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Accidentes de trabajo: últimos criterios de la jurisprudencia social sobre valoración del daño

Artículo publicado en Actum Social nº 48. Enero/Febrero 2011

Lourdes Arastey Sahún

Magistrada Sala IV Tribunal Supremo

 

ÍNDICE
Introducción
1. Orden jurisdiccional competente: discrepancias de forma y de fondo
2. Concreción del daño: determinación, contenido, alegación y prueba
a) Principio de reparación íntegra del daño (CC art.1101 y 1106)
b) Principio de proporcionalidad entre el daño y la reparación
c) Compatibilidad entre las diferentes indemnizaciones derivadas del accidente
3. Criterios para la cuantificación.
a) Uso del Baremo de tráfico
b) Momento en que ha de fijarse el Baremo vigente a aplicar
c) Coordinación de los distintos sistemas de protección frente al daño
d) Intereses

INTRODUCCIÓN

 

Antes de abordar el objeto principal de este trabajo, que se ciñe al mecanismo de valoración de los daños ocasionados por el accidente de trabajo, se hace necesario situar el contexto en el que los tribunales del orden social de jurisdicción afrontan esta cuestión.
Asistimos en los últimos tiempos a un auge de la reclamación de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad contractual y extracontractual, en general, y del accidente de trabajo en particular. De ahí que se hable de una «reformulación del mapa de responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo» (Camas Roda (1)), puesto que, si bien crece en importancia la exigencia de responsabilidad civil, se ponen en evidencia las limitaciones que ofrece la reparación y, al mismo tiempo, la dificultad de definir la compatibilidad de las distintas formulas de reparación que ofrece el Ordenamiento Jurídico.
Nuestro ordenamiento viene soportando la inseguridad jurídica que surge de la falta de reglas coherentes y estables sobre el orden jurisdiccional competente para conocer de las reclamaciones de daños y perjuicios derivadas de accidentes de trabajo (2). Las distintas jurisdicciones que se estiman competentes han dado lugar a distintas formas de afrontar el importe de la reparación. La protección frente al accidente de trabajo resulta compleja y, al mismo tiempo, confusa; regulada por normas de origen diverso y con soluciones concurrentes sobre un mismo suceso. Todo ello provoca, lamentablemente para la víctima, la intervención de todos los órdenes de la jurisdicción, la participación del orden social y del civil resulta conflictiva en lo que afecta a la responsabilidad civil complementaria, que aquí vamos a tratar.

1. ORDEN JURISDICCIONAL COMPETENTE: DISCREPANCIAS DE FORMA Y DE FONDO

 

