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El proceso de conflicto colectivo y el procedimiento de oficio: alcance de la reforma procesal

Artículo publicado en Actum Social nº 64. Junio 2012

Juan Molins García-Atance

Magistrado especialista del orden social, destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Doctor en Derecho

 

IX JORNADAS LABORALES
Zaragoza 3 y 4 de mayo

ÍNDICE
I. La nueva LRJS y el Real Decreto-ley 3/2012
II. Conflicto colectivo
1. Ámbito
2. Legitimación activa
3. Legitimación pasiva
4. Procedimiento
A) Actos preparatorios
B) Conciliación y mediación preprocesal
C) Demanda
D) Urgencia y preferencia
E) Juicio y sentencia
F) Ejecución de sentencia colectiva
III. Procedimiento de oficio
1. Actas de infracción de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social en las que se aprecien perjuicios económicos para los trabajadores
2. Acuerdos de suspensión, reducción de jornada o extinción colectiva de los contratos de trabajo
A) Objeto
a) Suspensión, reducción de jornada y despido colectivo
b) Obtención indebida de la prestación de desempleo
c) Modificación sustancial de condiciones de trabajo, suspensión del contrato de trabajo, reducción de jornada y descuelgue
d) Acuerdos entre empresarios y representantes de los trabajadores sobre extinción de contratos de trabajo en caso de extinción de la personalidad jurídica del empresario
B) Fraude, dolo, coacción o abuso de derecho
3. Discriminaciones
4. Actas de infracción y liquidación en las que se impugne la naturaleza laboral
A) Competencia del orden contencioso-administrativo
B) Demanda de oficio
C) Procedimiento
III. Requisitos de la demanda
IV. Pluralidad de trabajadores intervinientes
V. Admisión de la demanda y especificidades procesales
1. Admisión de la demanda
2. Tramitación de oficio
3. Conciliación
4. Pactos entre trabajadores y empresarios
5. Eficacia probatoria
6. Acumulación de autos

I. LA NUEVA LRJS Y EL RDL 3/2012

 

Tradicionalmente, la ley procesal del orden social se denominaba Ley de Procedimiento Laboral. Este «nomen iuris» se había considerado técnicamente incorrecto (1). Ninguna ley jurisdiccional se llamaba «de procedimiento» salvo aquélla. Se trataba de una denominación propia de mediados del siglo XIX, cuando la asignatura «Derecho Procesal» se llamaba «procedimientos judiciales». Este periodo del «procedimentalismo» se considera superado (2). Y no parecía correcto que se llamase «Laboral» cuando gran parte de los pleitos versan sobre Derecho de la Seguridad Social, no sobre Derecho del Trabajo. Por ello, se había defendido una denominación comprensiva de ambas ramas del Derecho.
La nueva LRJS ha dejado sin efecto la denominación anterior, siguiendo la técnica instaurada por la LRJCA de 1998. El cambio de la denominación de la ley procesal del orden social responde a la voluntad de innovación del proyecto: no se trata de una mera reforma de la LPL sino de una nueva ley procesal (3). En realidad, el término «jurisdicción social», de uso común, es inexacto: no se puede hablar de «jurisdicción» social porque la jurisdicción es única. La Const art.117.5 establece que el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Por tanto, no hay una jurisdicción civil, otra social, otra penal… Debe usarse el término: «orden jurisdiccional» social, penal…
El principal problema práctico que suscita la LRJS radica en que previsiblemente va a suponer un importante aumento de la carga de trabajo de los órganos judiciales del orden social, en particular de los Juzgados de lo Social, en un momento en que, por la situación económica, no parece que pueda procederse a un aumento de los órganos judiciales que permita afrontar este incremento de litigios, lo que puede ocasionar un importante retraso de la justicia social.
A los dos meses de entrar en vigor la LRJS (el 10-12-2011), se aprobó el RDL 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que reforma la citada ley. Resulta anómalo que se invoque la existencia de extraordinaria y urgente necesidad para justificar la promulgación de un decreto-ley, habida cuenta de que cuando se dictó habían transcurrido dos meses desde la constitución de las Cortes Generales después de las elecciones generales de noviembre de 2011, plazo durante el cual se pudo haber tramitado de urgencia una ley ordinaria. Y no parece que la situación de crisis en febrero de 2012 fuera cualitativamente distinta de la existente en diciembre de 2011.
En relación con esta técnica legislativa, no es infrecuente que, invocando la urgencia de las medidas, se efectúen reformas de gran importancia en el ámbito laboral mediante un real decreto-ley. Y de conformidad con lo dispuesto en la Const art.86.2 y 3, además de convalidar el Congreso el real decreto-ley, se tramita como proyecto de ley. Así sucedió, por ejemplo, con el RDL 5/2002, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, que fue derogado por la L 45/2002, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad. Ello ofrece la ventaja de que si posteriormente el Real Decreto-ley es declarado inconstitucional por vulnerar la Const art.86.1, la reforma legal llevada a cabo por la Ley subsiguiente no queda afectada por dicha declaración. En efecto, la sentencia del TCo 68/2007, declaró inconstitucional y nulo el citado RDL 5/2002, por vulnerar la Const art.86.1. Pero la reforma legal operada por la L 45/2002 quedó incólume. Se legisla en dos etapas. Algo parecido sucedió con el RDL 10/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados, habiéndose tramitado la L 35/2010 homónima.
El problema que suscita esta legislación en dos etapas es que, en función del rechazo social que suscita la primera reforma laboral, la segunda norma establece una regulación de las mismas instituciones no coincidente con la primera, modulando el alcance de la reforma, lo que supone que se suceden regulaciones distintas de instituciones muy importantes del Derecho Social en un periodo breve de tiempo, aplicándose una u otra en función de la fecha en que tuvo lugar hecho enjuiciado.
Y resulta anómalo que una reforma procesal se lleve a cabo por RDL, que exige la concurrencia de circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad ex Const art.86. El RDL 3/2012 preámbulo apartado VI, lo justifica por la interrelación existente entre las normas laborales sustantivas y procesales, argumentando que la reforma del jurídico sustantivo 1) de la suspensión temporal del contrato, 2) de la reducción temporal de la jornada y 3) del despido colectivo (suprimiendo la autorización administrativa de la autoridad laboral), obliga a adaptar el tratamiento procesal de dichas instituciones. Lo cierto es que la LRJS, en su redacción inicial, determinaba la competencia jurisdiccional para conocer de las suspensiones de contratos, reducciones temporales de jornada y despidos colectivos en función de cuál era el órgano administrativo que había autorizado dicha extinción. Al desaparecer la autorización administrativa (salvo despido por fuerza mayor), se hacía necesario adaptar la normativa procesal a la nueva regulación sustantiva. Y el novedoso despido colectivo aconsejaba establecer una nueva modalidad procesal especial que lo regulase.

II. CONFLICTO COLECTIVO

1. Ámbito

 

La derogada LPL art.151 de la establecía que el proceso de conflicto colectivo debía afectar «a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores». Con este sustrato normativo, reiterada doctrina del TS delimitaba el objeto de este proceso, haciendo hincapié en su índole colectiva, exigiendo la concurrencia de un elemento subjetivo integrado por la referencia a la afectación de un grupo genérico de trabajadores, entendiendo por tal no la mera pluralidad, suma o agregado de trabajadores singularmente considerados, sino un conjunto estructurado a partir de un elemento de homogeneidad, y un elemento objetivo consistente en la presencia de un interés general, que es el que se actúa a través del conflicto y que se define como indivisible, correspondiente al grupo en su conjunto y, por tanto, no susceptible de fraccionamiento entre sus miembros», o como un interés que, aunque pueda ser divisible, lo es de manera refleja en sus consecuencias, que han de ser objeto de la oportuna individualización, pero no en su propia configuración general (TS 7-4009, Rec 56/08; 14-7-09, Rec 75/08; 31-1-12, Rec 42/11). El TS precisaba que el hecho de que un litigio tenga por objeto un interés individualizable, que se concrete o pueda concretarse en un derecho de titularidad individual, no hace inadecuado el procedimiento especial de conflicto colectivo, siempre que el origen de la controversia sea la interpretación o aplicación de una regulación jurídicamente vinculante o de una práctica o decisión de empresa que afecte de manera homogénea e indiferenciada a un grupo de trabajadores (TS 25-6-92, Rec 1706/91; 22-3-07, Rec 114/05; 27-6-08, Rec 107/06; 17-7-08, Rec 152/07; 31-1-12, Rec 42/11).
La LRJS art.153.1 amplía el objeto de esta modalidad procesal, que incluye «las demandas que afecten a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores o a un colectivo genérico susceptible de determinación individual». La preposición: «a», utilizada al principio de ambas frases, evidencia que se trata de dos supuestos distintos (4):
1) Las demandas que afectan a intereses generales de un grupo genérico de trabajadores, reproduciendo literalmente la LPL art.151, lo que remite a la doctrina jurisprudencial anterior. El tenor literal menciona dos exigencias acumulativas: que el conflicto afecte a intereses generales y que éstos se refieran a un grupo genérico de trabajadores.
2) Las demandas que afecten a un colectivo genérico susceptible de determinación individual, lo que constituye un supuesto distinto, que amplía el ámbito de esta modalidad procesal. Se ha afirmado que no es preciso que la demanda afecte al interés general del colectivo de trabajadores, lo que permite plantear un conflicto colectivo que afecte a un colectivo genérico de trabajadores incluso cuando sea posible individualizar a los afectados (5). Esta afirmación debe ser matizada. El objeto de un conflicto colectivo no puede ser una mera acumulación de acciones individuales. Si los trabajadores de una empresa reclaman un complemento salarial cuya concreción depende exclusivamente de las circunstancias de cada uno de ellos, en tal caso no puede interponerse una demanda de conflicto colectivo porque no existe un interés común. Como explicaremos, el nuevo proceso de conflicto colectivo escinde el pronunciamiento en la fase de cognición, que afecta igualmente a todos los trabajadores, y el pronunciamiento en la fase de ejecución, que consiste en concretar la condena correspondiente a cada trabajador afectado. Si la acción ejercitada precisa un previo pronunciamiento común a todos los trabajadores afectados, en tal caso podrá tramitarse como un procedimiento de conflicto colectivo. En caso contrario, deberá tramitarse como un proceso individual o plural. Por ejemplo, si todos los trabajadores de una empresa reclaman un complemento de penosidad y lo que se discute es si el ruido que sufren se mide con o sin aparatos protectores, existirá un conflicto colectivo que afecta a todos y se podrá interponer una demanda de conflicto colectivo que finalizará, si se estima, con un pronunciamiento de condena colectiva, consistente en condenar a la empresa a abonar el plus de penosidad a todos los trabajadores que presten servicios en los puestos de trabajo que tengan un determinado nivel de ruido medido en unas determinadas condiciones. Posteriormente, en ejecución de sentencia se determinará qué trabajadores están afectados y cuánto debe cobrar cada uno.
Pero si no se discute cómo medir el ruido y el único objeto de controversia radica en determinar cuál es el ruido que sufre cada trabajador en cada puesto de trabajo, en tal caso no existe un interés colectivo sino plural: el objeto de la sentencia colectiva no puede consistir en concretar cada trabajador afectado y la cantidad a la que tiene derecho, por lo que no podrá tramitarse un proceso de conflicto colectivo.
Es preciso determinar el alcance de la frase: «colectivo genérico susceptible de determinación individual». En primer lugar hay que precisar que la palabra: colectivo, en España es un adjetivo, no un sustantivo. Solo se utiliza como sustantivo en algunos países de Latinoamérica, como Argentina o Bolivia, con el significado de vehículo de transporte público. En la LRJS art.153.1, con la finalidad de evitar la repetición de la palabra: grupo, empleada inmediatamente antes, se utiliza incorrectamente como un sustantivo, con un significado equivalente al del citado grupo. En el marco de la controversia existente entre los pronunciamientos del TS, que limitaban el ámbito de esta modalidad procesal, y los del TCo, que han postulado la ampliación de su objeto (TCo 92/1988; 3/1994; 178/1996) (6), el legislador ha optado por ampliar su ámbito.
En cuanto a la expresión colectivo genérico (o grupo genérico), el adjetivo: genérico remite al sustantivo género, que hace referencia al conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres en común (7). En el contexto de la LRJS art.153, que se refiere a un grupo de trabajadores, la mención a un colectivo genérico susceptible de determinación individual, significa que se trata de un grupo de trabajadores que tiene algo en común y es susceptible de determinación individual.
Se ha defendido que el grupo genérico no es más que un instrumento conceptual usado por el legislador para identificar per relationem a los trabajadores individuales que son titulares de los derechos e intereses en conflicto. Y la identificación individual de los trabajadores integrantes de este grupo genérico debe hacerse después de la sentencia colectiva: en ejecución de la sentencia o mediante una ejecución indirecta con demandas individuales o plurales, pero nunca en la demanda colectiva porque ello en tal caso se trataría de un conflicto plural y no colectivo. Se trata de una opción de los interesados, que pueden elegir una vía u otra (8). Por tanto, los trabajadores pueden optar por interponer personalmente una demanda individual o plural, o bien por acudir a los sujetos colectivos (comité de empresa, sindicatos…) para que interpongan una demanda de conflicto colectivo reclamando este derecho.
La interpretación de la LRJS art.153 debe hacerse poniendo este precepto en relación con los art.157, 160 y 247 del mismo texto legal. La LRJS art.157 regula el contenido de la demanda colectiva, que debe incluir los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto. La LRJS art.160 regula las sentencias estimatorias de las pretensiones de condena susceptibles de ejecución individual, en cuyo caso debe incluir todos los datos necesarios para una posterior individualización de los afectados y especificar la repercusión sobre ellos del pronunciamiento. Y la LRJS art.247 regula la ejecución de las sentencias recaídas en conflictos colectivos que estimen pretensiones de condena y sean susceptibles de ejecución individual.
La ampliación del objeto de la modalidad procesal de conflicto colectivo, incluyendo los conflictos que afecten a un grupo genérico susceptible de determinación individual, supone que siempre que haya dos o más trabajadores que se encuentren en la misma situación de conflicto jurídico con su empresario, podrán optar entre formular un conflicto plural o un conflicto colectivo (siempre que los sujetos colectivos legitimados para interponerlo por la LRJS art.154 estén dispuestos a hacerlo).
Se ha interpretado esta regulación nueva como una apertura hacia la acumulación de acciones en el proceso de conflicto colectivo, con la finalidad de agilizar la tramitación procesal (9). La LRJS no prohíbe esta acumulación, aunque los tribunales negaban la acumulación argumentando que para que proceda la acumulación de acciones es necesario que puedan tramitarse a través del mismo procedimiento (LEC art.73) (10). Es importante precisar que la acumulación será imposible cuando la competencia objetiva para conocer del proceso de conflicto colectivo sea distinta que la del proceso individual o plural. Así ocurrirá si la competencia para conocer en la instancia del proceso de conflicto colectivo le corresponde a la Sala de lo Social de un TSJ o de la Audiencia Nacional. En tal caso, como la competencia en la instancia para conocer de las demandas individuales y plurales le corresponderá normalmente al Juzgado de lo Social, no será posible la acumulación. Pero aunque la competencia objetiva sea la misma, porque el conflicto colectivo tenga un ámbito provincial o inferior, la acumulación resulta problemática porque supondría que algunos trabajadores individuales ejercitarían acciones de reclamación de cantidad que se acumularían a una acción colectiva. Ello supondría que en la fase de cognición no se podría entrar a individualizar y cuantificar las cantidades objeto de condena de todos los trabajadores (porque en el proceso de conflicto colectivo se remite a la ejecución de sentencia) pero sí que se tendrían que examinar respecto de los trabajadores cuyas demandas individuales se han acumulado, lo que desvirtúa la esencia misma del conflicto colectivo.
La LRJS ha ampliado también los supuestos que se tramitan a través de esta modalidad procesal. El proceso de conflicto colectivo tiene como objeto las interpretaciones o aplicaciones siguientes:
1) Una norma estatal.
2) Un convenio colectivo, cualquiera que sea su eficacia.
3) Pactos o acuerdos de empresa.
4) Una decisión empresarial de carácter colectivo, incluidas las que regulan el ET art.40.2 (traslado colectivo); art.41.2 (modificación sustancial colectiva de condiciones de trabajo) y art.47 (suspensiones y reducciones de jornada) cuando afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el despido colectivo (ET art.51.1). En los tres casos, los límites numéricos de los trabajadores son los mismos: a) 10 trabajadores, en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores; b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores; y c) 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores.
5) Una práctica de empresa.
6) Los acuerdos de interés profesional de los TRADE.
7) La impugnación directa de los convenios o pactos colectivos no comprendidos en la LRJS art.163, que regula la impugnación de los convenios colectivos estatutarios, así como de los laudos arbitrales sustitutivos de éstos.
8) Las decisiones de la empresa de atribuir carácter reservado o de no comunicar determinadas informaciones a los representantes de los trabajadores.
9) Los litigios relativos al cumplimiento por los representantes de los trabajadores y los expertos que les asistan de su obligación de sigilo.
Se deben considerar incluidos en estos dos últimos supuestos los delegados de prevención y los trabajadores encargados de los servicios de prevención, por aplicación de la LPRL art.30.4, 36 y 37.3 (11).

