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La indemnización de daños y perjuicios derivada de accidente de trabajo: criterios jurisprudenciales

Artículo publicado en Actum Social nº 50. Abril 2011

María Luisa Segoviano Astaburuaga

Magistrada del Tribunal Supremo. Sala IV

 

ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN.
II. RESPONSABILIDADES.
III. SUJETOS RESPONSABLES.
A. Identificación del sujeto responsable.
B. El empresario.
1. Consideraciones generales.
2. Clases de responsabilidad.
a. Responsabilidad penal.
b. Responsabilidad administrativa.
c. Responsabilidad laboral.
d. Responsabilidad civil.
IV. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCIÓN

 

La seguridad y salud en el trabajo tienen en nuestro ordenamiento un reconocimiento constitucional. En efecto la Const art.40.2, dentro del capítulo regulador de los principios rectores de la política social y económica, establece que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo; el art.43.1 reconoce el derecho a la protección de la salud y el art.15 proclama el derecho a la vida y a la integridad física y moral.
La regulación y concreción de los citados principios en la actualidad se encuentra básicamente en la L 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, así como en las sucesivas disposiciones de desarrollo reglamentario que establecen la protección frente a determinados riesgos específicos: así el RD 413/1997, sobre protección de trabajadores expuestos a radiaciones ionizantes; RD 485/1997, sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo; RD 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, modificado por RD 2177/2004; RD 487/1997, sobre manipulación de cargas que entrañen riesgos dorsolumbares para los trabajadores; RD 488/1997, sobre trabajos con pantallas de visualización de datos; RD 664/1997, sobre protección contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos; RD 665/1997, modificado por RD 349/2003, sobre protección contra riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos; RD 773/1997 sobre utilización de equipos de protección individual; RD 1389/1997, sobre protección de la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras; RD 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en la construcción, modificado por RD 604/2006 y RD 337/2010; RD 1316/1989, sobre protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido; RD 1488/1998, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado; acuerdo del Consejo de Ministros de 10-7-98 por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos a la Administración General del Estado; RD 216/1999, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal; RD 374/2001, sobre protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con agentes químicos durante el trabajo; RD 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Hay que tener en cuenta asimismo la regulación de los servicios de prevención, mediante el RD 39/1997 por el que aprueba el Reglamento de los Servicios de prevención, modificado en sucesivas ocasiones, siendo la última la efectuada por RD 337/2010. Por último hay que tomar en consideración, por su incidencia en la materia, el RDLeg 5/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social.
Respecto al origen e inspiración directa de la actual regulación de la seguridad y salud en el trabajo se encuentra en la Directiva 89/391 CEE, denominada Directiva-marco, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en que opera la política de prevención comunitaria. Hay que referirse asimismo a las Directivas 92/85/CEE; 94/53/CEE y 91/383/CEE, relativas a la protección de la maternidad, de los jóvenes, al tratamiento de las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empleo de trabajo temporal.
Por otra parte, la regulación actual responde al cumplimiento del compromiso contraído con la OIT, al haber ratificado España el Convenio nº 155 de la OIT, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente.
Para la consecución de su objetivo básico de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, la Ley establece una serie de obligaciones y de sujetos obligados, cuidando de señalar en su Exposición de Motivos, al referirse a la empresa, que se exige una actuación de la misma que desborda el mero cumplimiento formal de un conjunto predeterminado, mas o menos amplio de deberes y obligaciones empresariales, exigiendo la planificación inicial de la prevención, la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y su actualización periódica, a medida que se alteren las circunstancias, la ordenación de un conjunto coherente de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados y el control de la efectividad de dichas medidas. Junto a esta actuación empresarial, que podríamos definir como relacionada con el trabajo y sus riesgos, existe otra relacionada directamente con los trabajadores, que requiere la formación e información de los mismos dirigidas a un mejor conocimiento, tanto del alcance real de los riesgos derivados del trabajo, como de la forma de prevenirlos y evitarlos, de manera adaptada a las peculiaridades de cada centro de trabajo, a las características de las personas que en el desarrollan su prestación y a la actividad concreta que realizan. Todas estas obligaciones del empresario aparecen nítidamente recogidas en la L 31/1995 art.15, 18 y 19.
Correlativamente con la imposición de estas obligaciones y deberes, aparecen unas medidas para el control y garantía del cumplimiento de las mismas, que supone la fijación de sanciones por infracción y la exigencia de responsabilidades por el incumplimiento.
Esta regulación de sanciones y responsabilidades hay que buscarla en diferente normas, existiendo incluso una regulación de las sanciones de naturaleza administrativa en la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en el Real Decreto Legislativo sobre infracciones y sanciones en el orden social (L 31/1995 art.42, 43, 44, 45, 53 y 54; RDLeg 5/2000 art.5, 11, 12, 13, 39, 40, 41, 42 y 48).
La regulación de la responsabilidad en materia de Seguridad Social, aparte de algunos preceptos aislados que se encuentran en el Estatuto de los Trabajadores, como pueden ser los art.42 y 43, se ubica en la Ley General de la Seguridad Social.
La responsabilidad penal se encuentra regulada en el Código Penal.
La responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual aparece regulada en el Código Civil.
Por último la responsabilidad disciplinaria, exigible al trabajador, aparece contemplada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Estatuto de los Trabajadores, pudiendo aparecer tipificadas en convenio colectivo las faltas de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y las sanciones previstas.

II. RESPONSABILIDADES

 

Con carácter general podemos establecer que las responsabilidades a que puede dar lugar el incumplimiento de las normas sobre seguridad y salud laborales pueden ser de cinco tipos: administrativa, penal, civil, laboral y disciplinaria.
El origen de todas ellas es común, pues es el incumplimiento por el sujeto obligado de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
La finalidad que persigue cada una es diferente, así como sus exigencias. Mientras la responsabilidad administrativa y la penal tienen un carácter esencialmente preventivo y ejemplificador, de tal manera que no es necesario que acaezca el siniestro para que sean exigibles, siendo suficiente con que se haya producido el incumplimiento, la responsabilidad civil y la laboral tienen un carácter netamente reparador, de tal manera que únicamente son exigibles si se ha producido el siniestro y tratan de reparar los daños que el mismo ha ocasionado.
La finalidad que persigue la responsabilidad administrativa es la defensa del interés general de la colectividad, la garantía de la seguridad y salud del medio de trabajo.
La responsabilidad penal tiene como bien jurídico protegido la vida, salud e integridad de los trabajadores, tratando de persuadir a los infractores de que respeten las normas de seguridad y salud, lo que realiza mediante la imposición de una pena. Al igual que la responsabilidad administrativa mira hacia el futuro, trata de prevenir y evitar el siniestro, de disuadir de futuros incumplimientos.
La responsabilidad civil mira hacia el sujeto individual, hacia el pasado, va dirigida a reparar, mediante la correspondiente indemnización, los daños ya producidos.
La responsabilidad de Seguridad Social se encuadra en objetivos de política social y va dirigida a mejorar las prestaciones de quienes sufrieron un accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Por último la responsabilidad disciplinaria, que únicamente es exigible a los trabajadores, tiene naturaleza sancionadora, al igual que la administrativa y penal, y trata de disuadir a los trabajadores, mediante la imposición de la pertinente sanción, de que incumplan las normas de seguridad y salud laborales.
Como posteriormente analizaremos todas estas responsabilidades no pueden exigirse a todos los sujetos responsables de la acción preventiva, es decir, al empresario, servicios externos de prevención, auditoras, trabajadores, etc., sino que hay algunas, como la responsabilidad administrativa que no es exigible a los trabajadores, en tanto la responsabilidad disciplinaria solo puede predicarse de ellos.
Hay que señalar, con carácter general, que no cabe exigir simultáneamente, al mismo sujeto y por el mismo hecho y fundamento responsabilidad penal y administrativa. Dicho de otro modo, la exigencia de responsabilidad penal es incompatible con la exigencia de responsabilidad administrativa, tal como establece el RDLeg 5/2000 art.3, que en su apartado 1 dispone que «no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento». Por su parte, el apartado 2 de dicho precepto prevé que «en los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de ilícito penal, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador, mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme que ponga fin al procedimiento o mientras el Ministerio Fiscal no comunique la improcedencia de iniciar o proseguir actuaciones».
Por lo tanto, es posible la exigencia de responsabilidad civil, administrativa y de Seguridad Social, o, civil, penal y de Seguridad Social a un mismo sujeto, por el mismo hecho y por el mismo fundamento, pero nunca se puede exigir, concurriendo dichas circunstancias, responsabilidad administrativa y penal.