Todo ello hace que el accidente de trabajo determine, lamentablemente para la víctima, la intervención de todos los órdenes de la jurisdicción, la participación del orden social y del civil resulta conflictiva en lo que afecta a la responsabilidad civil complementaria, que aquí vamos a tratar.
Son muchas las voces que se han levantado para abogar por una solución a esta situación que venga dada por una Ley Integral de Siniestralidad Laboral, siguiendo otros ejemplos en nuestra realidad normativa más reciente (así, la Ley Integral de Violencia de Género). Se trataría de que un solo texto normativo, de contenido transversal, acabe por establecer una regulación unitaria del accidente de trabajo, y, al mismo tiempo, solventar problemas reiterados, como el de la dispersión de ordenes jurisdiccionales que están a día de hoy asumiendo el conocimiento de las diferentes consecuencias del accidente de trabajo (3), sin perjuicio de que se dejara a salvo la competencia del orden jurisdiccional penal en la depuración de las responsabilidades de tal naturaleza.
La doctrina jurisprudencial ha sostenido que, si bien en nuestro Derecho se admite de forma teórica la posibilidad de ejercitar acumuladamente pretensiones indemnizatorias derivadas de culpa contractual (CC art.1101 en relación con el art.1107) y de la culpa extracontractual o aquiliana (CC art.1902), en la normativa laboral, al estar en presencia de una deuda de seguridad del empresario, plasmada en el ET art.4.2.d y 19 y LPRL art.14 s., es difícil imaginar supuestos en los que el empresario, en una misma actuación, viole el deber de garantía que entraña la culpa contractual y al mismo tiempo incurra en supuestos de la extracontractual, incardinados en ese marco laboral. La Sala IV ha tenido siempre muy claro que el daño origen de la responsabilidad que se reclama es consecuencia de un ilícito laboral. Para la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo la responsabilidad derivada del mismo no es civil sino laboral y la controversia, en la medida en la que constituye una cuestión litigiosa entre un empresario y un trabajador derivada del contrato de trabajo (LPL art.2.a).
No obstante, la jurisprudencia civil ha defendido la competencia civil desde un elemento formalista, la invocación del CC art.1902 y 1903 de la que derivaría que el incumplimiento del empresario sería una culpa extracontractual del Código Civil fuera de la órbita del contrato de trabajo, y su conocimiento correspondería al orden jurisdiccional civil dado su vis atractiva (4). Pero la TS sala civil 15-1-08 marca un punto de inflexión, al afirmar que las responsabilidades derivadas de accidente de trabajo, en la medida en la que son consecuencia de un ilícito laboral, constituyen responsabilidades contractuales de las que debe conocer el orden jurisdiccional social. Hasta ese momento, aunque con vaivenes (5), se había sostenido mayoritariamente por esa Sala que el orden civil era el competente sobre la base del carácter extracontractual de la responsabilidad civil derivada del accidente. En la propia TS sala civil 15-1-08 se resume el devenir de la jurisprudencia civil recordando que, inicialmente se consideró que la responsabilidad civil por accidente de trabajo tenía naturaleza extracontractual y, por ello, se afirmaba la competencia del orden jurisdiccional civil (TS 5-1-82; 9-3-83; 21-10-88; 8-11-90). Posteriormente, entre los años 1997-1998, se aceptó la exclusión la competencia de la jurisdicción civil cuando la pretensión de indemnizaciones se fundaba en el incumplimiento de las normas laborales (TS 24-12-97; 26-12-97; 10-2-98; 20-3-98). No obstante, esta tesis volvió a ser alterada de nuevo con un regreso de la Sala Civil del Tribunal Supremo al criterio tradicional, según la competencia era asumida habida cuenta de la naturaleza extracontractual de la responsabilidad reclamada (TS 13-10-98; 24-11-98; 18-12-88; 1-2-99; 10-4-99; 13-7-99; 30-11-99; 2-3-00; 26-5-00).
Finalmente, la TS sala civil citada, 15-1-08, se decanta por atribuir al orden jurisdiccional social la competencia en esta materia.
Sin embargo, esta construcción doctrinal quiebra en el supuesto de que haya concurrencia de responsables y junto a las responsabilidades laborales se ventilen otras. Según la Sala Civil del Tribunal Supremo, en esos supuestos de concurrencia de responsabilidades la vis atractiva de la jurisdicción civil hace de ésta la jurisdicción competente.
Se abre así la vía para el mantenimiento de la discrepancia, puesto que la doctrina de la Sala de lo Social ha abordado también este tipo de supuestos para sostener que ha de afirmarse la competencia del orden social para conocer de cuantas responsabilidades deriven de un accidente de trabajo consecuencia de un incumplimiento laboral por cuanto (TS 22-6-05) (6).
Recordemos, por último, que la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo se ha pronunciado desde 1993 en repetidos autos a favor de la competencia del orden jurisdiccional social para conocer las reclamaciones efectuadas por trabajadores afectados por accidentes de trabajo.
Sin entrar a analizar ahora si estamos ante una culpa contractual o extracontractual, sí cabe sostener que los deberes del empresario conducen siempre, ineludiblemente, al marco del contracto de trabajo y se hace difícil imaginar el supuesto de responsabilidad extracontractual, si la acción se dirige contra el empresario o quienes tiene vínculos derivados, como en el caso de la cadena de contratas. En todo caso, será necesario que concurran tres requisitos fundamentales para el reconocimiento de responsabilidad por daños y perjuicios: a) una actuación ilícita mediando culpa del sujeto causante, b) la existencia del daño, y c) la relación de causalidad.
Pero el criterio de imputación de la responsabilidad es uno de puntos de discrepancia entre el orden jurisdiccional civil y el social.
La concurrencia del principio de culpa es el elemento clave que hace distanciar este tipo de responsabilidad de la de carácter objetivo, cubierta por las prestaciones de Seguridad Social. Por esa razón, la doctrina judicial emanada del Orden Social tiende a requerir la necesidad de que concurra culpa en el imputado, sin que el mero riesgo causado pueda ser fundamento de la responsabilidad civil. Esta posición se ha mantenido desde antiguo por la sala social del TS. Así, por ejemplo, en TS sala social 28-2-02 ya se razonaba que, «no en todo accidente de trabajo o enfermedad profesional necesariamente ha de existir responsabilidad empresarial, que deben aplicarse las normas protectoras de la SS y que sólo cuando conste o se acredite una efectiva conducta empresarial causante directa del daño o que haya servido para aumentar el riesgo propio del trabajo realizado podrá ser exigida la complementaria indemnización con base en responsabilidad contractual o extracontractual». Para el orden social rige el principio culpabilístico, en cuanto se hace derivar la responsabilidad empresarial de una acción u omisión del empresario que se le pueda imputar, al menos, a título de culpa. Si bien, la TS 17-7-07, Rec 513/06, Sala General, introducía un matiz procesal, al no excluir «la racional aplicación de las normas sobre la carga de la prueba, y más específicamente la relativa a la disponibilidad y facilidad probatoria (LEC art.217), que ha de evitar situaciones de real desprotección en la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores accidentados o de sus causahabientes».
La responsabilidad objetiva o cuasi-objetiva que exige la jurisdicción social tiene su razón de ser en el hecho de que en la relación laboral la responsabilidad objetiva ya está establecida por el sistema de Seguridad Social (TS 30-9-97; 13-7-99, etc.). Por ello, se exige en los supuestos de responsabilidad complementaria un plus de vinculación entre el daño y la conducta mínimamente culposa del empresario. Desde la óptica social, no puede olvidarse que las prestaciones de la Seguridad Social cubren la responsabilidad objetiva del empresario por los riesgos profesionales. No son un seguro personal público a favor del trabajador, como piensan algunos, sino un seguro de responsabilidad civil del empresario (7).
Frente a la caracterización por la jurisdicción social de la responsabilidad civil como responsabilidad subjetiva y culpable, en el ámbito civil se ha observado un decantamiento hacia la construcción de una responsabilidad civil del empresario de carácter cuasi-objetivo, aproximándola a un tipo de responsabilidad fundada en el riesgo, más que en la culpa o negligencia empresarial; esta teoría se ha hecho patente, sobre todo, en aquellos supuestos en los que la propia resolución judicial ha confirmado la inexistencia de ningún quebrantamiento de las medidas de seguridad impuestas por la normativa, pero aún así ha reconocido la concurrencia de responsabilidad civil por causas emanadas del riesgo preexistente, en cuyo marco se ha producido el accidente de trabajo (véanse, en este sentido la TS sala civil 26-5-00; 29-1-03); teoría esta que pese a sustentar la competencia jurisdiccional para conocer de la responsabilidad civil, puede entrar en conflicto con la responsabilidad de carácter objetivo, y por tanto fundada en el riesgo, que ya está prevista por la legislación de Seguridad Social, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción social.
A partir de la TS sala civil 31-3-03, se produce una inflexión favorable al criterio de imputación por culpa, reiterándose en TS 17-12-04; 31-12-04; 14-12-05; 13-4-06, entre otras, indicándose en esta última que la doctrina más reciente de la Sala se inclina «…por la aplicación del principio de responsabilidad subjetiva consagrado como fundamento de la responsabilidad civil extracontractual en el CC art.1902 s., el cual no admite otras excepciones que aquellas que se hallan previstas en la ley, con las cuales no deben confundirse los supuestos en que la jurisprudencia atribuye la carga probatoria en mayor o menor medida al causante del evento dañoso por razones derivadas, básicamente, más que de una verdadera inversión de la carga probatoria, del principio de facilidad o proximidad probatoria relacionado con circunstancias tales como los especiales deberes de diligencia que impone la creación de riesgos extraordinarios, la producción de daños desproporcionados o inexplicables o la producción de un mismo siniestro o accidente en el ámbito propio de la actuación controlada de manera especial o excluyente por el agente causante del mismo».
Sin duda, la cuestión de la imputación ha de solventarse desde la calificación del nexo entre el acreedor de la indemnización y el deudor de la misma. La vinculación contractual entre ambas partes y la configuración de la deuda de protección dentro del contenido de las obligaciones contractuales habrán de llevarnos, en todo caso, a exigir que la concurrencia de dolo, culpa, mora o cualquier otro incumplimiento contractual (CC art.1101). Por ello, si bien no cabe extender la responsabilidad objetiva, lo cierto es que la existencia del incumplimiento empresarial habrá de analizarse partiendo de la realidad misma del acaecimiento del accidente y de la aparición del daño consecuencia de éste, de ahí que la mera distribución de la carga de la prueba con arreglo a lo dispuesto en la LEC art.217 permite llegar a una ponderación de la imputación final del daño respecto del empresario que no acredite una causa válida de enervación de su responsabilidad, sin que con ello se esté aplicando la teoría del inversión de la carga de la prueba, propia de la culpa aquiliana, sino la regla general respecto del onus probandii en la exigencia del cumplimiento de las obligaciones nacidas de contracto.