2. Legitimación activa

 

La característica principal del proceso de conflicto colectivo radica en que la parte puede optar por interponer una demanda individual o colectiva (mediante los sujetos colectivos) y si se dicta una sentencia estimatoria colectiva puede optar entre someterse a la ejecución colectiva o acudir a un proceso declarativo individual o plural (LRJS art.247.1.j). En definitiva, el proceso colectivo se configura como una opción a favor del trabajador, pero en modo alguno excluye que pueda ejercitar sus derechos individualmente.
El procedimiento de conflicto colectivo se caracteriza porque normalmente se produce una disociación: 1) entre los titulares de los derechos e intereses litigiosos: los trabajadores que forman parte del grupo afectado; y 2) los titulares de la acción procesal: los sujetos colectivos, que son los que tienen atribuidas la legitimación activa para promover el conflicto colectivo. (12) Excepcionalmente cabe que coincidan uno y otro, cuando el titular del derecho o interés es quien está legitimado para ejercitar la acción, como en los conflictos intersindicales. Por ejemplo, si un sindicato demanda a una empresa y a otro sindicato porque ha sido excluido de una mesa negociadora de un convenio colectivo. La legitimación se atribuye a las entidades siguientes:
1) Los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto. La correspondencia debe existir entre el ámbito del conflicto y de la organización sindical o la asociación empresarial.
2) Las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto, siempre que se trate de conflictos de ámbito superior a la empresa.
3) Los empresarios y los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores, cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior.
Por consiguiente, los sindicatos pueden interponer una demanda de conflicto colectivo cuyo ámbito sea inferior al suyo en todo caso. Pero las asociaciones empresariales solo pueden hacerlo cuando el conflicto sea supraempresarial. Si se trata de un conflicto de empresa o inferior, como la legitimación recae en el empresario individual, no puede sustituirle una asociación empresarial.
4) Las Administraciones públicas empleadoras incluidas en el ámbito del conflicto y los órganos de representación del personal laboral al servicio de las anteriores.
La LRJS introdujo esta regla legitimadora. El EBEP art.15.d, reconoce a los empleados públicos el derecho individual que se ejerce de forma colectiva «al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso». La LRJS art.2.h, atribuye al orden social la competencia para conocer de la impugnación tanto de convenios colectivos como de «acuerdos, cualquiera que sea su eficacia, incluidos los concertados por las Administraciones públicas cuando sean de aplicación exclusiva a personal laboral». Esta norma se refiere a la pluralidad de acuerdos regulados por el ET y la normativa laboral, como los acuerdos interprofesionales del ET art.83.2 o los acuerdos de empresa (ET art.37.7, 41.6, 44.4…). La mención: «cualquiera que sea su eficacia» evidencia que se refiere a los convenios estatutarios y extraestatutarios. Si el acuerdo adoptado por la Administración pública afecta tanto a trabajadores como a funcionarios o personal estatutario del sistema de salud, será competente el orden contencioso-administrativo. Por consiguiente, es necesario que el acuerdo adoptado por la Administración pública afecte únicamente a trabajadores, para que pueda ser impugnado mediante una demanda de conflicto colectivo.
5) Las asociaciones representativas de los TRADE y los sindicatos representativos de estos, para el ejercicio de las acciones colectivas relativas a su régimen profesional, siempre que su ámbito se corresponda o sea superior al del conflicto, así como las empresas para las que ejecuten su actividad y las asociaciones empresariales de éstas siempre que su ámbito de actuación sea al menos igual al del conflicto. La LRJS atribuyó por primera vez legitimación activa a estas asociaciones.
Y la LRJS art.158 permite que el proceso de conflicto colectivo se inicie también mediante comunicación de la autoridad laboral, a instancia de estas mismas representaciones. La autoridad laboral no puede interponer esta demanda de oficio. Únicamente puede hacerlo a instancia de las entidades dotadas de legitimación activa para interponerla, las cuales pueden evitar formular ellas mismas esta demanda solicitando que quien la interponga sea la autoridad laboral. Por ello, se ha considerado incorrecto denominar a esta comunicación: «demanda de oficio» (13). La comunicación tiene que reunir los mismos requisitos que la demanda de conflicto colectivo (LRJS art.157). Y el plazo de subsanación de defectos u omisiones se amplía a 10 días.
No es admisible que la parte actora reduzca artificialmente el ámbito del conflicto para que coincida con su propia legitimación activa. Reiterada doctrina jurisprudencial sostiene que, aunque con carácter general el ámbito del conflicto colectivo no se determina en función de la norma interpretada, sino por la extensión real de la controversia, ello no significa que la fijación del ámbito del conflicto sea facultativa para el sujeto colectivo que lo plantea, pues la afectación de aquél viene determinada por la extensión real de la controversia, por lo que hay que estar al ámbito efectivo del conflicto cuando queda acreditado que éste es distinto del que se ha establecido en la demanda (TS 15-6-94; 14-1-97; 18-3-97, Rec 3140/96). El TS sostiene que el ámbito de los conflictos no puede quedar al arbitrio de las partes; no siendo lícito que el actor pretenda reducir artificialmente el ámbito del conflicto para hacerlo coincidir con el de su representatividad o legitimación (TS 18-3-97, Rec 3140/96; 13-3-02, Rec 1231/01). El TS explica que si bien en principio el objeto procesal queda determinado por la pretensión inicial en aplicación del principio dispositivo ello quiebra cuando con el ejercicio de la acción se pretende obtener en pronunciamiento con vocación de generalidad cuyo alcance personal y territorial pueda rebasar los límites inicialmente trazados, añadiendo que dado el carácter de las sentencias recaídas en proceso de conflicto colectivo, a los que la LPL art.157.3 (hoy LRJS art.158) atribuye efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales pendientes o que puedan plantearse sobre idéntico objeto, su ámbito personal y funcional no puede quedar al arbitrio de las partes, no siendo lícito reducir artificialmente el ámbito del conflicto (TS 18-3-97, Rec 3140/96, con cita de las sentencias del TS 15-6-94 y 14-1-97). Más recientemente, la sentencia del TS 21-6-10, Rec 55/09, reitera la citada doctrina jurisprudencial, explicando que el conflicto (colectivo) tiene por su alcance una proyección necesaria que no puede ser desconocida ni puede quedar al arbitrio de la parte demandante para que ésta configure el objeto del proceso a medida de su legitimación. Es cierto que la Sala ha señalado también que el ámbito de afectación del conflicto no coincide necesariamente con el de la norma aplicada o interpretada y en este sentido la sentencia de TS 21-7-09 realiza una síntesis de la doctrina, precisando que: 1º) la competencia se determina por los límites reales e inherentes a la cuestión debatida (TS 20-12-04), por lo que no cabe extender un litigio colectivo basándose en una potencial afectación distinta de la señalada en la demanda, o en puras conjeturas o hipótesis de futuro (TS 4-4-02 y 25-10-04), aunque tampoco cabe ceñirse a los límites artificialmente diseñados por las partes; 2º) la afectación del conflicto no es necesariamente coincidente con el área de la norma aplicable, pues el conflicto puede tener un área de afectación coextensa con la de la norma o producirse en una más reducida (TS 6-7-94; 20-6-01; 20-6-08)».
Así ocurre si, existiendo un conflicto de ámbito nacional, un comité de empresa de un concreto centro de trabajo suscita un conflicto colectivo de ámbito local, interponiendo una demanda ante un Juzgado de lo Social, porque carece de legitimación para acudir ante la Audiencia Nacional. La LRJS no ha dejado sin efecto esta doctrina jurisprudencial porque la ampliación del ámbito de esta modalidad procesal no excluye que la competencia en la instancia se corresponda con la extensión real del conflicto colectivo existente, que no puede ser alterada por la parte actora.

3. Legitimación pasiva

 

Aunque la LRJS no regula la legitimación pasiva en los conflictos colectivos, las reglas son las mismas que las de la legitimación activa: están legitimados pasivamente los mismos sujetos colectivos (o empresarios individuales) cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto, lo que excluye a los trabajadores individuales (14). La correspondencia debe existir entre el ámbito del conflicto (no de la norma que se aplica) y el del sujeto colectivo, de forma que el de éste debe ser igual o superior al de aquél.
Y la LRJS art.155 permite la intervención facultativa en estos litigios de los sindicatos más representativos a nivel estatal y autonómico, de las asociaciones empresariales representativas del ET art.87 y de los órganos de representación legal o sindical, los cuales pueden personarse como partes aunque no hayan promovido el proceso de conflicto colectivo, siempre que su ámbito de actuación se corresponda o sea más amplio que el del conflicto. En cuanto a la naturaleza de su intervención, este precepto legal establece que se personarán «como partes en el proceso». No se trata de un mero interviniente adhesivo simple y pasivo. En el proceso de conflicto colectivo se escinden la titularidad de los derechos e intereses legítimos, que corresponde a los trabajadores, los cuales no tienen la condición de parte procesal; y la intervención como parte, que recae en sus representantes. Partiendo de esta distinción, la condición de representante de los trabajadores o de los empresarios recae tanto en la parte que ha interpuesto la demanda o que la ha contestado, como en los sujetos colectivos mencionados en la LRJS art.155, lo que supone que éstos tienen la condición de parte procesal con las mismas facultades que aquéllos: pueden proponer y practicar prueba, recurrir las resoluciones que les perjudiquen…
Como hemos explicado, la parte actora no puede reducir artificialmente el ámbito del conflicto para que coincida con su propia legitimación activa. Puede suceder que el sujeto colectivo que interviene en este pleito (por ejemplo, un sindicato más representativo a nivel estatal), manifieste que el conflicto colectivo tiene un ámbito distinto. Por ejemplo, si un comité de empresa presenta una demanda de conflicto colectivo ante un Juzgado de lo Social manifestando que se ha producido un conflicto en un concreto centro de trabajo. Y comparece en el juicio un sindicato más representativo a nivel estatal, quien manifiesta y acredita que el conflicto tiene ámbito estatal, porque se trata de una controversia que se ha producido efectivamente en más centros de trabajo de la misma empresa radicados en otras provincias. Anteriormente nos hemos referido a la doctrina jurisprudencial que niega que la fijación del ámbito del conflicto sea facultativa para el sujeto colectivo que lo plantea porque la afectación de aquél viene determinada por la extensión real de la controversia, debiendo estar al ámbito efectivo del conflicto cuando queda acreditado que éste es distinto del que se ha establecido en la demanda. Por ello, si como consecuencia de las alegaciones efectuadas y de las pruebas propuestas por estos sujetos colectivos personados como parte al amparo de la LRJS art.155 se demuestra que el ámbito real del conflicto es distinto del alegado por la parte demandante, deberá, en su caso, declararse la incompetencia objetiva.
Ello no significa que, por el mero hecho de que comparezca un sindicato más representativo a nivel estatal y manifieste que la empresa tiene centros de trabajo en otras provincias o en otras comunidades autónomas, se modifique la competencia objetiva. Aunque dicho sindicato tenga interés en que el procedimiento se ventile ante la Audiencia Nacional, la competencia objetiva es indisponible: el dato esencial hace referencia a la extensión real del conflicto, lo que supone que el hecho de que la empresa tenga más centros de trabajo además del mencionado en el escrito de demanda no supone necesariamente que el conflicto colectivo suscitado tenga una extensión superior.
Partiendo de que lo relevante es cuál es el ámbito real del conflicto, la circunstancia de que dicho dato se haya introducido en el proceso en virtud de las alegaciones y pruebas de las partes demandante y demandada o de los sujetos colectivos mencionados en la LRJS art.155 es irrelevante, por lo que si éstos demuestran que el ámbito del conflicto es distinto, deberá declararse la incompetencia objetiva.

4. Procedimiento

A) Actos preparatorios

 

Con la finalidad de concretar quiénes son los trabajadores afectados por un conflicto colectivo, la LRJS art.76.2 regula un acto preparatorio. Lo puede solicitar quien pretenda interponer una demanda de conflicto colectivo. Su objeto consiste en concretar los integrantes del grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables. El precepto legal no precisa qué medidas pueden adoptarse, limitándose a establecer que el Tribunal adoptará «las medidas oportunas» para averiguar los integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para que colabore en dicha determinación.

