección de los datos obrantes en el Catastro previa declaración o comunicación (44); se trata pues del primer medio para la modificación de los datos catastrales: el procedimiento inspector consistente en actividades de comprobación.
Adicionalmente, se dispone que, si de la comprobación de los hechos, actos o negocios recogidos en las declaraciones y comunicaciones se dedujera la existencia de datos falsos, incompletos o inexactos, se incoará la correspondiente acta de inspección catastral, que se tramitará conforme a lo dispuesto para las actas derivadas de actuaciones inspectoras de investigación (RD 417/2006 art.58.1).
Por tanto, la característica básica de la modificación de datos obrantes en el Catastro por medio del procedimiento inspector que recoge actuaciones de comprobación es que tiene por objeto datos de relevancia catastral equivocados que han sido proporcionados concurriendo un incumplimiento del interesado.
Si la presentación de declaración es obligatoria, también es obligatorio que sea veraz y completa, circunstancia que se deriva de que el objeto de la declaración es el hecho que afecta a la realidad registral, con todas sus características que tengan trascendencia catastral, y que se hayan producido realmente; el hecho de que exista una presunción de veracidad del contenido de las declaraciones implica esta obligación y, por ende, la existencia de incumplimiento de obligaciones nacidas de la ley cuando existe falsedad o inexactitud, con independencia de que tal incumplimiento sea además constitutivo de infracción catastral, para lo que deberán concurrir otras circunstancias legalmente previstas, especialmente el elemento subjetivo de la culpabilidad; ha de recordarse que la incoación de un procedimiento sancionador no se deriva necesariamente del procedimiento inspector.
Es esta existencia de incumplimiento en las obligaciones de comunicación la que diferencia este procedimiento de rectificación de los datos obrantes en el Catastro de la subsanación de discrepancias.
Respecto las demás características, reglas procedimentales y efectos de la rectificación mediante actuaciones inspectoras de comprobación, procede remitirse a lo ya expuesto respecto a las actuaciones inspectoras de investigación. Debe reiterarse la presunción de veracidad del contenido de las actas extendidas por la inspección catastral en lo que respecta a los hechos que las motivan y los hechos aceptados por los obligados tributarios, por cuanto que tal contenido será la base de la modificación que, en su caso, se realice, que se instrumentará mediante el correspondiente acuerdo del gerente o subgerente por el que se proceda a la correspondiente modificación (45).
En resumen, la modificación a través de actuaciones inspectoras de comprobación es un procedimiento iniciado de oficio en el que la Administración goza de facultades especiales para la indagación de hechos, actos y negocios declarados con vicio de falsedad, inexactitud o de forma incompleta al Catastro inmobiliario por parte de quien estaba obligado a ello.
La modificación provendrá en sí de un acto administrativo fundado en el acta que recoge las actividades inspectoras, los hechos descubiertos en su curso y la correspondiente propuesta de incorporación, una vez vistas las alegaciones del interesado.