III. SUJETOS RESPONSABLES

A. Identificación del sujeto responsable

 

La fijación de una serie de responsabilidades y sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo presupone la existencia de unos deberes y obligaciones normativamente impuestos a determinados sujetos, bien los protagonistas de la relación laboral, bien otros sujetos que inciden en el desarrollo de la misma. Será sujeto responsable el que incumpla sus deberes o infrinja las normas reguladoras de la seguridad y salud laborales.
El primer sujeto responsable, dada su posición en la relación laboral, es el empresario, persona física o jurídica, comunidad de bienes o sociedad irregular.
Pero como las normas reguladoras de la seguridad y salud también imponen obligaciones a otros sujetos, e incluso les identifican en el momento de establecer responsabilidades, habrá que tomarlas en consideración.
Así tenemos el otro sujeto de la relación laboral, el trabajador, que también puede ser sujeto infractor, tal como establece la L 31/1995 art.29.3.
Como en la gestión de la prevención de riesgos pueden intervenir una serie de sujetos externos a la empresa, el RDLeg 5/2000 (LISOS) prevé su responsabilidad en el art.2.9, enumerando entre los mismos a los servicios de prevención ajenos a las empresas, las auditoras y las formativas en prevención de riesgos laborales, que sean ajenas a las empresas.
Respecto a la actividad de construcción prevé la responsabilidad de los promotores y propietarios de obra y los trabajadores por cuenta propia.
Por último, en relación con su intervención en el proceso productivo, se prevé la responsabilidad de los socios de trabajo de las cooperativas de trabajo, los fabricantes, importadores y suministradores de productos y equipos de trabajo.
La imputación de responsabilidad puede hacerse de forma individual, respecto a un solo sujeto o de forma conjunta, cuando dos o más sujetos hayan participado en los hechos constitutivos de la infracción.

B. El empresario

1. CONSIDERACIONES GENERALES

 

La figura del empresario se erige como sujeto responsable por excelencia de la seguridad y salud en la empresa.
Consecuencia del poder de dirección del empresario, reconocido en el ET art.20, aparece su correlativo deber de proteger a los trabajadores a su servicio frente a los riesgos laborales.
Se concibe la deuda de seguridad de forma omnicomprensiva. El Estatuto de los Trabajadores contempla el derecho del trabajador en la prestación de sus servicios a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene (ET art.19.1).
Por su parte la L 31/1995 art.14.2 dispone que el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
Este deber se extiende a la planificación de la acción preventiva y a la organización de la misma.
Las obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales están reguladas con más rigor y exigencia que otras obligaciones laborales.
Se exige con tal rigor esta responsabilidad empresarial que la L 31/1995 art.15.4 establece que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
El empresario puede ser una persona física, jurídica, una comunidad de bienes, un ente sin personalidad, etc. Tal como aparece configurado en la L 31/1995 art.42, el sujeto responsable es el empresario, con independencia de su naturaleza jurídica.
Así la L 31/195 art.42.1 establece que el incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dichos incumplimientos.
Por su parte, la L 31/195 art.42.3 regula las responsabilidades en materia de Seguridad Social, al disponer que las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social que puedan ser fijados por el órgano competente, de conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema.
Hay que hacer una puntualización respecto al empresario persona jurídica y es que el abanico de responsabilidades al que nos hemos referido anteriormente no le es totalmente aplicable, pues las personas jurídicas no son penalmente responsables. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad penal únicamente es exigible a las personas físicas, debido a los principios de personalidad y culpabilidad en que se inspira y también en el hecho de que alguna de las sanciones previstas, como es la privación de libertad únicamente es aplicable a las personas físicas.
Sin embargo, para evitar lagunas de punibilidad, en relación con los denominados delitos especiales, se exige la responsabilidad a la persona física que ostenta la representación de la persona jurídica, tal como establece el CP art.31: «El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre».
La TS cont-adm 12-7-01, Rec 28/96, estableció que no se vulnera el principio «non bis in idem» al exigirse responsabilidad penal al director de la obra y responsabilidad administrativa a la empresa.
Sin embargo, la responsabilidad civil por el hecho delictivo si puede ser exigida a la persona jurídica, en virtud de lo establecido en el CP art.120.4, a cuyo tenor «las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio -son también responsables civilmente- por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de las obligaciones o servicios».
La jurisprudencia ha configurado esta responsabilidad, como de carácter objetivo (derivada de actos dolosos o culposos de sus trabajadores, representantes o gestores), ya que nace del hecho del mero vínculo entre la empresa y el infractor, siempre que los hechos se realicen dentro del ejercicio de las funciones encomendadas.
También se pueden derivar otras consecuencias para la persona jurídica como son todas las previstas en el CP art.33.7, clausura temporal o definitiva de la empresa; disolución de la sociedad, asociación o fundación; suspensión de las actividades de la empresa, fundación, asociación o sociedad por plazo inferior a cinco años; prohibición de realizar actividades operativas mercantiles, etc., de la clase de aquellos con cuyo ejercicio se haya cometido el delito; la intervención de la empresa…

2. CLASES DE RESPONSABILIDAD

 

Ya hemos señalado anteriormente que al empresario se le puede exigir responsabilidad penal, administrativa, civil y laboral, teniendo en cuenta que la responsabilidad penal y administrativa se excluyen entre sí cuando se da identidad de sujetos, hechos y fundamento.
El motivo es que al regularse ambas responsabilidades por normas de naturaleza sancionadora no pueden aplicarse en los supuestos en que concluya la triple identidad a la que antes hemos hecho referencia, pues ello violaría la prohibición contenida en el principio «non bis in idem».
Hay que poner de relieve, no obstante, que en ocasiones puede exigirse responsabilidad penal al administrador de hecho o de derecho o al representante legal o voluntario de una persona jurídica y exigirse responsabilidad administrativa a la persona jurídica por unos mismos hechos y con el mismo fundamento. Ello obedece a que no existe identidad de sujetos, ya que es diferente la persona física de la persona jurídica aunque la primera sea representante de la segunda.

a. Responsabilidad penal

 