2. CONCRECIÓN DEL DAÑO: DETERMINACIÓN, CONTENIDO, ALEGACIÓN Y PRUEBA

 

De la doctrina emanada de la jurisprudencia social cabe inferir que, para la determinación del daño dimanante del accidente de trabajo, han de considerarse una serie de principios generales previos:

a) Principio de reparación íntegra del daño (CC art.1101 y 1106)

 

La TS sala general 17-7-07, Rec 513/06, declara que la finalidad de la indemnización por daños es lograr la íntegra compensación de los mismos, para proporcionar al perjudicado la plena indemnidad por el acto dañoso.
Del principio de reparación íntegra se deduce la exigencia de que la indemnización no debe exceder de los daños y perjuicios sufridos. Por tanto, para alcanzar una compensación adecuada al daño, debe seguirse la técnica de la complementariedad o acumulación relativa de las distintas indemnizaciones percibidas en los distintos órdenes jurisdiccionales por los mismos daños. De aplicar el criterio opuesto, de acumulación absoluta o suplementaria, se llegaría a un enriquecimiento injusto.
Los accidentes de trabajo derivados de un incumplimiento empresarial de las normas de prevención de riesgos laborales pueden originar simultáneamente, en el marco de la LGSS art.115 a 117, prestaciones sociales con las singularidades de las contingencias profesionales, y en el marco de la LPRL art.42.1; LGSS art.127.3 y CC art.1101 y 1902, indemnizaciones civiles que reparan económicamente el daño causado. Es cierto que en el marco de la Seguridad Social el concepto de accidente de trabajo no coincide exactamente con el concepto preventivo de accidente de trabajo, puesto que porque la protección social no exige un incumplimiento empresarial de las normas de salud laboral al extenderse a todo accidente ocurrido en el lugar de trabajo o que cumpla con las características de la LGSS art.115, con independencia de cual sea la conducta de la empresa. Sin embargo, todo accidente de trabajo en que se de un incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales originará el derecho de prestaciones sociales por contingencias profesionales, sin perjuicio de la exigencia añadida de indemnizaciones civiles a la empresa incumplidora, como precisa la LGSS art.127.3. De ahí que la posible concurrencia de prestaciones sociales y de indemnizaciones complementarias plantee el problema de la articulación entre ambas cuantías económicas (Vid. Lahera Forteza) (8).

b) Principio de proporcionalidad entre el daño y la reparación

 

La TS sala general 17-7-07, Rec 513/06, se plantea la cuestión de la determinación de la indemnización de daños y perjuicios derivada de accidente de trabajo, señalando que con ella se ha de pretender la plena indemnidad del perjudicado, es decir, aplicar el principio de reparación íntegra, guardando proporcionalidad entre el daño y la reparación.
La indemnización ha de «ser adecuada, proporcionada y suficiente para alcanzar a reparar o compensar plenamente los daños y perjuicios (daño emergente, lucro cesante, daños materiales y morales), que como derivados del accidente de trabajo se acrediten sufridos en las esferas personal, laboral, familiar y social».
Si bien la reparación no puede exceder del perjuicio sufrido, en cuanto supondría un enriquecimiento injusto del perjudicado, sí que debe tender a cubrirlo en su integridad en la medida en que ello sea posible, evitando también el enriquecimiento injusto de quien causó el daño (9).

c) Compatibilidad entre las diferentes indemnizaciones derivadas del accidente

 

