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Beneficio de justicia gratuita en el proceso laboral. Cuestiones prácticas

Artículo publicado en Actum Social nº 48. Enero/Febrero 2011

Rosa María Virolés Piñol

Magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Especialista del Orden Jurisdiccional Social

 

ÍNDICE
1. Regulación legal de la asistencia jurídica gratuita.
2. Contenido material del derecho.
3. Asistencia jurídica gratuita en el proceso laboral.
4. Desarrollo reglamentario de la LAJG: RD 996/2003, de 25 de julio, que aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.
5. Excepciones de gratuidad previstas en la Ley de Procedimiento Laboral.
6. Clases de beneficios de asistencia jurídica gratuita.
6.1. Beneficio Legal.
6.2. Beneficio Administrativo.
7. Cuestiones prácticas en la aplicación del beneficio.
8. Breve selección de resoluciones judiciales de interés en relación con las cuestiones prácticas planteadas.

1. REGULACIÓN LEGAL DE LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

 

La L 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, en su Exposición de Motivos, en primer lugar justifica la reforma de la regulación anterior señalando que: «Los derechos otorgados a los ciudadanos por la Const art.24 y 25 son corolario evidente de la concepción social o asistencial del Estado Democrático de Derecho, tal y como ha sido configurado por nuestra Norma Fundamental. En lógica coherencia con los contenidos de estos preceptos constitucionales, y al objeto de asegurar a todas las personas el acceso a la tutela judicial efectiva, el art.119 del propio texto constitucional previene que la Justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Con todo ello, nuestra Norma Fundamental diseña un marco constitucional regulador del derecho a la tutela judicial que incluye, por parte del Estado, una actividad prestacional encaminada a la provisión de los medios necesarios para hacer que este derecho sea real y efectivo incluso cuando quien desea ejercerlo carezca de recursos económicos.
Suprimidas por la L 25/1986 las tasas judiciales, el núcleo de los costes económicos derivados del acceso a la tutela judicial viene determinado por la intervención en el mismo, por imperativo legal, en la mayor parte de las ocasiones, de profesionales especializados en la defensa y representación de los derechos e intereses legítimos. En efecto, una vez que el Estado ha renunciado a la percepción de cualquier cantidad por el acceso al aparato judicial, son los honorarios de abogados, de procuradores y, en su caso, de cualesquiera otros profesionales, así como el coste de la obtención de las pruebas documentales o periciales necesarias, los que implican un coste económico inasumible para los ciudadanos que no disponen de los recursos económicos necesarios para hacerles frente.
La previsión constitucional del art.119 ha sido ya objeto de desarrollo por la LO 6/1985, del Poder Judicial, que en sus art.20.2 y 440.2 recoge el mandato constitucional y remite, para la regulación del sistema de justicia gratuita, a la ley ordinaria. En virtud de esta reserva de ley, corresponde al legislador ordinario dar cumplimiento a la encomienda constitucional de que se articule un sistema de justicia gratuita para aquellos que carezcan de recursos.».
Seguidamente, se refiere a su «vocación unificadora», finalidad a la que responde la Ley, «cuyo objeto es regular un sistema de justicia gratuita que permita a los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y ver adecuadamente defendidos sus derechos e intereses legítimos».
«Se trata, pues, de una ley cuyos beneficiarios y destinatarios directos son todos los ciudadanos que pretendan acceder a la tutela judicial efectiva y vean obstaculizado dicho acceso en razón de su situación económica. La finalidad es, por tanto, garantizar el acceso a la Justicia en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos.
Frente a la dispersa legislación procesal que hasta ahora ha regulado la justicia gratuita, esta norma viene a unificar en sí misma el nuevo sistema legal de justicia gratuita; así pues, tal y como fue entendido por la Cámara Baja al aprobar por unanimidad en su sesión celebrada el 10 de mayo de 1994 la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, ratificada por la Resolución de 9 de febrero de 1995, la presente Ley regula un sistema único, concentrado en una sola norma, con las lógicas consecuencias de claridad y certeza que redundan, en definitiva, en un incremento de la seguridad jurídica». Se refiere en su punto 3 a la ampliación del contenido material del derecho, señalando que: «Al objeto de remover los obstáculos que impiden que los ciudadanos más desprotegidos accedan a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad, la presente Ley opera una notable transformación en el contenido material del derecho a la asistencia jurídica gratuita, configurándolo de forma más amplia.
En efecto, frente a los beneficios hasta ahora recogidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, el nuevo sistema configura un derecho más completo y por tanto más garantizador de la igualdad de las partes en el proceso, eliminando onerosidades excesivas que no son sino negaciones prácticas de aquélla; así pues, a los beneficios ya consagrados por nuestro ordenamiento jurídico como propios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, la Ley añade nuevas prestaciones tales como el asesoramiento y la orientación previos a la iniciación del proceso lo cual ha de evitar en numerosas ocasiones litigios artificiales tan costosos en todos los sentidos para la Justicia-, la asistencia pericial en el mismo y la reducción sustancial del coste para la obtención de escrituras y documentos notariales y de aquellos documentos emanados de los Registros Públicos, que puedan ser precisos para las partes en el proceso.«