Su regulación se encuentra en el Código Penal que tipifica unos delitos específicos en materia de seguridad y salud en el trabajo contemplando delitos de riesgo y de resultado.
El primero aparece tipificado en el CP art.316, que establece que «Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses».
Por su parte el CP art.317 establece que «Cuando el delito al que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado».
Aunque los artículos 316 y 317 tipifican el acto de no facilitar por quienes estén legalmente obligados a ello, los medios necesarios, ello no quiere decir que el tipo penal se refiera únicamente a proporcionar al trabajador equipos de trabajo y medios de protección de que habla la L 31/1995 art.17, sino que comprende todas las medidas encaminadas a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, como pueden ser formación, información, vigilancia de la salud… Las normas que las regulan pueden ser normas internacionales, comunitarias, normas con rango de ley, reglamentos de desarrollo de la LPRL, convenios colectivos.
La infracción puede ser cometida por acción u omisión.
El Código Penal ha tipificado un delito de riesgo por lo que para la comisión del mismo no es necesario que se haya producido el siniestro, ni que existan daños efectivos ni lesiones.
Al lado de estos delitos específicos existen otros delitos genéricos que pueden cometerse por el empresario en el seno de la relación laboral.
– el homicidio, con prisión de 10 a 15 años (CP art.138);
– el homicidio imprudente, con prisión de 1 a 4 años (CP art.142);
– lesiones (CP art.147);
– lesiones mediando imprudencia grave (CP art.152);
– lesiones contra las personas, tipificadas como falta (CP art.617 y 621).
Existen también otros tipos penales que podrían ser de aplicación como los de liberación de energía nuclear (CP art.341); perturbación del funcionamiento de una instalación nuclear (CP art.342); provocar la explosión o destrucción de bienes o instalaciones (CP art.346); fabricación o tenencia de sustancias peligrosas o explosivos (CP art.348); quienes en la construcción reparación o mantenimiento de edificios infrinjan las normas de seguridad y pongan en peligro la vida, la integridad o la salud de las personas (CP art.350).
De la comisión de un delito también puede derivarse responsabilidad civil y como establece el CP art.116: «Toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, si del hecho se derivaran daños o perjuicios».
Por su parte el CP art.109.2 señala que: «El perjudicado podrá optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil. El fundamento de esta responsabilidad es el daño ocasionado por el delito, de tal manera que si la infracción penal no origina daños, no podrá ejercitarse acción alguna en el proceso penal ni tampoco en el proceso civil».
Si existe algún seguro que cubre el riesgo, bien se trate de seguro voluntario concertado por el empresario, o bien derive de un convenio colectivo, en virtud del CP art.117, rige la responsabilidad directa de la aseguradora. La cuestión se plantea porque dicho precepto dispone que dicha responsabilidad alcanza hasta el límite de indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada. Al haberse suscrito la póliza entre empresario y compañía aseguradora sin intervención del trabajador éste no tiene que ver por ello mermada la indemnización que pudiera corresponderle, respondiendo la aseguradora hasta el límite pactado (TS 1-6-01, Rec 1063/01), respondiendo la empresa de la parte restante.
La jurisdicción penal considera compatible la indemnización civil con las prestaciones de Seguridad Social que puedan corresponder al perjudicado o a sus beneficiarios, sin que del importe de la indemnización haya de detraerse lo percibido por prestaciones de Seguridad Social.
La jurisdicción penal ha señalado que si bien la aplicación del baremo, introducido por la L 30/1995 disp.adic.8ª, de ordenación y supervisión de los seguros privados, actualmente Anexo del RDLeg 8/2004, no es obligatoria, cabe la aplicación del mismo para fijar la pertinente indemnización.
A este respecto la TS 15-11-02, señaló que se trataba de una deuda de valor, por lo que sus límites cuantitativos se determinan en el momento en el que se declaran judicialmente.
Se ha planteado la incidencia de la conducta de la víctima, si ha habido culpa, en la moderación del quantum indemnizatorio, estableciendo el CP art.114 que: «Si la víctima hubiera contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido los jueces o tribunales podrán moderar el importe de su reparación o indemnización».

b. Responsabilidad administrativa

 

El concepto de infracción administrativa en esta materia aparece regulado en el RDLeg 5/2000 art.5.2, que la define como «Las acciones u omisiones de los diferentes sujetos responsables que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo sujetas a responsabilidad conforme esta ley».
Podemos destacar como notas en la responsabilidad administrativa:
En primer lugar que la misma se exige a la empresa, no a la persona física que materialmente haya podido cometer la infracción, sin perjuicio de que posteriormente la empresa pueda exigirle responsabilidad.
En segundo lugar que no es preciso un resultado dañoso.
En tercer lugar que la responsabilidad exigida en esta materia aparece configurada con gran rigor respecto a otras materias de índole laboral y de Seguridad Social, como se manifiesta en la elevada cuantía prevista para las sanciones económicas, ya que mientras las infracciones en materia de Seguridad Social tienen prevista como sanción máxima correspondiente a faltas muy graves en su grado máximo la multa de 187.515 €, en materia de prevención de riesgos laborales la sanción por falta muy grave, en grado máximo, puede alcanzar hasta 819.780 €.
Asimismo el plazo de prescripción de las faltas en esta materia es superior al previsto para infracciones de otra naturaleza, ya que es de un año para las faltas leves, tres años para las graves y cinco años para las muy graves, contándose desde la fecha de la infracción, a tenor de la L 31/1995 art.4.
El ET art.60.1 y el RDLeg 5/2000 art.4.1, han establecido un plazo de prescripción de las faltas de los empresarios de tres años, excepto las cometidas en materia de Seguridad Social que prescriben a los cuatro años, tal como dispone el RDLeg 5/2000 art.4.2.
En cuarto lugar, además del régimen sancionador de contenido pecuniario, aparece en esta materia un régimen de carácter extraordinario para supuestos de extrema gravedad de incumplimiento empresarial, que se manifiesta en la imposición de sanciones que no tienen carácter pecuniario.
Dichas sanciones son las siguientes:
– la paralización de trabajos acordada por la Inspección de Trabajo, en caso de riesgo grave e inminente (L 31/1995 art.44);
– la suspensión o cierre del centro de trabajo acordado por el Gobierno, cuando concurran circunstancias de especial gravedad (L 31/1995 art.53);
– la publicación de las sanciones impuestas por faltas muy graves (RDLeg 5/2000 art.40.2);
– las limitaciones a la facultad de contratar con la Administración (L 31/1995 art.54). Hay que señalar que aunque dicho precepto remite a la L 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, la remisión ha de entenderse efectuada a la L 30/2007, modificada por L 35/2010, cuyo art.49.1.c, prohíbe contratar con las Administraciones Públicas a las personas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad con lo dispuesto en el RDLeg 5/2000o.
En quinto lugar hay que examinar la naturaleza de esta responsabilidad. Aunque tradicionalmente se había configurado como una responsabilidad objetiva que surgía por la mera trasgresión del ordenamiento jurídico en la materia, sin atender al elemento subjetivo del dolo o la culpa, la configuración actual permite un atisbo de intento de atenuar este rigor. En efecto, aunque la L31/1995 art.42.1 establece que: «El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas…» al establecer los criterios para graduar las sanciones acude a ciertos elementos subjetivos que se plasman en el RDLeg 5/2000 art.39.3.e, y h, y que se refieren respectivamente a las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por este, en orden a la prevención de los riesgos y a la conducta general seguida por el empresario en orden a la estricta observancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales.
Por último hay que poner de relieve como esta responsabilidad se exige al empresario como responsable principal de la seguridad de los trabajadores, estableciendo la L 31/1995 art.14.4 que el incumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones no exime al empresario del cumplimiento de su deber en esta materia.