4.2. Subsanación de discrepancias

4.2.1. Naturaleza y finalidad

El procedimiento de subsanación de discrepancias es un procedimiento diseñado «ad hoc», como su propio nombre indica, para la práctica de la corrección. Su objeto es la modificación de la descripción catastral del inmueble cuando ésta no concuerda con la realidad física, jurídica o económica del mismo. Es un procedimiento que, en ningún caso, puede tener por objeto la incorporación, en el sentido estricto del término ya analizado, al Catastro, ya que la propia ley determina que el origen de la discrepancia no puede deberse al incumplimiento de la obligación de declarar o comunicar (46); así, un acto que deba ser objeto de declaración o comunicación no puede serlo de un procedimiento de subsanación de discrepancias (47).
Se trata de un procedimiento cuya iniciación siempre se produce de oficio, ya sea por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior (48); esta circunstancia, que, en principio, parece limitar la capacidad de este procedimiento para instrumentar la corrección de los registros catastrales por parte de los interesados, se ve atenuada porque en la LCI se precisa a continuación que procede la iniciación «cuando la Administración tenga conocimiento, por cualquier medio» de la discrepancia, lo que faculta la iniciación, aun de oficio, cuando la discrepancia se pone en conocimiento del órgano catastral por el propio interesado.
No obstante, la limitación de la forma de iniciación del procedimiento minora las posibilidades del interesado en la misma, pues carece de tal condición, mientras el Catastro no decida incoar el propio procedimiento. Obsérvese que la posibilidad de iniciar un procedimiento a instancia de parte implica que la sola voluntad del interesado obliga a la Administración a resolver la solicitud que la iniciación incorpora, sin perjuicio, claro está, de los casos de inadmisibilidad que pudieran proceder.
Sin embargo, la mera petición de que se inicie un procedimiento de oficio no implica idéntica consecuencia; frente a la falta de acción en el primer supuesto, la ley, además de la obligación de resolver en todo caso, prevé la resolución presunta por silencio administrativo, pero nada dice respecto a estas peticiones de iniciación de oficio, por lo que el interesado, en principio, carece de instrumento legal para poder exigir resolución expresa, o en su caso, para impugnar una resolución presunta. Se trata así de un procedimiento de modificación cuya tramitación queda a la voluntad del Catastro.
Cabe preguntarse hasta que punto esta limitación priva de utilidad al procedimiento de subsanación de discrepancias. La exclusión de las modificaciones producidas en la realidad inmobiliaria, objeto de declaración, así como la posibilidad de impugnación de las resoluciones que dicta el Catastro, parecen delimitar el campo de juego del titular catastral, de tal forma que, cuando se produce un hecho o realiza un acto o negocio que afecta a la descripción catastral, se dispone de la declaración para adecuar dicha descripción, mientras que cuando es el Catastro el que resuelve una modificación, se tiene posibilidad de alegación o recurso conforme a la normativa reguladora de los procedimientos y actos administrativos; más aún, puesto que toda modificación ha de realizarse mediante resolución del órgano del Catastro competente en cada caso, el interesado siempre tendrá la posibilidad de impugnarlo, de la forma que se analizará posteriormente.
Sin embargo, queda que el objeto evidente de este procedimiento, la subsanación de una discrepancia ajena a un acto del Catastro, no tiene un cauce procedimiental exigible a instancia de parte, cuando el interesado descubre accidentalmente la discrepancia en un momento lejano y ajeno a cualquier acto administrativo. Podría argumentarse que el interés público y del Catastro en adecuar la realidad inmobiliaria a la catastral impelerá a aceptar las peticiones razonables, pero los órganos administrativos no son infalibles; ahora bien, es cierto que no puede dejarse abierta la posibilidad de impugnación de la descripción catastral de forma indefinida y eterna, lo que es el motivo del diseño de este procedimiento como únicamente de iniciación de oficio: habilitar la posibilidad de rectificar la descripción catastral fuera de los procedimientos que requieren de una modificación real o de una actividad administrativa previa, pero sin llegar a admitirla en un sentido pleno, que podría generar un colapso de la actividad de gestión del propio Catastro.
Sin embargo, contemplado desde la perspectiva del Catastro, este procedimiento aparece como un remedio de los procedimientos de gestión de la aplicación de los tributos, como un instrumento para que el Catastro pueda adecuarse sin necesidad de recurrir al más farragoso procedimiento inspector cuando disponga de datos y no sea obligada la utilización de las poderosas herramientas de este último procedimiento. Realmente, no se diseña la subsanación de discrepancias como un instrumento para que el interesado promueva rectificaciones, sino como una herramienta para simplificar la gestión catastral.
A este respecto, ha de tenerse en cuenta que todas las características que componen la descripción catastral, sean físicas, económicas o jurídicas, pueden ser objeto de un procedimiento de subsanación de discrepancias, pues su objeto es la descripción catastral, incluyendo incluso el dato endógeno al propio Catastro, el valor catastral (49) (LCI art.3).

4.2.2. Procedimiento

La ley (50) distingue el caso en el que no hay terceros afectados en el procedimiento, esto es, en el que la rectificación únicamente interesa al titular catastral, para disponer que el procedimiento podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de resolución.
En este caso, el expediente se pondrá de manifiesto para la presentación de alegaciones durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido este plazo, los interesados no hayan formulado alegaciones, la propuesta de resolución se convertirá en definitiva y se procederá al cierre y archivo del expediente. La efectividad de esta resolución se producirá desde el día siguiente al de finalización del mencionado plazo.
En caso de que existan terceros interesados o que no se quiera proceder de la forma anterior, la iniciación del procedimiento se comunicará a los interesados, concediéndoles un plazo de 15 días para que formulen las alegaciones que estimen convenientes.
La resolución que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que se acuerde y se notificará a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la LGT (51). La diferencia entre ambos es que, en el primero de los casos, la Administración ya inicia comunicando la posible subsanación que se pretende realizar, mientras que, en el segundo caso, se limita a una iniciación más convencional para componer su criterio a lo largo del procedimiento (52).
El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación a los interesados. El vencimiento del plazo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.
También en el caso de las resoluciones de este procedimiento existe una regla especial respecto a su eficacia, pues esta no se ve condicionada por su notificación, sino que se produce al día siguiente del que se dicte o finalice el plazo de alegaciones. La causa de este sistema es la misma que se expuso en relación con las declaraciones: puesto que la discrepancia a subsanar es anterior al inicio del procedimiento y la función del Catastro no es constitutiva, sino meramente declarativa, debe darse a la subsanación la fecha más antigua posible, puesto que será la más próxima a cuando se produjo el hecho que implicó la realidad inmobiliaria a la que se adecua el Catastro mediante la resolución del procedimiento de subsanación de discrepancias. Otorgar a la modificación efectos retroactivos podría dar lugar a graves problemas, máxime si se tiene en cuenta que podría ser un cambio desfavorable (piénsese en una que produjese una elevación del valor catastral y su transcencencia respecto al IBI) y la Constitución garantiza la irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales (Const art.9.3).