B) Conciliación y mediación preprocesal

 

El proceso de conflicto colectivo, a pesar de su urgencia y preferencia, no está excluido de la conciliación o mediación previa. La LRJS art.156.1 establece como requisito previo a este proceso, el intento de conciliación o mediación en los términos de la LRJS art.63, que regula la conciliación o mediación ante el servicio administrativo correspondiente o el órgano constituido mediante acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos del ET art.83 y mediante los acuerdos de interés profesional del a L 20/2007, estatuto del trabajo autónomo, art.13.1 y 18. Es posible que se establezca convencionalmente la sumisión previa del conflicto colectivo a la comisión paritaria del convenio colectivo que se tiene que interpretar. (15)
El proceso de conflicto colectivo sí que está exceptuado de la exigencia de reclamación administrativa previa (LRJS art.70.1). Por ello, cuando se interponga una demanda de conflicto colectivo contra las entidades públicas mencionadas en la LRJS art.69.1, al estar exceptuada de reclamación previa y no ser posible la conciliación, no procederá ningún medio de evitación del proceso, debiendo alegarlo la parte actora en el escrito de demanda (LRJS art.157.2).
El V Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales (sistema extrajudicial) (ASAC V, BOE 23-2-12), incluye en su art.4.1.a, los conflictos colectivos de la LRJS art.153 entre aquellos susceptibles de someterse a los procedimientos previstos en dicho Acuerdo, siempre que tengan el ámbito previsto en el art.4.2. Y su art.12.4 establece que «la mediación será preceptiva como requisito preprocesal para la interposición de demandas de conflicto colectivo ante la jurisdicción social por cualquiera de las partes y sustituye, por tanto, a la conciliación administrativa previa».
Como LRJS art.156.1 menciona como requisito previo al proceso el intento de conciliación o de mediación y el ASAC V establece que la mediación es preceptiva, sustituyendo a la conciliación previa, se ha suscitado el problema de si, en caso de que se incumpla dicho precepto, omitiendo la mediación y evacuando la conciliación previa, la única consecuencia sería una sanción intrasindical al sujeto incumplidor, pero sin conllevar la desestimación de la demanda, o si debe desestimarse la demanda hasta que se cumpla la preceptiva mediación previa. (16)
A nuestro juicio, la respuesta a esta cuestión depende de la naturaleza del ASAC V. Se trata de un acuerdo suscrito por CC.OO., UGT, CEOE y CEPYME, de conformidad con lo dispuesto en el ET art.83.3 en relación con el art.90.2 y 3 y el RD 713/2010, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. En el art.3.2 se explica: «Al versar sobre una materia concreta cual es la solución autónoma de los conflictos colectivos laborales, constituye uno de los acuerdos previstos por el artículo 83.3 ET y está dotado, en consecuencia, de la naturaleza jurídica y eficacia que la Ley atribuye a los mismos, siendo de aplicación general y directa, sin perjuicio de lo establecido en el siguiente apartado 3, para los conflictos y ámbitos señalados en el artículo 4». Por consiguiente, tiene la misma eficacia que los convenios colectivos estatutarios (ET art.83.3). De ello se deriva que, en los conflictos colectivos suscitados en el ámbito del ASAC V (en esencia, supraautonómicos), la mediación previa es preceptiva. Si la parte la ha sustituido por la conciliación previa, se tratará de un defecto subsanable, debiendo conceder a la parte actora un plazo de subsanación de quince días (LRJS art.81.3).
Conforme al ET art.91.3, en los conflictos colectivos relativos a la interpretación o aplicación de un convenio debe intervenir la comisión paritaria del mismo con carácter previo al planteamiento formal del conflicto en el ámbito de los procedimientos no judiciales. En el mismo sentido, el ASAC V art.10.1 establece que en los conflictos relativos a la interpretación y aplicación de un convenio colectivo es preceptiva la intervención previa de la comisión paritaria del mismo, «sin la cual no podrá dársele trámite». Esta misma regla se aplica a los conflictos de interpretación y aplicación de otros acuerdos o pactos colectivos si tienen establecida una comisión paritaria. Y el ASAC V art.14.2.d, dispone que en los conflictos de interpretación y aplicación de un convenio colectivo, así como en los conflictos de interpretación y aplicación de otro acuerdo o pacto colectivo, si existe en su seno una comisión paritaria y se hubiera establecido con carácter preceptivo su intervención previa, la solicitud de mediación debe incluir la acreditación de la intervención de la comisión paritaria, o de haberse dirigido a ella sin efecto, y el dictamen emitido en su caso.
Lo acordado en conciliación o mediación tiene la misma eficacia atribuida a los convenios colectivos estatutarios, siempre que las partes que concilien, ostenten la legitimación y adopten el acuerdo conforme a los requisitos exigidos por las citadas normas. En tal caso se envía copia de la misma a la autoridad laboral. Por consiguiente, si las partes procesales que llegan al acuerdo tienen la legitimación necesaria para negociar un convenio colectivo estatutario, lo convenido tiene la misma eficacia erga omnes que éste.
En el caso de los TRADE, el acuerdo alcanzado tiene la eficacia correspondiente a los acuerdos de interés profesional regulados en la L 20/2007 art.13.

C) Demanda

 

La demanda de conflicto colectivo debe reunir los requisitos generales de la LRJS art.80. Además de ellos, la LRJS art.157 exige los siguientes:
1) La designación general de los trabajadores y empresas afectados por el conflicto y, cuando se formulen pretensiones de condena que aunque referidas a un colectivo genérico, sean susceptibles de determinación individual ulterior sin necesidad de nuevo litigio, habrán de consignarse los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y el cumplimiento de la sentencia respecto de ellas.
La novedad introducida por la LRJS radica en que, al ampliar el ámbito del proceso de conflicto colectivo, incluyendo pretensiones de condena susceptibles de determinación individual, es necesario que en el escrito de interposición de la demanda consten los datos que permitan la ulterior individualización de las personas afectadas por el conflicto, permitiendo la ejecución de la eventual sentencia condenatoria respecto de cada uno de ellos. La LRJS utiliza tres términos redundantes: «datos, características y requisitos» para enfatizar la necesidad de que el escrito de demanda concrete lo máximo posible la pretensión ejercitada.
2) La designación concreta del demandado o demandados, con expresión del empresario, asociación empresarial, sindicato o representación unitaria a quienes afecten las pretensiones ejercitadas.
Con la única excepción de los empresarios individuales, todos los demás legitimados pasivamente son sujetos colectivos. Sin embargo, los titulares de los derechos e intereses afectados normalmente son distintos de estos sujetos colectivos: son los trabajadores afectados por el conflicto, por lo que se ha considerado incorrecta la mención relativa a que les afecten las pretensiones ejercitadas (17). Excepcionalmente sí que es posible que coincidan los legitimados activa y pasivamente con los titulares de los derechos litigiosos, como sucede con los conflictos intersindicales.
3) Una referencia sucinta a los fundamentos jurídicos de la pretensión formulada.
A diferencia del orden civil, en el orden social como regla general el escrito de demanda no tiene que contener la fundamentación jurídica de la pretensión (LRJS art.80.1). El legislador pretende evitar las exigencias formales, lo que permite que un ciudadano pueda interponer una demanda social sin estar asistido por un letrado ni por un graduado social. Sin embargo, la complejidad y transcendencia de los procesos de conflicto colectivo obliga a incluir en el escrito de demanda una referencia, aunque sea concisa, a los fundamentos de derecho de la pretensión.
4) Las pretensiones interpretativas, declarativas, de condena o de otra naturaleza concretamente ejercitadas según el objeto del conflicto. La LRJS menciona expresamente las pretensiones de condena.
A la demanda debe acompañarse certificación de haberse intentado la conciliación o mediación previa, o alegación de no ser necesaria, en el caso de que se interponga la demanda contra las entidades públicas mencionadas en e a LRJS art.69.1, debido a que está exceptuada de reclamación previa y no es posible la conciliación, por lo que no procederá ningún medio de evitación del proceso.

D) Urgencia y preferencia

 

La LRJS art.159 establece que este proceso es urgente y preferente, con preferencia absoluta respecto de los demás, excepto los procesos de tutela de derechos fundamentales. Sin embargo, la LRJS art.124.6, que regula los despidos colectivos, tiene exactamente la misma redacción que el citado art.159: «Este proceso tendrá carácter urgente. La preferencia en el despacho de estos asuntos será absoluta sobre cualesquiera otros, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas».
Si el conflicto colectivo se interpone ante un Juzgado de lo Social no habrá problema porque la competencia objetiva para conocer los despidos colectivos está atribuida a las Salas de lo Social de los TSJ y de la Audiencia Nacional. Sin embargo, si se trata de un conflicto colectivo autonómico o estatal, en tal caso el TSJ o la Audiencia Nacional puede encontrarse con un pleito de despido colectivo y otro de conflicto colectivo que son igualmente urgentes y preferentes. En tal caso, a igualdad de urgencia y preferencia, el señalamiento debe efectuarse por orden de entrada en el tribunal.
Los procedimientos deben tramitarse conforme al orden siguiente. 1) En primer lugar, los procedimientos de tutela de derechos fundamentales, por su prioridad absoluta. 2) En segundo lugar, los procedimientos de despido colectivo y conflicto colectivo, por su preferencia respecto de todos los demás excepto los de tutela de derechos fundamentales. 3) En tercer lugar, los restantes procedimientos preferentes: fijación de la fecha de disfrute de las vacaciones, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral e impugnación de altas médicas. Y 4) en cuarto lugar, los restantes procedimientos. El procedimiento de despido no se considera preferente, salvo el despido colectivo, pese a que puede llevar la condena al pago de salarios de tramitación.
La proliferación de la atribución legislativa de la condición de urgente o preferente a una pluralidad de modalidades procesales distintas, ha llevado a afirmar que cuanto todo es urgente, nada lo es.
Esta urgencia se plasma en las particularidades siguientes:
1) Se considera hábil el mes de agosto (LRJS art.43.4).
2) Se reducen los plazos de señalamiento del juicio (5 días) y dictado de sentencia (3 días) ex LRJS art.160, en comparación con el proceso ordinario.
3) Las resoluciones de tramitación no son recurribles: las diligencias de ordenación, decretos, providencias o autos de mero trámite no pueden ser recurridas, ex LRJS art.161. En este precepto se establece expresamente que sí que es recurrible el auto de declaración inicial de competencia, lo que no ofrece duda porque no se trata de una resolución de mero trámite y porque está expresamente prevista su recurribilidad en la LRJS art.191.4.a (relativo al recurso de suplicación) y LRJS art.206.2 (relativo al recurso de casación ordinaria).

E) Juicio y sentencia

 

Una vez admitida la demanda o la comunicación de la autoridad laboral, el secretario judicial cita a las partes para la celebración del acto del juicio, que debe tener lugar dentro de los 5 días siguientes a la admisión a trámite de la demanda, dictándose sentencia en el plazo de 3 días.
Como la LRJS amplía el ámbito del proceso de conflicto colectivo, debe regular el fallo de la sentencia condenatoria. La LRJS art.160.3 establece que la sentencia estimatoria de una pretensión de condena susceptible de ejecución individual, debe contener, en su caso, «la concreción de los datos, características y requisitos precisos para una posterior individualización de los afectados por el objeto del conflicto y beneficiados por la condena y especificar la repercusión directa sobre los mismos del pronunciamiento dictado. Asimismo deberá contener, en su caso, la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente». Se trata de dos pronunciamientos distintos:
1) Respecto de los concretos trabajadores afectados por el conflicto, en ejecución de sentencia será necesario concretar quiénes son y cuál va a ser la condena que tiene que ejecutarse a favor suyo. La LRJS vuelve a utilizar los mismos términos redundantes utilizados respecto del escrito de demanda: «datos, características y requisitos» para hacer hincapié en la necesidad de que el fallo concrete lo máximo posible los términos de la condena que se va a ejecutar, dejando la mínima inconcreción posible para el trámite de ejecución de sentencia. El nuevo proceso de conflicto colectivo tiene la ventaja de que puede disminuir el número de litigios al resolver en un único pleito de conflicto colectivo una pluralidad de controversias de muchos trabajadores. Y también puede evitar que haya trabajadores que no consigan satisfacer sus legítimos derechos porque no quieran o puedan acudir a una demanda individual contra su empresario, consiguiendo la tutela judicial efectiva mediante un proceso colectivo. Pero el riesgo de esta ampliación del ámbito del proceso de conflicto colectivo radica en que la ejecución de algunas sentencias de conflicto colectivo puede ser extremadamente compleja. En la fase de cognición se resuelve el conflicto común que tienen todos los trabajadores afectados con la empresa. Por ejemplo, reclamando un complemento salarial de penosidad antigüedad porque soportan un determinado nivel de ruido. Pero el reconocimiento de este derecho no excluye que en ejecución de sentencia se suscite una problemática individualizada respecto de cada uno de estos trabajadores, cuyo número puede ser muy elevado, por ejemplo respecto de la cuantificación del importe de este plus.
Este precepto tiene que ponerse en relación con la LRJS art.247, intitulado: «ejecución en conflictos colectivos». La LRJS ha instaurado una modalidad específica de ejecución definitiva de sentencias firmes de conflictos colectivos con la finalidad de facilitar su ejecución y disminuir el planteamiento de procesos declarativos individuales y plurales. (18)
2) La declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente.
Cuando se interpone una demanda de conflicto colectivo es posible que se hayan interpuesto previamente demandas individuales de trabajadores reclamando el mismo derecho, las cuales se suspenden. La sentencia firme produce efectos de cosa juzgada respecto de estos procesos individuales. Ello supone que la satisfacción de los derechos de estos trabajadores no se efectúa en el proceso de conflicto colectivo sino en el proceso individual o plural interpuesto por éstos.
Y la LRJS art.247.1.j, establece que, aunque un sujeto resulte beneficiado por un título ejecutivo colectivo, puede ejercitar su acción individualmente a través del correspondiente proceso declarativo individual o plural. Ello supone que, aun cuando se fije un listado de trabajadores en trámite de ejecución de una sentencia colectiva, ello no excluye que haya otros trabajadores que consideren que están incluidos en su ámbito, en cuyo caso pueden ejercitar una acción individual o plural solicitando que se aplique el efecto de cosa juzgada de la sentencia colectiva sobre los procesos individuales prevista en la LRJS art.160.5.
Puede suceder que en el futuro se interpongan demandas individuales sobre la misma cuestión pero en un ámbito distinto del primer conflicto colectivo. Por ejemplo, si una empresa tiene centros de trabajo en toda España y en uno de ellos se suscita un conflicto de interpretación de un precepto del convenio colectivo de empresa, relativo al traslado de los trabajadores de un centro de trabajo a otro distinto. El comité de empresa de este centro de trabajo presenta una demanda ante el Juzgado de lo Social relativo a este concreto centro de trabajo, en el que afirma que dicho conflicto solo se ha suscitado en él. Como el dato esencial a efectos de la competencia objetiva no es el ámbito de la norma que se interpreta sino el ámbito del conflicto y éste es intraprovincial, la competencia en la instancia le corresponde al Juzgado de lo Social. Si se dicta sentencia estimatoria, puede ocurrir que después de que esta sentencia adquiera firmeza, la empresa proceda al traslado de los trabajadores de otro centro de trabajo radicado en una provincia distinta, suscitándose el mismo conflicto con la empresa. En tal caso, hay una sentencia firme de conflicto colectivo que lo ha resuelto. Y por aplicación de la LRJS art.160.5 dicha sentencia produce efectos de cosa juzgada positiva en relación con el pleito individual.
Este es el sentido de la mención contenida en la LRJS art.160.3 relativa a la declaración de que la condena ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente: la resolución del conflicto litigioso puede afectar a otros trabajadores no representados por los sujetos colectivos que han interpuesto la demanda de conflicto colectivo.
Mayores problemas suscita la cuestión relativa a si un posterior conflicto colectivo está vinculado por la sentencia anterior. Continuando con el ejemplo anterior, si posteriormente se suscita el mismo conflicto colectivo en otros centros de trabajo de la misma empresa radicados en otra Comunidad Autónoma y se presenta una demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social del TSJ, se suscita el problema relativo a si existe cosa juzgada en sentido positivo o prejudicial. La LRJS art.160.5 no es aplicable porque solo se refiere a los procesos individuales, no a los colectivos. Y la cosa juzgada en sentido positivo o prejudicial no es aplicable porque requiere identidad subjetiva (LEC art.222.4), so pena de ocasionar indefensión a la parte procesal que no intervino en el primer litigio y a la que se le pretende imponer aquel pronunciamiento, en el que no tuvo intervención alguna. Por ende, el posterior conflicto colectivo con un ámbito distinto y con partes procesales distintas no está vinculado por la sentencia firme colectiva anterior. El único supuesto de vinculación se producirá cuando concurran los requisitos de la cosa juzgada positiva, en particular la identidad subjetiva. Si por ejemplo el sindicato UGT, cuyo ámbito es superior al del conflicto, interpone demanda de conflicto colectivo contra una empresa en relación con un centro de trabajo concreto, dictando sentencia un Juzgado de lo Social que adquiere firmeza. Y posteriormente este mismo sindicato plantea una demanda idéntica en otra comunidad autónoma contra la misma empresa respecto de otros centros de trabajo radicados en dicha comunidad autónoma. En tal caso, como quiera que hay identidad subjetiva entre ambos litigios, forzoso es concluir que se aplicará la cosa juzgada positiva regulada en la LEC art.222.4.
El efecto de cosa juzgada sobre los procesos individuales se aplica, conforme al tenor literal de la LRJS art.160.5, tanto a los procesos individuales del orden social como del orden contencioso-administrativo, si bien resulta difícil que un proceso contencioso-administrativo tenga una relación directa de conexidad con una sentencia firme dictada en un proceso de conflicto colectivo.
La sentencia es ejecutiva desde el momento en que se dicte, no obstante el recurso que contra la misma pueda interponerse. La iniciación del proceso de conflicto colectivo interrumpirá la prescripción de las acciones individuales en igual relación con el objeto del referido conflicto.
Si las partes comunican al Juzgado o Tribunal que el conflicto ha quedado solventado, el Secretario Judicial procede al archivo de las actuaciones, cualquiera que sea el estado de su tramitación anterior a la sentencia (LRJS art.162).