c. Responsabilidad laboral

 

La L 31/1995 art.42.3 establece la compatibilidad de la responsabilidad administrativa con la indemnización por los daños y perjuicios causados y con el recargo de prestaciones económicas del sistema de Seguridad Social.
La LGSS art.123.3 dispone la compatibilidad de la responsabilidad del recargo de prestaciones con las responsabilidades de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.
Por su parte la L 31/1995 disp.adic.1ª, mantiene el régimen jurídico establecido para el accidente de trabajo en las normas de Seguridad Social. Aparecen así dos figuras, las prestaciones de Seguridad Social y el recargo de prestaciones.
Prestaciones de Seguridad Social.
La responsabilidad respecto a las prestaciones aparece contemplada en la LGSS art.126.1 que dispone que: «Cuando se haya causado derecho a una prestación por haber cumplido las condiciones a que se refiere el artículo 124 de la presente ley, la responsabilidad correspondiente se imputará, de acuerdo con sus respectivas competencias, a las Entidades Gestoras, Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social o empresarios que colaboren en la gestión o, en su caso, a los servicios comunes».
La regla general es que las prestaciones de Seguridad Social son abonadas por la Entidad Gestora o colaboradora correspondiente, siempre que el empresario haya cumplido sus obligaciones, establecidas en la LGSS art.124. La protección de los trabajadores está asegurada, ya que, aún cuando el empresario no hubiera procedido de conformidad con el citado precepto, los trabajadores se consideran siempre en situación de alta y no se exige período de carencia alguno para causar derecho a las prestaciones, de conformidad con lo establecido en la LGSS art.124.4 y 125.3. En estos supuestos el trabajador percibe la prestación con cargo a la Entidad correspondiente, ya que se le considera en situación de alta y no se exige ninguna cotización pues rige el principio de automaticidad de las prestaciones. La Entidad Gestora o colaboradora anticipa el pago de las prestaciones subrogándose en los derechos y acciones del beneficiario frente a la empresa incumplidora.
Las prestaciones tienen un importe tasado legalmente, configurado como sustitutivo del salario y que, por lo tanto, no satisface todos los daños y perjuicios que se puedan derivar del accidente, sino solo los que pueden considerarse el «lucro cesante», sustitutivo del salario que no percibe el trabajador porque se encuentra incapacitado para el trabajo (de forma temporal o permanente) a consecuencia del accidente de trabajo sufrido.
Recargo de prestaciones.
Aparece regulado en la LGSS art.123.1 que dispone:
«1.- Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por cien, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajo.
2.-La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla».
Si el empresario resultara insolvente el trabajador no percibe el recargo porque no hay responsabilidad solidaria ni subsidiaria del INSS (TS 12-2-94; 23-2-94; 20-5-94; 22-5-94).
Se ha planteado la cuestión de si el recargo tiene naturaleza sancionadora o indemnizatoria, ya que si es una sanción no será compensable con las indemnizaciones a que pueda tener derecho el perjudicado, en tanto si es una indemnización, habrá de ser tomada en consideración para fijar el «quantum» con el que se han de compensar los daños y perjuicios sufridos.
La doctrina reconoce que tiene naturaleza compleja ya que, por un lado, es una sanción al empresario y, por otro, genera un derecho indemnizatorio a favor del trabajador.
La jurisprudencia lo ha calificado como una pena o sanción que se añade a la propia prestación previamente establecida y cuya imputación solamente es atribuible de forma exclusiva a la empresa incumplidora de sus deberes en materia de seguridad e higiene».
La TS 2-10-00, Rec 2393/99, dictada en Sala General, mantuvo el carácter no indemnizatorio del recargo, estableciendo que las cantidades abonadas por dicho concepto eran compatibles con cualesquiera otras responsabilidades derivadas de accidente de trabajo.
El recargo no se extiende a las mejoras voluntarias de la Seguridad Social, excepto si en el acto generador de las mismas se hubiera hecho constar así (TS 20-3-97, Rec 2730/96; 11-7-97, Rec 719/97).
En los supuestos de pensiones, no se revaloriza el recargo.

d. Responsabilidad civil

 