4.2.2. Procedimientos especiales de subsanación de características físicas

Con el sólo objeto de subsanar las discrepancias relativas a la configuración o superficie de la parcela, habilita la Ley un mecanismo aplicable cuando se autoriza un hecho, acto o negocio en un documento público. Este consiste en que si los otorgantes del documento público manifiestan al notario la existencia de una discrepancia entre la realidad física y la certificación catastral que recoja la información catastral respecto al inmueble, el notario solicitará la acreditación de esta discrepancia por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Cuando el notario entienda suficientemente acreditada la existencia de la discrepancia y una vez obtenido el consentimiento, requerido expresamente, de los titulares dominicales colindantes que pudieran resultar afectados por la rectificación, incorporará la nueva descripción del bien inmueble en el mismo documento público o en otro posterior autorizado al efecto. El notario informará a la Dirección General del Catastro sobre la rectificación realizada, por medios telemáticos, en el plazo máximo de cinco días desde la formalización del documento público. Una vez validada técnicamente por la citada Dirección General la rectificación declarada, se incorporará la correspondiente alteración en el Catastro.
En los supuestos en que no se obtenga el consentimiento para la subsanación de la discrepancia o cuando esta no resultara debidamente acreditada, el notario dejará constancia de ella en el documento público e informará de su existencia a la Dirección General del Catastro para que, en su caso, esta incoe el procedimiento oportuno. Mediante resolución de la Dirección General del Catastro, previo informe favorable de la Dirección General de los Registros y del Notariado, se podrán determinar otros elementos de la descripción del bien inmueble que podrán ser objeto de rectificación de discrepancias con arreglo a este procedimiento (53).
El procedimiento aquí descrito supone una salvedad respecto al general que implementa la subsanación de discrepancias por cuanto que existe la posibilidad de incoarlo a instancia de parte, ahora bien, limitada a una discrepancia respecto a la delimitación o a la superficie, y siempre que tal discrepancia se ponga de manifiesto al elevar a público un acto relacionado con el propio inmueble.
Obsérvese que la primera de las limitaciones, de contenido, se centra no sólo en la discrepancia de mayor carácter objetivo, la realidad física básica del inmueble, sino en la que mayor número de casos puede generar, pretendiendo así el legislador acotar el objeto de esta figura procedimental a una cuestión sencilla de dirimir.
La segunda limitación tiene por causa el motivo que, como anteriormente se analizó, justifica la limitación al inicio de oficio de la subsanación de discrepancias: evitar un ingente e inasumible número de procedimientos, si quien realmente tramita este es el notario, que llega incluso a valorar la idoneidad de la prueba, limitándose el Catastro a «validar técnicamente la rectificación declarada», ese problema desaparece; ahora bien, esta «función» al notariado queda lógicamente limitada a las cuestiones básicas de superficie, sin perjuicio de que notarios (o Dirección General de los Registros y del Notariado) y Catastro acuerden ampliarlo a otros ámbitos.
Por último, la Dirección General del Catastro podrá rectificar de oficio la información contenida en la base de datos catastral en cuanto sea necesario para efectuar correcciones de superficie, dentro del margen de tolerancia técnica que se defina reglamentariamente, así como para reflejar cambios en los identificadores postales o en la cartografía, o cuando se lleven a cabo otras operaciones de carácter general, legalmente previstas, que tengan por finalidad mantener la adecuada concordancia entre el Catastro y la realidad inmobiliaria. Obsérvese que no nos encontramos ante un caso de subsanación de discrepancias, sino de rectificación de oficio del concreto dato de la superficie de las fincas o de su delimitación cartográfica u ortofotográfica, además de otros datos cuya inexactitud se derive de otras actividades del Catastro; son datos físicos que se derivan de comprobaciones o mediciones de carácter general hechas por el Catastro y que dentro de unos márgenes de tolerancia técnica para los sistemas de medición utilizados, se faculta para que la audiencia a los afectados se convoque mediante anuncios en Boletín provincial y se realice mediante exposición pública en los Ayuntamientos. Si la alteración supera la tolerancia técnica, procede operar de conformidad con lo previsto respecto a los procedimientos de valoración colectiva (54).

5. REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES CATASTRALES

5.1. Procedimientos especiales de revisión. Especial mención a la rectificación de errores

Se dispone que los actos resultantes de los procedimientos de incorporación son susceptibles de ser revisados en los términos establecidos en la LGT Título V (LCI art.12.4).
A estos efectos, se consideran procedimientos de incorporación tanto los que se inician mediante declaraciones, comunicaciones y solicitud, como los de subsanación de discrepancias y rectificación, inspección catastral y de valoración, pues, con independencia de las disquisiciones y clasificaciones hechas anteriormente, la ley utiliza un concepto de incorporación amplio y define a todos ellos como procedimientos mediante los que puede realizarse la incorporación (55).
La posibilidad de revisión conforme las disposiciones de la LGT es coherente con la determinación de la naturaleza tributaria de los procedimientos catastrales, pues la definición de esta naturaleza implica, salvo norma que la excepcionase, la aplicación del sistema de revisión propio de los actos tributarios.
La redacción del precepto legal implica que son aplicables todos los medios de revisión recogidos en el citado Título de la LGT, esto es, de los procedimientos especiales de revisión, incluyéndose la revisión de actos nulos de pleno derecho, la declaración de lesividad de actos anulables, la revocación y la rectificación de errores (56), el recurso de reposición y la reclamación económico administrativa.
Respecto a los procedimientos especiales de revisión, cabe remitirse a la normativa que los regula en la LGT (art.216 a 221), directamente aplicable a falta de regulación concreta en la normativa catastral.
Procede hacer una ligera salvedad respecto a la rectificación de errores materiales (57), pues deben distinguirse los casos de su aplicación de los de la subsanación de discrepancias; es evidente que en ambos procedimientos se pretende adecuar la constancia documental o registral a la propia realidad en tanto que tal constancia es equivocada; en este sentido, debe destacarse que la discrepancia objeto del procedimiento de subsanación es una discrepancia de hecho, no de opinión, pues tiene por objeto la descripción catastral, no actos o resoluciones en las que ha existido una actividad de aplicación del derecho, y es este su punto de conexión, tener por objeto cuestiones de hecho reales, nunca jurídicas. Pero también mediante la rectificación de errores se rectifican actos jurídicos y mediante la subsanación de discrepancias los registros catastrales, no los actos que dieron lugar a tales registros; de hecho es esta la diferencia entre lo que se configura como un procedimiento de revisión de actos, y un procedimiento de modificación de un registro como es el Catastro. Así, el objeto de la rectificación de errores será siempre el acto por el que se resuelve cualquiera de los procedimientos de incorporación catastral que se han analizado anteriormente, incluidos aquellos por el que se procede a subsanar una discrepancia, y nunca la rectificación de los datos que constan en el Catastro.

5.2. El recurso de reposición

El recurso de reposición es un recurso potestativo que se interpone en el plazo de un mes ante el mismo órgano catastral que dictó el acto de incorporación catastral que se impugna (58). La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso, sin que, en ningún caso, se pueda empeorar la situación inicial del recurrente; este hecho habilita al órgano de gestión catastral a poder analizar la totalidad de las cuestiones que plantee la incorporación de que se trate, sin perjuicio de que, si se estima pertinente examinar y resolver cuestiones no planteadas por los interesados, deberán exponerse para que se puedan formular alegaciones. Esta misma regla respeto al ámbito del recurso es aplicable a las reclamaciones económico-administrativas (59).
La interposición de este recurso no faculta en ningún caso la suspensión de cualquier procedimiento del cobro de la liquidación del IBI que se fundase en el valor catastral del inmueble cuya descripción catastral es objeto del acto impugnado.