F) Ejecución de sentencia colectiva

 

Como hemos explicado, la LRJS art.247 regula una modalidad específica de ejecución definitiva de sentencias firmes de conflictos colectivos:
1) El proceso de ejecución se inicia mediante escrito presentado por los sujetos legitimados.
2) El sindicato debe acreditar la autorización para instar o adherirse al proceso de ejecución respecto a sus afiliados. Y respecto de los no afiliados, lo acreditará mediante autorización documentada de éstos. Se trata de un incidente de integración del título ejecutivo con la finalidad de individualizar la condena que debe llevarse a efecto (19).
3) Si se trata de una ejecución dineraria, el secretario judicial debe requerir a la parte ejecutada para que en relación a cada uno de los trabajadores en cuya representación se inste la ejecución, cuantifique individualizadamente la deuda y proponga, en su caso, una fórmula de pago. Si hay conformidad de las partes sobre la cuantificación y la propuesta de pago, se documenta. En caso contrario, se sustancia el incidente de ejecución del art.238 LRJS.
4) «Para concretar, en su caso, si los solicitantes están afectados por el título y las cantidades líquidas individualizadas objeto de condena las partes deberán aportar prueba pericial o de expertos, o la proposición de una prueba conjunta de dicha clase o encomendarle al órgano judicial el nombramiento de un perito o de un experto a tal fin» (LRJS art.247.1.g).
Por consiguiente, la LRJS art.247, después de remitirse al incidente de ejecución de la LRJS art.238, caracterizado por la libertad probatoria (las partes procesales pueden proponer cuantos medios de prueba consideren pertinentes para justificar su derecho), a continuación establece que respecto de los dos extremos esenciales de la ejecución colectiva: la concreción de los trabajadores afectados por el título y de la cantidad que debe percibir cada uno de ellos, se deberá practicar prueba pericial. Este precepto propiamente no limita la libertad de prueba en relación con estos dos concretos extremos: no establece que solo se podrán acreditar mediante prueba pericial. No es un precepto negativo: que excluya la posibilidad de aportar medios de prueba en relación con esta cuestión. Es un precepto positivo: impone a las partes procesales necesariamente la práctica de prueba pericial.
El legislador es consciente de las dificultades prácticas que conlleva la libertad de prueba en relación con estas cuestiones, lo que podría suponer la aportación de una prolija prueba documental o de testigos relativa a cada una de las cantidades reclamada por cada uno de los trabajadores, cuyo número puede ser muy elevado. Por eso, en este precepto, aunque no se soslaya la libertad de prueba, se impone a las partes la práctica de prueba pericial o de expertos, (20) o la proposición de una prueba conjunta de dicha clase o que se encomiende al órgano judicial el nombramiento de un perito o de un experto a tal fin.
Esta norma responde a un elemental principio de economía procesal. En caso contrario, este incidente de ejecución podría alcanzar una complejidad que dificultaría su operatividad práctica. A título meramente ejemplificativo, si se ejercita una acción de conflicto colectivo relativa al cálculo del valor de las horas extraordinarias de los vigilantes de seguridad, y esta concluye en el sentido de que debe incluirse un determinado concepto salarial, es posible que la ejecución de la sentencia colectiva afecte a miles de vigilantes de seguridad de toda España, que soliciten el abono de la diferencia retributiva correspondiente a las horas extras realizadas. La prestación de servicios de cada uno de estos trabajadores es diferente: es necesario calcular cuántas horas extras han realizado y cuál es la concreta cuantía retributiva que le corresponde percibir a cada uno de ello. Se trata de cuestiones que no se resolvieron en la fase de cognición del conflicto colectivo, por lo que deben abordarse y resolverse en la fase de ejecución, lo que puede conllevar la valoración de una pluralidad de pruebas relativas a miles de trabajadores. Por eso, la LRJS art.247 prevé que la concreción de si los solicitantes están efectivamente afectados por el título y las cantidades individualizadas objeto de condena deben ventilarse en prueba pericial o de expertos. Aunque esta norma no excluye de plano que se practiquen otras pruebas en relación con estos dos concretos extremos, está sancionando la prevalencia de la prueba pericial en esta materia.
Ello suscita el problema de la constitucionalidad de esta norma probatoria, porque la Const art.24 incluye el derecho fundamental a la prueba: (21) las partes procesales tienen el derecho fundamental a proponer y practicar los medios de prueba pertinentes en defensa de sus derechos. Este derecho fundamental a la prueba exige que las partes procesales disfruten de libertad probatoria: que puedan proponer cuantos medios de prueba pertinentes consideren oportunos en el ejercicio judicial de sus derechos. El problema radica en que un trabajador incluido en dicha ejecución colectiva puede encontrarse con que se le reconoce una cantidad inferior a la que, a su juicio, le corresponde, debido a que el perito así lo ha considerado. Sin embargo, a nuestro juicio, en lo que hace referencia al trabajador ejecutante no se trata de una norma inconstitucional porque instar esta ejecución colectiva es una opción del trabajador. En el ejemplo anterior, un vigilante de seguridad podrá elegir entre interponer una demanda individual o plural reclamando la diferencia retributiva por las horas extras, en cuyo proceso disfrutará de plena libertad probatoria, o solicitar que se le incluya entre los trabajadores que postulan la ejecución colectiva de la sentencia dictada en el procedimiento de conflicto colectivo. Este segundo supuesto tiene la ventaja de la economía y, en principio, la celeridad. Pero a cambio, en la ejecución colectiva se impone la práctica de prueba pericial en relación con estos concretos extremos. Desde el momento en que subsiste la posibilidad de que el trabajador eluda la ejecución colectiva, interponiendo su propia demanda de cognición en reclamación de este derecho, que inicia un procedimiento individual o plural con plena libertad de prueba, siendo un derecho y no una obligación del trabajador beneficiado por el título ejecutivo la de solicitar su inclusión en la ejecución colectiva, ello excluye que esta última sea inconstitucional desde la perspectiva del trabajador que insta la ejecución.
El problema radica en el empresario ejecutado porque no puede optar por la ejecución colectiva o el procedimiento de cognición individual, ya que esta opción le corresponde al trabajador. Ello supone que habrá empleadores cuya condena se determinará en ejecución de sentencia colectiva, mediante prueba pericial, sin que el empleador haya tenido plena libertad probatoria para demostrar que ese trabajador no estaba incluido dentro del título ejecutivo colectivo, o que la cantidad adeudada es inferior a la fijada en dicho procedimiento. Aunque interpretemos este precepto legal en el sentido de que no excluye otros medios de prueba: el empresario puede, además de la prueba pericial, aportar documentos o proponer testigos en defensa de sus derechos, lo cierto es que el texto legal atribuye prevalencia a la prueba pericial en estos dos concretos extremos. En un tema con esta complejidad probatoria, la consecuencia será que los Tribunales previsiblemente atribuirán eficacia probatoria prevalente a la prueba pericial, en particular si se trata de un perito imparcial.
En el ejemplo de los vigilantes de seguridad, un empleador puede defender que un concreto trabajador no debe estar incluido porque no ha realizado horas extraordinarias, o que la cantidad adeudada es inferior a la que reclama el trabajador. Si estas cuestiones se determinan mediante prueba pericial, ello supone que se limita su derecho fundamental a la prueba, en aras a la economía procesal. Desde el punto de vista constitucional, esta problemática exige una ponderación de intereses: es necesario valorar si esta limitación del derecho fundamental a la prueba en el trámite de ejecución colectiva está justificada por la finalidad de economía procesal que se pretende conseguir. Y lo cierto es que este procedimiento de conflicto colectivo amplio, que incluye los grupos genéricos susceptibles de concreción individual, al deferir a ejecución de sentencia la concreción de los ejecutantes y de las deudas salariales, requiere que se instaure un trámite incidental en el que despliegue toda su virtualidad el principio de celeridad del proceso social (LRJS art.74.1). Desde este punto de vista, las ventajas que ofrece esta ampliación del objeto del proceso de conflicto colectivo, al limitar el número de litigios, articulando en un único proceso colectivo una pluralidad de reclamaciones que antes solo se podían resolver en pleitos individuales y plurales, permiten defender que está justificada esta limitación del derecho fundamental a la prueba en ejecución de sentencia.
Para el trabajador, la opción por la ejecución colectiva es una opción por dicha ejecución en su integridad: con todas las consecuencias, que incluyen la aplicación de la citada norma probatoria (que en la práctica puede suponer la prevalencia de la prueba pericial) y un único pronunciamiento jurisdiccional.
Esta ejecución colectiva incide asimismo en la naturaleza de la prueba pericial. En principio, la justificación de la prueba pericial radica en que, en determinados procesos, el órgano judicial no posee los conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos necesarios para la resolución del litigio y debe suplir su ignorancia en esta materia practicando y valorando la prueba pericial emitida por un experto en la materia. Sin embargo, en este incidente de ejecución de sentencias colectivas, la finalidad de esta prueba no es aportar máximas de experiencia científicas, artísticas, técnicas o prácticas, sino únicamente concretar el alcance de la condena. Imaginemos que la sentencia colectiva reconoce el derecho de los vigilantes de seguridad a un incremento salarial para el año 2012. El objeto de la pericia tramitada en ejecución de sentencia consiste en cerciorarse de que todos los trabajadores incluidos en el listado aportado por los sindicatos en el trámite de ejecución efectivamente son vigilantes de seguridad y están incluidos en el ámbito de la sentencia de condena, así como concretar la cantidad líquida que le corresponde percibir a cada uno de ellos. No está aportando ninguna máxima de experiencia. El perito o experto se limita a examinar la profusa prueba que le aporten las partes procesales y, sobre la base de ella, concretar los trabajadores y las cuantías que se adeudan. Se trata de una actividad que podría realizar el Juez en el seno del proceso de ejecución pero, en aras a la economía procesal, habida cuenta de que ello podría conducir a incidentes de ejecución complejísimos, se impone la obligatoriedad de practicar prueba pericial en relación con estas dos concretas cuestiones.
Este incidente de ejecución incide asimismo en el tradicional debate acerca de si el ordenamiento español admite únicamente al perito deduciendi (que aporta conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos, los cuales ayudan a valorar los hechos acreditados mediante otros medios de prueba distintos o fijados por conformidad de las partes o por notoriedad) o si acepta también al perito percibiendi (que aporta hechos al proceso: efectúa afirmaciones fácticas que ratifican o niegan los enunciados sobre hechos en torno a los cuales gira el litigio). La prueba pericial de la LRJS art.247.1.g tiene como objeto la aportación de hechos al proceso, no de máximas de experiencia.
Es importante precisar que esta norma probatoria solo afecta a estas dos concretas cuestiones: los trabajadores afectados y las cantidades objeto de condena. En efecto, la LRJS art.247.1.g, impone la práctica de prueba pericial respecto de estos dos extremos. Y el apartado anterior de este precepto legal: la LRJS art.247.1.f, se remite al trámite incidental previsto en la LRJS art.238, en el que rige la libertad de prueba. Ello supone que si lo que se suscita en el incidente de ejecución es una cuestión probatoria ajena a aquellas dos, en tal caso sí que las partes podrán proponer los medios de prueba que consideren pertinentes en defensa de sus intereses. Las causas de oposición alegadas por la parte ejecutada distintas de la concreción de los solicitantes afectados por el título y de las cantidades líquidas, pueden conllevar conflictos probatorios, respecto de los cuales las partes procesales podrán proponer los medios de prueba que considere convenientes, sin estar constreñidos a la prueba pericial.
Aunque la LRJS impone la práctica de prueba pericial para determinar los trabajadores afectados y las cantidades líquidas, ello no supone que se trate de una prueba tasada porque el Tribunal tiene plena libertad para valorar la prueba pericial evacuada. Sin embargo, la apreciación de la prueba suele ser una cuestión de jerarquía probatoria: las partes procesales aportan una pluralidad de pruebas y el Tribunal tiene que comparar la credibilidad (y por tanto la eficacia probatoria) de cada una de las pruebas que versen sobre el mismo objeto, argumentando por qué reconoce eficacia probatoria prevalente a un medio probatorio concreto. Por consiguiente, normalmente la prueba pericial se valora en un contexto probatorio integrado por una pluralidad de medios de prueba diferentes, que exigen fijar una jerarquía probatoria. La apreciación probatoria de instancia consiste esencialmente en establecer una jerarquía probatoria, seleccionando el medio probatorio (o los medios probatorios) al que el Tribunal atribuye mayor credibilidad. Y para ello tiene que aplicar alguna máxima de experiencia de apreciación de la prueba.
Por el contrario, en la ejecución de sentencias colectivas, respecto de los trabajadores afectados y las cantidades adeudadas, al imponer la práctica de prueba pericial, en la práctica se está atribuyendo prevalencia a este medio de prueba. Ello no supone que el resultado de la pericia se imponga al Tribunal porque puede que se hayan aportado sendas pericias por la parte ejecutante y ejecutada, con resultados diversos, en cuyo caso deberá determinar a cuál atribuye credibilidad. Y aunque se trate de un único perito designado por común acuerdo de las partes o por el Tribunal, éste no está vinculado por su dictamen. Pero en este último caso, si obra en las actuaciones un único medio de prueba emitido por un perito imparcial, parece difícil que el Tribunal se separe de sus conclusiones.
En relación con esta cuestión, la LRJS art.247.1.g, menciona tanto la pericia de parte como la designación de un perito imparcial. Existía una división doctrinal entre los que consideraban que la pericia era un verdadero medio de prueba y los que defendían que se trataba de un auxiliar del juez (22). La LEC contempla dos pruebas periciales distintas. 1) La prevista en la LEC art.336, consistente en que las partes aportan a juicio los dictámenes escritos solicitados antes del proceso. 2) Y la estatuida en la LEC art.339, que subsidiariamente prevé la designación judicial de los peritos cuando cualquiera de las partes sea titular de la asistencia jurídica gratuita o cuando lo entienda conveniente o necesario para sus intereses y el órgano judicial considere útil o pertinente el dictamen. En el orden social tradicionalmente ha prevalecido la pericia de parte.
En la LRJS art.247.1.g, se mencionan tanto la pericia de parte, aportada por cada parte procesal, como la pericia imparcial. En las ejecuciones complejas, relativas a cientos o miles de trabajadores, en las que se discutan las cantidades que le corresponde percibir a cada uno, la existencia de dos pericias de parte contradictorias, aportadas por la parte ejecutante y ejecutada, sin ningún otro medio de prueba en relación con esta cuestión, puede causar al Tribunal graves dificultades para concretar las cantidades objeto de condena. Cabría plantear la posibilidad de aplicar analógicamente las diligencias finales reguladas en la LRJS art.88: el Tribunal podría acordar como diligencia final la práctica de un medio de prueba que le permitiese aclarar estos extremos, como la designación judicial de un perito imparcial.
5) El juez o tribunal resuelve mediante auto, examinando las causas de oposición y determinando si reconoce a los solicitantes como comprendidos en la condena y fijando el importe líquido individualmente reconocido a su favor, dictándose a continuación la orden general de ejecución. El legislador procesal social se ha inspirado en la LEC art.519, relativo a la acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de condena sin determinación individual de los beneficiados.
6) En aras a la celeridad procesal, se excluye el recurso devolutivo. El auto resolutorio del incidente solo se puede recurrir en reposición, no siendo dable interponer ulterior recurso de suplicación o casación (LRSJ art.247.1.h). Se trata de una excepción a la regla general de recurribilidad suplicacional o casacional de los autos dictados en ejecución de sentencia que resuelvan puntos sustanciales no decididos en la sentencia recurrible (LRJS art.191.4.d.2º y 206.4.b), previo recurso de reposición. La sentencia de conflicto colectivo es recurrible en suplicación o casación en todo caso pero el auto dictado en ejecución de la misma que concreta las cantidades objeto de condena no lo es. Ello supone que una cuestión que puede tener una enorme relevancia, con un coste económico muy elevado (puede haber conflictos colectivos que afecten a miles de trabajadores) se excluye del control suplicacional o casacional. La finalidad es agilizar la tramitación de esta modalidad de ejecución.
Para evitar una sentencia condenatoria indeterminada, lo que supondría remitir el conflicto litigioso al trámite de ejecución de sentencia, el fallo de la sentencia debe contener los datos que permitan la individualización de los beneficiarios de la condena y cómo ésta va a afectarles.
Esta regulación legal también supone una excepción a la regla general contenida en la LRJS art.87.4, el cual prohíbe reservar para ejecución de sentencia la determinación de las cantidades objeto de condena o de las medidas con que puede ser satisfecha la pretensión ejercitada. El principio de celeridad del orden social (la derogada LPL art.74.1 y vigente LRJS art.74.1) era contrario a la práctica, frecuente en el orden civil, de remitir el conflicto al trámite de ejecución de sentencia, lo que eternizaba el litigio. La dificultad de ejecutar individualizadamente las sentencias de conflicto colectivo era una de las razones que subyacía en el rechazo a la ampliación de su ámbito. Conforme a la nueva regulación establecida por la LRJS, como excepción a dicha regla, la concreción de las personas que, en su caso, deben beneficiarse de una condena al pago de una cantidad, así como la fijación del importe que le corresponde a cada una de ellas, se remite al trámite de ejecución de las sentencias de conflicto colectivo.
A nuestro juicio, cabe que se interpongan sucesivos incidentes de ejecución de la misma sentencia colectiva. En el ejemplo anterior, una sentencia colectiva interpreta el convenio colectivo en vigor, declarando el derecho de los vigilantes de seguridad a percibir sus horas extras calculadas incluyendo un concreto complemento salarial. En tal caso, la primera ejecución de esta sentencia colectiva afectará a los periodos temporales anteriores a la sentencia. Pero después de esta sentencia los vigilantes de seguridad seguirán realizando horas extras. Y mientras se aplique el citado convenio colectivo (mientras no se sustituya por otro o se deje sin efecto), el mentado pronunciamiento colectivo desplegará sus efectos. Ello suscita el problema de si con posterioridad al dictado de la sentencia de conflicto colectivo, cuando se realicen más horas extras, los vigilantes de seguridad pueden acudir a la ejecución colectiva, instando un nuevo incidente de ejecución. Este nuevo incidente tiene la ventaja de la economía procesal y de la celeridad porque evita la interposición de una pluralidad de demandas individuales y plurales. Por ello, mientras el pronunciamiento colectivo despliegue su eficacia: hasta que se produzca un hecho posterior a la sentencia que obligue a otro pronunciamiento sobre el fondo, será dable solicitar la ejecución colectiva relativa a las horas extras que realice este grupo genérico de trabajadores.