La posibilidad de exigir a la empresa responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados a los trabajadores por falta de medidas de prevención aparece contemplada en la LGSS art.123 y en la L 31/1995 art.42.1.
Tras múltiples vacilaciones jurisprudenciales en la actualidad la responsabilidad civil aparece configurada como una responsabilidad de naturaleza contractual a la que es aplicable lo dispuesto en el CC art.1101 s. (TS sala 4ª 6-10-89; 15-11-90; 24-05-94; 27-6-94; 10-12-98, Rec 4078/97; 13-7-00; 1-12-03, Rec 239/03; 22-6-05, Rec 786/04).
El auto de la Sala de Conflictos de 28-2-07, Rec 367/06, razona que la acción de responsabilidad civil por daños y perjuicios tiene un marcado carácter contractual, al derivarse el daño de un contrato de trabajo, cuyo contenido no participa de la naturaleza de ningún otro contrato.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha abandonado su tradicional doctrina referente a que esta responsabilidad es de naturaleza extracontractual, si bien teniendo en cuenta un concepto amplio de dicha naturaleza que supone que la misma absorbe lo que tradicionalmente se define como responsabilidad contractual.
A partir de la sentencia dictada por el Pleno de dicha Sala, el 15-1-08, Rec 1395/07, se ha establecido que la naturaleza es contractual, razonando que el derecho del trabajador a una protección eficaz, establecida en el ET art.19 y L 31/1995 art.14, la obligación de seguridad pertenece al ámbito estricto del contrato de trabajo, porque forma parte del contenido contractual al establecerlo en la LPRL, tratándose de una obligación general de diligencia incorporada por ley al contenido del contrato de trabajo.
La doctrina se ha inclinado por la tesis de que dicha responsabilidad requiere la existencia de culpa o negligencia en el empresario (TS 30-9-97, Rec 22/97). Ha de concurrir el elemento culpabilístico, es decir, que requiere culpa o negligencia del empresario en el sentido clásico y tradicional del término. En el mismo sentido se han pronunciado TS 20-7-00, Rec 3801/99 y TS 2-2-98, Rec 124/97.
La Sala Primera venía manteniendo un criterio de responsabilidad objetiva justificando la misma sobre el daño causado por acto ilícito, por el hecho de crear un riesgo empresarial, (TS 11-07-02, Rec 123/97), por el razonamiento de que si no hubiera habido culpa no habría sucedido el accidente (TS 5-12-95), o por un principio de responsabilidad cuasi-objetiva, fundamentándolo en un deber objetivo de cuidado (TS 11-3-04, Rec 1047/99).
La última jurisprudencia viene admitiendo la denominada imputación objetiva (TS 6-9-05; 10-2-06; 12-12-06; 23-4-09) en la que no se busca si uno de los elementos de la relación es la causa del resultado, sino si la conducta que se pretende sea la causa, es suficientemente relevante para la producción del daño por el que se reclama, de acuerdo con el criterio de la adecuación.
Prueba de la culpa:
Aunque no se ha establecido de forma clara por la jurisprudencia de la Sala Primera ni de la Sala Cuarta a quién incumbe la carga de la prueba de la culpa, la misma ha de fijarse partiendo de la existencia de una obligación previa de carácter contractual que recae sobre el deudor.
Al ser el empresario deudor de seguridad (ET art.19 y L 31/1995 art.14) ha de demostrar que cumplió con su obligación preexistente o que si no cumplió fue por culpa exclusiva del perjudicado, o por fuerza mayor, o caso fortuito, supuestos en los que el deudor se exonera de responsabilidad, a tenor del CC art.1105, incumbiendo al deudor la prueba de la concurrencia de fuerza mayor o caso fortuito. En consecuencia, el empresario habrá de probar que cumplió con su obligación en materia de prevención de riesgos laborales.
La TS Sala Cuarta 30-610, Rec 4123/08, tras afirmar que es requisito normativo de la responsabilidad civil que los daños y perjuicios se hayan causado mediante culpa o negligencia, tal y como se desprende del CC art.1101, 1103 y 1902, dispone que «no puede sostenerse la exigencia culpabilística en su sentido mas clásico y sin rigor atenuatorio alguno, fundamentalmente porque no son parejas la respectiva posición de empresario y trabajador en orden a los riesgos derivados de la actividad laboral desde el punto y hora en que con su actividad productiva el empresario crea el riesgo, mientras que el trabajador -al participar en el proceso productivo- es quien lo sufre; aparte de que el empresario organiza y controla ese proceso de producción, es quien ordena al trabajador la actividad a desarrollar (ET art.20) y, en último término, está obligado a evaluar y evitar los riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias (L 31/1995 art.15), estableciéndose el deber genérico de garantizar la seguridad y salud laboral de los trabajadores (L 31/1995 art.14.1). Continúa la sentencia razonando que la deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo, para enervar su posible responsabilidad, el empleador ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, mas allá, incluso, de las exigencias reglamentarias, debiendo procederse a la aplicación -analógica- del CC art.1183 sobre carga de la prueba, del que deriva la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario. Asimismo se llega a dicha conclusión aplicando la LEC art.217, tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos (secuelas derivadas de AT) y de los impeditivos, extintivos y obstativos, cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria, ya que es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de esta.
Exención de responsabilidad:
A tenor del CC art.1105 nadie responde de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables, por lo que en estos casos el empresario no responde.
Tampoco en el supuesto de que el suceso se produjera por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero (TS 17-2-99, Rec 2085/98; TS Sala 1ª 1-2-99, Rec 2573/94).
Fijación del quantum indemnizatorio
La TS 2-10-00, Rec 2393/99 ha abordado la cuestión, existiendo siete votos particulares.
Considera que las consecuencias dañosas de los accidentes de trabajo no afectan sólo al ámbito laboral y a la merma de la capacidad de tal naturaleza que puede sufrir el trabajador accidentado, sino que pueden repercutir en múltiples aspectos de la vida personal, familiar o social de aquel y de las personas que de él dependan, por lo que no existiendo baremos que fijen las indemnizaciones, éstas deben ser adecuadas, proporcionadas y suficientes para alcanzar a reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daños materiales y morales) que como derivados del accidente de trabajo se acrediten seguidos en las esferas personal, laboral familiar y social.
La última jurisprudencia, tanto de la Sala Primera como de la Cuarta, viene admitiendo la posibilidad de aplicar el baremo establecido para los accidentes de tráfico con un valor referencial, pudiendo citar al efecto: TS Sala Primera 17-4-07, Rec 2908/01 y 2598/02; TS la Sala cuarta 11-11-05, Rec 1575/99; 17-7-07. Rec 4367/05 y 513/06; 2-10-07, Rec 3945/05 y 513/06; 2-10-07, Rec 3945/06; 3-10-07, Rec 2451/06; 21-1-08, Rec 4017/06; 30-1-08, Rec 414/07; 22-9-08, Rec 1141/07; 20-1-08, Rec 672/07; 3-2-09, Rec 560/07; 14-7-09, Rec 3576/08; 23-7-09, Rec 4501/07; 14-12-09, Rec 715/09; 15-12-09, Rec 3365/08; 18-10-10, Rec 101/10; 24-11-10, Rec 651/10; 10-6-09, Rec 3133/08.
En las citadas sentencias se considera que el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidente de circulación que aparece introducido por la L 30/1995 disp.adic.8ª, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, actualmente en la Ley sobre Responsabilidad Civil y seguro en la Circulación de vehículos a motor, RDLeg 8/2004, sólo es aplicable para fijar la indemnización de daños y perjuicios derivados de accidente de trabajo con carácter analógico o referencial ya que, tal y como se desprende de su propio epígrafe, no está destinado a fijar dichas indemnizaciones, sino las derivadas de los daños causados a las personas en accidente de circulación.
La TS Sala Cuarta 17-7-07, Rec 4367/05, pone de relieve que la indemnización de los daños debe ir encaminada a lograr la íntegra compensación de los mismos, para proporcionar al perjudicado la plena indemnidad por el acto dañoso, es decir, la restitutio in integrum o compensatio in integrum, siendo función propia y soberana de los órganos jurisdiccionales, tanto la facultad de valorar el daño con arreglo a la prueba practicada, como el deber de hacerlo de forma fundada y para evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad, por imperativo de lo dispuesto en la Const art.24 y 120.3; LEC art.218 y LPL art.97.2, así como en la Resolución 75.7 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 14-3-75.
Señala la sentencia que las ventajas que presenta la aplicación del baremo son las siguientes:
1º.- Dar satisfacción al principio de seguridad jurídica que establece la Const art.9.3, ya que fija un mecanismo de valoración que conduce a resultados muy parecidos en situaciones similares.
2º.- Facilita la aplicación de un criterio unitario en la fijación de indemnizaciones con el que se da cumplimiento al principio de igualdad de la Const art.14.
3º.- Agiliza los pagos de los siniestros y disminuye los conflictos judiciales, pues al ser previsible el pronunciamiento judicial se evitarán muchos procesos.
4º.- Da una respuesta a la valoración de los daños morales que, normalmente está sujeto al subjetivismo mas absoluto. La cuantificación del daño corporal, y mas aún la del moral, siempre es difícil y subjetiva, pues, las pruebas practicadas en el proceso permiten evidenciar la realidad del daño, pero no evidencian, normalmente, con toda seguridad la equivalencia económica que deba atribuirse al mismo para su completo resarcimiento, actividad que ya requiere la celebración de un juicio de valor. Por ello, la aplicación del baremo facilita la prueba del daño y su valoración, a la par que la fundamentación de la sentencia, pues como decía la TS 13-2-04, la valoración del daño con arreglo al baremo legal es una decisión que implícitamente indica la ausencia de prueba sobre los datos que justifiquen mayor cuantía y que, por ende, no requiere inexcusablemente de una mayor fundamentación.