5.3. La reclamación económico-administrativa

Con independencia de los procedimientos de revisión anteriormente expuestos, la impugnación de un acto por el que se produce la incorporación al Catastro se realiza mediante la reclamación económico-administrativa; es decir, la naturaleza tributaria de estos actos y de los procedimientos que los generan, implica que la finalización de la vía administrativa de su impugnación no se produzca a través del recurso de alzada, como procede conforme al procedimiento administrativo común, sino a través de la vía económico administrativa, concretamente a través de los Tribunales Económico Administrativos del Estado.
La normativa procedimental aplicable es común a todos las reclamaciones económico administrativas (60), por lo que no procede entrar en ella más que para reseñar alguna peculiaridad o circunstancia de importancia.
En primer lugar, la propia LCI establece una norma especial de legitimación (61), que es que le corresponde a quien esté obligado a realizar la declaración o comunicación o con quien formule una solicitud. Esta regla, extensible al resto de los procedimientos de revisión, debe ser matizada en lo que respecta a las comunicaciones y las solicitudes, pues su interpretación literal podría llevar a excluir a los titulares catastrales. La LGT determina que está legitimado para la interposición cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto o la actuación tributaria; además, se dispone que en el procedimiento económico-administrativo ya iniciado podrán comparecer todos los que sean titulares de derechos o intereses legítimos que puedan resultar afectados por la resolución que hubiera de dictarse; además, si durante la tramitación del procedimiento se advierte la existencia de otros titulares de derechos o intereses legítimos que no hayan comparecido en el mismo, se les notificará la existencia de la reclamación para que formulen alegaciones; puede concluirse que no sólo los titulares catastrales están siempre legitimados para interponer reclamación económico-administrativa contra los actos de incorporación catastral que tengan por objeto los inmuebles de los que sean titulares, sino que tienen derecho a ser notificados de la existencia de las reclamaciones que afecten a dichos inmuebles y que no hayan interpuesto ellos (LGT art.232).
En segundo lugar, existe un sistema peculiar de suspensión de los actos impugnados ajeno a la suspensión automática propia de la vía económico administrativa, algo lógico si se tiene en cuenta que de los actos de incorporación no son actos que conlleven ingresos, así, la interposición de la reclamación económico-administrativa no suspende la ejecutoriedad de los actos de incorporación catastral contra la que se interpone, salvo que excepcionalmente sea acordada la suspensión por el tribunal económico-administrativo competente, cuando así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, ordenando, en su caso, la adopción de las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección del interés público y la eficacia de la resolución impugnada (62).
En tercer y último lugar, debe precisarse que la cuantía de la reclamación puede dar lugar a discrepancias, pues puede entenderse que se trata de actos de los que se deriva directa o indirectamente un acto de valoración catastral, en cuyo caso dicha valoración será la cuantía (63), o puede entenderse, cuando el objeto del acto sean elementos de la descripción catastral ajenos a su realidad económica (su propiedad, por ejemplo), que se trata de actos que ni contienen ni se refieren a una cuantificación económica, por lo que han de considerarse de cuantía indeterminada (64).
Puesto que las resoluciones económico-administrativas son susceptibles de recurso de alzada si la cuantía es indeterminada, pero sólo si superan determinada cantidad en caso de que se haya determinado, (65) la trascendencia de esta cuestión es notable, siendo la doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central en este aspecto tendente a la primera opción, esto es, a la existencia de cuantía determinada, por entender que la regla de la cuantía indeterminada es una regla residual y que, siempre que exista una cuantía a la que se referencie el acto, debe entenderse como cuantificable (66).
En todo caso, las resoluciones de los Tribunales económico administrativos, sin perjuicio del sistema de recursos de las mismas, cuyas normas generales son aplicables sin salvedad a esta materia catastral, son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, dándose así la posibilidad de acceso de estas cuestiones al ámbito judicial, como determina la LGT art.249.

NOTAS:

(1) Así lo declara el artículo 1.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. La Sentencia del Tribunal Supremo 317/2006, de 21 marzo, lo define como «Un instrumento de las relaciones entre los ciudadanos y la Administración para el conocimiento por parte de ésta tanto de los datos de las fincas como de su titularidad a efectos fundamentalmente de carácter fiscal, como esta Sala tiene declarado, entre otras, en sentencias de 4 de noviembre de 1961 y de diciembre de 1999»
(2) Artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en redacción dada por la disposición final 18.1 de Ley 2/2011, de 4 de marzo.
(3) La representación gráfica no es propiamente un elemento descriptivo, sino una forma de representar la realidad física de la finca que recoge características de la misma, fundamentalmente físicas (forma, perímetro, vecindades, cotas, etc.), que son de difícil apreciación en cualquier otro formato.
(4) La referencia catastral tampoco es una característica descriptiva, sino una forma de identificación; no obstante es un elemento de gran trascendencia, no sólo desde la perspectiva catastral, y de claro carácter jurídico.
(5) La presunción de veracidad no afecta a la titularidad dominical del inmueble, sin perjuicio de la presunción de la titularidad catastral: «los datos que conforman la descripción catastral carecen de del efecto de presunción de posesión dominical en favor del que en él aparece propietario.(Sentencias de esta Sala de 16 diciembre 1988 y 2 marzo 1996, y las que en ella se citan). Si las certificaciones catastrales no prueban la propiedad, no pasan de ser meros indicios que necesitan conjugarse con otros me dios probatorios, con más razón no pueden ser tampoco por sí mismas prueba de una posesión a título de dueño» (entre otras, las Sentencias del Tribunal Supremo 1138/1998, de 2 diciembre y 525/2000 de 26 mayo). No obstante, la presunción del Registro de la Propiedad se limita al hecho mismo de la propiedad y no a los datos fácticos que sobre los inmuebles se recojan en el mismo (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, nº 365/2003, de 15 de abril)
(6) «tanto la realización de obra nueva, como la adquisición de la propiedad por cualquier título tiene que ser declarada, o, en su caso, comunicada, en orden a que se incorporen estos datos en la descripción catastral del inmueble con el objeto de que ésta concuerde con la realidad» Resolución de la Dirección General de Tributos de 28 de febrero de 2005 en contestación a Consulta Vinculante núm. 305/2005, de 28 febrero.
(7) Estos procedimientos se enumeran en el artículo 11.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (en redacción dada por la disposición final 18.3 de Ley 2/2011, de 4 de marzo) y son:
a) Los de incorporación mediante declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
b) El de subsanación de discrepancias y rectificación.
c) El procedimiento de Inspección catastral.
d) El procedimiento de Valoración.
(8) Art. 12.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(9) Art. 12.3 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(10) Es titular catastral quien ostenta, sobre la totalidad o parte de un bien inmueble, el derecho de propiedad plena o menos plena, una concesión administrativa, el derecho real de superficie o un Derecho real de usufructo sobre el inmueble (art.9.1 de del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo)
(11) Art. 16.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo en relación con lo dispuesto en el artículo 108.4 de la Ley General Tributaria.
(12) «Son declaraciones los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles». (art.13.1 de del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo)
(13) Art. 24 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.
(14) la cuestión civil latente respecto de la propiedad del meritado patio no es posible dilucidarla en este pleito, es lo cierto que la incorporación en el Catastro Inmobiliario de los bienes inmuebles y de sus alteraciones puede hacerse (art.4.1.a) mediante declaración, la cual sustentada en un documento público inscrito, y enlazando con la presunción de certeza (vid. apartado 3 del precepto citado «3. Las declaraciones y comunicaciones tendrán la presunción de certeza establecida en el art.116 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente»), entiende la Sala que ha quedado lo suficientemente acreditada, a efectos fiscales» Sentencia núm. 114/2006 de 28 febrero, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Burgos.
(15) Art. 26.1 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.
(16) El art.27 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, dispone que «En los procedimientos iniciados a instancia de parte,… el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa determinará que los interesados puedan entender desestimadas por silencio administrativo sus… declaraciones».
(17) Procederá comunicación, además de en el supuesto de adquisición o consolidación de la propiedad de la totalidad del inmueble por una sola persona, la que se produzca por varias, en unidad de acto, con independencia de que el derecho adquirido por cada una de ellas sea una parte de la propiedad plena o de la nuda propiedad, o del usufructo total o parcial sobre el inmueble. (Art. 29 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril).
(18) Art. 14.a del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (redacción dada por disposición final 18.5 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, en relación con lo dispuesto en el artículo 108.4 de la Ley General Tributaria.
(19) Obligación recogida en el artículo 36.3 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (redacción dada por disposición final 18.8 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo), en relación con lo dispuesto en el artículo 108.4 de la Ley General Tributaria.
(20) El Ayuntamiento podrá renunciar al procedimiento de comunicación mediante ordenanza fiscal. En los supuestos en que el ayuntamiento incumpla de forma reiterada las obligaciones que le corresponden a este respecto, igualmente, la Dirección General del Catastro podrá acordar la suspensión del procedimiento de comunicación mediante resolución. (Art. 33 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril).
(21) Art. 30.1 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.
(22) Art. 31.1 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.
(23) Obligación recogida en el artículo 36.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(24) Los actos de planeamiento y gestión urbanística objeto de la obligación de comunicar son, conforme lo dispuesto en el art.35.2 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril:
a) Las modificaciones de planeamiento que supongan alteraciones en la naturaleza del suelo.
b) Los proyectos de compensación, de reparcelación y de urbanización, o figuras análogas previstas en la legislación autonómica.
c) La ejecución subsidiaria de obras de rehabilitación, demolición o derribo derivadas del incumplimiento del deber de conservación de las edificaciones, así como aquellas otras que se deriven del incumplimiento de la función social de la propiedad.
d) La ocupación directa de los terrenos destinados a dotaciones.
(25) Para el sólo supuesto recogido anteriormente bajo la letra b), se establece la obligación de advertir expresamente por escrito a los titulares por parte de los ayuntamientos, en el momento de otorgar las licencias o autorizaciones, de la exención de la obligación de declarar ante el Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios que, se encuentren comprendidos en el procedimiento de comunicación (Art. 34.1 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril).
(26) En el mismo sentido, lo dispuesto en el Art. 24 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.
(27) Arts. 24 y ss. del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.
(28) Art. 17.6 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en redacción dada por la disposición final 8.1 de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre.
(29) Art. 45 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.
(30) Art. 46 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.
(31) Art. 18.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en redacción dada por la disposición final 18.6 de Ley 2/2011, de 4 de marzo.