La última jurisprudencia de la Sala IV del TS parte de la compatibilidad limitada entre las indemnizaciones civiles y las prestaciones sociales desde la variante de la protección social como un sistema de sustitución de las rentas salariales, de tal manera que sólo cabe la compensación homogénea, o descuento, entre el lucro cesante de la indemnización y la prestación social correspondiente (10).
Las diferentes indemnizaciones son compatibles pero complementarias, de forma que cabe que el perjudicado ejercite todas las acciones que le reconozca la Ley para obtener el resarcimiento total de los daños, pero esta acumulación de acciones no puede llevar a acumular las distintas indemnizaciones hasta el punto de superar el daño total sufrido (TS 9-2-05, Rec 5398/03; 1-6-05, Rec 1613/04; 24-4-06, Rec 318/05; 17-7-07, Rec 4367/05 y 513/06).
Tras sentar dichos principios, conviene efectuar las precisiones oportunas para concretar qué daños indemnizar.
El concepto de daño se ha de integrar partiendo del detrimento experimentado por cualquier bien o interés perteneciente a un sujeto, que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar. Como señalaba Carnelutti, «el daño es toda lesión a un interés».
Recuerda Camas que no pueden equipararse los daños de los que pueden derivar responsabilidades civiles con la definición de daño que utiliza la normativa prevencionista, particularmente, la LPRL art.4.3 que alude como daños derivados del trabajo a los daños físicos (enfermedades, patologías o lesiones), concepto que, como claramente se desprende del precepto, se hace sólo a los efectos de la citada ley, es decir, esencialmente a efectos preventivos (11).
La reparación íntegra ha de hacerse atribuyendo un valor concreto a cada perjuicio, siendo tradicional la distinción consistente en daños patrimoniales (daño emergente y lucro cesante), daños biológicos (pérdida de la integridad física y psíquica) y daños morales (pérdida de derechos de la personalidad). La TS 17-7-07 alude a cuatro categorías básicas susceptibles de ser indemnizadas: el daño corporal, que estaría integrado por las lesiones físicas y psíquicas producidas por el accidente; el daño moral, que sería el sufrimiento psíquico o espiritual derivado de aquél; el daño emergente, identificable con la pérdida patrimonial directamente vinculada con el hecho dañoso; y el lucro cesante que está integrado por la pérdida de ingresos y de expectativas laborales.
Aunque el daño causado por el accidente es único, es obvio que presenta diversos aspectos que deben ser resarcidos con indemnizaciones complementarias. Por ello será necesario tasar individualizadamente el daño producido en cada una de dichas esferas; y, además, a la hora de fijar una posible compensación por las cantidades que hayan podido percibirse, los conceptos a compensar deben ser homogéneos para lograr una justa y equitativa reparación del daño real (12).
La clasificación tradicional de los daños nos lleva a distinguir los siguientes:
a. Daños patrimoniales. Los daños patrimoniales hallan su piedra angular en el CC art.1106 que incluye en el concepto de indemnización por daños y perjuicios tanto el valor de la pérdida sufrida (daño emergente), como el de la ganancia dejada de obtener (lucro cesante).
Dentro del daño patrimonial se puede distinguir el daño emergente (gastos extraordinarios soportados, tanto por el damnificado como por su familia, a consecuencia del hecho dañoso), y el lucro cesante (en el que se incluyen los salarios dejados de percibir en caso de incapacidad temporal y permanente, o por muerte y subsiguientes prestaciones a favor de familiares; así como la pérdida de expectativas de progresión profesional) (13).
Las mayores de dificultades de reparación y, especialmente, de aceptación por parte de la doctrina judicial, se hallan en el lucro cesante. El cumplimiento a ultranza del principio de la reparación íntegra del daño, hace que los jueces pongamos el acento en la valoración de los daños emergentes y la calificación y cuantificación de la indemnización de los mismos enmascara y diluye el perjuicio del lucro cesante bajo la cifra total alcanzada por la reparación de los daños globalizados.
Aunque el lucro cesante profesional pudiera entenderse resarcido con las prestaciones de SS, satisfechas en virtud del aseguramiento empresarial, atendido por cuotas exclusivamente abonadas por la empleadora, se dejaron sin compensar daños corporales muy significativos y los daños morales que palmariamente significan el calvario de una interminable baja y unas penosas limitaciones para la vida individual, familiar y social. Las prestaciones de incapacidad permanente no alcanzan a reparar íntegramente el daño.
En el caso del accidente de trabajo, la reparación del lucro cesante precisa de una valoración a efectuar después de la concreción de los daños biológicos y de los morales que estén aparejados a éstos. Únicamente de este modo es posible aislar el lucro cesante como un daño con sustantividad propia.
b. Daños corporal o biológico. Se incluyen aquí las lesiones físicas que requieren tratamiento médico e impiden realizar una vida plena, pérdida de integridad física, incluidas las secuelas físicas remanentes, lesiones psíquicas y, en su caso, la muerte.
Los daños biológicos (corporales o personales) aparecen como una categoría intermedia entre lo patrimonial y lo moral, pues de un lado no inciden en los bienes materiales del perjudicado, pero por otro son generadores de situaciones de incapacidad de contenido económico. De ahí que alguno sector doctrinal prefiera distinguir entre daños reales, abarcando los patrimoniales y los corporales, y daños morales por oposición de los daños patrimoniales (14).
c. Daños morales. La naturaleza del daño dependerá exclusivamente de la naturaleza del bien efectivamente afectado, aun cuando el ataque se produzca como consecuencia del menoscabo de otros bienes de distinta naturaleza (15).
La TSJ Murcia 17-5-04, EDJ 69992, recordaba que integran el concepto de daño moral todas aquellas manifestaciones psicológicas que padece o sufre el perjudicado -o persona allegada al mismo por vínculos afectivos o parentales-, por el acaecimiento de una conducta ilícita, y que por su naturaleza u ontología, no son traducibles en la esfera económica. Según la sentencia, «puede entenderse como daño moral en su integración negativa toda aquella detracción que sufre el perjudicado damnificado y que supone una inmisión perturbadora de su personalidad que, por naturaleza, no cabe incluir, en los daños materiales porque éstos son aprehensibles por su propia caracterización».
En cuanto a la metodología a seguir a la hora de efectuar la valoración, los criterios ya sentados son:
1. La cuantificación del importe de los daños y perjuicios es una tarea que incumbe, casi en exclusiva, al juez de instancia por ser una cuestión fáctica. Corresponde al Juez la facultad de valorar los daños concretos, a partir de las pruebas practicadas, en especial por la víctima del accidente. Es obvio que la discrecionalidad no puede confundirse con la arbitrariedad, lo que se verá al analizar la cuestión del sistema de valoración conjunta.
Este criterio tradicional conducía a que, una vez determinado en la sentencia el importe de los daños y perjuicios sufridos por el trabajador, ésta cuantía sólo podía ser revisada en el marco de un recurso extraordinario si concurrían circunstancias especiales. La aplicación estricta de tal aserto, llevaba a que en la mayoría de los recursos se confirmaran, sin más, las indemnizaciones señaladas por los órganos judiciales de instancia, al no constar que fueran arbitrarias, caprichosas o desorbitadas (16). Por ello, la revisión del criterio del juez de la instancia, en vía de suplicación, estará excluida salvo que sea posible porque en el recurso se combatan adecuadamente las bases de cálculo utilizadas o se haya utilizado un baremo, dado que en este segundo caso se trataría de revisar la aplicación de una norma jurídica.
Las dos TS 17-7-07 matizan y buscan evitar que el anterior criterio se convierta en una cláusula de estilo que por la vía de hecho haga inviable, en la mayoría de los casos, la revisión de la decisión adoptada al respecto por los jueces de instancia. Así se recalca en ellas, que siendo cierto que estos jueces gozan de una amplia discrecionalidad a la hora de señalar el importe de la indemnización, ello no puede llevar a la arbitrariedad, lo que les «obliga a razonar la valoración que hace del daño y la indemnización que reconoce por los diferentes perjuicios causados».
2. Respecto de la valoración del daño íntegro, se ha sostenido que la técnica de la valoración conjunta de los daños, contradice claramente las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva.
Es necesario que esa cuantificación se realice conforme a unas reglas o a unos criterios que sean razonables y explicables, de modo que la aplicación de esas reglas puede ser controlada en sede de recurso.
La judicialización de las indemnizaciones por daños ha provocado inseguridad jurídica y, sin duda, desigualdad, pues dejar que cada juez determine el importe de la reparación de un determinado resultado lesivo supone la dispersión completa y fragmentada del alcance de la tutela judicial.
Por ello, la valoración ha de efectuarse atribuyendo un valor concreto y determinado a cada una de las partidas y, al mismo tiempo, deben proporcionarse datos sobre los criterios utilizados para la cuantificación, de suerte que se diferencie el daño a la integridad física del trabajador, el daño moral, el daño emergente y el lucro cesante. Tales exigencias se reflejan en la TCo 78/1996 de 13 de junio, que recuerda que el derecho a la tutela judicial efectiva exige que en la sentencia se fijen de forma pormenorizada los daños causados, los fundamentos legales que permiten establecerlos y los criterios empleados para fijar el quantum indemnizatorio del hecho juzgado.