La exigencia constitucional al respecto se satisface cuando la decisión por su contenido y naturaleza permite conocer las razones que la fundan, aunque estén implícitas o muy lacónicamente expresadas. Y es que, aún admitiendo las dificultades que entraña la elaboración de un sistema de valoración de daño, es lo cierto que, sobre todo, cuando se trata de daños morales, goza de mayor legitimidad el sistema fijado por el legislador con carácter general que la valoración efectuada por los órganos jurisdiccionales con evidente riesgo de quiebra de los principios de igualdad y de seguridad jurídica, pues las invocaciones genéricas a la prudencia del juzgador, a la ponderación ecuánime de las circunstancias del caso que realiza, no son garantía de corrección ni de uniformidad, resarcitorias.
La jurisprudencia de la Sala señala lo siguiente:
1) A los órganos judiciales de instancia les compete fijar la indemnización de los daños y perjuicios derivados de accidente laboral y enfermedad profesional, siempre que en el ejercicio de tal función les guíe la íntegra satisfacción del daño a reparar, siempre que lo hagan de forma vertebrada que permita conocer los concretos daños y perjuicios que se compensan y la cuantía indemnizatoria que se reconoce por cada uno de ellos, razonándose los motivos que justifican esa decisión, pudiendo valerse el Juez del Anexo a la Ley aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2004 donde se contiene un baremo que le ayudará a vertebrar el «quantum» indemnizatorio por cada concepto, dejando a su prudente arbitro el número de puntos a reconocer por cada secuela y la determinación concreta del factor corrector aplicable, dentro del margen señalado en cada caso (TS 17-7-07, Rec 4367/05).
2) La valoración de los daños efectuada por el juzgador de instancia no es revisable en vía de recurso, salvo en los supuestos excepcionales en que se aprecie notorio error, arbitrariedad, incoherencia con las bases de cuantificación o falta de concreción de las mismas (TS 17-7-07, Rec 513/06). Asimismo es revisable en el supuesto de que se hayan utilizado las reglas de un baremo, siendo en este caso susceptible de revisión por ir referidas a la aplicación de una norma (TS Sala Primera 25-3-91; 19-7-06).
3) El Juez ha de motivar suficientemente su decisión y resolver todas las cuestiones planteadas, lo que le obliga a razonar la valoración que hace del daño y la indemnización que reconoce por los diferentes perjuicios causados. Ello supone que no puede realizar una valoración conjunta del daño causado, sino que debe realizar una valoración vertebrada del total de los daños y perjuicios, atribuyendo a cada uno un valor determinado. Dicha valoración requiere diferenciar la tasación del daño biológico y fisiológico (el daño inferido a la integridad física) de la correspondiente a las consecuencias personales que el mismo conlleva (daño moral) y de la que pertenece al daño patrimonial, separando por un lado el daño emergente (los gastos soportados por causa del hecho dañoso) y por otro los derivados del lucro cesante (la pérdida de ingresos y de expectativas) (TS 17-7-07, Rec 4367/05).
4) No es preceptiva la aplicación del baremo para fijar el quantum indemnizatorio, pero cuando el juez procede a aplicar el mismo debe efectuarlo de conformidad con las previsiones que en él se contienen, por un principio de congruencia derivado de la autovinculación (TS 17-7-07, Rec 4367/05).
Si el juzgador decide apartarse del baremo en algún punto debe razonarlo, pues cuando una tasación se sujeta a determinadas normas no cabe apartarse de ellas sin razonarlo.
Aplicación del baremo.
Para la adecuada aplicación del baremo se ha de distinguir entre las reglas o criterios establecidos para la determinación de la responsabilidad y la cuantía de las indemnizaciones previstas en el mismo. Las reglas se contienen en la norma básica que es el Anexo al RDLeg 8/2004 y las cuantías aparecen en las tablas que siguen al Anexo. Hay que tener en cuenta que dichas tablas se actualizan cada año, incrementando el importe de las distintas cantidades que aparecen en las mismas, por medio de resoluciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
En el punto 10 del apartado primero del Anexo, se establece que anualmente deben actualizarse las cuantías indemnizatorias fijadas por el mismo y, en su defecto, quedarán automáticamente actualizadas en el porcentaje de aumento del IPC del año anterior.
Se plantea si estamos ante una deuda nominal o de valor, esto es si el daño se debe cuantificar al tiempo del accidente (teoría nominalista) o al momento en que se dicte la sentencia (deuda de valor). La doctrina ha entendido que estamos ante una deuda de valor porque de seguirse la teoría nominalista, no se lograría la restitutio in integrum, ya que la satisfacción del daño requiere indemnizar con el valor actual del mismo y no se logra abonando una cantidad que se ha ido depreciando con el paso del tiempo, pues no se trata de obligarse a pagar más, sino de evitar que se pague menos por los efectos de la inflación. Este principio valorista se recoge en la LRJAP art.141.3, donde se establece que la cuantía de la indemnización se calcula con referencia al día en que se produjo la lesión, sin perjuicio de su actualización con arreglo al índice de precios al consumo en la fecha en que se ponga fin al procedimiento. También se recomienda por el Principio General I del Anexo a la Resolución 75-7 del Comité de Ministros de C.E. de 14-3-75, así como por la jurisprudencia (TS Sala Primera 21-1-78; 22-4-80; 19-7-82; 19-10-96; 25-5-98; 21-11-98).
La regla 3 del punto primero del Anexo dispone que: «A efectos de la aplicación de las tablas, la edad de la víctima y de los perjudicados y beneficiarios será la referida a la fecha del accidente», por lo que son las normas vigentes al tiempo del accidente las que determinan el régimen jurídico aplicable para cuantificar la indemnización y determinar el perjuicio, según la edad de la víctima, sus circunstancias personales, su profesión, las secuelas resultantes, la incapacidad reconocida etc…. La Sala Primera del Tribunal Supremo en TS 17-4-07 ha recogido este principio estableciendo que la deuda de valor se materializa al tiempo del alta médica con secuelas, es decir, que el valor del punto se fija en atención a los valores actualizados vigentes en el momento en que se consolidan las secuelas del siniestro. Esta resolución, sin embargo, no es aplicable a los accidentes laborales ya que el daño por circulación de vehículos de motor responde a un riesgo objetivo, por lo que deberá actualizarse la indemnización con arreglo al valor del punto que exista al tiempo de cuantificar la misma.
El principio valorista obliga a actualizar el importe de la indemnización con arreglo a la pérdida del valor adquisitivo que experimente la moneda para que el paso del tiempo no redunde en beneficio del causante del daño, por ello el importe de la indemnización debe fijarse en atención a la fecha en que se cuantifica el daño, esto es, al momento de dictarse la sentencia de instancia, suplicación o casación, que lo reconoce, cuantifica y determina el deber de indemnizar. A partir de la fecha de la sentencia de instancia el perjudicado conservará el poder adquisitivo mediante el cobro de los intereses por mora procesal de la LEC art.576 (TS 17-7-07, Rec 4367/05; 17-7-07, Rec 513/06).
Dicha teoría, que suponía la no aplicación de los intereses moratorios del CC art.1105, fue modificada por la TS 30-1-08, Rec 414/07. Se razona en dicha sentencia que el objetivo de la directriz 1.2 fijada en la resolución 75/07 del Comité de Ministros del Consejo de Europa puede conseguirse con una interpretación menos restrictiva de los obligados intereses moratorios, de manera que con ellos puede alcanzarse una solución satisfactoria para los intereses del acreedor en todos los supuestos, pudiendo acudirse en supuestos excepcionales al mecanismo de la actualización. Lo que no es posible es la utilización simultánea de ambos mecanismos (intereses/actualización)
Procede pues aplicar los intereses moratorios del CC art.1108, si bien el valor de la indemnización estará fijado en el momento de la consolidación de las secuelas, ya que con este criterio se está consiguiendo en igual o mejor medida satisfacer la restitutio in integrum y se cumplen mejor las exigencias del CC art.1101.
Criterios de valoración de los daños.
La doctrina es unánime al mantener el derecho a la reparación íntegra porque como manifestación del principio general de nuestro ordenamiento jurídico deducible entre otros del CC art.1101 y 1902, que obliga a todo aquel que causa un daño a repararlo, a falta de norma legal expresa que baremice las indemnizaciones o establezca topes a su cuantía, en principio, la indemnización procedente debe ser adecuada, proporcionada y suficiente para alcanzar a reparar o compensar plenamente todos los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daños materiales y morales) que como derivados del accidente de trabajo se acrediten sufridos en las esferas personal, laboral, familiar y social (TS 17-2-09, Rec 2085/98; 2-10-00, Rec 2393/99; 18-2-02, Rec 1866/01; 21-2-02, Rec 2239/01; 8-4-02, Rec 3825/03; 7-2-03, Rec 1636/02; 9-2-05, Rec 5398/03; 1-6-05, Rec 1613/04; 24-7-06, Rec 776/05; 17-7-07, Rec 513/06).
Asimismo la Sala sostiene que del principio de reparación íntegra se deduce la exigencia de proporcionalidad entre el daño y la reparación y a sensu contrario que la reparación no debe exceder del daño o perjuicio sufrido, no debiendo los perjudicados enriquecerse injustamente percibiendo indemnizaciones por encima del límite racional de una compensación plena.
La cuantía debe fijarse teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos, el grado de culpabilidad, la dependencia económica, las sumas ya percibidas y los criterios legales que pueden servir de referencia (TS 2-2-98, Rec 124/97; 17-2-99, Rec 2085/98).
Si se procede a la aplicación del baremo recogido como Anexo en el RDLeg 8/2004, observamos que en el mismo no se comprende el daño emergente (gastos originados por el hecho dañosos, tales como gastos de hospitalización, comidas, traslados…) constando en el apartado primero, punto 6 del Anexo que además de las indemnizaciones fijadas con arreglo a las tablas, se satisfarán en todo caso los gastos de asistencia médica y hospitalización y además en las indemnizaciones por muerte, los gastos de entierro y funeral. Por lo tanto, el juzgado habrá de fijar el daño emergente que no aparece contemplado en las tablas, fijándose su importe a la vista de lo alegado y probado por la parte.
Para valorar el lucro cesante y los daños personales -sicofísicos y morales- procede la aplicación de las tablas correspondientes
Las tablas contemplan las pertinentes indemnizaciones por muerte, lesiones permanentes, invalidantes o no, e incapacidades temporales.