El apartado 4, se refiere al reconocimiento del derecho, señalando que: «De igual modo, la Ley supone un paso más en la protección de esos ciudadanos más desfavorecidos que necesitan acceder a la tutela judicial para ver realizadas sus legítimas pretensiones o defendidos sus derechos.
Bajo la amplia libertad de configuración legal que se deriva de la Const art.119 -libertad que nuestro Tribunal Constitucional ya reconoció expresamente-, la presente Ley llega más lejos que el sistema anterior al adoptar los criterios para reconocer el derecho de asistencia jurídica gratuita, estableciendo un doble mecanismo: por un lado, un criterio objetivo para el reconocimiento del derecho, basado en la situación económica de los solicitantes, y complementado por un mecanismo flexible de apreciación subjetiva acorde con nuestra jurisprudencia constitucional, que posibilita efectuar el reconocimiento excepcional del derecho a personas cuya situación económica excede del módulo legal pero que, sin embargo, afrontan unas circunstancias de una u otra índole que deben ser ponderadas y que hacen conveniente ese reconocimiento.
En estos segundos supuestos excepcionales, y he aquí precisamente la diferencia con el régimen que la Ley de Enjuiciamiento Civil tenía establecido hasta hoy, la extensión del derecho puede llegar a ser total, incluyendo todas las prestaciones que lo integran.
Sin perjuicio de todo lo anterior, quedará siempre garantizado el derecho de los interesados a la libre designación de abogado y procurador».
A la actuación administrativa se refiere en su apartado 5: «A pesar de que la evaluación del cumplimiento de los requisitos para gozar del derecho a la asistencia jurídica gratuita no es en sentido estricto una función jurisdiccional, así se ha mantenido tradicionalmente en nuestra legislación procesal.
Lejos de esa concepción, constituye esencial propósito de la Ley la «desjudicialización» del procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita, optándose así por las más modernas pautas que configuran dicha función como una actividad esencialmente administrativa.
La traslación del reconocimiento del derecho a sede administrativa responde a dos motivos: en primer término, se descarga a los Juzgados y Tribunales de una tarea que queda fuera de los márgenes constitucionales del ejercicio de la potestad jurisdiccional y, en segundo lugar, se agiliza la resolución de las solicitudes de los ciudadanos mediante una tramitación sumaria y normalizada. El reconocimiento del derecho pasa, por tanto, a convertirse en una función que descansa sobre el trabajo previo de los Colegios profesionales, que inician la tramitación ordinaria de las solicitudes, analizan las pretensiones y acuerdan designaciones o denegaciones provisionales, y, por otra parte, sobre la actuación de unos nuevos órganos administrativos, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, como órganos formalmente responsables de la decisión final, y en cuya composición se hallan representadas las instancias intervinientes en el proceso.
No quiere ello decir que los órganos jurisdiccionales pierdan todo su peso en el reconocimiento, ya que la Ley garantiza suficientemente el control judicial sobre la aplicación efectiva del derecho, habilitando a aquéllos para decidir sobre el mismo, en vía de recurso».
Dedica el apartado 6, a la financiación pública, señalando que: «Esta meta legal de proporcionar a los ciudadanos que lo precisen un sistema rápido y eficaz de justicia gratuita se articula, como hasta ahora, sobre la base de un servicio público, prestado por la Abogacía y la Procuraduría, financiado con fondos igualmente públicos. De hecho, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de nuestro Tribunal Constitucional, el Estado es el responsable del recto funcionamiento del servicio por la sola obligación constitucional de proveer a la defensa de quienes carezcan de recursos; esta jurisprudencia ha dejado claramente establecida la responsabilidad pública en tal sentido, como deber positivo del Estado de garantizar el derecho de acceso a la Justicia o, lo que es lo mismo, a la tutela judicial efectiva como derecho fundamental que es.
Ello conduce a la obligación de establecer mecanismos de control que aseguren el adecuado destino de los fondos públicos asignados al servicio, de tal forma que no se beneficien de dichos fondos quienes no precisen de asistencia alguna.
Así pues, la Ley fija los criterios básicos de la financiación del servicio, cuyo coste deberá ser periódicamente evaluado por los poderes públicos, que en todo caso deberán seguir el principio de que el servicio de asistencia jurídica gratuita esté digna y suficientemente remunerado, haciéndose efectiva su retribución en plazos razonables. Tanto lo relativo a la financiación, como las reglas referentes a la prestación y funcionamiento del servicio se conciben con la flexibilidad y generalidad propias de una norma de rango legal, que habrán de permitir que su desarrollo por normas de rango inferior facilite el adecuado ajuste a las cambiantes situaciones económicas y sociales, evitando así la petrificación del ordenamiento y la consagración en normas con la rigidez legal de materias que, por su propia naturaleza, son susceptibles de sucesivas transformaciones en muy poco tiempo. Tal regulación reglamentaria fue llevada a cabo con carácter urgente, y como paso inicial y transitorio de la actual reforma del sistema de justicia gratuita, mediante el RD 108/1995, sobre medidas para instrumentar la subvención estatal a la asistencia jurídica gratuita».
Por último, en el apartado 7 se refiere a la ordenación competencial: «La Ley resulta, en fin, respetuosa con la ordenación competencial que deriva de nuestra Norma Fundamental y de los Estatutos de Autonomía, explicitando los títulos competenciales que, de conformidad con la Const art.149.1 reglas 3, 5, 6 y 18, habilitan al Estado para establecer la nueva regulación, y permitiendo que ésta pueda complementarse con naturalidad con las normas que dicten las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias estatutarias».