3. CRITERIOS PARA LA CUANTIFICACIÓN

a) Uso del Baremo de tráfico

 

Ante la falta de criterios legales orientativos concretos -por otra parte, determinante de la disparidad de criterios en la valoración-, no cabe sino admitir la posibilidad de que se utilicen diversos criterios
Entre ellos, se incluye el que en la práctica judicial se viene utilizando, el Baremo establecido por la L 30/1995 disp.adic.8ª, que hoy se contiene en el RDLeg 8/2004, por el que se aprueba el TRL sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de los Vehículos a Motor. No cabe duda de que acudir a un sistema de Baremo para la valoración de los daños y perjuicios derivados del accidente laboral evitaría muchos de los problemas propios de la valoración discrecional por el juzgador, La falta de uno específico y adecuado ha motivado esa creciente utilización del baremo de tráfico.
Por supuesto, esta aplicación no se ha entendido vinculante sino orientadora: el baremo es, en general, un mecanismo adecuado de valoración de los daños, pero siempre con carácter orientativo.
Ahora bien, el TS considera que, de aplicarse el Baremo, han de seguirse sus criterios, de modo que habrá de motivarse especialmente las razones por las cuales se produce distinta valoración pese a seguirse básicamente el Baremo.
La labor de cuantificación la puede facilitar el sistema de valoración de daños corporales en los accidentes de tráfico, pero si se decide que se sigue dicho sistema hay que razonar los motivos por los que no se respeta en un punto concreto (TS sala general 17-7-07, Rec 513/06).
Dos son las conclusiones que pueden extraerse: a) la estructura indemnizatoria del Baremo de circulación no es aplicable en su totalidad a las consecuencias derivadas de un accidente de trabajo; y, b) cuando el juzgador decida apartarse en algún punto del Baremo, habrá de expresar las razones que le llevan a adoptar tal decisión (17).
La Sala IV del TS ha reconocido las ventajas del Baremo (TS sala social 17-1-07; 30-1-08) porque:
a. Éste respeta mejor los imperativos de seguridad jurídica y los de igualdad de trato.
b. También respeta el principio de economía procesal, puesto que puede servir para evitar pleitos al conocerse de antemano la respuesta.
c. Permite la concreción de los daños morales, de muy difícil fijación dado que no responden a parámetros objetivos sino puramente valorativos o estimativos.
Pero el sistema del Baremo no ha estado exento de críticas, ni siquiera en el propio ámbito para el que se elaboró (18). Baste recordar que ha sido objeto del planteamiento de algunas cuestiones de inconstitucionalidad (19) (TCo 181/2000, de 29 de junio). En particular, se ha puesto en duda que la fijación de unos topes máximos, vinculantes en el ámbito de la responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos de motor, incida en el principio de igualdad respecto de víctimas con daños análogos ocasionados por responsabilidad nacidas en otra órbita, lo que ocurrirá en el campo del accidente de trabajo. También se ha denunciado que el sistema tasado de indemnización, al eliminar el arbitrio judicial, haga superfluo el deber de motivación del juez, con afectación, por tanto, del derecho de tutela judicial (20).

b) Momento en que ha de fijarse el Baremo vigente a aplicar

 

Otro punto de discrepancia entre los órdenes civil y social es el relativo a la variación de vigencia del baremo en el momento del accidente o en el momento de dictarse sentencia.
En este sentido, partiendo de la distinción entre las tesis propias de las deudas nominalistas y las típicas las deudas de valor, de modo que unas optan por cuantificar en la fecha del accidente y las otras en el momento cuantificador, parece claro que sólo puede conseguirse el objetivo de la reparación íntegra con esta segunda, pues sólo si se indemniza con el valor actual del daño se evitaría el efecto de la inflación.
Dado que las cuantías del baremo se actualizan anualmente, las sentencias comentadas sientan el criterio de que son las vigentes al tiempo de dictarse la sentencia, las que deben tomarse en consideración para fijar el valor del punto, dado que no estamos ante una deuda nominal sino de valor, deuda de valor en la que la fecha del accidente determina la norma a aplicar y el valor se actualiza a la fecha de la sentencia que cuantifica el daño.
En el ámbito laboral, la normativa aplicable ha de ser siempre la vigente en el momento de producirse el accidente. Ahora bien, esta fecha no tiene por qué ser la fecha de cuantificación (TS sala civil 17-4-07), al señalar que la deuda de valor se materializa al tiempo del alta médica con secuelas, es decir, el valor punto será calculado conforme a los valores actualizados vigentes al tiempo del alta médica. Sin embargo, las más recientes sentencias de la Sala 4ª, entiende que debe ser de aplicación el valor punto vigente al momento de efectuar la cuantificación (TS 17-7-07). Por lo tanto, mientras que la Sala de lo Civil ha rectificado su criterio para acompasarse a la Sala de lo Social, ésta ha modificado el suyo, recogiendo de modo radical el principio valorista: ha de atenderse al momento de dictarse la sentencia de instancia que reconoce, cuantifica y determina el deber de indemnización. Como quiera que entre este momento y el cobro efectivo puede pasar mucho tiempo, es necesario habilitar otro mecanismo para garantizar que la protección es la más adecuada al momento de cobro efectivo. Por eso, para poder garantizar el poder adquisitivo del trabajador víctima en todo momento cabe acudir a la aplicación de la regla de los intereses de demora procesal de la LEC art.576, o mediante los intereses que se prevén en la LCS art.20. Una cuestión esta última que también ha sido objeto de una intensa polémica, resolviéndose en el ámbito laboral recientemente a través de diferentes pronunciamientos, modificando uno al otro.
Por el contrario, serán las normas vigentes al tiempo del accidente, las que determinen el régimen jurídico aplicable para fijar el perjuicio según la edad de la víctima, sus circunstancias personales, su profesión, las secuelas resultantes, la incapacidad reconocida, etc.