– En el supuesto de muerte, las indemnizaciones se calculan aplicando la tabla I, teniendo en cuenta la edad de la víctima en el momento del accidente: Hasta 65 años, de 66 a 80, mas de 80 y las circunstancias personales de los perjudicados/beneficiarios.
A continuación se le aplica la tabla II, factores de corrección, que permite el aumento o reducción de la indemnización en un determinado porcentaje que fija para cada una de las circunstancias que describe: perjuicios económicos (ingresos, rentas anuales de la víctima por trabajo personal) circunstancias familiares especiales (discapacidad física o psíquica acusada anterior al accidente) del perjudicado/beneficiario, fallecimiento de ambos padres en el accidente, víctima embarazada con perdida de feto a consecuencia del accidente.
– En el supuesto de lesiones permanentes se parte del tipo de lesión permanente ocasionada al perjudicado desde el punto de vista físico o funcional, mediante puntos asignados a cada lesión (Tabla VI), a dicha puntuación se le aplica el valor del punto en función inversamente proporcional a la edad del perjudicado e incrementado el valor del punto a medida que aumenta la puntuación (Tabla III).
Sobre tal cuantía se aplican los factores de corrección en forma de porcentajes de aumento o reducción (Tabla IV).
– En el supuesto de secuelas permanentes no invalidantes se aplica la tabla VI, teniendo en cuenta los puntos que conforme a la edad del accidentado puedan corresponder tal y como señala la tabla III.
– En el supuesto de incapacidad temporal se aplica la tabla V en la que se diferencia entre la incapacidad temporal con estancia hospitalaria y sin estancia hospitalaria, determinándose su importe diario multiplicado por los días que tarda en sanar la lesión y corregido conforme a los factores que expresa la propia tabla.
Compatibilidad con las prestaciones de Seguridad Social.
Se plantea la cuestión del alcance de la compatibilidad entre las prestaciones de Seguridad Social que puedan corresponder al accidentado o a los beneficiarios y la indemnización por los daños y perjuicios, en los supuestos de accidente de trabajo y, en su caso, la forma de computar el importe de aquellas en el montante indemnizatorio, cuestión no resuelta legalmente ya que la LGSS art.123.3, 127.3 y L 31/1995 art.42.3 se limitan a establecer la compatibilidad.
Hay dos posturas al respecto: entender que ambas cantidades -prestaciones de Seguridad Social e indemnización de daños y perjuicios-protegen al trabajador accidentado de forma autónoma -técnica de la suplementariedad o de acumulación absoluta- o considerar que las mismas responden a idéntica finalidad y no pueden aplicarse con total independencia -técnica de la complementariedad o de acumulación relativa-.
La primera de las soluciones es la seguida fundamentalmente por la jurisprudencia civil, que proclama que la responsabilidad civil es compatible con la derivada de la relación de trabajo, entendiendo que la indemnización derivada del CC art.1902, es independiente de cualquier otra cantidad ya percibida por el trabajador, ya que se trata de fundamentos diversos de indemnización y dos causas diferentes de pedir. La doctrina fundamenta dicha construcción sosteniendo que las prestaciones de Seguridad Social por accidente de trabajo son un aseguramiento público que protege al trabajador como un seguro de personas. Se trata de una responsabilidad objetiva con una indemnización tasada, representada por las prestaciones de Seguridad Social que actúa como seguro de responsabilidad del empresario en el marco de un sistema de carácter público, en tanto la responsabilidad civil exige culpa en el generador del daño y encuentra su causa en la producción ilícita de dicho daño.
La segunda solución, seguida por la Sala Cuarta, señala que como la finalidad de las indemnizaciones es reparar y no enriquecer, si bien el perjudicado puede ejercer todas las acciones a su alcance para obtener la adecuada compensación por los daños sufridos, dichas compensaciones no pueden aumentar su patrimonio más allá del daño sufrido.
Respecto a la compatibilidad de las prestaciones de Seguridad Social con la indemnización de daños y perjuicios se ha venido señalando que para el cálculo de esta última se han de detraer las prestaciones reconocidas en virtud de la normativa protectora de la Seguridad Social (TS 9-2-05, Rec 5398/03).
Sentada dicha premisa procede determinar la forma concreta en que ha de cuantificarse el montante atribuible a las prestaciones de Seguridad Social.
Las TS 17-7-07, Rec 513/06 y 4367/05; 2-10-07, Rec 3945/06; 3-10-07, Rec 2451/06; 21-1-08, Rec 4017/06; 30-1-08, Rec 414/07; 22-9-08, Rec 1141/07; 20-1-08, Rec 672/07; 3-2-09, Rec 560/07; 14-7-09, Rec 3576/08; 23-7-09, Rec 4501/07; 18-10-10, Rec 101/10; 24-11-10, Rec 651/10, han abordado esta cuestión y han aplicado los siguientes criterios:
1- El Juzgador ha de establecer, en primer lugar, el importe de la indemnización correspondiente, fijando los diversos conceptos indemnizables y su cuantía y, en el supuesto de que se haya aplicado el baremo contenido en el Anexo al RDLeg 8/2004, que establece distintos conceptos en las seis tablas que contiene, se procede a efectuar la compensación por conceptos homogéneos.
2- Las prestaciones de Seguridad Social por incapacidad permanente resarcen la pérdida de ingresos que genera la disminución de la capacidad de ganancia temporal o permanente, por lo que las referidas prestaciones solo pueden compensarse con las indemnizaciones reconocidas por el llamado lucro cesante, así como las prestaciones de incapacidad temporal no pueden compensarse con las de incapacidad permanente y viceversa.
3- El baremo, al fijar en la Tabla IV los factores de corrección para las indemnizaciones básicas por lesiones permanentes -las indemnizaciones básicas se fijan por el juego de las Tablas III y IV-, en concreto el factor corrector por perjuicios económicos, dado que el aumento que supone se reconoce el función de los ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal, compensa el lucro cesante. En consecuencia, lo reconocido por este concepto es compensable con lo abonado por prestaciones de Seguridad Social que reparan la pérdida de la capacidad laboral en algún grado.
Hay que señalar que el factor corrector por incapacidad permanente de la tabla IV persigue reparar los daños y perjuicios que se deriven de la incapacidad permanente del perjudicado para la ocupación o actividad habitual de la víctima, concepto que se divide en tres grados (parcial, total y absoluta) que, aún siendo similar a la clasificación de la LGSS art.137 no pueden identificarse con el mismo. En efecto, el factor corrector compensa, no solo la incapacidad para la ocupación o actividad habitual, sino también las limitaciones que ocasiona para otras actividades de la vida, lo que la doctrina francesa denomina prejudice d’agreement concepto que comprende la limitación para los disfrutes y satisfacciones que la víctima podría esperar de la vida y de los que se ha visto privada por causa del daño, perjuicios entre los que se encuentra, entre otros, el quebranto producido para desenvolverse con normalidad en la vida doméstica, familiar, sentimental y social, así como el impedimento para practicar deportes o para disfrutar de otras actividades culturales o recreativas. Por ello el capital-coste de la pensión de Seguridad Social no puede compensar en su totalidad lo reconocido por el factor corrector de la incapacidad permanente que establece el baremo, porque como se acaba de decir, este repara diferentes perjuicios entre los que se encuentra la incapacidad laboral. Por ello quedará al prudente arbitrio del Juzgador de instancia la ponderación de las circunstancias concurrentes para determinar que parte de la cantidad reconocida por el concepto de factor corrector de la incapacidad permanente se imputa a la incapacidad laboral y que parte se imputa al impedimento para otras actividades y ocupaciones de la víctima, a la imposibilidad o dificultad para realizar los actos más esenciales de la vida (deambular, comer, vestirse, asearse, etc.) y a la imposibilidad para los disfrutes y satisfacciones de la vida que cabía esperar en los mas variados aspectos (sentimental, social, práctica de deporte, asistencia a actos culturales, realización de actividades manuales, etc.).
4- En el supuesto de que exista mejora voluntaria de la prestación de incapacidad permanente (otorgada por el empresario de forma voluntaria o en virtud de convenio colectivo), esta se descuenta en idéntica forma que las prestaciones de Seguridad Social.
5- El recargo de prestaciones no se descuenta de la cantidad que se fije como indemnización de daños y perjuicios.
La fijación del quantum indemnizatorio correspondiente a la incapacidad temporal ha sido contemplada en las TS 17-7-07, Rec 513/06; 14-7-09, Rec 3576/08; 23-7-09, Rec 4501/07; 14-12-09, Rec 715/09; 15-12-09, Rec 3365/08. En dichas sentencias se establece lo siguiente:
1º) El perjudicado, en concepto de lucro cesante, debe percibir, al menos, el cien por ciento del salario cobrado al tiempo del accidente y las prestaciones sociales percibidas no pueden compensarse con la indemnización señalada en la Tabla V del baremo mientras las mismas, junto con su posible mejora convencional, no superen ese cien por cien, sin que, por otro lado, quepa su compensación con lo reconocido por otros conceptos, como daño emergente o moral. En definitiva, lo abonado por la Seguridad Social en concepto de incapacidad temporal no se puede compensar mas que con aquellos conceptos indemnizatorios reconocidos para compensar por el lucro cesante y, en cualquier caso, la compensación sólo procederá en la parte en que la suma de las diferentes indemnizaciones supere el 100 por 100 del salario cobrado al tiempo del accidente.
2º) La indemnización resarcitoria de los daños morales, salvo que se acredite un daño o perjuicio mayor, se fija partiendo para los días de baja, durante la estancia hospitalaria de la cuantía íntegra prevista para ellos en el baremo y para los restantes días de baja impeditiva sin estancia hospitalaria (a los exclusivos efectos de cuantificar los daños morales) de la cuantía íntegra prevista para los días de baja no impeditivos.
3º) No procede aplicar los factores de corrección por perjuicios económicos, en atención a los ingresos netos anuales de la víctima por trabajo personal, dado que ya se ha partido para fijar los daños y perjuicios del importe del 100 por 100 del salario dejado de percibir.