III. PROCEDIMIENTO DE OFICIO

 

La LRJS Libro II, Tit. II, Cap. VII, sección 1ª, intitulada: «del procedimiento de oficio» regula tres tipos de acciones (23):
1) Reclamación de oficio de perjuicios económicos causados a los trabajadores.
2) Denuncia de vicios en los acuerdos de suspensión temporal de relaciones laborales, reducción de jornada o despido colectivo.
3) Pretensión de un pronunciamiento previo del orden social sobre la calificación de la relación jurídica objeto de la actuación sancionadora de la autoridad laboral.
Pero no son los únicos porque al margen de dicha sección, la LRJS art.158 y 163.1 permiten que los procesos de conflicto colectivo y de impugnación de convenios colectivos se inicien mediante comunicación de la autoridad correspondiente. Los supuestos regulados en la citada sección 1º son los siguientes:

1. Actas de infracción de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social en las que se aprecien perjuicios económicos para los trabajadores

 

La regulación contenida en la LRJS art.148.a es trasunto de la LPL art.146.a, que no ha sido objeto de reforma alguna. Este procedimiento de oficio existe porque, aunque los trabajadores pueden formular sus propias demandas en defensa de sus intereses, la desigualdad material del contrato de trabajo y la posibilidad de ulteriores represalias por parte de los empresarios, que no siempre se consiguen evitar con la garantía de indemnidad, hace que muchos trabajadores no ejerciten acciones contra sus empresarios en reclamación de sus derechos, en particular los trabajadores temporales, que confían en que se prorrogue su contrato de trabajo, y los que prestan servicios en determinados sectores, caracterizados por la falta de presencia sindical. Este procedimiento de oficio permite que se reconozcan derechos económicos a los trabajadores sin necesidad de que interpongan demanda alguna, ni de que comparezcan a juicio, atribuyendo legitimación a un tercero que no es parte en el contrato de trabajo (la autoridad laboral) para que interponga una demanda en interés del trabajador, sin necesidad del consentimiento de éste. De hecho, el trabajador no puede disponer del objeto del proceso: no puede desistir. Este procedimiento de oficio supone que la autoridad laboral es quien interviene en defensa de los derechos e intereses de los trabajadores, sin necesidad de que éstos intervengan, propiciando así la efectiva aplicación de las normas laborales. El objeto del procedimiento es determinar si ha habido perjuicio para los trabajadores y su concreto importe.
Es necesario que la resolución laboral haya adquirido firmeza: la LRJS art.148.a; exige que se trate de certificaciones de las resoluciones firmes. Por consiguiente, es necesario que haya concluido un procedimiento administrativo sancionador y la resolución administrativa que impone la sanción sea firme. El término «resoluciones firmes» se refiere a la vía administrativa, no a la jurisdiccional.
En cuanto al plazo de interposición de la demanda de oficio, reiterados pronunciamientos del TS han afirmado que el plazo de prescripción de las demandas de oficio no era el de un año del ET art.59.1 sino los plazos prescriptivos propios de la potestad sancionadora (TS 12-7-04, Rec 2756/03; 21-10-04, Rec 4567/03; 25-10-05, Rec 3078/04). Sin embargo, en todos estos casos se trataba de procedimientos de oficio de la LPL art.149 derogada. En ellos, no se reclama derecho alguno sino que el sujeto responsable pretende desvirtuar la sanción administrativa suscitando cuestiones propias de la rama social del derecho, como la inexistencia de cesión ilegal de trabajadores. Si el sujeto responsable consigue demostrar que no ha habido cesión ilegal de trabajadores, la actividad sancionadora decae.
Por el contrario, en el procedimiento de oficio de la LRJS art.148.a, la sanción administrativa es firme en vía administrativa. En este procedimiento de oficio, la autoridad laboral no litiga en defensa de sus propios intereses sino en defensa de los intereses de los trabajadores. Por ejemplo, reclama salarios a favor de trabajadores. Por eso, la vinculación de este proceso de oficio con el interés particular de los trabajadores conlleva que la demanda de oficio debe remitirse antes de que transcurra el plazo para reclamar individualmente el derecho sustantivo de los trabajadores (normalmente, el plazo de un año del ET art.59). En caso contrario, esta demanda de oficio permitiría eludir el plazo de prescripción del derecho de los trabajadores.
No hay unanimidad acerca de si la autoridad laboral tiene la condición de parte procesal en el procedimiento de oficio. La TS 5-5-94, Rec 1536/93, dictada en Sala General, diferencia entre los supuestos de la LPL de 1990 art.145.a y b -correspondientes a la LRJS art.148.a y b-, argumentando que en ellos la Administración inicia la acción pero no tiene la condición de parte; y el supuesto de la LPL de 1990 art.145.c -correspondiente a la LRJS art.148.c-, en el que Administración sí que tiene la condición de parte procesal.
Como explica la TS 14-3-06, Rec 133/05, históricamente el único supuesto de procedimiento de oficio era el de reclamaciones de la Administración en interés de particulares -regulado en la LRJS art.148.a-, estableciendo el TS que la Administración se limitaba a actuar como impulsora del procedimiento en su condición de iniciadora del mismo, como una especie de sustituta procesal de los trabajadores, careciendo de la legitimación necesaria para seguir interviniendo en él (no podía proponer prueba, recurrir la sentencia de instancia…). La intervención de la Administración se limitaba a la iniciación del procedimiento. Por el contrario, en el procedimiento de oficio de la LRJS art.148.c, la Administración ya no actúa como mera gestora de intereses particulares, por lo que está legitimada para intervenir en este tipo de procesos a todos los efectos.
A nuestro juicio, negar la condición de parte procesal a la Administración pública en el supuesto previsto en la LRJS art.148.a, puede causar importantes dificultades. El hecho de que la LRJS art.150.2.b, atribuya la condición de parte procesal a los trabajadores, no significa que la autoridad laboral no lo sea también. Este mismo precepto explica que el proceso seguirá de oficio, aun sin asistencia de los trabajadores perjudicados. Si en un procedimiento de oficio de la LRJS art.148.a no comparecen los trabajadores y se niega la condición de parte a la autoridad laboral, se produciría el absurdo de que nadie ostentaría la condición de parte actora, sin que el juez pueda asumir la defensa procesal de los intereses de una de las partes: los trabajadores.
En este procedimiento de oficio de la LRJS art.148.a, los trabajadores afectados tienen la condición de interesados en el proceso y deben ser citados al procedimiento de oficio. Puede ocurrir que los trabajadores perjudicados consideren que los perjuicios económicos que sufren son superiores a los reclamados por la autoridad laboral. Por ejemplo, si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprueba que un empresario abona a sus trabajadores salarios inferiores a los mínimos establecidos en el convenio colectivo aplicable y levanta un acta de infracción por la infracción grave de la LISOS art.7.10: «Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo (…)». Y como estos trabajadores han percibido unos salarios inferiores a los que les corresponden, el Inspector propone a su Jefe la formulación de demanda de oficio. Pero estos trabajadores pueden estar disconformes con dichas cantidades, por considerar que las cantidades que les adeuda la empresa son superiores. En tal caso, los trabajadores pueden formular su propia demanda reclamando las correspondientes cantidades, que se acumulará al procedimiento de oficio (LRJS art.31), resolviéndose en la sentencia todas las demandas acumuladas. O bien estos trabajadores pueden comparecer en el procedimiento de oficio, solicitando la ampliación de la demanda. La LRJS art.150.2.a, les atribuye la condición de parte procesal. Y como tal, pueden solicitar la ampliación de una demanda formulada en interés suyo y que producirá efectos de cosa juzgada material cuando adquiera firmeza la sentencia resolutoria del procedimiento.
La eficacia práctica de este procedimiento de oficio ha sido mínima: la interposición de esta demanda de oficio es potestativa de la autoridad laboral, la cual no suele utilizar esta potestad que le atribuye la LRJS.

2. Acuerdos de suspensión, reducción de jornada o extinción colectiva de los contratos de trabajo

 

La LRJS introdujo tres modificaciones esenciales respecto de la derogada LPL. 1) Incluye el fraude entre los supuestos que permiten impugnar estos acuerdos (la LPL únicamente mencionaba el dolo, la coacción y el abuso del derecho). 2) Menciona los acuerdos de reducción de jornada, ex ET art.47.2 en la redacción dada por la L 35/2010. Y 3) regula la impugnación de estos acuerdos basada en que su objeto consista en la obtención indebida de prestaciones por inexistencia de la causa motivadora de la situación de desempleo, prevista en el ET art.51.5 pero omitida en la LPL.
Por su parte, el RDL 3/2012 suprime el requisito de autorización administrativa en las suspensiones contractuales, reducciones temporales de jornada y despidos colectivos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, aunque mantiene la previa negociación entre el empresario y los representantes de los trabajadores, en el seno del cual se puede llegar a un acuerdo que puede ser impugnado por la autoridad laboral por los trámites de este procedimiento de oficio. Sin embargo, no ha modificado la regulación del procedimiento de oficio en la LRJS. La LRJS art.148.b, establece que la remisión del acuerdo de la autoridad laboral a la autoridad judicial dejará «en suspenso el plazo para dictar resolución administrativa». Debería adaptarse la LRJS a la nueva regulación contenida en el ET art.47 y 51.
Asimismo, el RDL 3/2012 establece que la autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados en los casos de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo (ET art.41.4); suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada (ET art.47) y descuelgue (ET art.82.3), cuando exista fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.