c) Coordinación de los distintos sistemas de protección frente al daño

 

La Sala Social TS utiliza la regla de la compatibilidad relativa de las diferentes partidas, en aras de la satisfacción de los referidos principios de proporcionalidad y prohibición del enriquecimiento injusto, por lo que los importes homogéneos recibidos por diferentes vías exigen coordinarse entre ellos mediante la técnica del descuento (TS sala social 17-7-07; 3-10-07; 30-1-08): a un mismo hecho, el accidente, y a un mismo daño a indemnizar, le correspondería también una misma reparación, aunque se concrete a través de diferentes cuantías procedentes de las distintas acciones emprendidas.
En la TS sala social 17-2-99, Rec 2085/98, se admite sin duda alguna que para la determinación de la indemnización de daños y perjuicios correspondiente al trabajador, a consecuencia del accidente de trabajo, «deben detraerse o computarse las prestaciones reconocidas en base a la normativa protectora de Seguridad Social, en especial cuando se deba determinar el importe de la indemnización derivada de los perjuicios afectantes al ámbito profesional o laboral del accidentado». Este criterio se mantuvo de forma unánime, aun cuando en muchas ocasiones se haya aplicado una compensación global o indiscriminada (así en las TS sala social 3-6-03, Rec 3129/02; 9-2-05, Rec 5398/03; 1-6-05, Rec1613/04). Esa compensación global puede provocar, en la práctica, la negación del derecho a lucrar importe alguno en concepto de indemnización, debido a que, al deducir de la cantidad globalmente reclamada el importe correspondiente a prestaciones de Seguridad Social, el resultado pueda ser cero o, incluso, favorable a la empresa, lo que ocurre en los supuestos en que el importe correspondiente a prestaciones de Seguridad Social es superior a lo reclamado como indemnización civil adicional.
Pero las últimas sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo han ido introduciendo importantes novedades. Esta nueva línea jurisprudencial sostiene que la deducción de la cuantía de la indemnización de lo percibido como prestación de Seguridad Social no puede hacerse de manera global, sino que debe hacerse entre cuantías de carácter homogéneo. Se profundiza en la cuantificación de daños y la responsabilidad del empresario a través de un sistema objetivo: el baremo de los accidentes de tráfico y los efectos de la última jurisprudencia que reconoce las desviaciones (21).
En cambio, la Sala Civil practica, al menos de forma mayoritaria, la técnica de la compatibilidad absoluta de las distintas partidas, de modo que cada una de ella es autónoma y responden a fundamentos diferentes.
La compensación ha de hacerse por conceptos homogéneos (CC art.1172 CC), lo que obligará a las partes, y a los órganos judiciales, a establecer de forma separada y motivada las percepciones existentes y las concretas cantidades reclamadas por cada concepto -tipología de daño-. Por tanto, sólo cabe descuento o deducción sobre los conceptos a los que se han imputado pagos previos. En este sentido, queda claro que las prestaciones de seguridad Social sólo puede compensar las partidas relativas a la pérdida de ingresos profesionales, por lo que el capital coste habrá de ser descontado de la indemnización por lucro cesante -lo que podría haber percibido como renta de no producirse el accidente-.
«Tratándose de prestaciones de SS que resarcen por la pérdida de ingresos que genera la disminución de la capacidad de ganancia, temporal o permanente, supone que las referidas prestaciones sólo pueden compensarse con las indemnizaciones reconocidas por el llamado lucro cesante» (TS 17-7-07).
La Sala Civil del TS (TS 24-7-08) se ha apartado de su doctrina sobre la absoluta independencia entre las prestaciones de la Seguridad Social y la responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo, considerando ahora, en cambio, que se debe deducir lo percibido en concepto de prestaciones a la hora de calcular la indemnización por responsabilidad civil.
Las indemnizaciones por incapacidad temporal no se pueden compensar con las que se dan por la incapacidad permanente y viceversa.
El efecto que todo lo dicho provoca sobre estas dos consecuencias lesivas es el siguiente:
1. La incapacidad permanente. «Especial consideración merece el descuento del capital coste de la prestación por incapacidad permanente reconocida por la Seguridad Social y, en su caso, del importe de la indemnización por incapacidad permanente parcial o por lesión permanente no invalidante que se hayan reconocido por la Seguridad Social. Ante todo, conviene recordar que estas prestaciones se conceden por la pérdida de la capacidad de ganancia, para compensar la merma económica que supone una incapacidad laboral. Por tanto, es lógico computar y deducir lo cobrado de prestaciones de la Seguridad Social de la indemnización global, ya que, las mismas se han financiado con cargo al empresario, sea por vía del pago de primas de seguro, sea por aportación directa. Pero, como la compensación sólo puede operar sobre conceptos homogéneos, es claro que las prestaciones que indemnizan por la pérdida de ingresos, sólo se descontarán del total de la indemnización reconocida por lucro cesante» (TS 17-7-07, reiterado por TS 20-10-08, Rec 672/07).
No procede descontar de la indemnización total debida por el accidente en cuestión el importe de las prestaciones de Seguridad Social (IT e IPP), si la sentencia de instancia, tras poner claramente de relieve que el sistema de valoración del Baremo de la L 30/1995 que utiliza había sido aceptado por todas las partes, ya había dejado de aplicar los factores de corrección invocados en la demanda, precisamente, en razón a que el actor había percibido las prestaciones de incapacidad (TS 20-10-08, Rec 672/07).
No procede descontar de la indemnización total debida por el accidente en cuestión el importe de lo satisfecho por la Mutua aseguradora en concepto de capital coste de renta para el pago de la pensión derivada de la incapacidad permanente total del trabajador, toda vez que la resolución combatida (lo mismo que la de instancia en este punto) resolvió no conceder indemnización alguna en concepto de lucro cesante, por no haberse probado el hecho básico que pudiera dar lugar a esta partida resarcitoria (TS 21-1-08, Rec 4017/06).