(32) El solicitante, además, es siempre un interesado en el procedimiento que inste, posición jurídica muy diferente de quien solicita la iniciación de oficio de un procedimiento de subsanación de discrepancias, como se analizará posteriormente.
(33) Art. 17.6 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en redacción dada por la disposición final 8.1 de la Ley 40/2010, de 29 de diciembre.
(34) Art. 19.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. En el mismo sentido, el artículo 47 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.
(35) Concretamente, el artículo 19.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, dispone que «Las actuaciones de comprobación e investigación tendrán por objeto verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en la normativa catastral, para lo cual la Inspección comprobará la integridad, exactitud y veracidad de las declaraciones y comunicaciones reguladas en esta Ley e investigará la posible existencia de hechos, actos o negocios que no hayan sido declarados o comunicados o que lo hayan sido parcialmente».
(36) Art. 52 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.
(37) Todo ello conforme lo dispuesto en el artículo 142.1 de la Ley General Tributaria. Estas facultades incluyen la entrada en los inmuebles que carezcan de la condición de domicilio, caso este en el que se necesita autorización judicial(art.142.2 de la Ley General Tributaria).
(38) Artículo 142.4 de la Ley General Tributaria.
(39) Artículo 144 de la Ley General Tributaria.
(40) Obsérvese que los demás actos analizados hasta ahora son actos de iniciación del procedimiento, mientras que las actas recogen las actuaciones administrativas que forman parte de la tramitación del mismo.
(41) Art. 57 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril.
(42) Véase en este sentido lo dispuesto en el artículo 16.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(43) Véase en este sentido lo dispuesto en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(44) Aunque la ley no lo recoge, es evidente que las incorporaciones que tienen origen en solicitudes de baja también pueden ser objeto de actuaciones inspectoras de comprobación.
(45) El artículo 58.2 del Reglamento del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, dispone que «Cuando el inspector actuario compruebe la integridad, exactitud y veracidad de las declaraciones o comunicaciones mencionadas, levantará acta de inspección catastral de comprobado y conforme, previa audiencia del interesado para que alegue lo que convenga a su derecho. Esta acta se notificará al interesado junto al acuerdo de incorporación al Catastro que dicte el Gerente o Subgerente como consecuencia de la tramitación de la correspondiente declaración o comunicación».
(46) Artículo 18.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(47) La obligatoriedad de la declaración o comunicación es determinante para establecer la preeminecia de estos procedimientos respecto al de subsanación de discrepancias: «el procedimiento procedente para la modificación del valor catastral en este caso sería el establecido en el Art. 14 «Procedimiento de incorporación mediante comunicaciones», al haber existido un cambio de uso en el mismo, pues de haberse destinado a la venta de vehículos pasó a destinarse a la venta de muebles, circunstancia ésta que debió ser declarada por el titular del bien ante el Catastro, ya que puede produce una falta de concordancia entre la descripción catastral del bien inmueble a que se refiere la liquidación tributaria impugnada y la realidad inmobiliaria, incumpliendo el recurrente con su obligación de declararla» Sentencia núm. 260/2007, de 24 septiembre, del Juzgado nº 1 de lo contencioso Administrativo de Salamanca.
(48) Artículo 18.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(49) En este mismo sentido se ha pronunciado la reciente Sentencia de la Audiencia Nacional de 13 de junio de 2011.
(50) Artículo 18.1 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(51) La recentísima Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 710/2011, de 16 de junio, examina el efecto de la ausencia de trámite de audiencia en un procedimiento catastral de subsanación de discrepancias: «La parte actora pretende en su recurso que sea declarada la nulidad o la anulabilidad de todo lo actuado en el expediente de subsanación de discrepancias en la descripción catastral porque en el expediente únicamente obra un informe técnico en el cual basa la Gerencia la resolución de modificación, sin que se hubiera notificado a los colindantes la incoación de expediente alguno ni se le haya dado trámite de audiencia en el mismo… En el presente supuesto, queda claro de la labor de examen del contenido del expediente administrativo que la Administración no ha dado cumplimiento al mandato legal de dar audiencia a las partes implicadas, por lo que, siendo éste un error subsanable en tanto que constituye infracción procesal, debe ordenarse la retroacción de las actuaciones al momento de la preceptiva audiencia a las partes, a fin de que éstas puedan presentar las alegaciones que a su derecho convenga.»
(52) La concurrencia de varios interesados suele producir que los procedimientos no finalicen de la forma deseada por ellos, pues suelen recoger conflictos entre particulares por la propiedad «En casos similares al que nos ocupa, la jurisprudencia contenciosa de otros Tribunales Superiores se ha pronunciado en sentido contrario a la rectificación de la titularidad catastral cuando existe una discrepancia entre dos personas por la propiedad de una misma finca. Así, la Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 19 Jul. 2007, Rec 397/2004 (Ponente, Cudero Blas), establece que «Ha de partirse, para la solución del caso, de la circunstancia de que ni la Gerencia Catastral de turno, ni el Tribunal Económico-Administrativo, pueden decidir sobre la propiedad de bienes inmuebles, terreno vedado por la exclusiva competencia para ello de los órganos judiciales de la Jurisdicción Civil. (…) Es evidente que la valoración de los títulos correspondientes no es competencia de la Gerencia del Catastro, ni del TEAR, ni de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo. Si se está solicitando la alteración de la titularidad catastral de los inmuebles, lo que la Gerencia puede analizar es si, desde el punto de vista del Derecho Administrativo, esa alteración tiene encaje, formal y material, pero no otra cosa. Así, al constar la titularidad de las fincas hoy reclamadas por el actor a nombre de otras personas, las cuales en su día presentaron títulos indiciariamente suficientes para que se pudiera proceder a la inscripción de los mismos, para poder alterarse la inscripción existente será preciso acreditar o un error material absoluto (que no es el caso, habida cuenta del contenido de la prueba practicada) o bien una transmisión de quien figura como titular, o bien un título habilitante a propósito, como sólo puede ser, en principio, una sentencia judicial firme. La ausencia de tales presupuestos determina que sólo en la Jurisdicción Civil, con plenitud de conocimiento, podrá concluirse la adecuada solución al presente conflicto de intereses». Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco núm. 307/2010, de 26 abril.
(53) Artículo 18.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(54) Artículo 18.3 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(55) Artículo 11.2 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(56) Por su propia naturaleza, no procede la aplicación del procedimiento de devolución de ingresos indebidos, otro procedimiento especial de revisión, a la materia catastral.
(57) Recogido en el artículo 220 de la Ley General Tributaria.
(58) Está regulado en los artículos 222 y ss. De la Ley General Tributaria y en el Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
(59) Aparece en el art.237 de la Ley General Tributaria.
(60) Está regulado en los artículos 226 y ss. De la Ley General Tributaria y el Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
(61) En su art.12.5.
(62) Artículo 12.4 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.
(63) Artículo 35.1 del Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
(64) Artículo 35.4 del Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
(65) Artículo 36 del Reglamento general de desarrollo de la Ley General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. La cantidad determinante de primera instancia en caso de actos de valoración es de 1.800.000 euros.
(66) Resolución del TEAC de 24 de septiembre de 2008.