2. CONTENIDO MATERIAL DEL DERECHO

 

El artículo 6 de la Ley se refiere al contenido material del derecho, y al efecto señala que: «El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguientes prestaciones:
1. Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.
2. Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste.
3. Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
4. Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
5. Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
6. Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan (nueva redacción de este apartado dada por L 1/2000 disp.final.15ª)
7. Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el Reglamento Notarial art.130.
8. Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.
9. Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.
10. Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 de este artículo no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional».

3. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN EL PROCESO LABORAL

 

En el proceso laboral, que es el objeto de esta breve reflexión, la LPL art.74, proclama los principios que la rigen -inmediación, oralidad, concentración y celeridad-, lo cual no significa que sean los únicos.
El principio de gratuidad figuraba en la LPL art.25.1, en desarrollo de la Const art.119. Como se ha dicho, la LPL art.25 y 26 que regulaban la materia, fueron derogados por la L 1/1996 disp.derog.única, de Asistencia Jurídica Gratuita, por lo que se debe estar a lo dispuesto en dicha Ley y en su Reglamento aprobado por RD 996/2003. Conforme establece la Const art.119: «la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar». En este mismo sentido, la LOPJ art.20.
Conforme a la L 1/1996 art.2, gozan del beneficio en lo que ahora nos interesa: «b) Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, en todo caso. (…) d) En el orden jurisdiccional social, para la defensa en juicio, además, los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales. Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.».
No goza del beneficio de justicia gratuita el personal estatutario de la Seguridad Social conforme a una jurisprudencia reiterada (desde TS 1-4-96; 21-5-96; 7-2-97; TS auto 8-4-98, 9-7-98, 5-11-98 y 15-6-99, 2-4-01).
Con carácter general la gratuidad se limita al proceso de cognición y se excluye al de ejecución. El beneficio se concede -donde no es gratuita- a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, es decir, a los que litigan como tales o con estas cualidades -aunque después resulte no tenerlas-, así como a los que obtengan el reconocimiento judicial o lo tengan por disposición del Estado.
Señala Montoya Melgar, que llama la atención en el precepto el desigual trato de los trabajadores de la relación de trabajo, en cuanto la ley establece una auténtica presunción iuris et de iure de insuficiencia económica para hacer frente a los gastos del proceso, a favor de los trabajadores y beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social, citando la TCo 6-12-83, en cuyo fundamento jurídico II.2 destaca «la presencia de presunciones legales de riqueza y pobreza, respectivamente, que de manera razonable se basan en la comprobada situación material de dichas partes -empresario y trabajador- y en la diferencia sustancial que manifiestan, que está plenamente justificada por regla general», sin que exista tal presunción de falta de medios económicos para litigar en los demás posibles contendientes procesales, a los cuales se exige para que puedan beneficiarse de la gratuidad de la justicia, la demostración de la insuficiencia patrimonial y el consiguiente reconocimiento judicial de ella, por lo que una vez más se está ante una manifestación del principio de tutela de la parte más débil de la relación jurídica, que se traduce en la desnivelación de una igualdad mecánica absoluta a favor del más necesitado de protección, pues como dijo la TCo «debe partirse de la indudable condición diferente que manifiestan el empresario y el trabajador, en la que éste no se encuentra en situación de igualdad respecto a aquél, ya en el campo económico ya en el jurídico, porque la relación de trabajo que les obliga es la supremacía y respectiva subordinación jurídica, e incluso en el ámbito del proceso laboral, en donde el empresario, dispone de mayor poder sobre los actos procesales y sobre la prueba, por lo que en definitiva esa desigualdad real se compensa tuitivamente por el Derecho Laboral estableciendo diversos principios que tienden a conseguir la igualdad favoreciendo a la parte más débil de la relación, siendo uno de ellos otorgar al trabajador la total gratuidad del proceso laboral para conseguir la efectiva justicia de sus derechos, etc.». Atendiendo al contenido de la referida sentencia, la afirmación de Montoya Melgar -aunque solo sea de llamada de atención- no la comparto y yerra de falta de objetividad.
Para Alonso Olea y Miñambres, esta regla de formulación general tan simple tiene que ser, sin embargo, desarrollada y matizada de la forma siguiente que comparto:
1. «Los trabajadores, los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, etc., así como todos los que tengan reconocido este derecho -a la justicia gratuita- por disposición del Estado o por convenios internacionales» disfrutan del beneficio de pobreza sin más, es decir, y esto es muy importante, sin necesidad de reconocimiento especial. Entre estos supuestos de existencia de reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, se encuentran las entidades gestoras de la Seguridad Social (LGSS art.59.3) y la Tesorería General de la Seguridad Social.
2. Los no incluidos en el apartado anterior sólo disfrutarán del beneficio de pobreza si acreditan insuficiencia de recursos para litigar y obtienen el oportuno reconocimiento judicial lo que señaladamente afecta a los empresarios.
Baylos, Cruz y Fernández matizan que, a sensu contrario, no se les reconoce el beneficio en cualquier circunstancia a empresarios y asociaciones empresariales, así como a sindicatos y representaciones unitarias. Para que estos otros sujetos puedan disfrutar del correspondiente beneficio, será preciso que acrediten la insuficiencia de recursos económicos para litigar, siéndoles reconocida por el órgano judicial.
Como señala Martínez Moya, el campo de acción del derecho de asistencia jurídica gratuita es especialmente intenso en el acceso a la jurisdicción. Así, el derecho a la tutela judicial efectiva que proclama la Const art.24.1 comprende primordialmente el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, el derecho a provocar la actividad jurisdiccional que desemboque en una decisión judicial. La doctrina constitucional ha afirmado que este precepto constitucional: a) consagra un derecho de carácter instrumental respecto al derecho de acceso a la jurisdicción reconocido en la Const art.24.1; y b) que constituye una garantía no sólo de los intereses de los particulares, sino también de los intereses generales de la justicia, ya que tiende a asegurar los principios de contradicción e igualdad procesal entre las partes.
El engarce constitucional de este beneficio lo ha destacado el Tribunal Constitucional en su sentencia 51/1996 de 26 de marzo entre otras muchas, diciendo por una parte que debe considerarse comprendido en el derecho a la tutela judicial efectiva la imposibilidad de que una persona quede procesalmente indefensa por carecer de recursos para litigar: Por otra, señalando la obligación de continuar con la defensa del patrocinado hasta que se resuelva la pretensión del nombramiento de nuevo abogado a través del incidente de justicia gratuita; Y finalmente reparando en que si bien constituye interpretación de la legalidad ordinaria por el Juzgado de lo Social o Sala el requisito de insuficiencia de recursos, el juicio de razonabilidad de esta interpretación es revisable en sede constitucional.

4. DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LAJG: RD 996/2003, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

 