En condiciones normales, la compensación por la pérdida de ingresos profesionales estará atendida por las prestaciones de Seguridad Social, de modo que el capital coste habrá de ser descontado de la indemnización por lucro cesante, tomándolo en consideración en alguno de los siguientes modos:
«a. Bien sea para descontar su capital coste del importe de una previa capitalización del lucro cesante, que es la solución que se impone en los supuestos que significan una excepción a la regla de equivalencia entre prestación y lucro cesante, y que son los casos de (1º) cotización inferior al salario real, (2º) IP fronteriza con el grado inmediatamente superior; (3º) dificultades de rehabilitación laboral por edad o singularidades personales, o incluso de escasas oportunidades en el mercado laboral que llevan a excluir posibilidades de trabajo meramente teóricas, y (4º) los supuestos de pérdida de expectativas laborales constatables;
b. Bien sea para descontar su importe mensual del verdadero lucro cesante en el mismo periodo de tiempo [salario percibido hasta el accidente], sin necesidad de capitalización alguna, que es la solución que también procede en los citados casos de discordancia salario/cotización y aquellos otros en los que se evidencia que la pensión no resarce la real pérdida de ingresos, al ser presumible que estos no van a ser complementados con nueva actividad laboral, de difícil acceso en razón a las causas antes referidas; y
c. En otros muchos supuestos -a determinar casuísticamente-, para excluir toda indemnización adicional por el concepto de lucro profesional cesante (cuando esté ya resarcido por las prestaciones), limitando -en este último caso- la responsabilidad indemnizatoria a los restantes apartados de daños (corporales, morales y emergentes)» (FJ 10º apartado 3 TS sala social 17-7-07, Rec 513/2006).
Cuando se acude a la aplicación del Baremo, la determinación de la indemnización básica se efectúa acudiendo a las Tablas III y VI, asignándose un determinado número de puntos a cada lesión y multiplicando el total de puntos resultantes por el valor que corresponda; esa indemnización básica se debe completar con los factores de corrección de la Tabla IV, que permiten aumentar o disminuir la indemnización básica en los porcentajes y con los límites previstos para cada factor corrector.
El factor corrector perjuicios económicos, tomando como punto de partida el importe neto anual de los ingresos procedentes del trabajo personal de la víctima, persigue compensar por las pérdidas salariales o retributivas, de manera que será en relación con este concreto factor de corrección con el que deba tomarse en consideración las prestaciones de Seguridad Social que reparan la pérdida de la capacidad laboral en algún grado.
En cuanto al factor corrector incapacidad permanente, es preciso matizar que a pesar de la denominación y la subdivisión en absoluta, total o parcial, no puede identificarse totalmente con los grados de incapacidad permanente regulados en la LGSS art.137, dado que en el Baremo se alude a la incapacidad permanente para la ocupación o actividad habitual, pudiendo llevarnos a confundirlo con los grados de IP, cuando en realidad se están incluyendo también otro tipo de mermas, y así lo pone de manifiesto la Tabla VI del Baremo, al disponer que para valorar la incidencia del perjuicio estético sobre las actividades del lesionado, profesionales y extraprofesionales, se debe acudir al factor de corrección de la Tabla IV, de modo que en ese factor se incluye junto a la incapacidad permanente para la actividad laboral, la que afecta a actividades diversas, como pueden ser las deportivas, de ocio o entretenimiento, el desarrollo de la vida cotidiana, etc…, por lo que puede considerarse que la pensión de incapacidad permanente no abarca la totalidad de daños contemplados por este factor de corrección, lo que lleva a las sentencias que comentamos a señalar que «el capital coste de la pensión de Seguridad Social no puede compensar en su totalidad lo reconocido por el factor corrector de la incapacidad permanente que establece el Baremo, ya que éste repara diferentes perjuicios, entre los que se encuentra la incapacidad temporal».
En suma, la indemnización derivada de la aplicación de esos factores correctores sólo es compensable parcialmente con la pensión de incapacidad permanente. Ello provoca que quede al arbitrio del juzgador, en cada caso concreto, determinar qué parte se imputa a la incapacidad laboral y qué otra al impedimento para otras actividades u ocupaciones de la víctima, sin que sea posible fijar normas generales, y debiendo atenderse en cada caso a las concretas circunstancias concurrentes. Así pues, el descuento del capital conste de la prestación se produce en concepto de lucro cesante, mientras que los llamados factores de corrección solamente serán compensables en parte, en la medida en que se determine que parte es imputable a incapacidad laboral y qué otra a impedimento para otras actividades vitales, de suerte que únicamente respecto de la primera porción se efectuará la compensación por lo percibido en concepto de prestación (TS 23-7-09, Rec 4501/07).
2. La incapacidad temporal. Resulta evidente que el importe del subsidio de Seguridad Social percibido por el trabajador en concepto de IT habrá de ser tomado en consideración en para calcular la reparación del daño en concepto de lucro cesante. De ahí que la indemnización completa del daño en este punto abarcará la diferencia entre el salario correspondiente al trabajador en activo y la prestación de IT, que normalmente se corresponderá con el 75% del salario diario aplicable.
Normalmente, esto supone una cuantía superior a la que en el Anexo se contempla como factor de corrección por perjuicios económicos en función de los ingresos netos de la víctima, pero en esa prestación de Seguridad Social no está incluido el «daño moral». Para la jurisprudencia de la Sala IV del STS la cuantificación para por acudir al importe previsto para los días de situación no impeditiva para el trabajo, dado que supone que en esos días no ha existido merma económica al no existir incapacidad para el trabajo (TS 14-12-09, Rec 715/09; 15-12-09, Rec 3365/08-).