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Acepto las condiciones legales

  1. teresa:

    Mi vivienda en el Registro de la propiedad y en la Notaría está separada de un solar que no me pertenece, pero en el catastro viene unida al solar de un vecino que no le interesa separar la propiedad de la mia. El catastro pide que la separación sea aceptada por ambas partes aún cuando presento escrituras en la q consta que no es el mismo solar.

  2. gemma garcia gonzalez:

    En la declaración de la renta me sale un piso de mi primer matrimonio, que nunca estuvo escriturado a mi nombre, ya que el lo había adquirido antes de casarse, lo único que yo figuraba en la hipoteca, en la actualidad estoy separada y divorciada legalmente y no se porqué me sigue apareciendo ya que no tengo nada con ese inmueble. Que tendría que hacer para cambiar los datos ?

  3. Jesús:

    La vivienda donde resido fue enajenada por el INVIFAS en el año 2000, yo la compré en el 2002. Los primeros propietarios fueron los que vivían como alquilados. El INVIFAS presentó en el Catastro el anexo II del modelo 902 (reparto de elementos comunes singulares en función de los coeficientes de participación) y unos planos de los trasteros que son comunitarios indicando el piso que lo ocupaba, parece que indicado por los primeros vecinos. El INVIFAS no entregó la escritura de división horizontal y el catastro tomó cada trastero como propiedad de cada piso. El hecho es que esto lo he averiguado ahora, viendo la documento que el Catastro me ha permito ver y que me han dado copias y me encuentro que hay discrepancia entre los planos y el anexo II del modelo 902. En concreto mi piso que sobrepasa a otro en más de 30 m cuadrados.y teniendo mayor coeficiente de participación que este otro que dispone de un trastero mayor que el mío. Además el vecino que vivía en mi vivienda antes de la enajenación ocupaba o utilizaba el trastero que yo ahora reclamo.
    El 20 de octubre envíe un escrito al catastro para que corrija el error. Todavía no me han contestado.
    Que podría hacer para resolver el problema.
    Muchas gracias.

  4. Jesus:

    Como propietario de una vivienda puedo tener derecho a saber si en los últimos 15 años ha habido modificación en los datos catastrales del edificio y por quien.
    Además de la Administración alguien más puede modificar los datos catastrales

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