La LOPJ art.20 dispone que: «1. La justicia será gratuita en los supuestos que establezca la ley. 2. Se regulará por ley un sistema de justicia gratuita que dé efectividad al derecho declarado en la Const art.24 y 119, en los casos de insuficiencia de recursos para litigar».
Esta ha sido la L 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, que tuvo su desarrollo reglamentario en RD 2103/1996, por el que se aprobó el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, modificado por el RD 1949/2000, y por el RD 1162/2001. Después el RD 996/2003 (BOE 7-8-03), por el que se ha aprobado un nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, que en lo que se refiere a los aspectos problemáticos de la asistencia jurídica gratuita que se suscitan en el orden jurisdiccional social, no cambian la situación existente.
No puede obviarse que el nuevo Reglamento regula el procedimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita por la Administración General del Estado, de ahí que haya de tenerse presente la regulación reglamentaria desarrollada por la Administración Autonómica.
La doctrina se ha cuestionado dos cosas (entre otros, Barrio Calle): Una, la efectividad real de la «vocación unificadora» que está presente en la Exposición de Motivos de la L 1/1996; y otra, los mecanismos de articulación de la Ley de Procedimiento Laboral y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En cuanto a lo primero, el intento unificador no ha pasado de ser un propósito. Los hitos normativos comenzaron con la disp.derog.única, que dejó sin efecto el RDL 2/1995 art.25 y 26 por el que se aprueba el texto refundido de la LPL. Las quiebras del sistema unitario estaban servidas por la propia Ley por: la pervivencia de un régimen singular de postulación no previsto por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
Cabe recordar que en el orden social de la jurisdicción en la instancia no se precisa la defensa por abogado; que conforme a la LPL art.21 tendrá carácter facultativo.
En cambio en los recursos devolutivos que regula la LPL, parte del principio contrario, es decir, exigir la asistencia letrada o de graduado social colegiado: LPL art.193 (recurso de suplicación), art.210 (recurso de casación), art.219 (recurso de casación para la unificación de doctrina), art.229 (disposiciones comunes a los recursos de suplicación y casación) y art.234 (recurso de revisión).
Algunos entienden que también es preceptiva la intervención de letrado en la audiencia al rebelde, por ser un recurso excepcional y extraordinario, y en este sentido se pronuncia la TS 27-9-99. La cuestión es discutible, porque tratándose de un recurso que se ve en instancia tal intervención podría entenderse que es facultativa.
Por su interés se reproducen los fundamentos de la referida TS 27-9-99, que señalan: «La LPL art.21 parte del principio general de que la defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la instancia, con las excepciones que señala el artículo siguiente -que no interesan a los efectos de este recurso-, mientras que en los devolutivos que regula, parte del principio contrario, es decir exigir la asistencia Letrada (LPL art.193, 210, 219, 229 y 234).
Aunque en nuestro derecho la audiencia al rebelde arranca ya de la Ley II Título VII de la partida 3ª, y pese a estar dirigida a garantizar el principio de contradicción, en el ámbito laboral se reguló tardíamente y en esa nueva directriz, ni en el art.182 del anterior texto, ni en el art.183 del actualmente vigente, se resuelve, en su escueta redacción, si es o no obligatoria la intervención de abogado en este proceso. Por ello determinar su naturaleza es esencial a los efectos de la estimación o repulsa del motivo y por ende del recurso, dada esa diferencia establecida por el legislador para la intervención de Letrado según estemos ante la instancia o en los recursos.
El principio angular de todo proceso es el de contradicción o audiencia, por el que se concede a la parte la posibilidad de ser oído, y es de tal trascendencia que incluso de esta exigencia derivaba la antigua denominación del juzgador como Oidor. Actualmente el principio de contradicción se consagra en la Const art.24.1, formando parte de la tutela judicial efectiva, que exige la igualdad de las partes en el proceso.
El medio de impugnación en un sentido estricto entraña el mantener en otro ámbito funcional la pretensión ejercitada, que se intenta frente a resoluciones que no han alcanzado firmeza. Por el contrario en un sentido amplio, se refiere a las resoluciones que tienen el referido carácter de la LEC art.369, y la pretensión, que origina otro proceso, tiene la finalidad de combatir única y exclusivamente la firmeza de la sentencia. En nuestro derecho tienen esta naturaleza, el recurso de revisión y la audiencia al rebelde, y lo tiene igualmente, con repercusión en todos los ámbitos jurisdiccionales, el recurso de amparo
Concretándonos al que nos ocupa, se puede afirmar que el legislador indujo a confusionismo con su terminología cuando nos habla de «prestar audiencia» «conceder audiencia» o «ser oído en audiencia,» pero la doctrina y la jurisprudencia, sentencia entre otras del 20 de mayo de 1983, ha calificado este medio de impugnación de recurso excepcional, que únicamente puede promoverse en el tiempo y por las restringidas causas legales, apartándose de la calificación de extraordinario, como se le adjetivaba en la TS 5-12-58.
El recurso no va dirigido a combatir la declaración de rebeldía, inexistente en el ámbito laboral, sino a lograr la rescisión de la sentencia, pues el principio de seguridad jurídica debe ceder ante las exigencias de la Justicia cuando se violaron principios fundamentales, cual es el de contradicción, pues con él se viene a satisfacer, como hemos indicado, el principio consagrado en el artículo 24 de la Constitución, impidiendo la indefensión en los derechos e intereses y las posibles expectativas de las personas. Pero alcanzado dicho efecto en el juicio rescindente, es preciso ejercitar las acciones conducentes para la tramitación del nuevo proceso, a fin de que no alcance firmeza nuevamente la sentencia que puso término al pleito seguido en rebeldía, como dice la LEC art.784, cuyos principios son exportables al juicio verbal, circunstancia que igualmente hay que tener en cuenta., pues en ese nuevo proceso entrarían en juego las normas de la LPL art.21 anteriormente citado.
(…) Como criterio que igualmente no puede olvidarse para resolver la cuestión planteada. Hay que resaltar que la jurisprudencia de esta Sala, siguiendo las directrices marcadas por la TCo 161/1985, atiende, en sentencias entre otras. Y a vía de ejemplo TS 3-5-90, a las circunstancias concurrentes, entre ellas, a la alegación de excepciones cuya invocación u oposición exigen conocimientos jurídicos
Por ello al aplicar estos criterios se impone la estimación del recurso en cuanto:
A) El legislador distingue entre la instancia y los recursos y el de audiencia al rebelde no sólo es extraordinario sino excepcional, y por ello ha de regirse por esos principios generales.
B) Dada su naturaleza, existe una limitación restrictiva de sus condiciones, tiempos y requisitos, que indudablemente requieren conocimientos técnicos que no pueden presumirse, y en consecuencia ha de ser perceptiva la asistencia letrada.
C) En el supuesto litigioso, si los Jueces y Tribunales han de aplicar las normas reguladoras del proceso, que consagran entre otros el principio de inmediación, en el que puede incardinarse el oír a las partes en condiciones de igualdad, y han de interpretar las normas de acuerdo con estos principios, ante la comunicación del actor indicando que comparecería sin asistencia letrada, la Sala debió de advertirle la necesidad de comparecer bajo ese asesoramiento, dado:
a) Que la comunicación del actor, impuesta por la renuncia en la misma fecha de su letrado, se produjo el día anterior a la vista, sin tiempo material para suplir esa carencia. Y
b) Que la propia providencia del día 1 de julio, notificada el misma día, fecha para la que estaba señalada la comparecencia, al indicar «que en su momento se proveerá lo que proceda», pudo inducir a error al hoy recurrente.
(…) Que los argumentos utilizados por la sentencia que se combate en orden a la aplicación de la LPL art.21 en relación con la LPL art.193 y 229, no son idóneos a los efectos pretendidos en su razonamiento. Independientemente a las razones que pudieran haber motivado la ausencia del recurrente del acto de la vista -problema que no se discute, pues el ámbito del recurso es si se produjo o no la indefensión-, como señala la TCo 208/1992, la pervivencia del derecho a la asistencia letrada, incluso en aquellos procedimientos en que no sea preceptiva, impone a los órganos judiciales la obligación de favorecer el efectivo ejercicio de este derecho (art 6.3 de la L 1/1996 con respecto al derecho a obtener la tutela judicial efectiva) Por ello ante la comunicación del actor, y a fin de garantizar ese derecho debió de advertirle cumpliendo las exigencias de la LPL art.81 aplicable por analogía, que la comparecencia al acto de la vista, según hemos razonado, requería esa asistencia letrada sin cuya intervención no puede valorarse esa posible incomparecencia.
(…) Todo lo razonado lleva, como se indicó, a la estimación del motivo y del recurso, para casar y anular la sentencia recurrida, reponiendo las actuaciones al momento en que el actor manifestó que comparecería sin asistencia Letrada a fin de que se advierta a la parte, concediéndole plazo para ello, para que comparezca designando un nuevo letrado o se proceda en su caso a nombrarle Letrado en Turno de Oficio, conforme se interesa.»
No obstante ello, en la práctica, la regla general de innecesariedad de postulación se convierte en excepción. Lo normal es que las partes estén asistidas y/o representadas por abogado, y/o representadas por graduado social colegiado cuando procede, y en menor medida, por procuradores; razón por la cual es escasa la jurisprudencia sobre la materia.
Ahora bien, habrá de tenerse en cuenta en todo caso, la previsión de la LPL art.21.2, que dispone: «1. La defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación será preceptiva la defensa de abogado. Cuando la defensa sea facultativa, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, podrá utilizarla sin embargo cualquiera de los litigantes, en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos, con las excepciones fijadas en el art.2.d) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o graduado social colegiado, lo hará constar en la demanda. Asimismo, el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado por procurador o graduado social colegiado, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
3. Si en cualquier otra actuación, diversa al acto de juicio, cualquiera de las partes pretendiese actuar asistido de letrado, el Secretario judicial adoptará las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes.
4. La solicitud de designación de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social comportará la suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la prescripción de acciones.«
Es de notar que el texto de la Ley en relación al turno de oficio se refiere exclusivamente a la designación de abogado, pero que bien sería factible la regulación de un turno de oficio de graduado social, pues si alguna de las partes pretende estar representada por graduado social colegiado en la situación actual, es claro que con la regulación actual no podrá acudir al turno de oficio.