A) Objeto

a) Suspensión, reducción de jornada y despido colectivo

 

El ET art.47 y 51 regula la suspensión del contrato, la reducción de jornada y el despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, los cuales están precedidos por un periodo de consultas entre el cual el empresario y los representantes de los trabajadores. Cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el párrafo primero y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. También podrá ser impugnado el acuerdo por la autoridad laboral a petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo cuando el acuerdo pudiera tener por objeto la obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo.
El citado acuerdo se notifica a la autoridad laboral. Si aprecia la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo, lo remitirá a la autoridad judicial, a efectos de su posible declaración de nulidad. La Administración laboral no puede por sí sola negar eficacia a estos acuerdos. Solamente puede interponer demanda de oficio para que el Juzgado de lo Social declare su nulidad. La interposición de la demanda no es potestativa: si la autoridad laboral tiene sospechas fundadas de la concurrencia de estos vicios, deberá ponerlo en conocimiento del órgano judicial. (24)
El objeto del procedimiento de oficio se limita a determinar si concurre una de estas circunstancias irregulares en el acuerdo suscrito por la empresa y los representantes de los trabajadores, no pudiendo examinar el fondo del expediente: si la suspensión o despido colectivo está justificado.
Si en el procedimiento de oficio se constata la existencia de uno de estos vicios, se procederá a la anulación del acuerdo, dejando sin efecto la suspensión, reducción de jornada o extinción colectiva. Ello no prejuzga la licitud de la medida suspensiva, reductora o extintiva. Únicamente significa que el acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores es contrario a Derecho. Pero el empresario, habida cuenta de la invalidez de dicho acuerdo, previo cumplimiento de los trámites legales, podrá acordar la suspensión, reducción de jornada o despido colectivo, la cual podrá ser impugnada ante los tribunales del orden social.

b) Obtención indebida de la prestación de desempleo

 

Antes de la aprobación de la LRJS, el ET art.51.5 mencionaba otro supuesto de demanda de oficio omitido por la LPL: cuando la autoridad laboral, de oficio o a instancia del SEPE, estimaba que el acuerdo de suspensión o de despido colectivo pudiera tener por objeto la obtención indebida de la prestación por desempleo por inexistencia de la causa motivadora de la situación legal de desempleo. Ello concurre cuando se acuerda la suspensión de contratos de trabajo o el despido colectivo sin una causa real que la justifique: cuando en la empresa no concurren causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción que obliguen a suspender o extinguir las relaciones laborales, siendo el único objeto del acuerdo la percepción de las prestaciones por desempleo.
Se trataba de un supuesto específico de fraude tendente al percibo indebido de prestaciones por desempleo. Estaba mencionado expresamente en el ET art.51 pero no estaba regulado en la LPL art.146 y concordantes, lo que evidenciaba la descoordinación entre estos dos preceptos. Esta descoordinación la ha resuelto la LRJS que incluye este supuesto en el art.148.b), mencionando asimismo la reducción de jornada.

c) Modificación sustancial de condiciones de trabajo, suspensión del contrato de trabajo, reducción de jornada y descuelgue

 

La autoridad laboral podrá impugnar los acuerdos adoptados en los casos de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo (ET art.41.4); suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ET art.47) y descuelgue (ET art.82.3), cuando exista fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión.

d) Acuerdos entre empresarios y representantes de los trabajadores sobre extinción de contratos de trabajo en caso de extinción de la personalidad jurídica del empresario

 

Si el empresario es una persona jurídica, la extinción de su personalidad constituye una causa de extinción del contrato de trabajo al amparo del ET art.49.1.g, que se remite al ET art.51. Por consiguiente, si se llega a un acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores en el periodo de consultas regulado en el ET art.51.2, podrá impugnarse por los mismos motivos.

B) Fraude, dolo, coacción o abuso de derecho

 

Antes de la entrada en vigor de la LRJS se suscitaba el problema de que el ET art.51.5 mencionaba cuatro circunstancias: fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En cambio, la LPL art.146.b, solo mencionaba tres: dolo, coacción o abuso de derecho. Se trataba de un olvido del legislador procesal puesto que la LPL art.146.b, se remitía expresamente al ET art.51, por lo que la impugnación del acuerdo podía basarse en cualquiera de las cuatro circunstancias mencionadas en el ET art.51. Como explicaba la TSJ Cataluña 12-12-02, núm 7961/02, a pesar de la deficiente técnica, el fraude no es sino la manifestación del posible vicio determinante de éste: el dolo, la coacción o el abuso de derecho, los cuales determinan el fraude y habilitan la declaración de nulidad.
La definición legal del fraude de ley se encuentra en el CC art.6.4: «Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir».
El dolo es un vicio de la voluntad que conlleva la nulidad del consentimiento prestado (CC art.1265). Su definición legal se encuentra en el CC art.1269: «Hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho». El dolo exige una conducta consciente de una de las partes contratantes, que intencionadamente usa palabras o realiza maquinaciones contrarias a derecho para condicionar la voluntad de la parte contraria.
La coacción se produce cuando una parte contratante ejerce sobre otra parte contratante una fuerza moral que, por la inminencia del daño que puede causar, influye en su ánimo, lo que le induce a emitir un consentimiento no deseado que perjudica sus intereses.
El abuso del derecho está definido en el CC art.7.2: «Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso». Consiste en el exceso en el ejercicio de un derecho, sobrepasando claramente sus límites normales, en perjuicio de un tercero.

3. Discriminaciones

 

La LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, adicionó un apartado nuevo a la LPL art.146, instaurando un nuevo procedimiento de oficio. La LO 3/2007 art.10 establece que los actos que «causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido (…)». En el orden social, este sistema de indemnizaciones se articula a través del procedimiento de tutela de los derechos fundamentales (LPL art.175 a 182). Pero también a través del procedimiento de oficio, adicionando un nuevo supuesto, en virtud del cual, cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social constata la existencia de una discriminación, puede dirigir una comunicación a los Juzgados de lo Social recogiendo las bases de los perjuicios para el trabajador, para que el Juzgado determine la indemnización correspondiente, permitiendo así que opere la reparación del daño sin necesidad de que el propio trabajador perjudicado interponga una demanda.
La LPL limitaba este procedimiento de oficio a la discriminación por razón de sexo. La LRJS, plausiblemente, amplía su ámbito, incluyendo la discriminación por razón de origen racial o étnico, religión y convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual u otros legalmente previstos.
La intervención de esta Administración pública permite la reparación del perjuicio sin necesidad de que el particular interponga una demanda. Dicha intervención responde a la evidencia de que, pese a las garantías del ejercicio de los derechos ante los tribunales (la garantía constitucional del derecho a la indemnidad), muchos trabajadores no interponen demandas en reclamación de sus derechos fundamentales, por ignorancia o por temor a represalias empresariales. Pero a diferencia de la LRJS art.148.a, el supuesto contemplado en la LRJS art.148.d, no menciona las actas de infracción, ni exige que exista resolución sancionadora firme, lo que facilita la celeridad en la fijación de la indemnización a favor del trabajador. En aras a la tutela de los trabajadores discriminados, las exigencias impuestas por la LRJS art.148.d son mínimas. No se trata de una demanda de oficio vinculada a un acta de infracción, ni a un procedimiento administrativo. Basta con que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que puede actuar de oficio o a instancia de parte, constate la existencia de una discriminación prohibida por la ley para que pueda interponer esta demanda de oficio solicitando una indemnización a favor del trabajador discriminado. Por consiguiente, la interposición de esta demanda de oficio no requiere que la conducta objeto de la misma revista los caracteres de infracción, ni genere consecuencias sancionatorias: su finalidad es declarar si existe tal discriminación en términos objetivos (25).
Conforme al tenor literal de la LRJS art.148.d, la competencia para interponer esta demanda de oficio le corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En la demanda de oficio deben explicarse cuáles son las bases y elementos clave de la indemnización compensatoria de la violación del derecho fundamental a no ser discriminado.
En cuanto al plazo de interposición de la demanda de oficio, la interrelación entre este procedimiento de oficio y el proceso individual de reclamación conlleva que deba aplicarse el mismo plazo que hubiera correspondido si se hubiera reclamado individualmente dicha indemnización.
La LRJS art.31 regula la acumulación a los procesos de oficio de la LRJS art.148, de las demandas individuales en que concurran identidad de personas y de causa de pedir, aunque pendan de distintos Juzgados de la misma circunscripción. Sin embargo, la LRJS art.26.1 y 178 prohíbe la acumulación de las acciones de tutela de derechos fundamentales. Estos art.26.1 y 178 LRJS no son directamente aplicables a este supuesto porque no se trata de una acumulación de acciones (el trabajador que ejercita varias acciones en la misma demanda contra el mismo empresario), sino de procesos (un procedimiento de oficio iniciado por la autoridad laboral y un procedimiento de tutela de derechos fundamentales iniciado por el trabajador). Pero la LRJS art.28.1 condiciona la acumulación de procesos a que se trate de acciones idénticas o susceptibles de haber sido acumuladas en una misma demanda. Esta última mención remite a las reglas de acumulación de acciones, que prohíben dicha acumulación. Y la primera de ellas solo permite acumular las acciones idénticas. A nuestro juicio, la exigencia de identidad de acciones excluye que se pueda acumular una demanda de oficio en la que, con base en una vulneración de un derecho fundamental, se reclama una indemnización reparadora a favor de un trabajador, a otra demanda de tutela de derechos fundamentales en la que, con el mismo fundamento, se reclama asimismo una indemnización reparadora. Y la LRJS art.31 regula la acumulación «a los procesos de oficio» de los restantes procesos. Como quiera que los procesos de tutela de derechos fundamentales disfrutan de urgencia y preferencia absoluta (LRJS art.179.1), se causaría un perjuicio al trabajador si se acumulase dicho proceso de tutela de derechos fundamentales a un procedimiento de oficio, carente de preferencia ni urgencia alguna.
El trabajador que sufre una discriminación puede interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la cual puede interponer el procedimiento de oficio de la LRJS art.148, en el que deben constar las bases de los perjuicios a efectos de la fijación de la correspondiente indemnización. Si el trabajador ha ejercitado ya una acción de tutela de derechos fundamentales, reclamando la indemnización compensatoria, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social no debe iniciar el procedimiento de oficio porque en tal caso resulta innecesario que la Administración pública formule una demanda en interés del trabajador cuando el propio interesado ya lo ha hecho. Y si la Inspección de Trabajo y Seguridad Social remite la comunicación de oficio y posteriormente el trabajador interpone la demanda de tutela de derechos fundamentales, no debe establecerse una duplicidad indemnizatoria. Si no es dable acumular el procedimiento de oficio y el de tutela de derechos fundamentales (26), deberá tramitarse la demanda de tutela de derechos fundamentales, que ha sido interpuesta por el propio interesado y goza de las máximas garantías, incluyendo la urgencia y preferencia absoluta. En tal caso, la autoridad laboral, que interpuso la primera demanda, debería desistir del procedimiento de oficio, que ha quedado privado de objeto. En caso de no hacerlo, debería desestimarse la demanda de oficio puesto que la cuestión litigiosa se ventila en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, concurriendo la litispendencia y, si se ha dictado sentencia firme en el preferente proceso de tutela de derechos fundamentales, la cosa juzgada material regulada en la LEC art.222. En caso de que adquiera firmeza una sentencia dictada en el procedimiento de tutela de derechos fundamentales, que tiene carácter urgente y preferente, fijándose en ella la indemnización reparadora de los daños y perjuicios, no es posible fijar una nueva indemnización en el procedimiento de oficio.
La sentencia estimatoria debe condenar al demandado al abono al perjudicado de una determinada cantidad de dinero en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

4. Actas de infracción y liquidación en las que se impugne la naturaleza laboral

 

El procedimiento de oficio respondía a la problemática derivada de la atribución a los tribunales del orden contencioso-administrativo de la competencia para conocer de algunas materias que afectaban a la rama social del Derecho, como las impugnaciones de las sanciones administrativas por infracciones de orden social, lo que causaba descoordinación entre los pronunciamientos de los tribunales sociales y de los tribunales contencioso-administrativos. Para evitarlas, el procedimiento de oficio permitía la intervención de los tribunales del orden social en estas materias, estableciendo lo que se ha denominado cuestión prejudicial devolutiva con la finalidad de aclarar a la autoridad laboral una cuestión propia del Derecho laboral (TS 25-10-05, Rec 3078/04). La atribución al orden social de la competencia para conocer de la impugnación de estas sanciones ha limitado notablemente el ámbito de este procedimiento de oficio.

A) Competencia del orden contencioso-administrativo

 

La LRJS art.3.f, delimita el ámbito competencial del orden social y contencioso-administrativo, excluyendo del orden social la gestión recaudatoria de la Seguridad Social y los actos de la Tesorería General de la Seguridad Social: inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora, en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Ello supone que la impugnación de las sanciones impuestas por la autoridad laboral derivadas de actas de infracción le corresponde al orden social, excepto cuando se trate de un acta de infracción vinculada con un acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social. En este último caso, para evitar respuestas judiciales discordantes del orden social y el contencioso-administrativo, se atribuye el conocimiento de ambos a un único orden, el contencioso-administrativo. Asimismo, corresponde al orden contencioso-administrativo la impugnación de los actos administrativos derivados de las actas de liquidación, la gestión recaudatoria de la Seguridad Social y la gestión de empresas y trabajadores efectuada por la Tesorería General de la Seguridad Social.