d) Intereses

 

En cuanto a la imposición de lo intereses que se deriven de las sumas reconocidas en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se distingue, en primer lugar, entre los intereses moratorios y los procesales.
Los primeros, intereses moratorios, determinados en el interés legal del dinero (CC art.1100, 1101 y 1108), se devengan automáticamente por imponerlo así la legítima defensa de los intereses del acreedor. Las TS sala general, Rec 414/2007 y 14-7-09, Rec 3576/08) han rechazado la aplicación sistemática del principio «in illiquidis non fit mora» (22), inclinándose por una flexibilidad interpretativa y por computar dichos intereses desde la interpelación al deudor, entendida por tal la interposición de la papeleta de conciliación.
Por lo que hace a los intereses procesales, la LEC art.576 implica aplicar el interés legal del dinero más dos puntos a partir de la fecha de la sentencia. Ahora bien, la norma general de dicho precepto procesal cede en el caso de que la se imponga la obligación de indemnizar a la compañía aseguradora del riesgo de responsabilidad civil. En tal caso ha de acudirse a lo que dispone la L 50/1980 art.20, de contrato de seguro, que señala: «3º Se entenderá que el asegurado incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro. 4º La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al de interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50%; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial. No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20%.»
Tras algunas discrepancias, los criterios del orden jurisdiccional social (TS 16-5-07) son ahora coincidentes con los del civil (TS 1-3-07) a la hora de interpretar este precepto. Se trata de intereses procesales para los que el incremento del 20% se aplica a partir de transcurridos dos años desde la producción del siniestro. No excluye el incremento la alegación por parte de la asegurador de la falta de la falta iliquidez, pues se aplica el mismo criterio que sobre la mora antes se ha expuesto (TS sala civil 14-7-08).
Finalmente, la jurisprudencia es acorde también al señalar que el interés del 20% de la L 50/1980 art.20 sólo se debe transcurridos dos años desde el inicio de la obligación de pagar intereses, esto es la fecha del siniestro, mientras que durante los dos primeros años sólo se adeuda un interés anual equivalente al interés legal del dinero más el 50% (TS sala general 16-5-07, Rec 2080/05; TS sala civil 1-3-07, Rec 2302/01).

NOTAS

 

(1) CAMAS RODA, F. (2005) «Anotaciones críticas sobre la indemnización de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales» en AA.VV. Pág.72.
(2) GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B. (2008) «Responsabilidad civil por accidentes de trabajo: ¿es la limitación de la responsabilidad extracontractual un criterio adecuado para determinar el orden jurisdiccional competente? (Comentario a la STS 1ª de 15 de enero de 2008)». Relaciones Laborales nº 10; Quincena del 23 May. al 8 Jun. 2008.
(3) «No es posible hacer funcionar los sistemas que colisionan, a no ser que una disposición legal determine qué, quién y cuánto ha de compensarse por los daños ocasionados por los accidentes de trabajo» (ROCA TRÍAS, E. [2007] «Concurrencia de indemnizaciones en los accidentes de trabajo» en AA.VV. Prestaciones e indemnizaciones en materia de accidentes de trabajo: aspectos penales, civiles y laborales. Manuales de formación continua nº 43 CENDOJ).
(4) RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. (2007) «Accidente de trabajo, responsabilidad patrimonial del empresario y orden jurisdiccional competente». Relaciones Laborales (La Ley), nº 14. págs. 15-32.
(5) Vid. DESDENTADO BONETE, A. «La responsabilidad empresarial por los accidentes de trabajo. Estado de la cuestión y reflexión crítica sobre el desorden en el funcionamiento de los mecanismos de reparación», en Congreso de Magistrados del Orden Social: el futuro de la Jurisdicción Social, CGPJ, Madrid 2007, particularmente Págs. 443 y ss.
(6) PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. «La jurisdicción competente para conocer de la responsabilidad civil derivada de accidente de trabajo: el principio del fin de un desencuentro». Diario La Ley, Nº 6895, Sección Tribuna, 3 Mar. 2008.
(7) DESDENTADO BONETE, A. «Accidentes de trabajo: una reforma necesaria» Diario La Ley, Nº 6607, Sección Columna, 11 Dic. 2006.
(8) Opus cit.
(9) LLUCH CORELL, F.J. (2008). «La nueva doctrina establecida en las SS de la Sala 4ª del TS de 17 julio 2007. La indemnización de los daños y perjuicios sufridos con ocasión de un accidente de trabajo». Revista de Jurisprudencia El Derecho, nº 3.
(10) LAHERA FORTEZA, J.(2009). «Compatibilidad limitada entre indemnizaciones civiles y prestaciones sociales en los accidentes de trabajo: ¿socialización del riesgo o seguro de responsabilidad empresarial? (Comentario a la STS, Sala 4.ª, 22 de septiembre de 2008). Relaciones Laborales 7/2009.
(11) Opus cit. pág. 76.
(12) LLUCH CORELL, F.J. Opus cit.
(13) ROMERAL HERNÁNDEZ, J. (2008) «Daños por accidente de trabajo y criterios de cuantificación». A.S. 4/2008.
(14) Sobre el daño moral, vid. ILLESCAS RUS, A.V. (199). «El daño moral estricto» en AA.VV. Valoración judicial de daños y perjuicios, Cuadernos de Derecho Judicial, Págs. 227-327
(15) Vid. GARCÍA LÓPEZ, R. (1990) Responsabilidad por daño moral. Doctrina y jurisprudencia, Barcelona, Pág. 80.
(16) LLUCH CORELL, F.J. Opus cit.
(17) LLUCH CORELL, F.J. Opus cit.
(18) FERNÁNDEZ ENTRALGO, J. (1999) «Penúltimos problemas en valoración del daño corporal: la reforma de 1998». En AA.VV. Valoración judicial de daños y perjuicios. Cuadernos de Derecho Judicial, Págs. 15-179
(19) ENTRENA CUESTA, R. (1997). «Constitucionalidad de la valoración tasada del daño personal» en AA.VV. Derecho de seguros III, Págs. 85-131.
(20) HURTADO ADRIÁN, A.L. (1996). «Dificultades para la aplicación del sistema de cuantificación legal de daños a las personas de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor (Ley 30/1995, de 8 de noviembre)». Jueces para la democracia, Nº 27, 1996, págs. 69-78
(21) GORELLI HERNÁNDEZ, J. (2009). «Ultimas evoluciones jurisprudenciales en la cuantificación de la responsabilidad por daños y perjuicios (I)». Gestión práctica de riesgos laborales: Integración y desarrollo de la gestión de la prevención, Nº 59, 2009, págs. 12-19
(22) STS (1ª) de 24 de julio de 2008: «La regla in illiquidis non fit mora como excluyente del pago de intereses por el deudor cuando la cantidad reclamada por el acreedor en su demanda sea superior a la que se le reconozca en la sentencia judicial ha sido progresivamente abandonada por la jurisprudencia en una línea que se inicia con las SSTS 19-6-95 y 2-4-97 y que la STS 13-10-97 dio por definitivamente consolidada, manteniéndose en otras muchas posteriores como las de 25-2-00, 18-11-00, 10-4-01 y 14-12-01».

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