5. EXCEPCIONES DE GRATUIDAD PREVISTAS EN LA LPL

 

1. Las excepciones en unos casos tienen que ver con el alcance en la condena en costas que distorsionan el pretendido sistema unificador. Es la LPL art.97.3 («la sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con notoria temeridad, una sanción pecuniaria cuya cuantía máxima en la instancia no excederá de 600 euros. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados. (Según nueva redacción dada por la L 13/2009 art.10.65). Y el art.233 («La sentencia impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio de justicia gratuita». Las costas incluirán los honorarios del letrado de la parte contraria…).
El problema en el orden social reside en determinar el alcance de la condena en costas, en que existen dos posibles interpretaciones:
a) La primera supondría aplicar el régimen civil con las normas específicas del proceso laboral. En el proceso declarativo de instancia, al no ser preceptiva la intervención de letrado ni procurador, no hay costas por este concepto, con independencia de lo previsto como sanción.
En los recursos extraordinarios regiría la regla especial, que sólo permite la condena en costas del recurrente, vencido, que no que no goza del beneficio de justicia gratuita y únicamente por los honorarios del letrado
b) El segundo criterio, impuesto en la práctica forense, afirma que en el proceso social declarativo no hay condena en costas, excepto en los supuestos específicos en que tal condena está prevista de forma expresa en la LPL art.97.3 y 233. No juega la supletoriedad de la LEC en toda su extensión.
2. Depósitos y consignaciones que para recurrir se exigen en diferentes preceptos, régimen que se mantiene intacto en la LPL.
3. Las costas en la ejecución. La mejor doctrina sostuvo que la derogación de la LPL art.25 por la LAJG no aportó nada nuevo. Con la nueva LEC el precepto con el que hay que conectar las previsiones específicas de la LPL es la LEC art.539.2.
4. Tercerías. La regla de supletoriedad de la LEC se ve afectada en la tercería de dominio, al no ser aplicable al orden social de la jurisdicción la previsión que sobre costas contiene la LEC art.603, porque el procedimiento incidental de la tercería se somete a los cánones del proceso ordinario. Mayores matices precisaría la tercería de mejor derecho -pero no vamos a entrar en ello por no excedernos del objeto de la ponencia-, en tanto que la resolución de la tercería comporta la imposición de costas, normalmente para el vencido.
5. Incidentes de ejecución en general. La LPL art.266 y 267 se refieren a costas y gastos, aunque no para el supuesto de incidentes de ejecución. El trabajador nunca podrá ser condenado en costas, ni siquiera por temeridad (LPL art.97.3).
6. Las salvedades de la L 22/2003 (Ley Concursal). El art.184.6 incluye una nueva excepción a favor de la LPL. Asimismo, habrá de tenerse en cuenta que la Ley Concursal disp.final.4ª modifica la L 1/1996 art.2 (LAJG), al que le da la siguiente redacción: «(…) d) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales».

6. CLASES DE BENEFICIOS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

 

La clasificación más generalizada distingue entre:
a) El beneficio legal, que es el que concede una norma directamente a determinadas personas o clases de personas; y
b) El beneficio administrativo, típicamente traído de acuerdos o convenios internacionales.

6.1. Beneficio legal

 

a) Trabajadores y beneficiarios del sistema de la Seguridad Social. Ha de tenerse en cuenta lo siguiente:
1. En general, se entiende que la automaticidad del disfrute sólo alcanza a la asistencia letrada en juicio, pero no a las restantes prestaciones; y se abren no obstante ello, por parte de la doctrina serios interrogantes en el orden social, por ejemplo en la petición de prueba pericial de tipo médico, a la que por su interés nos referiremos seguidamente y debatiremos ampliamente en el coloquio.
Considero que todas las prestaciones son automáticas, a petición de parte interesada que goce del beneficio de justicia gratuita y haga uso de su derecho formalmente, cuestión ésta que ampliaré por su interés por considerar que en la práctica se hace un uso inadecuado o parcial del derecho en perjuicio de quien lo ostenta.
2. Asimismo, sobre el concepto de trabajador, surgen problemas, consecuencia de lo que ha venido a llamarse el desbordamiento subjetivo del beneficio de justicia gratuita. Así sucede, por ejemplo, con el personal de alta dirección, deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos, etc., con alto nivel salarial.
3. Beneficiarios del sistema de Seguridad Social: el derecho corresponde tanto a los encuadrados en el Régimen General, como especiales. No así a los beneficiarios de Previsión privada y Mutualidades ajenas al sistema público.
b) Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, en todo caso. Así lo establece la LAJG art.2.b.
c) La Cruz Roja Española y las Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar.
d) Demás personas expresamente incluidas. Las demás personas a las que expresamente se refiere la LAJG art.2, al referirse al ámbito personal de aplicación señalando: «En los términos y con el alcance previsto en esta ley y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que España sea parte, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita:
1. Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
2. Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, en todo caso.
3. Las siguientes personas jurídicas cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar:
1º Asociaciones de utilidad pública, previstas en la LO 1/2002 art.32, reguladora del Derecho de Asociación.
2º Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente.
4. En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.
Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.
5. En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.
6. En los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, las personas físicas contempladas en el Capítulo VIII de esta ley, en los términos que en él se establecen.«

6.2. Beneficio Administrativo

 

También es beneficiaria del derecho a la asistencia jurídica gratuita la persona excluida del beneficio legal que acredite insuficiencia de recursos para litigar y obtenga el oportuno reconocimiento administrativo.

7. CUESTIONES PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO

 