B) Demanda de oficio

 

Con la finalidad de evitar pronunciamientos discordantes entre el orden contencioso-administrativo y el social en estas materias que continúan atribuidas al primero, la LRJS art.148.d, regula un nuevo procedimiento de oficio (27) iniciado en virtud de una comunicación de la autoridad laboral, cuando un acta de infracción o de liquidación levantada por la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social, relativa a las materias de Seguridad Social excluidas del conocimiento del orden social en el art.3.f, haya sido impugnada por el sujeto responsable con base en alegaciones y pruebas que, a juicio de la autoridad laboral, puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de la actuación inspectora.
La intervención de los Tribunales del orden social se efectúa a través de una cuestión judicial suscitada por la autoridad laboral durante la tramitación del procedimiento administrativo. Por tanto, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social levanta un acta de infracción. Posteriormente, la autoridad laboral tramita un expediente sancionador. El sujeto responsable impugna el acta con base en alegaciones y pruebas que, a juicio de la autoridad laboral, puedan desvirtuar la naturaleza laboral de la relación jurídica objeto de la actuación inspectora. El único supuesto que permite el planteamiento de esta demanda de oficio se ciñe a la controversia relativa a la existencia de una relación laboral: la Administración sostiene que la relación jurídica entre las partes tiene naturaleza laboral y el sujeto responsable lo niega (TSJ Navarra cont-adm 3-5-01, núm 669/01). La discrepancia del sujeto responsable puede afectar tanto a los hechos (porque niega la certeza de los hechos afirmados por la autoridad laboral) como a la aplicación del derecho (porque considera que la calificación jurídica efectuada por la autoridad laboral no es conforme a derecho).
La TS cont-adm 8-7-04, Rec 31/03, sostiene que basta con la mera alegación en sentido negativo, no siendo necesario que además se aporte prueba de que no hay relación laboral porque la Administración no debe decidir sobre la existencia de relación laboral, tratándose de una cuestión que, independientemente de los aspectos fácticos, debe resolverse por el Tribunal del orden social y no por la Administración laboral, advirtiendo de la posible existencia de casos limite en los que la alegación de que no hay relación laboral carezca tan absoluta y manifiestamente de fundamento que la Administración laboral entienda que no existe una verdadera controversia sobre el tema.
Por ejemplo, si la Inspección levanta un acta de liquidación por falta de alta en el Régimen General de la Seguridad Social de una persona que presta servicios a favor de otra porque el Inspector sostiene que concurren las notas definitorias de la relación laboral mientras que el empresario sostiene que se trata de una relación mercantil que conlleva el alta en el RETA. Si el empresario presenta alegaciones impugnando la naturaleza laboral de la relación, la autoridad laboral debe remitir una demanda al Juzgado de lo Social iniciando el procedimiento de oficio, suspendiendo el procedimiento liquidatorio y el expediente administrativo sancionador.
La doctrina jurisprudencial (TS 5-5-94, Rec 1536/93; 17-4-96, Rec 3766/95; 2-6-97, Rec 3216/96; 14-4-97, Rec 3714/95) ha admitido la validez de los procedimientos de oficio en los que la autoridad laboral solicita que el Juzgado de lo Social se pronuncie sobre la existencia o no de relación laboral, en supuestos en los que la Administración considera que se ha simulado la existencia de un contrato de trabajo con la finalidad de obtener fraudulentamente prestaciones por desempleo. Son procedimientos en los que la autoridad laboral es quien niega que exista relación laboral entre las partes. Se trata de un supuesto distinto del previsto literalmente en la derogada LPL art.149 y en la vigente LRJS art.148.d. Sin embargo, como quiera que el acta levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se refiere a hechos en que se discute la naturaleza laboral de la relación objeto de la actuación inspectora, el TS admitía que este supuesto era subsumible en la LPL art.149, lo que obliga a concluir que asimismo puede subsumirse en la LRJS art.148.d.
El objeto del procedimiento de oficio regulado en la LRJS art.148.d, se limita a determinar si existe o no relación laboral entre las partes. Y el pronunciamiento judicial debe limitarse a declarar la existencia o inexistencia de relación laboral.
La interposición de la demanda de oficio, cuando concurren los requisitos legales, no es meramente facultativa: se trata de un trámite preceptivo, cuya omisión conlleva la nulidad del acto recurrido, al haberse producido una flagrante omisión de trámites esenciales del procedimiento sancionador (TSJ Navarra cont-adm 3-5-01, núm 669/01). En el mismo sentido, TS 8-7-04 cont-adm Rec 31/2003).
Si el sujeto responsable no impugna el acta de infracción o liquidación durante la tramitación del expediente administrativo, no concurrirán los requisitos legales y la autoridad laboral no deberá formular demanda de oficio, sin que su omisión en este caso conlleve la nulidad de la resolución administrativa imponiendo la sanción.
Respecto del plazo de prescripción de esta demanda de oficio, no es aplicable el ET art.59.1 sino los plazos prescriptivos propios de la potestad sancionadora (TS 12-7-04, Rec 2756/03; 21-10-04, Rec 4567/03; 25-10-05, Rec 3078/04; 15-11-06, Rec 3331/05) puesto que en estos procedimientos de oficio no se reclama derecho alguno. Este procedimiento de oficio de la LRJS art.148.d, tiene como finalidad servir como presupuesto necesario para la aplicación de normas sancionadoras, por lo que el plazo de prescripción no es el propio de las acciones derivadas del contrato de trabajo sino la prescripción de las infracciones administrativas.

C) Procedimiento

 

En la modalidad procesal de Seguridad Social, el Juzgado reclama de oficio el expediente administrativo (LRJS art.143.1). Ello se debe a que se trata normalmente de una demanda interpuesta por un particular contra una Administración de la Seguridad Social, lo que supone que el demandante no tiene en su poder el expediente administrativo. En cambio, en este procedimiento de oficio es la propia Administración pública quien interpone la demanda. Y como dicha Administración ha tramitado el expediente administrativo, debe acompañar copia del mismo junto con la demanda.
En este procedimiento de oficio la autoridad laboral tiene la condición de parte procesal porque la Administración no actúa como mera gestora de intereses particulares, por lo que está legitimada para intervenir en este tipo de procesos a todos los efectos (TS 5-5-94, Rec 1536/93, dictada en Sala General; 14-3-06, Rec 133/05). Por tanto, la autoridad laboral es citada al juicio oral, puede proponer pruebas, intervenir en la práctica de los medios de prueba, se le notifica la sentencia resolutoria del procedimiento y está legitimada para interponer los correspondientes recursos.
La LRJS art.148.d, párrafo 2º, establece que a este procedimiento de oficio se le aplican las reglas establecidas en la LRJS art.150.2.a y d. La remisión expresa a estas dos especialidades y solo a ellas obliga a concluir que las restantes especialidades de la LRJS art.150.2 no son aplicables a este procedimiento de oficio.
Por tanto, los trabajadores perjudicados son emplazados y pueden comparecer en este procedimiento. Pero aunque no lo hagan, se seguirá el procedimiento de oficio. Si comparecen, tendrán la consideración de parte procesal pero con ciertas limitaciones: no podrán desistir, ni solicitar la suspensión del proceso.
Y las afirmaciones de hechos que se contengan en la comunicación remitida por la autoridad laboral harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada.
Con la finalidad de evitar maniobras dilatorias por parte del sujeto responsable, cuando se entienda que sus alegaciones pretenden la dilación de la actuación administrativa, el órgano judicial debe imponer la multa que señalan la LRJS art.75.4 y 97.3 (de 180 a 6.000 euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio). Y si la actuación dilatoria la realiza el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, dentro de los límites establecidos para la instancia (600 euros), suplicación (1.200 euros) y casación (1.800 euros).
La sentencia firme resolutoria del procedimiento judicial se comunica a la autoridad laboral, que debe respetar el pronunciamiento del orden jurisdiccional social sobre el fondo del asunto. Ello supone que la continuidad del procedimiento administrativo depende del contenido de la sentencia puesto que si se declara, por ejemplo, la inexistencia de relación laboral entre las partes, no será dable imponer la correspondiente sanción, ni efectuar la liquidación de cuotas de la Seguridad Social. Asimismo, los tribunales contencioso-administrativos están vinculados por la sentencia del orden social, debiendo limitarse su pronunciamiento a las cuestiones ajenas al pronunciamiento social.

III. REQUISITOS DE LA DEMANDA

 

Los requisitos de la demanda de oficio son los siguientes:
1) La designación del órgano ante quien se presente, así como la expresión de que se trata de un procedimiento de oficio
2) La designación del demandado, (demandante) con expresión del número del documento nacional de identidad o del número y tipo de documento de identificación de los ciudadanos extranjeros, y de aquellos otros interesados que deban ser llamados al proceso y sus domicilios, indicando el nombre y apellidos de las personas físicas y la denominación social de las personas jurídicas. Si la demanda se dirigiese contra una masa patrimonial, patrimonio separado, entidad o grupo carente de personalidad, además de identificarlos suficientemente, habrá de hacerse constar el nombre y apellidos de quienes aparezcan como administradores, organizadores, directores, gestores, socios o partícipes, y sus domicilios, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la masa patrimonial, entidad o grupo y de sus gestores e integrantes.
En el procedimiento de oficio tienen la condición de parte los empresarios que presuntamente han vulnerado la normativa laboral y, en su caso, los trabajadores perjudicados.
3) La enumeración clara y concreta de los hechos sobre los que verse la pretensión y de todos aquellos que, según la legislación sustantiva, resulten imprescindibles para resolver las cuestiones planteadas. En particular, deben incluirse los hechos que se estiman constitutivos de discriminación o de otro incumplimiento laboral. Y se consignará, en su caso, el acuerdo de suspensión, reducción de jornada o extinción impugnado y la causa invocada, junto con la identificación de las partes que intervinieron en el mismo.
4) La súplica correspondiente, en los términos adecuados al contenido de la pretensión ejercitada. En particular, debe precisarse la concreta pretensión declarativa o de condena que se pide del órgano jurisdiccional, con expresión, de proceder, de los perjuicios estimados o de las bases para la determinación de la indemnización correspondiente, así como de los datos identificativos de los trabajadores afectados y sus domicilios.
La importancia del relato fáctico de la demanda de oficio radica en que goza de presunción de certeza (LRJS art.150.2.d). Esta presunción no es una mera traslación de la presunción de certeza de las actas de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, puesto que no se limita a los hechos constatados por estos funcionarios sino, conforme a su tenor literal, a todas las afirmaciones de hechos contenidas en la demanda de oficio (TSJ País Vasco 16-5-06, Rec 276/06), que son consecuencia del procedimiento administrativo sancionador, en el que normalmente se practican pruebas. Esta presunción puede quedar desvirtuada por las pruebas practicadas en el procedimiento de oficio.
5) Si el demandante litiga por sí mismo, debe designar un domicilio, de ser posible en la localidad donde resida el juzgado o tribunal, en el que se practicarán todas las diligencias que hayan de entenderse con él.
6) Fecha y firma.

IV. PLURALIDAD DE TRABAJADORES INTERVINIENTES

 

La LRJS art.19.2 establece que cuando en un proceso demanden de forma conjunta más de diez actores, deben designar un representante común, que debe ser necesariamente Abogado, Procurador, Graduado Social colegiado, uno de los demandantes o un sindicato. Se trata de un precepto que busca la celeridad y la economía procesal, evitando que cada demandante tenga un representante distinto, lo que puede dar lugar a duplicidades y reiteraciones en el juicio oral y en el resto de intervenciones procesales.
La LRJS art.149.2 constituye una especialidad de la LRJS art.19.2. Como los trabajadores tienen la condición de parte en los procedimientos de oficio (LRJS art.150.2.a), en aras a la celeridad y economía procesal, cuando la demanda de oficio afecte a más de diez trabajadores, si estos comparecen al juicio deben designar un representante común. La redacción de la LRJS art.149.2 es defectuosa porque prevé la designación de un único representante cuando haya más de diez trabajadores afectados. El dato esencial no es el relativo a cuántos trabajadores están afectados sino cuántos trabajadores comparecen a juicio. La remisión a la LRJS art.19 aclara el sentido de esta norma.
Como excepción, si un procedimiento de oficio existen intereses contrapuestos de los trabajadores comparecidos, cada trabajador o grupo de trabajadores con intereses contrapuestos, tiene derecho a designar su propio representante que defienda sus intereses, so pena de causarles la indefensión prohibida por la Const art.24: si un grupo de trabajadores afectados tiene intereses contrapuestos a otros, no cabe obligarles a que acepten el representante común designado por éstos, que defenderá los intereses de estos trabajadores pero no los de todos.
Quien debe requerir a los trabajadores para que designen representante común no es el órgano judicial sino el Secretario Judicial.

V. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y ESPECIFICIDADES PROCESALES

 

La LRJS art.150, que regula la admisión de la demanda de oficio, con el trámite de subsanación, y las particularidades del procedimiento de oficio, es trasunto literal de la LPL art.148, con las únicas salvedades de que 1) se menciona expresamente que se emplazará a los trabajadores perjudicados, y 2) consta que la conciliación también puede autorizarla el juez o tribunal.

1. Admisión de la demanda

 

La LRJS art.150 reitera, en el ámbito del procedimiento de oficio, el trámite de subsanación de la demanda establecido con carácter general en la LRJS art.81.1, con la única diferencia de que el plazo de subsanación se amplía a diez días. Con una finalidad pro actione, el Secretario Judicial debe examinar la demanda a fin de constatar si reúne los requisitos legales. En caso contrario, debe advertir a la parte demandante (que puede ser la autoridad laboral o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social) para que subsane en el plazo de diez días los defectos u omisiones que padezca. Si la parte demandante no subsana el defecto u omisión, se debe decretar el archivo de la causa (TSJ Castilla y León, con sede en Valladolid, 14-4-00, Rec 240/00).
La ampliación del plazo de subsanación, que es de cuatro días en el proceso ordinario (LRJS art.81.1) y de diez días en el procedimiento de oficio, se debe a la condición de Administración pública que tiene la parte actora.
Como el requerimiento de subsanación corresponde al Secretario Judicial, si la parte actora no efectúa la subsanación en plazo, el Secretario Judicial debe ponerlo en conocimiento del Tribunal para que éste resuelva sobre la admisión de la demanda. Puede suceder que el Tribunal discrepe del Secretario Judicial y considere que la demanda no adolecía de defectos formales que justifiquen su inadmisión, en cuyo caso acuerda que se dé trámite al procedimiento. En caso contrario, se dicta auto acordando el archivo de las actuaciones. Esta resolución de archivo significa la finalización del procedimiento judicial, por lo que no se ha atribuido al Secretario Judicial sino al propio Tribunal. Contra este auto cabe interponer recurso de reposición. Y contra el auto que desestime dicho recurso, cabe interponer recurso de suplicación: LRJS art.191.4.c.2º.
Si en el momento de dictar sentencia, el Tribunal constata la existencia de defectos u omisiones de la demanda, sin que se diera a la parte actora la posibilidad de subsanación, procede anular las actuaciones de instancia desde el momento de presentarse la demanda, a fin de que se cumpla dicho trámite (SSTS de 24 de abril de 2002, recurso 3051/2001 y 29 de abril de 2005, recurso 516/2004).

2. Tramitación de oficio

 

La LRJS establece que se emplaza a los trabajadores perjudicados por los hechos que han dado lugar al procedimiento de oficio, y si comparecen en el proceso tienen la condición de parte procesal. Pero su inasistencia no impide la tramitación del procedimiento, que se sigue de oficio. Y no pueden desistir, ni solicitar la suspensión del proceso. Sí que pueden recurrir en suplicación contra la sentencia de instancia (TSJ Murcia 7-2-00, núm 170/00). Los trabajadores perjudicados no pueden disponer del objeto del proceso de oficio.

3. Conciliación

 

La finalidad del procedimiento de oficio es proteger los intereses de los trabajadores perjudicados por la actuación empresarial. Esta finalidad justifica la ampliación de los supuestos que impiden que se apruebe la conciliación. La LRJS art.84.2 establece que la conciliación no debe aprobarse cuando la convenido constituye lesión grave para alguna de las partes o para terceros, fraude de ley, abuso de derecho o resulta contrario al interés público. La LRJS art.150.2.b añade a dichos supuestos que, en el procedimiento de oficio, la conciliación solo puede autorizarse cuando fuera cumplidamente satisfecha la totalidad de los perjuicios causados con la infracción. La inconcreción de esta mención deja un amplio margen al Secretario Judicial.
La L 13/2009, atribuyó la autorización de la conciliación al Secretario Judicial. El control judicial de esta causa de extinción del proceso solamente se produce si se ejercita la acción de impugnación de la validez de la avenencia, cuya resolución corresponde al mismo Juzgado o Tribunal al que hubiera correspondido la demanda (LRJS art.84.6).
La LRJS ha subsanado la discordancia entre el proceso ordinario y el procedimiento de oficio existente en la derogada LPL. La LPL art.84.1 atribuía la conciliación previa al juicio oral al Secretario Judicial. Pero una vez que comenzaba el juicio, la competencia conciliatoria se atribuía al Juez, de forma que si, durante la celebración del juicio oral, las partes procesales alcanzaban un acuerdo, debía ser aprobado por el Juez que presidía el juicio. Por el contrario, en el procedimiento de oficio, la LPL art.148.2.b, establecía que la autorización de la conciliación le correspondía al Secretario judicial, sin diferenciar entre la conciliación celebrada antes del juicio y la posterior. La LRJS art.150.2.b, corrige esta discordancia, estableciendo que la conciliación «podrá autorizarse por el secretario judicial o en su caso por el juez o tribunal».