IV. CONCLUSIONES

 

Primera: La regulación de la responsabilidad del empresario derivada de accidente de trabajo es compleja, farragosa y, a todas luces, insatisfactoria, tanto desde el punto de vista de la víctima como desde el del sujeto responsable.
Segunda: Se pueden exigir simultáneamente diferentes clases de responsabilidad -penal, laboral y civil o, administrativa, laboral y civil- lo que en la práctica supone que se puedan estar tramitando paralelamente varios procesos y que los mismos finalicen con resoluciones que pudieran resultar contradictorias.
Tercera: La fijación del quantum indemnizatorio por daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil puede ser muy diferente de unos tribunales a otros, con el riesgo de quiebra de los principios de seguridad jurídica y de igualdad, lo que se evitaría si existiera un baremo que, de forma objetiva, con la posibilidad de aplicación de factores correctores discrecionalmente apreciados por el juez, fijara el importe de las cantidades a percibir.
Cuarta: La aplicación del baremo, contenido en el Anexo al RDLeg 8/2004, únicamente puede realizarse con carácter orientativo, ya que el mismo está previsto para indemnizar los daños derivados del uso y circulación de vehículos de motor y no de accidentes de trabajo. La naturaleza de la responsabilidad derivada de uno y otro riesgo es muy diferente, pues en tanto el primero se configura como una responsabilidad objetiva, en el segundo se exige, aunque sea en grado leve, la concurrencia de culpa del empresario.
Quinta: La percepción por el trabajador de prestaciones de Seguridad Social, en su caso recargo de las mismas y mejoras voluntarias, obliga a realizar una complicada ponderación de las circunstancias concurrentes a fin de determinar la forma en que la indemnización de daños y perjuicios ha de ser compensada con dichas cantidades.
Sexta: La posible intervención de distintos órdenes jurisdiccionales, a saber, penal, administrativo, civil -mercantil si la empresa está en situación de concurso- y laboral acarrea grandes dificultades y, a la postre una gran inseguridad jurídica.

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