El objeto de esta ponencia no es el análisis de la LAJG, sino resaltar unos puntos para el debate posterior para tratar de hacer más eficaz el uso del beneficio por quienes son acreedores del derecho.
La Ley regula la solicitud del beneficio y las prestaciones, es decir, el ámbito material del derecho, al que me remito, pero de lo que se trata con esta ponencia es de analizar la Ley aplicada al orden jurisdiccional social, en que no siempre se requiere la solicitud de reconocimiento del derecho para obtener sus prestaciones.
La cuestión es muy clara, y para ello a modo de conclusiones de cuanto queda dicho paso a separar dentro de los supuestos más habituales en el orden social, el supuesto de trabajadores o beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social (y otros que tengan legalmente reconocido el derecho a la justicia gratuita), de los «restantes» entre los que se encuentra el empresario:
A) Supuesto de trabajadores o beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social (y otros que tengan legalmente reconocido el derecho a la justicia gratuita en su caso).
El trabajador y el beneficiario de prestaciones de la Seguridad Social son legalmente pobres, y por ello la LAJG les reconoce el beneficio de justicia gratuita. Ello significa en la práctica, que no tienen en modo alguno que solicitar el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, por la sencilla razón -como se reitera- que ya lo tienen ex lege reconocido.
Por lo tanto, el trabajador o beneficiario de prestaciones de la Seguridad Social (incluso el potencial beneficiario de prestaciones de la Seguridad Social, si el objeto del proceso es su obtención), sin necesidad de solicitar el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita y partiendo de que ya lo tiene legalmente reconocido -insisto-, puede solicitar ante el Juzgado competente directa y formalmente las prestaciones (LAJG art.6) necesarias para el ejercicio de su acción (bien en su escrito de demanda, bien con carácter previo si lo que interesa es la designación de letrado o procurador para entablar posteriormente la acción).
Ello aplicado a uno de los supuestos más habituales que ante la jurisdicción social, de denegación de una prestación de incapacidad permanente, van a concurrir las siguientes circunstancias que expongo sin perjuicio de un mayor análisis práctico en el debate:
a. El peticionario del reconocimiento interesado y denegado, a los efectos que nos interesan, beneficiario de prestaciones de la Seguridad Social pretende formular demanda ante la jurisdicción social impugnando la denegación. Nos encontramos ante una persona que legalmente es considerada pobre, y que por ley ostenta el beneficio de justicia gratuita.
Esta persona, puede optar por formular demanda y comparecer por sí misma, o conferir su representación a procurador, graduado social o cualquier persona que se encuentre en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, confiriendo la representación mediante poder otorgado por comparecencia ante secretario judicial o por escritura pública (LPL art.18.1). Y también puede otorgar representación a abogado, y/ o ser asistido por éste, para lo cual habrá de estarse a lo dispuesto en la LPL art.21 que señala que: «1. La defensa por abogado tendrá carácter facultativo en la instancia. En el recurso de suplicación los litigantes habrán de estar defendidos por abogado o representados técnicamente por graduado social colegiado. En el recurso de casación será preceptiva la defensa de abogado. Cuando la defensa sea facultativa, con excepción de lo previsto en el artículo siguiente, podrá utilizarla sin embargo cualquiera de los litigantes, en cuyo caso será de su cuenta el pago de los honorarios o derechos respectivos, con las excepciones fijadas en el art.2.d) de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.
2. Si el demandante pretendiese comparecer en el juicio asistido de abogado o representado por procurador o graduado social colegiado, lo hará constar en la demanda. Asimismo, el demandado pondrá esta circunstancia en conocimiento del Juzgado o Tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado por procurador o graduado social colegiado, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
3. Si en cualquier otra actuación, diversa al acto de juicio, cualquiera de las partes pretendiese actuar asistido de letrado, el Secretario judicial adoptará las medidas oportunas para garantizar la igualdad de las partes.
4. La solicitud de designación de abogado por el turno de oficio por los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social comportará la suspensión de los plazos de caducidad o la interrupción de la prescripción de acciones.».
Vemos pues, que el trabajador o beneficiario de prestaciones de Seguridad Social, puede pues, designar abogado a su elección, o solicitar su designación a través del turno de oficio como prestación (LAJG art.6) que se le reconoce por tener reconocido ex lege el beneficio de justicia gratuita.
Ha de tenerse en cuenta que pese a no ser preceptiva en el procedimiento laboral en instancia la asistencia de letrado, como tiene señalado el TCo 30-11-92, «los órganos judiciales tienen la obligación de favorecer el efectivo ejercicio del derecho a la asistencia letrada» una vez manifestada la voluntad inequívoca de cualquiera de las partes de ser asistida por un abogado de su elección.
b. Pero con independencia de cuanto se acaba de señalar, es decir, de la intervención de abogado (por designación propia o por el turno de oficio), de graduado social, o de procurador; lo que interesa resaltar al margen de ello, es que el hecho de que el trabajador o beneficiario de prestaciones de Seguridad Social no haga uso de aquel derecho, lo cierto es que ello no es obstáculo para que pueda solicitar otra u otras de las prestaciones que conforman el contenido material del derecho.
c. Así, siguiendo con lo indicado, en el ejemplo que exponemos, al beneficiario de prestaciones de la Seguridad Social, puede interesarle que se practique prueba pericial médica, haciendo uso del derecho que le concede la LAJG, y para ello habrá de atenerse a lo previsto en la LAJG art.6.6, solicitándolo en su escrito de demanda, teniendo en cuenta que el precepto no prevé la designación de un médico forense, sino la del perito que resulte adecuado y no necesariamente de aquella condición.
La petición de prueba formulada por la parte demandante que se ajusta a los mandatos legales, debe ser admitida o rechazada por el Juzgado de lo Social, razonando la resolución a tomar, pues en todo caso, una vez propuesta formalmente la prueba, el Tribunal tiene el deber de resolver acerca de su admisión, de manera que su rechazo deberá estar fundado en razones que la parte pueda rebatir mediante los recursos, sin que sea procedente la denegación por considerarse innecesaria, privando a la demandante de un derecho constitucionalmente reconocido, sin resolución expresa al respecto, como tampoco lo es que se posponga su práctica en su caso como diligencias finales.
Acordada la práctica de la prueba, o impugnado su rechazo por la vía de los recursos, si llegado el acto de juicio la prueba no se ha practicado, la parte reiterando su petición, ha de solicitar la suspensión del acto de juicio reiterando la práctica de la prueba en cuestión, y formulando la oportuna protesta en caso de denegarse la pretensión, con la finalidad de evitar la indefensión de la parte y la vulneración de derechos constitucionales.
Múltiples cuestiones y ejemplos podríamos desarrollar, aunque la limitación temporal de la ponencia me lo impide, sin perjuicio de cuanto se pueda suscitar en el debate que confío sea de utilidad práctica.
B) Supuesto de las restantes personas físicas entre las que se encuentra el empresario. La LAJG art.2 establece el ámbito personal de aplicación de la misma. Asimismo, conforme al art.3.1 de la Ley, «se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud».
El empresario se presume que no es legalmente pobre; y por lo tanto no se le reconoce legalmente de forma automática el beneficio de justicia gratuita, a diferencia de lo que sucede con el trabajador o beneficiario de prestaciones de la Seguridad Social. Ahora bien, ello no impide que pueda concedérsele el beneficio si reúne los requisitos exigidos para ello, para lo cual necesariamente y de forma expresa habrá de solicitarlo siguiendo los trámites administrativos previstos en la Ley hasta su reconocimiento.