4. Pactos entre trabajadores y empresarios

 

El empresario infractor y los trabajadores perjudicados no se relacionan en un plano de igualdad material. La desigualdad entre unos y otros puede propiciar pactos abusivos en relación con los derechos de los trabajadores cuya vulneración ha dado lugar al acta de infracción. Por ello, la LRJS establece un mecanismo de garantía consistente en que condiciona la eficacia de estos pactos a que se celebren en presencia del Inspector de Trabajo y Seguridad Social que levantó el acta de infracción que dio lugar al procedimiento de oficio, o de la autoridad laboral, lo que permite que puedan informar a las partes de sus derechos antes de suscribir el acuerdo. Conforme al tenor literal de este precepto, no se exige que el Inspector o la autoridad laboral convaliden o aprueben el pacto, sino únicamente que se celebre «a presencia suya». Se trata de un requisito formal cuyo incumplimiento conlleva la nulidad del acuerdo.
De acuerdo con la redacción literal de la LRJS art.150.2.c, el pacto solo es válido cuando se celebre «a presencia del inspector de trabajo que levantó el acta». La norma exige que se trate del mismo Inspector que redactó el acta de infracción. Sin embargo, si por alguna razón justificada el citado Inspector no puede estar presente en dicho pacto y le sustituye otro Inspector de Trabajo y Seguridad Social, no parece que ello conlleve la nulidad del pacto.
La LRJS art.150.2 regula las especialidades del procedimiento de oficio. Se trata de una norma procesal relativa a las especialidades de una modalidad procesal concreta, por lo que, en principio, se refiere a las actuaciones posteriores a la interposición de la demanda. Sin embargo, el apartado c) de este precepto regula los pactos «posteriores al acta de infracción». El tenor literal de la norma incluye no solo los pactos entre trabajadores y empresarios posteriores a la admisión a trámite de la demanda, sino los anteriores a dicha admisión pero posteriores a la fecha del acta de infracción.
Esta discordancia se debe a que la LRJS art.150.2.c, regula unos hechos acaecidos al margen del proceso. Dicho precepto debe interpretarse, conforme a su tenor literal, en el sentido de que se refiere a todos los pactos posteriores al acta de infracción, aun cuando sean anteriores a la demanda de oficio. En caso contrario, los pactos entre empresarios y trabajadores posteriores al acta de infracción pero anteriores a la demanda de oficio, no estarían sometidos a dicho control, que pretende evitar los pactos abusivos, lo que conduciría a la desprotección de los trabajadores, careciendo de sentido la diferencia de garantías entre los pactos anteriores a la demanda y los posteriores.
El hecho de que este acuerdo se haya celebrado en presencia del Inspector o de la autoridad laboral, no excluye que pueda ser impugnado y dejado sin efecto por la autoridad laboral.

5. Eficacia probatoria

 

La LRJS art.150.1.d establece que las afirmaciones de hechos de la resolución o comunicación base del proceso hacen fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada.
El procedimiento de oficio se inicia en virtud de una resolución, acuerdo, acta de infracción o comunicación de la autoridad laboral que debe reunir los requisitos generales de las demandas de los procesos ordinarios (LRJS art.149). Esta demanda de oficio necesariamente debe contener afirmaciones de hecho, que constituyen el substrato fáctico de la demanda. La mención «harán fe salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada», constituye una auténtica inversión de la carga de la prueba, en virtud de la cual, si la parte demandada quiere desvirtuar estas afirmaciones fácticas, deberá proponer y practicar medios de prueba que acrediten su incerteza.
Las Administraciones Públicas sirven con objetividad a los intereses generales (Const art.103). Por ello, determinadas afirmaciones de hecho contenidas en las actas e informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en las resoluciones y comunicaciones de la autoridad laboral que inician los procedimientos de oficio, gozan de presunción de certeza. La LRJS atribuye a la resolución, acuerdo o comunicación que inicia el procedimiento de oficio, la misma presunción de certeza que a las actas de infracción y liquidación de los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social (RD 928/1998 art.15; L 42/1997 disp.adic.4ª.2; LISOS art.53.2). Ello se debe a la íntima interconexión existente entre el acta de la Inspección y la demanda de oficio porque esta última se basa en aquélla.
La L 42/1997 disp.adic.4ª.2, exige que se trate de hechos constatados por los Inspectores. Por el contrario, la LRJS art.150.2.d, no menciona esta exigencia. Por ello, se ha afirmado que esta presunción de certeza no se limita a los hechos constatados por estos funcionarios sino, conforme a su tenor literal, a todas las afirmaciones de hechos contenidas en la demanda de oficio (TSJ País Vasco 16-5-06, Rec 276/06, que se refiere la LPL art.148.2.d, del cual es trasunto la LRJS art.150.2.d). Esta presunción de certeza no vulnera el derecho a la presunción de inocencia (TSJ Murcia 31-10-00, Rec 419/00). Pero sí requiere la conformación de hechos de carácter objetivo (TSJ País Vasco 18-1-00, Rec 2460/99).
En el procedimiento de oficio se practican pruebas, lo que permite que el Juez de lo Social, apreciando la prueba practicada, pueda llegar a una conclusión probatoria distinta de las afirmaciones de hecho que aparecen en la demanda de oficio, las cuales habrán quedado desvirtuadas con la prueba evacuada.
En cuanto al recurso de suplicación contra la sentencia resolutoria del procedimiento de oficio, la revisión fáctica suplicacional no puede apoyarse en la resolución o comunicación que inicia el proceso de oficio. Aunque goza de presunción de certeza, el tenor literal de la LRJS art.193.b, requiere que se invoquen pruebas documentales, condición que no tiene la demanda rectora de un procedimiento. Por tanto, aunque una demanda sea materialmente un documento, la demanda que inicia un procedimiento judicial no constituye prueba documental en dicho procedimiento. La prueba documental se aporta en el proceso social en un momento posterior a la demanda: en el juicio oral. Ello supone que cuando la LRJS art.193.b, permite la revisión fáctica suplicacional basada en prueba documental, se refiere a los documentos aportados como prueba documental, no a la demanda rectora de la litis.

6. Acumulación de autos

 

Cuando se interpone una demanda de oficio y se admitida por el Juzgado de lo Social, las demandas individuales en que concurran identidad de personas y de causa de pedir respecto de la demanda de oficio, se acumulan a ésta aunque pendan en distintos Juzgados de la misma circunscripción (LRJS art.31).

NOTAS

 

(1) MOLINS GARCÍA-ATANCE, J.: «Puntos críticos del procedimiento laboral. Situación actual y alternativas» en ORELLANA CANO, A.M. (directora): Puntos críticos del procedimiento laboral. Situación actual y alternativas, Consejo General del Poder Judicial (Cuadernos de Derecho Judicial» número II de 2.005), Madrid, 2006, págs. 345 y 346.
(2) NIEVA FENOLL, J.: «La casación en materia social («ordinaria» y por unificación de doctrina): la decadencia de la casación», RL, nº 15-16, 2004, pág. 37, nota 15 y MONTERO AROCA, J.: «En torno al concepto y contenido del Derecho Jurisdiccional», Estudios de Derecho Procesal, Barcelona, 1981, págs. 15 y ss.
(3) SALINAS MOLINA, F. y FOLGUERA CRESPO, J.A.: La nueva Ley de la Jurisdicción Social. El juez social como garante de los derechos fundamentales en las relaciones laborales, La Ley. Grupo Wolters Kluwer. Edición on line.
(4) Si el art.153.1 LRJS, en vez de utilizar la preposición: «a», hubiera utilizado la preposición: «de», en tal caso la mención: «intereses generales» se hubiera aplicado tanto al «grupo genérico de trabajadores» como al «colectivo genérico susceptible de determinación individual», lo que hubiera modificado el sentido de la norma.
(5) LÓPEZ BALAGUER, M.: la reforma del proceso laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 385.
(6) Vide ALARCÓN CARACUEL, M.R. en FOLGUERA CRESPO, J.A.; SALINAS MOLINA, F. y SEGOVIANO ASTABURUAGA, M.L. (directores): Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Lex Nova, Valladolid, 2011, págs. 595 a 611.
(7) Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, edición on line.
(8) ALARCÓN CARACUEL, M.R. en FOLGUERA CRESPO, J.A.; SALINAS MOLINA, F. y SEGOVIANO ASTABURUAGA, M.L. (directores): Comentarios a la Ley…, ob. cit., págs. 598 y 599.
(9) LÓPEZ BALAGUER, M.: la reforma…, ob. cit., págs. 383 y 384.
(10) LLEÓ CASANOVA, B. en RODRÍGUEZ PASTOR, G.E. y ALFONSO MELLADO, C.A.: La nueva Ley de la Jurisdicción Social, Bomarzo, Albacete, 2012, págs. 195 y 196, nota 148, con cita de la sentencia del TS de 31-10-2000, RJ 9628.
(11) ALARCÓN CARACUEL, M.R. en FOLGUERA CRESPO, J.A.; SALINAS MOLINA, F. y SEGOVIANO ASTABURUAGA, M.L. (directores): Comentarios a la Ley…, ob. cit., pág. 610.
(12) ALARCÓN CARACUEL, M.R. en FOLGUERA CRESPO, J.A.; SALINAS MOLINA, F. y SEGOVIANO ASTABURUAGA, M.L. (directores): Comentarios a la Ley…, ob. cit., pág. 611.
(13) ALARCÓN CARACUEL, M.R. en FOLGUERA CRESPO, J.A.; SALINAS MOLINA, F. y SEGOVIANO ASTABURUAGA, M.L. (directores): Comentarios a la Ley…, ob. cit., pág. 623.
(14) ALARCÓN CARACUEL, M.R. en FOLGUERA CRESPO, J.A.; SALINAS MOLINA, F. y SEGOVIANO ASTABURUAGA, M.L. (directores): Comentarios a la Ley…, ob. cit., pág. 615.
(15) LLEÓ CASANOVA, B. en RODRÍGUEZ PASTOR, G.E. y ALFONSO MELLADO, C.A.: La nueva Ley…, ob. cit., págs. 196 y 197.
(16) En contra de que se desestime la demanda por este motivo se ha pronunciado ALARCÓN CARACUEL, M.R. en FOLGUERA CRESPO, J.A.; SALINAS MOLINA, F. y SEGOVIANO ASTABURUAGA, M.L. (directores): Comentarios a la Ley…, ob. cit., pág. 618.
(17) ALARCÓN CARACUEL, M.R. en FOLGUERA CRESPO, J.A.; SALINAS MOLINA, F. y SEGOVIANO ASTABURUAGA, M.L. (directores): Comentarios a la Ley…, ob. cit., pág. 621.
(18) SALINAS MOLINA, F. en FOLGUERA CRESPO, J.A.; SALINAS MOLINA, F. y SEGOVIANO ASTABURUAGA, M.L. (directores): Comentarios a la Ley…, ob. cit., pág. 925.
(19) SALINAS MOLINA, F. en FOLGUERA CRESPO, J.A.; SALINAS MOLINA, F. y SEGOVIANO ASTABURUAGA, M.L. (directores): Comentarios a la Ley…, ob. cit., pág. 931.
(20) Los informes de expertos están regulados en el art.95 LRJS, el cual establece que el juez o tribunal podrá oír el dictamen de una o varias personas expertas en la cuestión objeto del pleito. Por su parte, el art.340.1 LEC dispone que los peritos deberán poseer el título oficial correspondiente a la materia objeto del dictamen. Si se trata de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias.
(21) SÁNCHEZ CARRION, J.L.: «La vertiente jurídico constitucional del derecho a la prueba en el ordenamiento español», Revista de Derecho Político, núm. 42, 1997, págs. 191 y ss., quien sostiene que el actual artículo 24 CE no se puede hablar sólo de un derecho fundamental limitado a utilizar los medios de prueba pertinentes sino del derecho fundamental genérico a la prueba y, dentro del mismo, a tres modalidades o vertientes específicas que configuran el contenido pleno del derecho y que aparecen incardinadas en otros tantos derechos fundamentales autónomos: a) El derecho a los medios de prueba pertinentes, b) El derecho a un proceso con todas las garantías legales, c) El derecho de defensa, o lo que es igual, la prohibición constitucional de la indefensión
(22) MOLINS GARCÍA-ATANCE, J.: El recurso de suplicación. La revisión de los hechos probados, Cizur Menor, Aranzadi, 2005, págs. 354 y ss.
(23) GARCÍA BLASCO, J.: Aplicación del Derecho de Trabajo y nuevo proceso de oficio, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1993 y ROQUETA BUJ, R. en RODRÍGUEZ PASTOR, G.E. y ALFONSO MELLADO, C.A.: La nueva Ley de la Jurisdicción Social, Bomarzo, Albacete, 2012, pág. 257.
(24) Sentencia del TSJ de Cantabria de 29-5-1999, recurso 1547/1997.
(25) MAURANDI GUILLÉN, N.A., en FOLGUERA CRESPO, J.A.; SALINAS MOLINA, F. y SEGOVIANO ASTABURUAGA, M.L. (directores): Comentarios a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, Lex Nova, Valladolid, 2011, pág. 581.
(26) En el mismo sentido se pronuncia ROQUETA BUJ, R. en RODRÍGUEZ PASTOR, G.E. y ALFONSO MELLADO, C.A.: La nueva Ley de la Jurisdicción Social, Bomarzo, Albacete, 2012, pág. 261, nota 185, con cita de las sentencias del TS de 13-12-1995, recurso 1353/1994 y del TSJ de las Islas Canarias de 27-2-2007, recurso 1151/2006. Estas sentencias se refieren a dos supuestos distintos: la primera de ellas a una acumulación de acciones, no de procesos. Y la segunda a una acumulación del procedimiento de oficio del art.149.2 de la derogada LPL: la impugnación de un acta de infracción con base en alegaciones y pruebas de las que se deduzca que el fondo de la cuestión está atribuida al orden jurisdiccional social.
Por ende, se trata de sentencias que enjuiciaron supuestos distintos de la acumulación de una demanda de oficio reclamando una indemnización a favor de un trabajador con una demanda de tutela de derechos fundamentales con el mismo objeto.
(27) LÓPEZ BALAGUER, M.: la reforma…, ob. cit., pág. 376, utiliza la denominación: procedimiento de oficio con finalidad calificadora (de la relación de trabajo).

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