8. BREVE SELECCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES DE INTERÉS EN RELACIÓN CON LAS CUESTIONES PRÁCTICAS PLANTEADAS

 

Finalmente, paso a relacionar sintetizadas, algunas resoluciones que he considerado de interés sobre la materia tratada, de la que el Tribunal Supremo se ha pronunciado en muy pocas ocasiones, y mayoritariamente para inadmitir el recurso de casación para la unificación de doctrina por falta de contradicción (LPL art.217):

TS 7-2-07, Rec 2450/05

 

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el trabajador demandante contra sentencia que rechazó su pretensión de ser declarado afecto de IPT. Señala el Tribunal Supremo que no concurre el requisito de contradicción entre las resoluciones comparadas, pues si bien en ambos casos la prueba pericial médica fue rechazada por los respectivos juzgados por considerarla improcedente, no es menos cierto que en el caso de la sentencia recurrida el actor se había limitado a solicitar la práctica de una prueba pericial gratuita a prestar específicamente por un médico forense, sin señalar cuál era el objeto de la prueba, mientras que la solicitada en el caso de la sentencia de contraste se hizo solicitando la designación de un perito médico a designar por el juzgado en legal forma, señalando además, cual habrá de ser el objeto de la prueba; diferencias que son sustanciales por cuanto si el actor se quería beneficiar de una asistencia pericial gratuita debió atenerse a lo previsto en la L 1/1996 art.6.6, en el que no se prevé la designación de un médico forense, sino la del perito que resulte adecuado y no necesariamente de aquella condición.
Señala la fundamentación jurídica de la referida sentencia:
«PRIMERO. 1. El problema que se plantea en el presente recurso consiste en decidir si un trabajador que solicitó en juicio una prueba pericial médica a emitir por un médico forense y a cargo del Estado, y le fue denegada, fue privado con ello de su derecho constitucional a aportar las pruebas pertinentes y útiles para la defensa de su derecho en un caso en el que no consta acreditado que solicitara el reconocimiento del derecho a asistencia pericial gratuita por parte de la Comisión de Asistencia Judicial.
2. En el procedimiento en el que se plantea el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, el demandante, en su escrito de demanda en el que reclamaba el reconocimiento a su favor de una prestación de incapacidad permanente solicitó a su vez la práctica de una prueba “pericial médica, a fin de que sea reconocido por el perito médico forense adscrito al Juzgado en la fecha que a tal efecto se determine emitiéndose informe con ratificación en el acto del juicio”, cuya prueba que no le fue admitida al considerarla impertinente “por no ser necesaria para las resultas del procedimiento”; contra dicha resolución recurrió en reposición la interesada siéndole desestimado el recurso sobre el argumento fundamental de que el momento procesal para la proposición de pruebas era el acto del juicio. Dicha prueba médico forense fue solicitada nuevamente por el actor en el acto del juicio, anunciando su protesta en caso de denegación, a lo que el Juez resolvió que “en su caso se acordaría como diligencia judicial una vez practicada toda la prueba propuesta por las partes”; habiéndose dictado finalmente sentencia desestimatoria de la pretensión de la demandante. Contra dicha sentencia interpuso la interesada recurso de suplicación denunciando la infracción de las reglas del procedimiento con lesión de las garantías de defensa por entender que se le había privado de la prueba pericial propuesta con infracción de las exigencias legales en materia probatoria, habiéndose resuelto por la sentencia que ahora se recurre, dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid en 14 de febrero de 2005 (Rec 5942/04) sobre el argumento fundamental de que no podía estimarse perjudicado en su derecho a la práctica de una prueba pericial gratuita quien no había acreditado, como el demandante, haber solicitado u obtenido de la Comisión de Asistencia Jurídica la autorización correspondiente.
3. El demandante ahora recurrente sostiene en el presente recurso haber sido objeto de una denegación de prueba causante de indefensión y la funda en dos argumentos básicos: en que al ser titular “ex lege” del derecho a la asistencia jurídica gratuita tenía derecho a la pericial gratuita que reclamaba por lo que al no habérsele reconocido la misma sin más argumento que el de considerarla impertinente sin fijar la razón por la que se le negaba, y por haber fundado la Sala su decisión para denegarla sobre un argumento no utilizado por el Juez de la instancia cual el de no haber solicitado expresamente el derecho a la asistencia pericial gratuita, con lo cual se le había producido indefensión puesto que si lo hubiera utilizado el Juez hubiera podido enmendarla antes del juicio.
SEGUNDO. 1. Para apoyar la existencia de contradicción que constituye requisito de admisión del recurso de casación para la unificación de doctrina ha aportado el demandante una sentencia de TSJ Castilla y León, Burgos 21-1-02, Rec 5/02, en la cual, contemplando un recurso en el que un trabajador había solicitado una pericial médica gratuita que le fue igualmente denegada por el Juzgado «por no considerarse necesario su informe, a la vista de las pruebas practicadas», se acordó anular lo actuado desde la denegación de aquella prueba por falta de motivación en la denegación. En el caso concreto la proposición de tal prueba se había hecho por una trabajadora que había solicitado y obtenido de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita el reconocimiento expreso de todas las prestaciones que integran este derecho, incluida el de la pericial gratuita, y la petición se había propuesto especificando que se solicitaba «Pericial médica para que un Perito médico, bien sea de los dependientes de ese órgano jurisdiccional, bien por el médico forense, designado por ese Juzgado en legal forma, y a la vista de los informes médicos acompañados por esta parte… y previo reconocimiento médico de la demandante se emita informe acerca de los siguientes extremos… (con cita de los siete extremos sobre los que solicitaba la pericia)…, y “a la vista de los informes médicos acompañados por esta parte en el escrito de demanda y de los obrantes en el expediente administrativo…”
2. Tanto el INSS como el Ministerio Fiscal han informado en este recurso en el sentido de que no debía ser admitido por no concurrir entre las dos sentencias comparadas la contradicción requerida para poder resolver en unificación, y ello por considerar que, aun cuando las dos sentencias son distintas en sus decisiones -la recurrida confirmó la resolución denegatoria de la prueba, y la de contraste anuló lo actuado para que el Juez “a quo” la practicara-, los supuestos de hecho sobre los que una y otra se pronuncian son de entidad muy diferente y podrían dar lugar a que las dos sentencias estuvieran acomodadas a derecho, dadas tales diferencias, impidiendo una unificación exigente en todo caso de contradicción sobre supuestos fácticos sustancialmente iguales conforme a lo previsto por la LPL art.217. En efecto, es cierto que en ambos casos la prueba pericial médica fue rechazada por los respectivos Juzgados por considerarla improcedente, pero no es menos cierto que en el caso de la sentencia recurrida el actor se había limitado a solicitar la práctica de una prueba pericial gratuita a prestar específicamente por un Médico Forense y sin señalar cuál era el objeto de la prueba, mientras que la solicitada en el caso de la sentencia de contraste se hizo solicitando la designación de un Perito médico a designar por el Juzgado en legal forma, señalando además, cual habrá de ser el objeto de la prueba. Ambas diferencias son sustanciales por cuanto si el actor se quería beneficiar de una asistencia pericial gratuita debió atenerse a lo previsto en la L 1/1996 art.6.6, en el que no se prevé la designación de un Médico Forense sino la del Perito que resulte adecuado y no necesariamente de aquella condición. Pero, además, para que una prueba pericial pueda aceptarse como pertinente o útil por el Juez conforme a lo previsto en el art.283 de la LEC, requiere que en primer lugar la parte determine cuál ha de ser el objeto de la prueba a practicar. Por otra parte, el hecho de que la LPL art.93.2 prevea la posibilidad de que el Juez pueda requerir el dictamen del Médico Forense constituye una previsión legal encomendada al Juez al que se le atribuye la posibilidad (no la necesidad) de reclamar dicha diligencia cuando lo considere necesario por lo que está situado fuera del derecho a la prueba que integra la Const art.24 en interés de las partes. A lo que se une el hecho también diferencial de que en un caso se solicitó de la Comisión de Asistencia jurídica el reconocimiento expreso de la prueba pericial -caso de la sentencia de contraste- y no en el caso aquí debatido.
En definitiva, en un caso se pidió una prueba regulada en la LPL art.93.2 como potestativa para el Juez, mientras que en el caso de la sentencia de contraste se pidió en base a las previsiones generales de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita como auténtica prueba pericial de parte y por ello regida para las reglas generales en materia probatoria; además en este caso, no se señaló el concreto objeto de la prueba, lo que si se hizo en el supuesto de comparación, y en un caso había precedido el reconocimiento administrativo de derecho expreso a lo pericial y en el otro no.
Se trata de diferencias que ya fueron contempladas en anterior recurso por esta Sala y fueron valoradas como determinantes de la falta de contradicción cual puede apreciarse en el TS auto 28-11-03, Rec 2329/03.
TERCERO. 1. A partir de la falta de contradicción apreciada no es posible entrar a resolver sobre la indefensión alegada por el recurrente, puesto que ello supondría entrar a resolver sobre una cuestión sobre la que no se aprecia contradicción, y por ello en contra de las exigencias justificativas de este tipo de recurso, de conformidad con las previsiones contenidas en la LPL art.216 s.
2. Lo mismo cabe decir respecto de la irregularidad procesal producida en las presentes actuaciones en relación con el hecho de que en trámite de casación no se diera supuestos a la solicitud del recurrente de suspensión del trámite para pedir aclaración a la Comisión de Asistencia jurídica gratuita, pues, aun cuando el derecho de la parte incluye el de obtener respuesta judicial a cualquier solicitud, en el caso presente esa falta de respuesta deviene irrelevante para la solución del caso, dados los distintos términos, y los distintos planteamientos sobre los que se produjeron las dos sentencias comparadas, de conformidad con lo señalado en el fundamento jurídico anterior».

TSJ C.Valenciana 30-9-08, Rec 4257/07

 

Se recurre en suplicación la sentencia que desestimó la pretensión deducida por el actor, en impugnación de la rebaja de la minusvalía que tenía reconocida y pérdida de la prestación. La Sala de suplicación estima el recurso y declara la nulidad de la resolución impugnada, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional que pone de relieve la necesidad de tomar en consideración que la LPL art.90 en la versión hoy vigente, establece, como regla general, que las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentre regulados en el Código Civil y en la LEC, pudiendo solicitar, al menos con tres días de antelación a la fecha del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requiera diligencia de citación o requerimiento. Se estima que una vez propuesta formalmente la prueba, el Tribunal tiene el deber de resolver acerca de su admisión, de manera que su rechazo deberá estar fundado en razones que la parte pueda rebatir mediante los recursos, y en este caso no hay pronunciamiento alguno acerca de si la prueba pericial fue admitida o rechazada, sino que, simplemente, no se practicó al considerarse innecesaria, privando a la demandante de un derecho constitucionalmente reconocido, sin resolución expresa al respecto.

TSJ Castilla-La Mancha 14-9-06, Rec 276/06

 

El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la trabajadora demandante contra sentencia que rechazó su pretensión de ser declarada afecta de Incapacidad Permanente Total. Explica la Sala de suplicación que si la actora es beneficiaria del sistema de Seguridad Social y además carece de recursos económicos, es evidente que pudo tener acceso a la prueba pericial gratuita cuya práctica solicita en su demanda sin designar, como hizo, qué técnico o funcionario deba practicarla, ya que la elección del mismo corresponde a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia, una vez que el órgano judicial haya decidido sobre la pertinencia de tal prueba e inste de dicho órgano administrativo la designación de perito al efecto.

TSJ Castilla-La Mancha 24-5-05, Rec 1815/04

 

Recurre el actor en suplicación frente a sentencia dictada en proceso sobre reconocimiento de invalidez. La Sala de suplicación declara la nulidad de la resolución impugnada, pues constando que el demandante tiene legalmente reconocido el beneficio de justicia gratuita, el derecho a la intervención pericial gratuita forma parte del contenido esencial de tal derecho; por lo que, al no haberlo entendido así, y haberse denegado la práctica de dicho medio de prueba, no solamente se infringieron preceptos procesales, sino que además se produjo sin duda indefensión a la parte, dejando vacío de parte de su contenido esencial el derecho a la eficaz tutela judicial.

TSJ Cataluña 11-3-04, Rec 793/02

 

Se recurre en suplicación la sentencia que denegó a la actora el reconocimiento de incapacidad permanente absoluta. La Sala declara nulidad de la resolución impugnada, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual, la garantía de la Const art.24.2 consiste en que las pruebas pertinentes propuestas sean admitidas y practicadas por el Juez o Tribunal. Y en el presente supuesto, el Juzgador de instancia no se ha pronunciado sobre la petición justificada de la práctica de la prueba forense, sin motivar la admisión o inadmisión de la misma.

TSJ Castilla-La Mancha 8-10-02, Rec 363/02

 

El TSJ estima el recurso de suplicación interpuesto por la demandante contra la sentencia dictada en proceso en reclamación de prestaciones por gran invalidez. Señala la Sala de suplicación que en el supuesto enjuiciado la parte actuó con la diligencia exigible al solicitar el medio de prueba que consideró adecuado, la pericial forense, interpuso recurso ante su denegación y manifestó su protesta por ello, y reiteró en el acto de juicio tanto el medio de prueba como la protesta ante su denegación, constatándose la doble indefensión creada por el órgano judicial, al no dar contestación expresa a su recurso, y al no admitir sin mayor justificación ni razonamiento suficiente la prueba propuesta, que además, no es intrascendente en un pleito sobre valoración invalidante de secuelas.

TSJ País Vasco 7-9-99, Rec 1150/99

 

La sentencia de instancia declaró la caducidad de la acción para reclamar por despido al considerar que ha transcurrido el plazo que se establece legalmente de 20 días para interponer la misma. Contra dicha resolución se recurre en suplicación. La Sala de suplicación estima el recurso manifestando que solicitada por la demandante designación de abogado por el turno de oficio, se debe suspender dicho período de caducidad, sin que sea obstáculo el hecho de que no sea potestativa, sino facultativa, la asistencia letrada en instancia en el proceso laboral, lo que no impide el que se ejecute el derecho fundamental que asiste a todo imputado de solicitar la mediación de un abogado a fin de que le defienda en el proceso.

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